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IRPF e Iglesia: ¿la «x» solidaria?

En la campaña de la Renta de este año han irrumpido con fuerza varios anuncios publicitarios, desde los principales medios de información, fundamentalmente televisivos y radiofónicos, solicitando nuestra “solidaridad” marcando las casillas de la Iglesia Católica o la de Fines Sociales. En muchos casos el formato en televisión se presenta como una información, con una locutora, que nos habla de todas actividades de ayudas sociales que realizan algunas ONGs y la propia Iglesia, presentadas casi como los únicos agentes de dichas ayudas; y se nos recuerda que “no nos cuesta nada” mientras se nos incita a ser sensibles y colaborar. Para comprender que se trata de una publicidad debemos tener buena vista y apreciar las pequeñas letras en una esquina de la pantalla.

La realización es tan buena, que si no nos paramos a pensar, tendremos mala conciencia y nos consideraremos casi unos malvados si no marcamos dichas casillas. Pero si pensamos un poco podemos comprender y deducir lo siguiente:

Es el Estado el que debe recoger todo el dinero de los impuestos, y es éste quien debe desarrollar todas las políticas de ayudas sociales y asistenciales. Ese 0’7% no es de la persona que marca la casilla, puesto que forma parte de lo que tiene que aportar en impuestos, sino de los presupuestos del Estado, por tanto de todos los españoles. Marcando las casillas se quebranta el principio constitucional de igualdad ante la ley y se discrimina por razón de convicciones y creencias. Todas las asociaciones, organizaciones, etc, deben financiarse con las aportaciones de sus seguidores, afiliados o fieles y en todo caso participar en el concurso de subvenciones, con total transparencia, seguimiento y control de las ayudas que recibieran.

Marcando las casillas estamos detrayendo parte de ese dinero “de todos” para darlo a determinadas organizaciones particulares, que tienen diversos fines y actividades, aunque algunos de ellos sean sociales. En el caso de la Iglesia Católica, las múltiples actividades de culto, el mantenimiento del clero, de catequistas en los colegios, obispados…, de las miles de propiedades patrimoniales ( de las que por cierto no paga IBI), de colegios religiosos y en algunos casos segregadores…; sin olvidar la gran cantidad de dinero que dedica a la propaganda, como esta que comentamos o las que despliegan para promocionar la elección de la asignatura de religión o para oponerse y organizar movilizaciones contra leyes o gobiernos . De hecho la aportación del presupuesto de la Iglesia a obras sociales es un porcentaje mínimo de su presupuesto de miles de millones.

Y sobre todo, los fines sociales no pueden depender de la voluntad de los contribuyentes y de las limosnas de la Iglesia o las ONGs, tienen que formar parte de las políticas públicas y tener una partida en LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO.

Si realmente queremos ser solidarios/as debemos pagar nuestros impuestos y pagar más quien tiene más, y ejercer nuestra ciudadanía exigiendo al Estado que persiga el fraude y exija los impuestos a quien no paga, como los 2.500 millones que ingresaría de la Iglesia en IBI y otros de los que está exenta. O que dedique los 11.000 millones de euros que destina a la Iglesia a desarrollar políticas sociales y asistenciales en unos momentos en que en nuestro país hemos superado los 6 millones de parados, hay 2 millones de familias sin ingresos y muchos más por debajo del umbral de la pobreza.

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