Una “contradesamortización” que el gobierno de Sánchez quiere permitir
Todo este fin de semana, he podido participar junto a un centenar de cristianos y cristianas de base en el VII Encuentro Estatal de Redes Cristianas, la plataforma que reúne a decenas de organizaciones de iglesia progresista de España. Allí, dentro del taller dedicado a las Inmatriculaciones eclesiásticas, llegamos a una serie de conclusiones, una de las cuales quedó expresada de la siguiente manera en el Manifiesto o Comunicado final.
“Como miembros de la Iglesia española, estamos avergonzados del fenómeno de las inmatriculaciones eclesiásticas de bienes públicos. Estimamos que son un verdadero atraco a los bienes comunes y al mismo Estado y exigimos una urgente y eficaz intervención del Gobierno para defender y devolver al pueblo lo que es de toda la ciudadanía. Desde aquí, hacemos un llamado a la propia jerarquía católica española para que rectifique con prontitud y transparencia y devuelva al Estado los bienes histórico-culturales inmatriculados y subsane esta grave desviación jurídica y moral, contraria a toda ejemplaridad cristiana y ética”
¿Qué es inmatricular? ¿Es algo perverso?
Nótese que no decimos simplemente “bienes inmatriculados” porque como muy bien se aclara en éste artículo de Córdobapedia, “inmatricular” no es nada malo, ni perverso. En sí mismo, inmatricular es el acto de proceder a inscribir -por primera vez una finca-, lo cual es algo normal que requiere, eso sí de dos condiciones: Acreditación de un documento de la administración y hacerlo ante notario.
Pero la cosa se destapó con las 1067 inmatriculaciones eclesiásticas que se aportan en Navarra. La actualidad, relevancia y –si me apuras- perversidad del término viene cuando, entre la Ley hipotecaria de 1946 (franquista) y el posterior Reglamento de 1998 (del Sr. Aznar), se permite una particular utilización a la jerarquía de la Iglesia Católica en España -para obtener la titularidad de numerosos bienes que permanecían sin titularidad registral-, sin notario, porque ya actúan los Obispos como si lo fueran ellos y, fíjense de la salvajada, sin necesitar un documento acreditativo, hecho prescriptivo en todo registro o inmatriculación.
¡Como lo oyen! Y eso en un país que entonces (y casi ahora) era nacional-católico. Por lo que con semejante privilegio, entraron a saco y así, todo lo que no estaba registrado a nombre de nadie, ¡zas! “p´a la saca” aunque fueran bienes públicos de toda la vida o monumentos del patrimonio público nacional.
Las inmatriculaciones eclesiásticas son anticonstitucionales.
Para más INRI, las inmatriculaciones eclesiásticas en España no sólo podemos considerar que atentan contra el evangelio, contra la doctrina social de la Iglesia o contra los mandatos del Papa Francisco; no sólo son una aberración porque sean inmorales, antiéticas y desmesuradas, sino es que además, son anticonstitucionales. Si, si.
Hay un concepto sencillo de entender para los mortales que es la “inconstitucionalidad sobrevenida” y que remite a la Constitución de 1978 que eliminaría todas las inmatriculaciones eclesiásticas sin título, ya que no se dan esas dos condiciones que antes señalábamos. Pues ni la Iglesia es una Administración, ni los Obispos son notarios.
Y por inconstitucionalidad sobrevenida tanto las inmatriculaciones hechas a partir de las Constitución, como las anteriores (de las que el gobierno no quiere saber nada, para no enfadar a la Iglesia) no sirven, no valen. Y que sepan que hay mucha jurisprudencia al efecto; y que si doctores tiene la Iglesia, letrados debería tener el Estado, tan doctores como ellos. ¿Me he explicado?
No sólo es una denuncia de ateos, agnósticos o no creyentes.
Los compañeros y compañeras de las más de veinte asociaciones patrimonialistas y laicistas del país –principalmente no creyentes-, (V. Gr.: Europa Laica, las distintas coordinadoras de Navarra, Aragón, Córdoba, Valencia, Castilla-Leon… y tantas otras que nos agrupamos en la entidad sin ánimo de lucro denominada RECUPERANDO, La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia) suelen destacar a menudo la importancia –y el eco que tiene entre la jerarquía- de que seamos muchos centenares de creyentes los que, bajo el paraguas de RRCC -Redes Cristianas- o de las CCP -Comunidades Cristianas Populares-, también hacemos nuestra esta causa y denunciamos -como el que más- este descomunal, antievangélico y nada cristiano atraco.
Y si, aunque seamos una minoría en la Iglesia, los cristianos y cristianas de base, participamos de esta lucha y nos movilizamos porque consideramos que estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Un atraco que hay que manifestar tanto desde nuestra condición de ciudadan@s, porque es un atentado contra la Declaración Universal de los DDHH, como en nuestra condición de creyentes, porque es lo contrario del estilo de vida que proponía Jesús de Nazaret.
Es por ello que nosotras y nosotros denunciamos esta especie de “contradesamortización”, en clave de la evangélica “corrección fraterna” y desde la ventana de oportunidad que nos brinda el hermano Bertoglio, con la convocatoria de un Sínodo, que Francisco tiene previsto cerrar en 2023, en el que -por vez primera- se nos quiere dar la voz en clave de igualdad y de una nueva sinodalidad (que algunos obispos ya quieren pasarse por el forro, por cierto)
Las inmatriculaciones eclesiásticas en España: Más propiedades que el Vaticano.
Y es que no exageramos en los calificativos si tenemos en cuenta que El 85% del Patrimonio del Estado ha sido inmatriculado ilegítimamente por la Iglesia Católica Española que ya tiene más propiedades que el mismísimo Vaticano. Es un auténtico escándalo que además va en contra de todo lo que lleva diciendo el Papa Francisco desde que llegó a Roma.
Recuérdese que el listado de los 35.000 bienes inmatriculados con los que el gobierno de coalición -de la mano de Carmen Calvo– parece que dio carpetazo al asunto, además de contener la trampa que ya denunciamos de que tenían que ser los municipios y los particulares quienes debían pleitear por cada bien en lugar del Estado (20 años llevan pleiteando para recuperar una ermita de Plasencia por ejemplo), es que no suman ni la mitad de los bienes robados que se estiman en más de 100.000.
Antonio Manuel Rodríguez –portavoz de Recuperando –que también participó en el taller de las inmatriculaciones eclesiásticas- nos aportaba el dato de que sólo en Córdoba, los bienes del listado de los 35.000 reconocidos por el gobierno son apenas 33, cuando desde la asociación “Mezquita Catedral de Córdoba, patrimonio de tod@s” se tienen censados 180.
Hace falta una ley del Patrimonio, Ya!
Además de que se pueda conseguir algún día derogar lo que queda vigente del Concordato franquista del 53 y anular los acuerdos preconstitucionales del 79 entre el Estado y la SS, -que es donde estriba la madre del cordero (no pascual, que no lo hubo) o la madre de todas las batallas- independientemente de ello, lo que si se puede lograr rápidamente (si este gobierno que se dice de izquierdas y que debe luchar por lo público quiere) es una Ley de Patrimonio que llegue a regular todo lo público, porque lo poco que hay no sirve.
Si las catedrales de Portugal, de Alemania o la catedral de Westminster o la de Nôtre Dâme, son del pueblo portugués, alemán, inglés o francés y el Mar Menor, los lagos de Covadonga o los ríos de España son bienes de dominio público, de la ciudadanía española,… ¿Por qué la Mezquita de Córdoba es de un Obispo (que además se la inmatriculó por 30€?
