EDITORIAL
Nuestro país ha conocido en los últimos años una intolerable serie de hechos que reflejan faltas a la probidad al interior de instituciones consideradas pilares del orden social que nos caracteriza como nación. Por algún tiempo quisimos creer que se trataba de hechos aislados, “responsabilidades personales” se decía una y otra vez, sin embargo, la avalancha de escándalos que se han revelado en los últimos meses ya no permite seguir “hundiendo la cabeza en la arena”; desconocer la extensión del flagelo de la corrupción que compromete a las más importantes instituciones del país —públicas y privadas—, constituiría un grave error como sociedad, una irresponsabilidad flagrante por la cual las generaciones venideras tendrán pleno derecho en pasarnos la cuenta.
El daño provocado a la integridad del país por altos generales del Ejército y Carabineros —incluidos ex Comandantes en Jefe y ex Generales Directores—, directamente involucrados en fraudes multimillonarios para el enriquecimiento propio y de camarillas ligadas a los respectivos altos mandos. El nepotismo persistente, con la incorporación de familiares de políticos y funcionarios de alto rango en puestos estratégicos de la Administración Pública cada vez que se inicia un nuevo gobierno. El número no menor de parlamentarios que en su momento fueran señalados por la emisión de boletas falsas a cambio de financiamiento ilegal de sus campañas, y que jamás fueron enjuiciados, a diferencia de otros, que, en igualdad de condiciones, sí lo fueron. La percepción común de que “los poderosos” no van a la cárcel, reforzada con las penas simbólicas aplicadas a políticos de alta figuración, que han recibido condenas mínimas y remitidas tras “llegar a acuerdo” con los fiscales que llevaban sus causas. Son sólo los casos más connotados entre una multitud de situaciones que hacen ver el mal uso del poder político que reina en el país.
Anecdótico y a la vez de gusto amargo resultó para el país el castigo aplicado a los principales dueños del holding Penta, que evadieron cerca de 2.500 millones de pesos en impuestos, generando además uno de los mayores escándalos políticos desde la recuperación de la democracia, que fueron condenados a multas y a la obligación de seguir un curso de ética empresarial de 100 horas.
Aún más grave, en lo que parece una escala ascendente de deshonestidad funcionaria, han sido los escándalos aparecidos en el Poder Judicial y, ahora último, en el Ministerio Público. Los imponderables que deja entrever la decisión de la Corte Suprema de suspender a tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias para la designación de funcionarios ajenos a sus facultades, e intervención dolosa en procesos judiciales, constituye uno de los escándalos más desvergonzados de los últimos años. De igual modo, el enrevesado conflicto que afecta a la Fiscalía de esa ciudad, con la acusación en contra del mismo fiscal regional, levantada por un colega suyo por posible tráfico de influencias en casos emblemáticos que comprometen a conocidas figuras del país, provoca en la ciudadanía un daño a la credibilidad de los poderes públicos difícil de cuantificar.
Lo único consistente en estos hechos tan nefastos para el país, ha sido la inmediata y categórica reacción de la Gran Logia de Chile, que sin titubear expulsó de la organización a cuatro de sus miembros que aparecían involucrados, mostrando la firme voluntad de sancionar toda conducta “reñida con la ética, la moral, la probidad y la legalidad” al interior de la Orden, convicción ética que desgraciadamente no han podido mostrar otras organizaciones, que han seguido la vía del encubrimiento a sus integrantes caídos en hechos delictuales y faltas a la moral, probablemente en un vano intento de proteger el “prestigio institucional”.
En la esfera privada, las iglesias Católica y Pentecostal se han visto envueltas cada una en sus propias miserias. Las atroces acusaciones entregadas por la profesora de Teología de la PUC Marcela Aranda contra el fallecido sacerdote Renato Poblete, favorito de la alta burguesía con la que realizaba cenas de ostentosa frugalidad para las acciones sociales de la Iglesia, nos han retrotraído a los tiempos de dictadura por la perversión de las torturas que el sacerdote y sus “amigos” le infligían. Es un caso de tanta o más gravedad dentro de la larga cadena de abusos sexuales y de conciencia que vienen cometiendo sacerdotes y religiosos contra cientos de jóvenes en todo el país, y la secuela de silencio y protección urdida por los más altos miembros del catolicismo nacional. En cuanto a la iglesia Evangélica, cuyos miembros se muestran por la general sumisos ante sus autoridades, esta vez han reaccionado indignados por los lujos que se permitía el pastor Eduardo Duran con los diezmos entregados, en su mayoría, por fieles de muy humilde condición social.
Las conductas corruptas, tanto en la administración pública como en el sector privado, se generan sin duda en la codicia de las personas, pero también en aspectos no resueltos de nuestro ordenamiento constitucional, y que desde hace tiempo nos vienen pasando la cuenta. El empecinamiento de un sector de la élite del país en mantener estructuras de poder establecidas durante la dictadura, provocó que temas relevantes como la nominación de jueces, y también de fiscales después de la Reforma Procesal Penal, dependiera de lobbies no regulados, restando un margen importante a la independencia de la que pudieran gozar jueces y persecutores en el desempeño de sus cargos. Del mismo modo, el creciente poder autoasumido por el Tribunal Constitucional, que a la cuestionable declaración de inaplicabilidad de leyes que en su momento fueran despachadas por el poder legislativo, muchas de ellas en el ámbito de los derechos humanos, pretende ahora limitar las potestades de la misma Corte Suprema, afirmando que el Poder Judicial no tiene jurisdicción sobre sus determinaciones. Dentro de esta presunción se inscribe una opinión emitida por el presidente del Tribunal Constitucional respecto a que las eventuales sanciones del máximo tribunal de justicia sobre religiosos condenados por abusos sexuales podrían ser “inconstitucionales”.
Las señales negativas que emite el Estado con una Constitución que no representa las aspiraciones de justicia y mayor igualdad social entre los chilenos, y la corrupción que parece haberse instalado latamente, tanto en las instituciones públicas como en el sector privado, dañan profundamente el espíritu republicano que aún se mantiene en la inmensa mayoría de los ciudadanos, lo que podría agravar la actitud de desconfianza en los políticos y en la gestión pública, y el consiguiente desinterés por participar en las elecciones de autoridades, lo que constituye un peligroso debilitamiento de nuestra democracia. Si los políticos no demuestran la voluntad o el valor necesario para poner atajo a la deshonestidad en la administración pública antes de que se convierta en metástasis, tendrá que ser la sociedad civil la que impulse un rol de transformaciones que permita avanzar hacia un estado de derecho que propicie la igualdad como principio ético, y establezca los mecanismos de fiscalización necesarios con el fin de erradicar la corrupción y rescatar el aparato público de la apropiación por parte de las élites.
En el presente número de Iniciativa Laicista analizamos la categoría Identidad desde la diversidad, sea de género, de etnia, de cultura, de creencias. Así como las personas, los grupos, los pueblos y los países también manifiestan una identidad, un ethos, conformado por valores y actitudes que dan cuenta de la calidad de vida y del comportamiento moral y ético de la mayor parte de su población. Lo que vive actualmente el país contradice una larga tradición de progreso basado en el trabajo honesto, en la probidad funcionaria y en una sana austeridad, que incluso los sectores más ricos practicaban evitando ostentar diferencias obscenas con los que tienen menores recursos.
El cinismo y el descaro que ahora nos agobian amagan lo que alguna vez fluyó como natural, y que nos dio la estabilidad que llegó a diferenciarnos positivamente de otras naciones. Reencontrarnos como país requiere de un reaprendizaje para hacernos cargo, como ciudadanos, de la solidez de nuestra institucionalidad, de comprometernos con un humanismo cívico que otorgue buena salud a nuestra futura vida política.
Gonzalo Herrera G.
SUMARIO
Citas laicistas:
Editorial
Gonzalo Herrera G.
Identidades en guerra: ¿Quién soy?
Alessia Injoque
Entrevista: Matías Reeves, presidente de la fundación Educación 2020
Rogelio Rodríguez M.
La identidad en el cine contemporáneo
Sylvie R. Moulin
El derecho a la identidad de género: Más que un cambio registral
Constanza Valdés C.
Valparaíso, sede de Congreso Internacional del Librepensamiento
Antonio Vergara
El éxito de las vacunas
María Paz Bertoglia
Laicismo como baluarte de la igualdad
Eduardo Quiroz S.
Sobre la formación y el rol social de los arquitectos
Juan Enrique Mastrantonio
Desafiando los diversos nacionalismos artísticos en la América contemporánea
Francisco Villarroel
DOCUMENTO: IDENTIDAD
Una dialéctica entre lo individual y lo colectivo
Gonzalo Herrera G
