Los integrantes de las confesiones religiosas distintas al catolicismo son considerados, en distintos espacios políticos, ideológicos y culturales, casi como los parias de la nación. A esos que eligieron una identidad diversa a la tradicional se les sigue mirando con sospecha y se les endilga el estigma del extraño. Para quienes voltean la mirada con recelo hacia ellos, los protestantes/evangélicos, testigos de Jehová, mormones (por mencionar solamente a los grupos que más crecen) son avanzada de la ajenidad, un peligro para la integridad nacional.
Hace casi dos décadas Carlos Monsiváis capturó bien la actitud descalificadora hacia los heterodoxos, a quienes sus detractores les soltaban el término “secta” como sinónimo de antinatural y depredador: “En el fondo, a veces disfrazada, la vieja tesis: son ilegítimas las creencias no mayoritarias. Antropólogos, sociólogos y curas insisten con frecuencia, sin mayores explicaciones (tal vez por suponer que el asunto es tan obvio que no lo amerita), en el ‘delito’ o la ‘traición’ que cometen los indígenas que, por cualquier razón, desisten del catolicismo. ‘Dividen a las comunidades’, se dice, pero no se extrae la consecuencia lógica del cargo: para que las comunidades no se dividan, que se prohíba por ley la renuncia a la fe católica (a los ateos se les suplica que finjan). Este retorno a la intolerancia (este olvido de la libertad de cultos) se acompaña de los registros ominosos del término secta, que evoca de inmediato clandestinidad, conjura, sitios macabros, sesiones nocturnas a la lívida luz de la luna, miradas cómplices de los enanos que se reconocen a simple vista” (“Las demás iglesias: los mexicanos de tercera clase”, en Cuadernos de Nexos, octubre de 1989).
La sospecha, el recelo, el arrinconamiento de que de entrada son objeto los integrantes de las minorías religiosas en gran parte de los espacios públicos mexicanos parecen haberse recrudecido en el agonizante 2008. En este espacio de La Jornada nos hemos referido a varios casos de persecuciones padecidas por evangélicos, y lo hemos hecho en buena medida gracias a las notas informativas publicadas en nuestro diario. Es de agradecer el trabajo de los reporteros y corresponsales de La Jornada al documentar intolerancias acaecidas en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, estado de México, Jalisco y Veracruz, entre otras entidades del país. Subrayo que es en La Jornada donde con más frecuencia se da cabida a los ominosos casos de persecución. Ello reitera la apertura y pluralidad informativa del periódico.
Concluye el año con el resurgimiento de hostigamientos y castigos que la mayoría católica viene infligiendo a los protestantes, sobre todo de corte pentecostal, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Como ya en varios artículos de este diario lo hemos consignado, los primeros escritos datan de 2001, la intolerancia religiosa (que ha incurrido en varios delitos graves) en Ixmiquilpan ha sido dejada pasar una y otra vez por las autoridades hidalguenses. En lugar de garantizar la libertad de cultos que la Constitución mexicana reconoce a toda la ciudadanía, en el estado hidalguense por casi una década los sucesivos gobiernos municipales y estatales reiteradamente les solicitan paciencia a los agredidos y dejan en impunidad a los agresores.
Los ataques contra los protestantes de Ixmiquilpan forman un amplio catálogo, que va de cortes de suministro de agua y energía eléctrica, presiones para que los no católicos contribuyan a fiestas religiosas de la mayoría, a golpizas, negativas para que los evangélicos sepulten a sus muertos en el cementerio controlado por agentes municipales católicos, expulsiones, prohibición de construir templos aunque todos los permisos cumplan la normatividad.
En otro lugar de México, en Zinacantán, Chiapas, en los últimos días del año uno de los líderes de los evangélicos, el pastor Antonio Vázquez Méndez exige de las autoridades estatales chiapanecas garantías para los evangélicos asediados por los católicos tradicionalistas. Él y sus compañeros de creencias “han recibido amenazas de desalojo, por no hacer sus aportaciones económicas para las celebraciones patronales. La intolerancia religiosa ha vuelto y de manera peligrosa debido a que aun cuando los evangélicos queremos paz, no estamos dispuestos a soportar la persecución, ni vamos a aceptar ser despojados de nuestras propiedades”, advirtió (SRN Chiapas, 22/12). Ya son varios los evangélicos retenidos en cárceles clandestinas controladas por los tradicionalistas.
Para finalizar, llamo la atención a la nota de José Antonio Román, publicada ayer en La Jornada, en la que informa de 54 casos documentados de intolerancia religiosa cometidos contra evangélicos en el 2008. La fuente de José Antonio es la organización protestante La Voz de los Mártires. Los actos persecutorios incluyen amagos, privaciones ilegales de la libertad, sanciones económicas, expulsiones, amenazas de muerte y presiones a los niños y niñas de familias evangélicas. En todo esto, ¿dónde están los funcionarios (que no autoridades) encargados de garantizar la libertad de cultos?
