Hace escasos días recibíamos la noticia de que el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en nuestro país, entre los años 1998 y 2015, había sido remitido a la mesa del Congreso. Tras dos años de obrar en poder del Gobierno de España, finalmente se iba a poner a disposición de los representantes de la soberanía nacional e iba a ser posible su público conocimiento.
La noticia ha resultado ser falsa. El Gobierno de Rajoy, en 2018, cumplía con el mandato aprobado por el Congreso a instancias del PSOE y obtenía una lista parcial (faltan todos los bienes inmatriculados entre 1978 y 1998) de dichos bienes. Dos años después, el propio PSOE, junto con los demás partidos de la coalición de Gobierno, parecen considerar que la ciudadanía española aún no es merecedora de conocer el alcance del expolio monumental perpetrado por los Obispos españoles. Expolio efectuado al amparo de una ley franquista, adecuadamente amañada por el, en su día, Presidente Aznar y con la colaboración inestimable de los Registradores de la Propiedad y que ha supuesto la usurpación al dominio público y privado de unos 40000 bienes, cifra reconocida en su día por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Fernando Giménez Barriocanal. De esta manera llegamos a lo que es una anomalía en toda Europa y es que una organización privada y en última instancia un Estado extranjero se conviertan en los mayores poseedores de patrimonio por delante del propio Estado español.
El Gobierno de Aragón, tampoco considera que la ciudadanía aragonesa tenga derecho a conocer cuales son los bienes de sus pueblos, parroquias, diócesis, barrios y pedanías, que los Obispos han inscrito a nombre de la Iglesia.
Desde abril de 2018, el Gobierno de Aragón cuenta con el listado del número de bienes inmatriculados por los obispos en cada diócesis aragonesa entre 1998 y 2015, y que asciende a 2.023. Este listado se pudo obtener tras la aprobación de una Proposición no de Ley efectuada en su día por Podemos. Falta por requerir a los Registradores el listado con el contingente de los bienes inmatriculados entre 1978 y 1998 y que pueda ser un número incluso superior. Téngase en cuenta, a modo de ejemplo, el fervor inmatriculador sufrido por el Arzobispo Elías Yáñez en su archidiócesis de Zaragoza durante los años 80, que no dejó prácticamente ningún bien sin inmatricular, e incluso inmatriculó alguno que ya lo estaba. Además de parcial, dicho listado es meramente numérico, queda por conocer la información registral de dichos bienes, para poder saber exactamente de qué bienes se trata y ejercer las acciones necesarias para su reversión al dominio público.
Pues bien, en la primavera de 2019, la asociación MHUEL recibió alentadoras palabras del Sr. Gimeno, el entonces Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón en el sentido de que se iba a recabar a los Registros esta información.
Palabras alentadoras que las inmediatas elecciones diluyeron en el olvido y que su sucesor en el cargo el Sr. Pérez Anadón, se muestra extraordinariamente remiso a recordar. Por cuatro veces se le ha solicitado que se reúna con la asociación para tratar de este asunto y otras tantas ha dado la callada por respuesta.
¿Cuál puede ser el interés del Gobierno de España y el de Aragón para escamotear a la ciudadanía una información de tal importancia y envergadura?
¿Puede ser que en las negociaciones con el Vaticano que está manteniendo el Gobierno, estos bienes, o al menos algunos de ellos, se estén utilizando como moneda de cambio?¿A este cambalache se refería el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en su discurso de investidura cuando decía que establecería un nuevo marco de relación con la Iglesia Católica que garantizara la laicidad del Estado.?
Un Gobierno que tiene el Laicismo como un principio esencial de su programa no puede por más tiempo mantener este escándalo monumental oculto. Es hora ya de que la izquierda de este país cuando llega al Gobierno deje de tratar a la Jerarquía católica con un temor reverencial absolutamente impropio de los representantes democráticamente elegidos de un Estado de Derecho.
Alicia Alcalde Villares
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