Un centenar de reclusos cumplen condena por diversos delitos de terrorismo, mientras que el resto están en prisión por delitos comunes pero han manifestado una aproximación hacia postulados radicales
El Ministerio del Interior se enfrenta a la amenaza de la radicalización de presos en centros penitenciarios hacia los postulados extremos del yihadismo. Hasta la fecha hay un centenar de personas que cumplen condenas por diversos delitos relacionados con este tipo de terrorismo, si bien la vigilancia se ha extendido hasta otro centenar tras detectar que han abrazado el fundamentalismo durante su estancia en prisión: presos comunes que, atraídos o coaccionados por los rigoristas, ya han dado signos de posicionarse en el ala más dura del integrismo.
El Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo revela en su Balance del terrorismo en España que, a finales de 2021, se contabilizaban 213 presos en los ficheros de internos de especial seguimiento (FIES, por sus siglas). Se trata de un registro de los reclusos que han formado parte las estructuras de Estado Islámico o Al Qaeda, o cuyos preceptos les ubican en su órbita y, por tanto, constituyen una amenaza para la seguridad.
El sistema FIES clasifica a los reclusos en tres categorías. Los del Grupo A son aquellos que han sido procesados por pertenencia o colaboración con el terrorismo. Su clasificación es sencilla, puesto que tras ingresar en prisión se activan automáticamente los protocolos de seguimiento para evitar que extiendan su interpretación rigorista en los centros penitenciarios. Un centenar de reclusos forman parte de esta categoría.
El resto de presos que se encuentran bajo vigilancia forman parte de los grupos B y C de seguimiento. El ‘B’ incluye a los que cumplen condenas por delitos comunes pero que se han visto implicados en actividades terrorista; el ‘C’ lo integran los presos por delitos comunes que han participado en incidentes generados por una interpretación radical de la religión o aquellos en los que se han apreciado signos de radicalización.
La amenaza de que las cárceles se conviertan en núcleos de radicalización terrorista -extendida por toda Europa- se sostiene en aquellos presos que tratan de captar a otros internos que cumplen penas por delitos comunes. En muchos de los casos, los intentos de captación surgen a través de presiones de los más extremistas hacia el resto de reclusos musulmanes para que apliquen una interpretación más rigorista de su religión. Presos amenazados o coaccionados ya denunciaron estas prácticas en el centro penitenciario de Martutene (Guipúzcoa).
La detección de estos casos procede del estrecho seguimiento de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias o por las revelaciones de los presos que son sometidos a esta dinámica. Un caso singular, detalla el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, lo protagonizó un preso de origen marroquí que cumplía condena en la cárcel de Algeciras por tráfico de drogas y por conducir sin el carné de conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes.
Durante su estancia en prisión se le incorporó al sistema FIES tras detectar su radicalización. “Se convirtió en organizador de actividades religiosas colectivas no autorizadas, presionaba a otros internos musulmanes para obligarles al cumplimiento de preceptos islámicos y protagonizaba agresiones contra otros presos porque consideraba que su comportamiento era contrario al islam”, detalla el Centro Memorial en su informe. Tras advertir su adhesión a los postulados de las organizaciones terroristas, la Policía -a través de la Comisaría General de Información- tramitó un expediente de expulsión de España.
33 detenciones
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollaron actuaciones policiales en el año 2021 en las cárceles de Daroca, Murcia, Córdoba y La Coruña. También detuvieron en Melilla, Ceuta y Pasajes (Guipúzcoa) a antiguos presos que se habían radicalizado durante su estancia en la cárcel que estaban sometidos a una estrecha vigilancia de los investigadores.
Entre 2018 y 2021 se han desarrollado 33 detenciones vinculadas con la radicalización yihadista en cárceles españolas, en las operaciones bautizadas con los nombres de Triangle, Jardín Najla, Graffiti, Altamira, Escribano, Timón y Kafig. También se tomó declaración a varios presos a los que se investigaba por llevar a cabo labores de captación y adoctrinamiento terrorista en los centros penitenciarios.
En otros países, como en Francia, ya se han registrado múltiples agresiones o ataques de presos yihadistas a funcionarios de prisiones. En julio de este año, los sindicatos españoles denunciaron el ataque de un preso incorporado al sistema FIES a un funcionario en el Centro Penitenciario Murcia II.
