Asume que no da abasto para supervisar las enseñanzas en los 1.586 establecimientos «oficiales» y los más de 600 «alegales»
El 7 de septiembre del año pasado, solo 20 días después de los atentados de Barcelona y Cambrils, el Ministerio del Interior anunció como una de sus medidas estrella el refuerzo de los controles sobre los imanes y las mezquitas de toda España. En la mesa de los expertos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) estaba la fotografía del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, el líder religioso que había convertido en terroristas (y en tiempo récord) a ocho jóvenes de esta localidad gerundense.
Sin embargo, la realidad no ha llegado tan lejos. En el año transcurrido desde los ataques las fuerzas de seguridad del Estado no han conseguido, ni de lejos, controlar las enseñanzas que se imparten en los centenares de centros de culto u oración musulmanes de España, según reconocen sin ambages mandos de los servicios antiterroristas, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Sin refuerzos en la plantilla -y mucho menos de agentes musulmanes ‘nativos’ que infiltrar- la situación es «solo algo mejor» que el 17-A. La realidad, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, es que Interior solo tiene capacidad para controlar (y no de cerca) la décima parte de los centros de culto musulmanes.
Según los informes en poder del Ministerio del Interior, en España, la pasada primavera, habría entre 2.100 y 2.200 centros musulmanes de muy diversa naturaleza, origen, financiación y funcionamiento. Y solo 200 pueden ser vigilados «con cierta asiduidad», de acuerdo con las diversas fuentes consultadas. Solo un millar de policías y guardias civiles de los servicios antiterroristas tiene capacidad de, al menos, entender o «interpretar» las prédicas.
Mezquitas, reconocidas como tales, solo hay una docena: Madrid, Valencia, Málaga, Granada, Ceuta y Melilla. Ninguna en Cataluña, donde se concentra el 20% de la población musulmana del país. El grueso de los centros a los que cada día acuden los casi dos millones de seguidores del islam residentes en España son solo «lugares de culto», de acuerdo a la denominación que les otorga el Directorio del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, dependiente del Ministerio de Justicia y que es la base de datos más importante (y la única «pseudo-oficial») con la que cuenta las fuerzas de Seguridad.
«Pseudo-oficial» porque Justicia advierte de que la inscripción en este censo no tiene ningún «efecto jurídico» y, ni mucho menos, equivale a un marchamo de enseñanzas legales. Según esta base de datos, en España hay 1.586 establecimientos religiosos musulmanes, la mayoría inscritos como asociaciones religiosas o centros culturales. En su mayoría son garajes o locales comerciales reconvertidos en improvisadas mezquitas. Aunque no todos. «Las estadísticas de cuántos de estos centros son meros puntos de reunión, escuelas o templos simplemente no existen», se queja un mando de la Policía. Cataluña encabeza la lista con 311 establecimientos, seguida de Andalucía (244), Comunidad Valenciana (216) y Madrid (126).
Carnicerías
Abdelbaki Es Satty fue líder religioso de uno de estos centros «reconocidos» por la Administración, la Comunidad Islámica de Annour de Ripoll. A pesar de constar en las bases de datos de Justicia -reconocen los servicios antiterroristas- sus enseñanzas nunca fueron vigiladas. Y eso, a pesar de sus antecedentes por sus conexiones yihadistas en España o Bélgica. En octubre de 2016 dos imanes de otro de estos centros reconocidos por Justicia fueron detenidos en Ibiza por adoctrinar a niños en la yihad.Pero es que a esta cifra, ya inabarcable para los investigadores, hay que sumar los locales que están absolutamente fuera de control de la Administración.
Los expertos de Interior calculan (es solo una estimación) que en España podría haber cerca de otros 600 centros religiosos musulmanes totalmente opacos. Un informe de mayo de 2016 de la Agencia de Inteligencia y Consultoría de Seguridad (AICS) elevaba a 800 estos establecimientos en España. Ese documento ponía el acento en la existencia de «mezquitas encubiertas» en todo tipo de lugares, desde pisos particulares a «trastiendas de carnicerías» halal. En cualquier caso, «un universo paralelo al que casi nunca logramos acercarnos», en palabras textuales de un agente de la Comisaría General de Información.
De acuerdo con las estimaciones de las fuerzas de seguridad, solo entre el 6 y el 7% de los centros (tanto oficiales como opacos) impartiría enseñanzas salafistas (radicales), «lo que no quiere decir yihadistas», según los agentes. Aun así, destacan los operativos, más de un centenar de estos establecimientos podrían ser «potencialmente peligrosos» por impartir adoctrinamiento cercano a grupos radicales como Daesh, Al Qaeda, Justicia y Caridad, Hermanos Musulmanes Tabligh Wal Dawa o Dawa’t Islami.
Imanes
«Si apenas existe supervisión oficial sobre los centros, menos todavía sobre los imanes», denuncian desde la Jefatura de Información de la Guardia Civil. «La realidad es que cualquiera puede subirse a un púlpito en una mezquita», confirman los expertos del CITCO. A diferencia de otras religiones, en la musulmana no hay una «figura reglada», como pudieran ser los sacerdotes en el cristianismo.
Los mandos de la lucha antiterrorista, que cifran en no menos de 1.200 los imanes que se mueven por toda España, llevan años denunciado esta falta de legislación (que no ha cambiado desde el 17 de agosto pasado) y que empuja a muchas comunidades a escoger como imán a cualquier persona sin ningún tipo de estudios por el mero hecho que tenga intención de dedicar tiempo al centro y que esté dispuesto a no cobrar (o muy poco) por ello, como fue el caso de Abdelbaki Es Satty en Ripoll.
Las cuatro principales asociaciones islámicas de España -«grandes aliadas contra el radicalismo», según remarcan en Interior- han señalado como imprescindible reglar la «profesión de imán». Sin embargo, en este último año nada se ha avanzado. Los desencuentros entre la Unión de Comunidades Islámicas de España, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, la Federación Musulmana de España y la Comisión Musulmana de España no han ayudado para legislar los líderes religiosos y los centros.
