LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF A LA IGLESIA CATÓLICA: UN CÚMULO DE OPACIDAD EN LA SUBVENCIÓN CON DINERO PÚBLICO
Europa Laica, como todos los años, ha hecho un INFORME detallado (120 páginas) analizando la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica que fue publicada el pasado mes de junio.
Esta Memoria eclesial debería tener por objeto cumplir con el compromiso adquirido por la Iglesia Católica de dar cuenta de la financiación pública que recibe a través de la casilla del IRPF. 285 millones de euros en el ultimo ejercicio fiscal.
Pero nada más lejos de la realidad.
Europa Laica denuncia que esta Memoria es cualquier cosa menos lo que debería ser, sino un cumulo de opacidades, medias verdades y pura propaganda eclesial, pero sin dar cuenta real de este dinero público entregado a la Iglesia Católica, que es de lo que se trata justificar.
En las Conclusiones del INFORME, apuntamos:
– Es de todo punto antidemocrático que sigan sin denunciarse los Acuerdos con la Santa Sede que amparan esta subvención a la Iglesia católica, y que no se respete en su integridad la aconfesionalidad formal del Estado.
– Es aun menos admisible la comodidad y connivencia de los Gobiernos de turno en no hacer cumplir siquiera lo acordado, manteniendo el despropósito de falta de control y publicidad sobre los dineros públicos de los que es el principal. responsable.
– La Memoria de Actividades publicada por la Iglesia católica no cumple de forma manifiesta con el compromiso adquirido de dar cuenta de la financiación pública recibida a través del IRPF.
– Es imprescindible una completa y amplia fiscalización de las cuentas de la Iglesia Católica. El Tribunal de Cuentas ha determinado recientemente esta misma necesidad a la vez que sobre las carencias e incumplimientos mencionados.
– La Memoria de Actividades de la Iglesia católica es un burdo documento de pura propaganda eclesial, carente de transparencia debida, con mucha opacidad y lleno de triquiñuelas y medias verdades contables con el único objetivo de ocultar sus privilegios.
Europa Laica, para mayor claridad, ha elaborado un compendio de PREGUNTAS SIN RESPUESTA que dan cuenta de las denuncias, medias verdades y opacidades mencionadas en el INFORME. En dos series, una sobre la Asignación Tributaria, otra sobre las Actividades eclesiales relacionadas.
Ver INFORME
ÍNDICE
I) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
INCUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO… 6
LOS PRIVILEGIOS ECONÓMICOS DE LA IGLESIA… 16
NECESIDAD DE UNA VERDADERA AUDITORÍA… 19
LAS FALACIAS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA… 21
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA-IRPF… 23
EL IVA… 31
APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS AL FCI… 32
EL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO (FCI)… 34
DISTRIBUCIÓN DEL FCI A LAS DIÓCESIS Y RETRIBUCIÓN DEL CLERO… 39
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL… 43
LA TELEVISIÓN EPISCOPAL: Trece tv… 46
II) ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA
ECONOMÍA DIOCESANA… 49
LOS INGRESOS FINANCIEROS… 54
EL PATRIMONIO INMOBILIARIO… 56
LA SUPUESTA CONTRIBUCIÓN DE LA IGLESIA AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA SOCIEDAD… 57
ACTIVIDAD CELEBRATIVA… 59
PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL… 63
ACTIVIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS… 64
¿VALORACIÓN DE MERCADO DE LA ACTIVIDAD SACRAMENTAL?… 66
ESCUELA PÚBLICA Y ESCUELA CONCERTADA CATÓLICA… 69
ACTIVIDAD EDUCATIVA… 73
EL SUPUESTO “AHORRO” DE LA IGLESIA… 76
L@S CATEQUISTAS EN LA ESCUELA PÚBLICA Y CONCERTADA… 80
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN… 85
ACTIVIDAD CULTURAL… 88
BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL… 90
IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE ACTIVIDADES E INMUEBLES… 91
CATEDRALES… 94
INMATRICULACIONES… 97
LA TRANSPARENCIA… 100
ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTECIAL… 102
LA CASILLA PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL EN EL IRPF … 105
EL DESAGUISADO DE LA NUEVA CASILLA “SOCIAL” EN EL IS… 106
ÚLTIMAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS ONG … 109
LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA IGLESIA… 110
CONCLUSIONES… 118
Aún cuando este año 2020 no es un año cualquiera, una vez más la Conferencia Episcopal Española (CEE, en adelante) ha dado a la publicidad (pues de publicidad se trata, exclusivamente) su última Memoria Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2018, en relación con la renta declarada en 2019. Y lo ha hecho, como siempre, no sólo a través de los múltiples medios de comunicación y propaganda de que es propietaria (televisiones, radios, periódicos en papel o digitales), sino también contando con la inestimable colaboración de los medios de comunicación de las cadenas estatales y autonómicas públicas (radio y televisión), así como de la mayoría de los medios generalistas privados.
Digo que no es éste un año cualquiera porque como ya es sabido estamos sufriendo los terribles efectos de un virus que ha puesto al descubierto las flaquezas de una sociedad que ha visto adelgazar, en el último cuarto de siglo, en general, la dotación para bienes públicos en sanidad, educación, vivienda y servicios sociales, especialmente; no obstante, desde 2008 en particular, el mantra neoliberal dio el golpe definitivo para redirigir los recursos públicos, de forma masiva, hacia los bolsillos de agentes privados, que además gozan de una situación oligopolística, cuando no de claro monopolio: banca, aseguradoras, farmacéuticas, empresas energéticas, químicas, constructoras, industria alimentaria…
La situación dantesca de afectados y fallecidos, unida a los efectos de la paralización económica, ha puesto al descubierto las costuras de una sociedad “alegre y confiada”, como diría Jacinto Benavente, que está sufriendo directamente la falta de empleo, y en general, de recursos para poder vivir una vida que pueda considerarse digna. No pretendo abrumar con cifras que son suficientemente conocidas, pero sí quiero dejar claro el marco socioeconómico en que los obispos han publicitado su informe anual.
Del 1 al 5 de abril tuvo lugar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, tras la cual se dio a la publicidad una Nota y Rueda de prensa Final. Ese mismo 5 de abril había 130.759 infectados en España y habían fallecido ya, oficialmente, 12.418 personas; en Madrid los infectados iban ya por 37.584 y los fallecidos eran 4.941 personas. Pues bien, con la escasa sensibilidad que caracteriza a los obispos cuando no se trata de defender sus privilegios, las citadas Nota y Rueda de prensa no hacían la más mínima referencia a esa dantesca situación. Tampoco consta que la Conferencia Episcopal haya llamado al Jefe del Gobierno o al Ministro de Sanidad, para poner sus ingentes recursos sanitarios o sociales a su servicio.
Otra bochornosa muestra de cinismo es la que ofreció Luis Argüello, Secretario General y portavoz de la CEE, cuando en pleno estado de alarma (segunda prórroga) y ante la necesidad de establecer por el Gobierno un Ingreso mínimo vital para hacer frente a las situaciones de pobreza extrema agudizadas por la pandemia, vino a declarar que no convenía que las personas se acostumbraran a las subvenciones porque influiría sobre su capacidad de esforzarse. De esto los obispos pueden dar pocas lecciones, porque hablando de subvenciones y esfuerzo, ¿cuando se miran al espejo los obispos, no ven obispos, sacerdotes, escuelas, hospitales, financiados por el erario público? ¿Dónde está el compromiso para autofinanciarse que asumieron en 1979 y el supuesto esfuerzo para ello, tras 41 años de democracia confesional?
En todo caso, y a la vista de los datos ofrecidos en la Memoria de 2018, tengo que volver a repetir, como lo hago cada año, el párrafo con que comencé el informe que realicé, allá por agosto de 2010, a propósito de la memoria correspondiente al ejercicio 2008:
“Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986, información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.”
Han transcurrido 34 años y aún sigue pendiente que el Gobierno de España elabore una estimación de las exorbitantes cantidades de que se beneficia la Ic y todas sus sociedades e instituciones, como consecuencia de las exenciones y bonificaciones fiscales al amparo de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979. Y ello en sus tres niveles administrativos: central, autonómico y local.
Conviene recordar que estas cuantiosas sumas, que Europa Laica cifra en no menos de 11.600 M€ (más del 1 % del PIB de España) se hurtan a los Presupuestos de estas tres administraciones y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a tod@s l@s ciudadan@s, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de los intereses de una creencia particular y de la Institución que dice representarla: la Iglesia católica.
… … … … …
CONCLUSIONES
Responsable: el Estado.- De la lectura de este Informe podría deducirse que la principal destinataria de mis críticas es la jerarquía católica: nada más lejos de la realidad. El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Ic en España, como viene denunciando Europa Laica, es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 41 años: Felipe González concedió los conciertos educativos, la asignación tributaria, la exención del IVA o los acuerdos con las confesiones minoritarias; Aznar, el Plan de catedrales, la reforma de la Ley Hipotecaria, las dos casillas en el IRPF o la Ley de Mecenazgo; Zapatero, el acuerdo con la Ic para subir la financiación en el IRPF o la contratación indefinida de l@s “profesor@s” de religión; y Rajoy, la amnistía registral para las inmatriculaciones o la Ley Wert.
El problema sigue siendo la connivencia y el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las Administraciones Públicas. La Ic disfruta de un “paraíso” jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho.
Esta Memoria no cumple el compromiso adquirido por la Ic.- Cabe concluir que con la Memoria episcopal la CEE prosigue con esta ceremonia de la confusión que consiste en incumplir el único compromiso adquirido por los obispos con la firma del reprobable acuerdo concordatario de diciembre de 2006, que literalmente expresaba el “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Asimismo, he demostrado que en relación con este compromiso, que el Estado debería exigir taxativamente, la Ic cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica.
Fiscalización de las cuentas de la Iglesia.- Es imprescindible que, a la vista del Informe definitivo del Tribunal de Cuentas, el Estado tome cartas en el asunto y se comprometa a crear las condiciones para controlar tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Ic, como las exenciones de que se benefician, poniendo coto al presunto “enriquecimiento injusto” o a las cantidades “desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios”, que sirven para financiar, tanto sus actividades económicas como las asistenciales, así como a su propia estructura organizativa.
Mucha propaganda y poca transparencia.- En lo que se refiere al resto de información que aporta la jerarquía católica en relación con sus múltiples actividades, es fácilmente observable que la estrategia de comunicación de los obispos sigue siendo puramente defensiva, y parece querer salir al paso de una realidad difícilmente manipulable: los exorbitantes privilegios económicos de que goza la Iglesia, que succiona del erario público más del 1% del PIB para sus actividades. El mensaje que pretenden transmitirnos sería, “Vale nos beneficiamos del dinero público pero, a cambio, generamos muchos beneficios económicos a la sociedad”.
Pero no sólo es una estrategia de defensa episcopal, ya que con frecuencia también las autoridades públicas, en connivencia con los intereses clericales, justifican los “espectáculos confesionales”, las celebraciones y fiestas religiosas, por los supuestos beneficios económicos que originan y por la publicidad que procura a las correspondientes ciudades donde tienen lugar. En realidad, esta amalgama de aspectos culturales, turísticos, mediáticos y económicos, en la que el espectáculo y su difusión se convierten en lo prioritario, es lo que me ha llevado a denominar estos actos de la Iglesia católica, tan próximos al show bussiness, como Catolicircus.
Lamentablemente hoy, como en años anteriores, debo repetir que alrededor de las cifras que ofrece la Conferencia Episcopal hay mucha mercadotecnia y propaganda y muy poca transparencia. Lo que debe ofrecer la jerarquía católica es un balance económico anual integrado del conjunto de sus actividades en España, que ilumine en qué y cómo se gasta las cuantiosas sumas con que le subvenciona el Estado y, por tanto tod@s l@s contribuyentes, en sus tres niveles, central, autonómico y local. Y el Estado, en un ejercicio de responsabilidad debe exigir ese balance anual integrado, en el que también se consignen las subvenciones indirectas aportadas por el Estado, en relación con las exenciones y bonificaciones fiscales, al amparo de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1976,1979 y 2006.
M. Enrique Ruiz del Rosal (Europa Laica)
Ver INFORME COMPLETO
PREGUNTAS SIN RESPUESTA EN LA MEMORIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 2018 (I)
1.- ¿Por qué no ofrece en la Memoria episcopal el importe del Fondo de Reserva acumulado, que se nutre también de las X del IRPF?
2.- ¿Por qué ha desaparecido de la Memoria la referencia central al Fondo Común Interdiocesano (FCI), que se constituye con lo obtenido por las X del IRPF, y cuyo presupuesto aprueba anualmente la Asamblea Plenaria de los obispos?
3.- ¿Por qué se oculta en la Memoria la aportación de las diócesis al FCI?
4.- ¿Por qué se oculta el montante de la retribución de los sacerdotes con cargo a las X del IRPF, a cuántos afecta y por qué conceptos?
5.- ¿Por qué se omite la información sobre prestaciones sociales que recibe el clero con cargo a las X del IRPF?
6.- ¿Por qué no se informa en la Memoria de la cantidad con que se retribuye a seglares, de las X del IRPF, toda vez que las diócesis se gastaron por este concepto 165,4 M€ en 2018?
7.- ¿Por qué ha desaparecido la retribución individual establecida para los obispos, así como se omite a cuántos se retribuye o su contribución a la Seguridad social o el IRPF?
8.- ¿Por qué se oculta la cantidad que procedente del FCI se dedicó en 2018 a actividades pastorales, que ya no está disponible ni siquiera en el Presupuesto del FCI?
9.- ¿Por qué se omite la información acerca de los medios a través de los que se canalizan los 5,1 M€ de las campañas publicitarias?
10.- ¿Por qué estando obligada a presentar una Memoria de las cantidades recibidas a través de la denominada Asignación tributaria, dedica el 72,5 % de la Memoria a contarnos sus actividades de evangelización, enseñanza, caridad y asistencia social, que no tienen nada que ver con las X del IRPF?
11.- ¿Por qué no se especifica el importe adicional de liquidez con que cuenta la Ic desde 2016, merced a la modificación de la Ley de Presupuestos para dicho año? ¿Por qué oculta la Memoria que el nuevo sistema de anticipos ha permitido que la Ic pudiera disponer a partir de 2016 de 16 M€ más que el año anterior, un 10 % más de recursos?
12.- ¿Por qué las personas al servicio de la función pública en España (médic@s, profesor@s, etc.), estando al servicio del interés general, deben pagar el IBI de sus viviendas, y los curas y obispos, dedicados a intereses tan particulares como los religiosos gozan del privilegio de no pagarlo?
13.- ¿Por qué sigue insistiendo la Ic en que las X del IRPF se destinan al “ejercicio del apostolado y caridad”, cuando sólo dedica a estos menesteres el 4,3 % ?
14.- ¿Por qué el Estado colabora en ocultar que lo recibido por la casilla del IRPF tiene verdadera naturaleza de subvención presupuestaria?
15.- ¿Por qué se oculta que mientras siga vigente el Acuerdo concordatario sobre Asuntos económicos, de 1979, el Estado viene obligado a mantener a 114 obispos y cardenales, 17.337 sacerdotes, seminarios, congresos, 23.000 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen l@s contribuyentes?
16.- ¿Por qué oculta la Memoria que entre 2010 y 2018 ha disminuido el número de declaraciones “a favor” de la Ic en 264.000.
17.- ¿Por qué se silencia en la Memoria que en 2018 se ha alcanzado el menor porcentaje de declaraciones “a favor” desde que existe el nuevo sistema de financiación (el 32.3 %)? ¿O dicho de otra manera, que el 67,7 % de l@s declarantes no marca la casilla de la IC, siendo el mayor porcentaje de las dos últimas décadas?
18.- El nuevo sistema de financiación pactado con el Gobierno socialista en 2006 subió la financiación del 0,5239 % al 0,7 % para compensar el pago del IVA por la Ic a partir de entonces. ¿Por qué se oculta que en el intervalo 2007/2018 la Ic ha ingresado 3.049 M€ en concepto de Asignación tributaria con el nuevo sistema de financiación pactado con el gobierno del PSOE, esto es 767 M€ más de lo que le hubiera correspondido con el anterior sistema, mientras que el desembolso por IVA no ha pasado de los 94 M€ en el mismo período, lo que significa que la operación ha dejado “limpios” 673 M€ para otros menesteres eclesiales que nada tienen que ver con el culto y clero?
19.- ¿Cómo es posible que a los obispos les hayan sobrado 38,9 M€ en los tres últimos ejercicios, mientras que por todos lados exprime las arcas públicas en actitud lastimera?
20.- ¿Cómo se explica que los recursos enviados para sustentación del clero de las diócesis se haya incrementado un 68 % en el período 2008/2018, en un período en que el clero (sacerdotes y religios@s, sin tener en cuenta las monjas de clausura) ha descendido el 27 %?
21.- ¿Por qué se oculta que el conjunto de las retribuciones de clero y obispos, con sus correspondientes seguros sociales ha absorbido el 78 % del importe asignado a la Ic, procedente de la casilla del IRPF? ¿Y que las actividades pastorales supusieron el 1,8 %?
22.- ¿Cuándo va a ofrecer la Memoria un cuadro estadístico que incluya anticipos/asignación/liquidaciones definitivas, desde 2007?
23.- ¿Por qué se incluyen los ingresos financieros como si fueran recursos de la liquidación de la Asignación tributaria?
24.- ¿Por qué se oculta que el 90,3 % de la cantidad enviada a las diócesis, procedente de la X del IRPF, se emplea en retribuir a los sacerdotes de las mismas?
25.- ¿Por qué se oculta en la Memoria cómo se distribuye la cantidad procedente de las X del IRPF que se envía a las diócesis?
26.- ¿Por qué se oculta que las pérdidas acumuladas por Trece TV desde el inicio de sus actividades en 2010 ascienden ya a 91,4 M€, y que se han “enterrado” 23,8 M€, procedentes de la Asignación tributaria de los tres últimos años considerados, en enjugar las pérdidas acumuladas y la correspondiente quiebra técnica? ¿Por qué no se informa en la Memoria del estado de la línea de crédito que tienen abierta los obispos de 30 M€, con vencimiento 1 de abril de 2022, del que habían dispuesto de 28,5 M€ a 31 de diciembre de 2018?
PREGUNTAS SIN RESPUESTA EN LA MEMORIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 2018 (II)
1.- ¿Por qué se oculta en la Memoria episcopal cuál es la deuda de las diócesis con proveedores, con los bancos o con la Hacienda Pública?
2.- ¿Por qué en vez de los cobros y pagos realizados durante el ejercicio no ofrece los ingresos y gastos del ejercicio, como debe ser?
3.- ¿Por qué se oculta la composición de los ingresos y gastos extraordinarios de las diócesis?
4.- ¿Por qué no sabemos exactamente cuál fue la aportación de la Asignación tributaria a las diócesis, los 224,88 M€ que figuran en la página 26 o los 202,1 M€ que figuran en la página 18?
5.- ¿Por qué no se ofrece ninguna información en la Memoria acerca de cuál es la composición de Otros ingresos corrientes de las diócesis, por valor de 264,2 M€?
6.- ¿Por qué se oculta que las retribuciones salariales de los sacerdotes diocesanos proceden del FCI y, por tanto, de la casilla del IRPF?
7.- ¿Por qué se omite toda información acerca de a cuántas personas se retribuye, por tipologías (sacerdotes, religiosos,..), por qué conceptos y en qué diócesis?
8.- ¿Por qué oculta la Memoria el montante de las inversiones financieras, por diócesis, con sus correspondientes ingresos financieros?
9.- ¿Por qué no existe un inventario del patrimonio mobiliario e inmobiliario de las diócesis? ¿Por qué no existe un inventario del patrimonio mobiliario e inmobiliario de las órdenes religiosas, congregaciones y demás entidades de la corporación católica?
10.- ¿Por qué se ocultan los ingresos resultantes de la venta del patrimonio inmobiliario?
11.- ¿Por qué no se ofrece información en la Memoria acerca de las subvenciones recibidas por las administraciones Públicas para mantenimiento o rehabilitación del patrimonio inmobiliario? ¿Por qué se oculta el montante de los ingresos por alquileres del patrimonio inmobiliario?
12.- ¿Por qué se omite toda información acerca de la composición pormenorizada de los 271,8 M€ que se gastan las diócesis en Conservación de edificios y gastos de funcionamiento?
13.- Por fin la Conferencia episcopal ha dejado de repetir machaconamente que asisten 10 millones de personas regularmente a misa. En la Memoria de 2016 informaban acerca de 8,3 millones; en la de 2017, 7,9 millones (400.000 personas menos). Teniendo en cuenta que no es probable que pasen de 4 millones, ¿cuándo hará una estimación menos publicitaria, de acuerdo a las cifras del INE y del CIS?
14.- ¿Por qué si el Acuerdo concordatario sobre asuntos jurídicos, de 1979, reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, la Ic realiza actividades fuera de prisión, o dentro de prisión no relacionadas con la asistencia religiosa, no amparadas por dicho Acuerdo (deportivas, de formación, de asesoría jurídica) y financiadas con cargo al erario público?
15.- ¿Por qué no explica la Ic el derrumbe producido en bautismos, matrimonios, unciones de enfermos o, en menor medida, comuniones?
16.- ¿Por qué no explica la Memoria episcopal las causas de que haya desaparecido el 37 % de religios@s desde 2013?
17.- ¿Por qué la Memoria no explica el “tobogán de los capellanes” (un año hay 143, al siguiente 170, al otro 147, o 164 en 2018?
18.- Si el 94,5 % de los centros de enseñanza católicos están concertados, ¿por qué se oculta que la práctica totalidad de los mismos están subvencionados?
19.- ¿Por qué no reconoce la Memoria que el gasto público en conciertos de las etapas susceptibles de ser concertadas (infantil, primaria, secundaria, profesional y especial) absorbió el 21 % del total público, en 2017, para estas etapas?
20.- ¿Por qué no se menciona en la Memoria que el 95 % de los centros católicos existentes tenía algún nivel concertado en 2018? ¿O que el 98 % del alumnado en centros católicos estaba encuadrado, en el curso 2016/2017, en centros concertados?
21.- ¿Por qué ha desaparecido de la Memoria el personal religioso docente?
22.- ¿Por qué se oculta que las empresas de enseñanza católica son ambas cosas: negocios con propietarios, cuentas de resultados y beneficios por un lado, y centros de adoctrinamiento católico, por otro?
23.- ¿Por qué no se hace público cuánt@s catequistas (los mal llamados profesores de religión) hay en los centros educativos de toda España, qué masa salarial reciben, en qué Comunidades Autónomas, en qué sectores (público o privado concertado), en qué centros escolares y en qué niveles educativos?
24.- ¿Por qué no se expone en la Memoria cuánto es el gasto público total que se deriva a escuelas católicas concertadas en toda España, por las distintas Administraciones y por CCAA?
25.- ¿Por qué se oculta en la Memoria cómo se distribuyen, y en qué se gastan, los 5,2 M€ procedentes de las X del IRPF que se dirigen a “Centros de formación”, entre las Facultades eclesiásticas, la Pontificia de Salamanca y los centros de Roma y Jerusalén?
26.- Si en 2017 las diócesis gastaron 271,8 M€ en conservación de edificios y gastos de funcionamiento, y destinaron 53,3 M€ a proyectos de construcción, conservación y rehabilitación, ¿por qué oculta la Memoria en qué se gastaron los restantes 218,5 M€?
27.- ¿Por qué no se ofrece información en la Memoria acerca de cuál es la financiación procedente de las Administraciones Públicas y cuál de la Ic en los proyectos de construcción, rehabilitación o conservación de edificios del patrimonio público religioso no diocesano?
28.- ¿Por qué omite la Memoria toda información acerca de los cuantiosos ingresos de la Iglesia como consecuencia de la explotación económica de los bienes de interés cultural e histórico y artístico?
29.- El episcopado declara en la Memoria de 2018 que existían 3.096 bienes inmuebles de interés cultural pertenecientes o relacionados con la Ic. ¿Por qué no incluye los miles de inmuebles inmatriculados ilícita y fraudulentamente? ¿Por qué guarda la Memoria un clamoroso silencio culpable sobre el proceso inmatriculador?
30.- ¿Dónde contabiliza el episcopado las más de 100.000 unidades rústicas y urbanas que calcula S.G. Payne que tiene la Iglesia en España?
31.- ¿Por qué no hace mención la Memoria al Plan de Catedrales y al de Abadías, Monasterios y Conventos? ¿Por qué se omite cuánto aporta la Ic a la financiación del mismo y cuánto las distintas Administraciones públicas?
32.- ¿Por qué se oculta en la Memoria que sólo el 1,8 % de los recursos económicos de Cáritas procede de las X del IRPF? ¿Por qué se oculta cuál es la aportación a Manos Unidas?
33.- ¿Por qué se omite en la Memoria toda información acerca de la financiación que consiguen las ONG católicas de la casilla de Fines de interés social del IRPF?
