EDITORIAL
Vivimos momentos críticos como humanidad, y pareciera que no nos damos cuenta de la gravedad de ello.
Todo el mundo se sobrecoge al ver las imágenes de la devastación por fuego del bosque más grande del planeta, sabiendo que entre las llamas están muriendo cruelmente millones de animales vertebrados, plantas, insectos y microorganismos, que en su biodiversidad conforman el laboratorio científico con mayor cantidad de respuestas aún no develadas por la ciencia. De igual modo, nos in- quietan las informaciones, cada vez más frecuentes, de regiones de nuestro país que empiezan a carecer del recurso hídrico a nivel de consumo, y entonces hablamos de falta de lluvias y cambio climático, lo cual no dista mucho de la actitud de temor y resignación que asumían las culturas primitivas ante los desastres naturales, imploran- do clemencia en una lógica mítico-mágica. Y nos mantenemos inactivos.
El fuego que arrasa con todo en la Amazonía, amenazando gravemente el equilibrio ecológico del planeta, no ha sido causado por el cambio climático sino, una vez más, por la ambición des- medida de los grandes intereses productivos. El trabajo sucio lo llevan a cabo los campesinos pobres, que mediante el fuego se proporcionan tierras para pastizales, y que al cabo de un tiempo son vendidas a grandes haciendas productoras de ganado. Y esto ha sido una política populista amparada por muchos gobiernos, no sólo por el actual. También el peligro de quedarnos sin recursos hídricos tiene causas antrópicas. El fenómeno que afecta históricamente a un quinto de la población mundial, probablemente desconocido para la mayoría de los chilenos, hoy empieza a tornar- se una pesadilla para muchos habitantes del país, comenzando por los sectores rurales que sufren la falta de agua para el riego y para el consumo, tanto humano como de sus animales.
El valle de Petorca es un lamentable ejemplo del deterioro de la biodiversidad provocado por la aplicación ciega de un modelo económico que, de manera dogmática, impone la lógica de la libre competencia por encima de toda consideración racional que pudieran proporcionar los expertos. El ordenamiento territorial de los cultivos acorde a las capacidades de uso agrícola de los suelos, adquiriría carácter de atentado para la élite económica si el Estado quisiera en algún momento intervenir, planificando la producción e imple- mentando la distribución del agua bajo criterios de equidad. Tal como ocurre con el incendio de la selva amazónica, el agotamiento del recurso en la provincia de Petorca obedece menos a causas naturales que a los efectos de una normativa injusta e injustificada, el Código de Aguas del año 1981, que entregó a privados, de forma gratuita, ilimitada y a perpetuidad, derechos de aprovechamiento del recurso, los que pudieron ser transados desde entonces en el mercado. A partir de los años ’90, la demanda hídrica creció en forma desmedida con el monocultivo de paltos sobre miles de hectáreas de los cerros de Petorca y La Ligua, que terminaría secando los esteros y agotando las napas freáticas, afectando gravemente la agricultura familiar campesina. Por supuesto, en ese momento, nadie estaba dispuesto a escuchar la advertencia de los técnicos sobre el efecto de los monocultivos, la degradación de los suelos y la destrucción del ecosistema.
Ya nadie (casi) ignora que mucho del desquicio ecológico en nuestros mares, tierras, y el aire que respiramos, es consecuencia del actual modelo de libre mercado, cuyo único norte es el crecimiento de la producción. Ya vendrán otros que se encarguen de incentivar el consumo. El nuevo orden global permite actuar libremente a los capitales transnacionales, sobrepasando con frecuencia las débiles barreras protectoras del medioambiente establecidas por los países en desarrollo, precariza las pequeñas y medianas empresas, y debilita la organización sindical. Los gobiernos, encandilados por la utopía del desarrollo, caen en la tentación fácil de ceder a las imposiciones del capital externo. Así entonces, ¿quién debe ordenar el caos que provoca el sistema global neoliberal, que con su enorme poder ha conseguido restringir la relevancia de la política al interior de los países, despolitizando de paso a la misma sociedad civil?
El paso que nos estamos negando a dar es el de asumir con plena conciencia el rol de ciudadanos del siglo XXI, el de dejar de resignar las grandes decisiones en manos “de otros”, particularmente de políticos y de quienes manejan los principales hilos de la economía, sordos a los requerimientos de hacer valer los derechos sociales de las mayorías, y de disminuir las desigualdades que terminan esclerotizando las democracias. Los ciudadanos tienen libertades y obligaciones que se deben manifestar tanto en el ámbito civil, desarrollando organizaciones y utilizando los distintos formatos de libre expresión para interesar a los demás, como en el ámbito político, intentando formar parte del poder político a través de algún partido, o al menos participando activamente como electores.
Como espejismo de participación, a menudo se promueve una “acción ciudadana” inocua (ejemplo, brigadas que recogen deshechos plásticos en las playas) que sólo sirve de propaganda a algún sector, sin que ello permita resolver el problema de fondo. Mucho más eficaz sería una acción con verdadero contenido político, que significara un salto cualitativo en la superación de la indiferencia, o de la fragmentación de intereses no sustantivos, que permitiera fortalecer corrientes de opinión dentro de un partido o de movimientos sociales, que llevara, por ejemplo, a promover leyes tendientes a exigir procesos de producción no contaminantes.
La actividad política en una democracia, noble por definición, en cuanto se hace parte de la vida pública de un país y busca la formación de mayorías para satisfacer los anhelos y sentimientos de sus habitantes, también ha sufrido una degradación en su práctica, al perder el objetivo del bien común y la identificación ciudadana. El desprestigio crece cuando se percibe que las autoridades no actúan en concordancia con el bienestar de las mayorías, sino en la defensa de intereses privados, o en el afán de congraciarse con el poder económico. También la vulgarización de la actividad po- lítica, las soluciones improvisadas y demagógicas, la obsesión de legislar —o deslegislar— por motivaciones religiosas o exclusivamente ideológicas, los proyectos de ley cuyo significado se concentra en el titular, sin la convicción genuinamente democrática de recoger el sentir de la mayoría, provocan la desnaturalización del más importan- te proyecto republicano, el de hacer crecer los valores democráticos.
Existe la percepción, probablemente aumentada ante la fractura entre pensamiento humanista y praxis política que se advierte en la postmodernidad, que el sentido republicano adquirido por el país en los primeros 70 años del siglo XX, estaba en mayor proporción imbuido de valores y compromisos que tenían como aspiración central una sociedad futura más humana. El ethos republicano de nuestra élite política se nutría ideológicamente de la reflexión de pensadores e investigadores, los debates parlamentarios se fundamentaban en muchas ocasiones en planteamientos ideológicos, filosóficos y literarios que sensibilizaban la política en todo Occidente, todo lo cual brindaba una cierta orientación a la ciudadanía.
Hoy, los problemas de la sociedad adquieren carácter de crisis, la política en muchos países ha involucionado a populismos que reniegan de la soberanía popular, las posiciones de ultraderecha seducen a amplios sectores insatisfechos con la democracia, y que no encuentran alternativas en esta, incluso con apologías a siniestros dictadores del siglo XX; por otro lado, los científicos nos advierten que estamos a escasos decenios de la desaparición total de la civilización humana, si no se toman medidas radicales para frenar el continuo calentamiento de la superficie del planeta. Es el momento entonces de que los líderes políticos y de opinión comiencen a escuchar en serio a los que tienen el conocimiento, los científicos, y a los que con una mirada crítica intentan encontrar los caminos para que el actual estado de cosas, en la sociedad y en la política, se pueda modificar: los filósofos.
En esta edición, Iniciativa Laicista entrega la visión de un conjunto de pensadores y profesionales que aportan con sus análisis a descifrar esta realidad inhóspita que nos ha dejado el mito del crecimiento económico sin límites. Colabora también la filósofa, Juliette Simont, quien fuera la última directora de la revista francesa Les Temps Modernes, fundada por Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir al término de la Segunda Guerra Mundial, muy influyente en los círculos intelectuales europeos de la segunda mitad del siglo XX, y que ha dejado de circular. Agradecemos a la Sra. Simont su excelente disposición a responder nuestras preguntas.
Gonzalo Herrera G.
SUMARIO
EDITORIAL
Gonzalo Herrera G.
KARL POPPER Y LA TOLERANCIA EN UNA SOCIEDADA DEMOCRATICA
Por Francisco Belmar Orrego
¿CIENCIA EN CRISIS? INICIATIVA LAICISTA CONVERSA CON ANDRÉS GOMBEROFF
Entrevista Rogelio Rodríguez
EXCESOS DE LA METÁFORA
Por Rodrigo Marilef
LES TEMPS MODERNES: ECOS DEL EXISTENCIALISMO DE SARTRE Y BEAUVOIR
Por Gonzalo Herrera
INTRODUCCIÓN DE NUESTRA ENTREVISTADORA
Sylvie Moulin
INICIATIVA LAICISTA CONVERSA CON JULIETTE SIMONT
Entrevista Sylvie Moulin
EL POTENCIAL DE CHILE EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL
Por Alejandra Planet
LOS JÓVENES, ESPERANZA DE UN FUTURO MEJOR
Por Errol Dennis
GEROACTIVISMO: UN MOVIMIENTO REIVINDICATIVO DEL ENVEJECIMIENTO
Por Agnieszka Bozanic
LA VIGENCIA DE NIETZSCHE
Por Arturo Ruiz
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LIBREPENSADORES EN VALPARAÍSO
Por Antonio Vergara
Puede descargar la revista en formato PDF: Iniciativa Laicista, 45
