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Los pasados 23 y 24 de octubre se celebraron en Madrid las Jornadas sobre Inmatriculaciones organizadas por el movimiento Redes Cristianas en colaboración con la organización Europa Laica y la Asociación Recuperando, entidad que viene trabajando en los últimos años por la recuperación del patrimonio histórico de nuestro país apropiado indebidamente por la jerarquía católica española. Tres mesas redondas de debate sobre la materia y una concentración final frente a la catedral de la Almudena, con una expresión dramática muy creativa sobre el fenómeno de las inmatriculaciones, pusieron sobre el tapete un asunto escabroso de nuestra historia reciente, dentro de las relaciones siempre sinuosas entre la Iglesia Católica y los gobiernos de distinto signo.
Nadie se sorprende de que el nacionalcatolicismo reinante durante el Régimen franquista diera lugar a una tolerancia injustificada por parte del Estado respecto a los abusos de la jerarquía en la usurpación de bienes públicos. Así vino sucediendo tras la legislación de 1946 hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Pero sí resulta más extraño que, después de declararse la aconfesionalidad del Estado español, no hubiera habido una revisión contundente de esa situación. Sin embargo, todavía se agrava más el problema con la ley aprobada bajo el gobierno Aznar en 1998, donde se erige a los obispos como notarios para materializar nuevas inmatriculaciones por su mera decisión de adoptar bienes, que han dejado al patrimonio público claramente diezmado por esa esquilmación delictiva. La presión de los grupos patrimonialistas y la repercusión pública de casos tan singulares como el de la Mezquita de Córdoba han forzado al ejecutivo de Sánchez a negociar con la Iglesia una salida digna. En esa línea, a comienzos de 2021, el Ministerio de la Presidencia dirigido por Carmen Calvo acordó con la jerarquía la revisión de unas 35.000 propiedades para aclarar su titularidad. Pero el dato no se sostiene objetivamente, ya que se calcula que más de 100.000 inmatriculaciones fueron efectuadas por la Iglesia en ese periodo. Por eso continúa la reivindicación, tanto de los grupos mencionados como la de los cristianos de base y la ciudadanía democrática, que no quieren consentir esa impunidad eclesiástica.
En la última Mesa de las Jornadas comparecieron la Conferencia Episcopal (CEE), la subsecretaría del Ministerio de Presidencia y un jurista experto en patrimonio histórico en representación de Recuperando. Aunque el clima fue correcto y sereno, el Vicesecretario Económico de la CEE solo aceptó la revisión de los bienes acordados, ¡de uno en uno! y nada más. El portavoz ministerial mantuvo una postura más dialéctica, si bien sin adquirir compromisos concretos. En cambio el experto fue totalmente contundente en la reivindicación de que ¡es hora de devolver! No hubo, por tanto, acuerdo si bien la patata caliente quedó en manos del gobierno, que debe reaccionar ante esta demanda popular entre la ciudadanía y entre la propia base más concienciada de la propia Iglesia.
