Instituciones Penitenciarias admite que está revisando el plan creado en 2016 y al que, desde entonces, solo se han apuntado 52 reclusos
El Ministerio del Interior ha interrumpido, desde principios de año, la entrada de nuevos presos yihadistas en el plan de desradicalización puesto en marcha en 2016, cuando era ministro Juan Ignacio Zoido (PP), por sus escasos resultados. Según reconoce el departamento de Fernando Grande-Marlaska en una reciente respuesta al Portal de Transparencia, Instituciones Penitenciarias ya no promueve “la inclusión de nuevos internos en el programa debido a que está siendo objeto de revisión y mejora”. Desde que se puso en marcha hace seis años, solo se han apuntado a estos talleres de reinserción 52 internos “con delitos vinculados al terrorismo yihadista”. Los cuatro últimos lo hicieron en 2021, que son los únicos que siguen el programa en la actualidad.
En su respuesta a Transparencia, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, detalla que el pasado 13 de mayo había 98 presos condenados o preventivos vinculados a delitos de terrorismo yihadista, en su mayoría vinculados al Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés), repartidos en 25 cárceles. De estas, las de A Lama (Pontevedra), Albolote (Granada), Villena (Alicante), Córdoba y Teixeiro (A Coruña) son las que más yihadistas custodian, seis cada una. A este grupo, Interior suma otros 44 reclusos, que si bien fueron encarcelados por delitos comunes, se les ha detectado haciendo proselitismo del islamismo radical en las cárceles. Otros 68 internos más están bajo observación porque “han puesto de manifiesto actitudes o conductas que pudieran considerarse indiciarias de radicalización violenta de carácter islamista”. En total, son 210, un número inferior a los que había a comienzo de 2020, cuando sumaban 265. No obstante, su cifra supera con creces a los 102 presos vinculados a otros grupos terroristas encarcelados en prisiones dependientes de Interior ―Cataluña y el País Vasco tienen transferida la gestión de los centros penitenciarios de sus territorios―.
El plan ahora paralizado, creado en octubre de 2016 con el nombre Programa Marco de Intervención en Radicalización Violenta con Internos Islamista, fijaba como objetivo “la prevención, el desenganche y desradicalización de aquellos internos con una asunción arraigada de una ideología extremista”.El documento contemplaba que los reclusos que se apuntasen de modo voluntario ―”es relevante que el programa sea percibido [por los presos] como un instrumento de apoyo y nunca como una imposición de la Administración penitenciaria”, se leía en el mismo― pasasen en los aproximadamente seis meses que duraba el programa por tres fases que sumaban 19 pasos. La primera buscaba el “autoconocimiento personal”; la segunda, la “modificación y cambio personal” para lograr la “empatía hacia las víctimas reales y potenciales” del terrorismo; y la última, concienciarles en la existencia de un “pluralismo cultural y religioso” para que mostrasen “una actitud respetuosa y tolerante” hacia otros credos. Aquel primer año se apuntaron 15 reclusos, según detalla Instituciones Penitenciarias en su respuesta a Transparencia. Los internos que se sumaron al programa se mantuvo en cifras similares en 2017 (cuando se apuntaron 14) y 2018 (en el que fueron 15).
El plan fue, en parte, retocado en mayo de ese último año, aún con el PP en el poder, con la puesta en marcha de un “instrumento de evaluación del riesgo de radicalismo violento”, un documento que los psicólogos de las prisiones debían cumplimentar sobre todos los presos condenados por terrorismo yihadista o que, pese a haber ingresado por la comisión de delitos comunes, hubieran mostrado signos de radicalización religiosa. El documento recogía un total de 39 aspectos que debían permitir determinar en qué nivel de radicalización se encontraban los reclusos y la posibilidad de reinsertarlos. Al año siguiente, sin embargo, el número de presos yihadistas que se apuntaron para participar en el programa descendió bruscamente a tres.
Ese mismo año, en la Estrategia Nacional contra el Terrorismo elaborada por el equipo de Grande-Marlaska se abogaba por prestar “especial atención a los centros penitenciarios” y abría la puerta a reforzar los equipos de funcionarios de Instituciones Penitenciarias que vigilaban a estos presos. Ya entonces se planteaba hacer cambios en el programa de desradicalización ante los modestos resultados que arrojaba. Los años siguientes confirmaron esta tendencia. Así, en 2020 ya solo hubo un interno interesado y, al año siguiente, cuatro, que son los que siguen actualmente dentro del programa. En 2022, se paralizaron las nuevas incorporaciones.
Los programas para reinsertar reclusos yihadistas han provocado críticas y recelos entre los funcionarios de prisiones. Fuentes penitenciarias aseguran que uno de los motivos del fracaso del puesto en marcha en 2016 ha sido “la escasez de personal y recursos” para aplicarlo. “Faltan psicólogos y falta personal de vigilancia con la formación adecuada”, señala un funcionario que trabaja con internos islamistas. En unas jornadas celebradas en febrero de 2020 en Madrid, en el que participaron trabajadores penitenciarios y expertos de 11 países de la Unión Europea (UE), se apuntó a que la desradicalización de estos presos era un objetivo casi utópico y que era más realista “conformarse con el desistimiento”, es decir, lograr que abandonen la idea de usar la violencia aunque mantengan el radicalismo religioso.
“Muchos reclusos ni saben que existe el programa y otros, que sí lo conocen, son refractarios a sumarse porque no se identifican a sí mismos como presos yihadistas”, señala un empleado penitenciario que trabaja con ellos. Esta misma fuente señala que la mayoría de estos internos “no son problemáticos dentro de las cárceles” al no tener una organización jerárquica detrás. “Un número importante están condenados por difundir el ideario yihadista o por autoadoctrinamiento, no por haber perpetrado acciones violentas. Además, muchos muestran su arrepentimiento para llegar a acuerdos con la Fiscalía que les permita rebajar sus penas. Tienen, por tanto, un perfil que no se ajusta al que se dirige el programa de 2016, de ahí su fracaso″, añaden.
