Un año más la Conferencia Episcopal Española (CEE, en adelante) ha dado a la publicidad (pues de publicidad se trata, exclusivamente) su última Memoria Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2017, en relación con la renta declarada en 2018. Y lo ha hecho, como siempre, no sólo a través de los múltiples medios de comunicación y propaganda de que es propietaria (televisiones, radios, periódicos en papel o digitales), sino también contando con la inestimable colaboración de los medios de comunicación de las cadenas estatales y autonómicas públicas (radio y televisión), así como de la mayoría de los medios generalistas privados.
Y a la vista de los datos ofrecidos en dicha Memoria, tengo que volver a repetir, como lo hago cada año, el párrafo con que comencé el informe que realicé, allá por agosto de 2010, a propósito de la Memoria correspondiente al ejercicio 2008:
“Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986, información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.”
Han transcurrido 33 años y aún sigue pendiente que el Gobierno de España elabore una estimación de las exorbitantes cantidades de que se beneficia la Ic y todas sus sociedades e instituciones, como consecuencia de las exenciones y bonificaciones fiscales al amparo de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979. Y ello en sus tres niveles administrativos: central, autonómico y local.
Conviene recordar que estas cuantiosas sumas, que Europa Laica cifra en no menos de 11.600 M€ (más del 1 % del PIB de España) se hurtan a los Presupuestos de estas tres administraciones y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a tod@s l@s ciudadan@s, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de los intereses de una creencia particular y de la Institución que dice representarla: la Iglesia católica.”
I) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
INCUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO
Hay que señalar que con la Memoria de 2017 la CEE corrobora una estrategia que ya había descubierto sus cartas hace unos años: se trata de saturar la Memoria del sinnúmero de actividades que la Ic realiza en España y en el extranjero, y de su supuesto impacto económico, ofreciendo cada vez menos información de cuánto dinero público recibe del Estado (en este caso a través de la declaración del IRPF) y qué uso realiza del mismo. Así pues, no se encontrará en ella ninguna información que permita hacerse siquiera una somera idea de los cuantiosos recursos públicos recibidos de (o exencionados por) las distintas administraciones del Estado. Y obviamente tampoco encontraremos nada acerca del uso de estos recursos, que quedan atrapados en el agujero negro de la más absoluta opacidad.
Y esta ceremonia de la confusión parte del incumplimiento del único compromiso adquirido por la Conferencia Episcopal con la firma del infausto acuerdo concordatario de diciembre de 2006 con el Gobierno socialista (Rodríguez Zapatero): “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria.”
Como en años anteriores, es fácil demostrar que en relación con este compromiso, que el Estado debería exigir taxativamente, la jerarquía católica cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica:
1.- En primer lugar, cabe señalar que este compromiso (presentación de una Memoria) no nace en 2006: ya lo había adquirido la Ic en 1979 con la firma del Acuerdo concordatario para Asuntos Económicos; no obstante, no se conoce que los obispos presentaran una Memoria hasta 2010 (¡!), a propósito de la correspondiente a la del ejercicio 2008. Debieron transcurrir 31 años para que la Iglesia cumpliera uno de los pocos compromisos adquiridos con la firma de los Acuerdos concordatarios de 1979.
2.- Cada año la CEE elabora una Memoria justificativa relacionada con el destino de los fondos que recibe de la casilla del IRPF. Dicha Memoria obra en poder de los Ministerios de Hacienda y Justicia (en realidad, más que justificantes de los gastos sólo aporta meras explicaciones), pero no debe confundirse con la Memoria que da a la publicidad la jerarquía católica cada mes de junio, que puede considerarse como un resumen abreviado, y que es el objeto del presente análisis. Resulta alarmante que no sea la propia Administración la que dé a la publicidad de forma transparente dicha información, e incluso siembre la confusión a través del portal de transparencia.
3.- Tampoco encontraremos en la presente Memoria mención alguna al Fondo de reserva superior a los 80 M€ con que cuenta la Ic, que tiene su origen en el incremento de financiación que se produjo en 2007, incluyendo los 10,3 M€ aportados del superávit del ejercicio 2016 y los 4,9 M€ del superávit de 2017, lo que ha permitido hacerse con un potente “colchón amortiguador”, por si flaqueaba la fe de quienes ponían la “X” en la declaración del IRPF. Lo cierto es que esta cantidad, sumada a los 85 M€ de media procedentes de la “Asignación tributaria” hasta que se reparten definitivamente, 165 M€ en total, son objeto, como mínimo, de inversiones financieras por parte de la CEE. Más adelante comentaré la cuestión de las inversiones financieras con más detalle.
4.- Como viene siendo habitual en los últimos años, ha desaparecido inexplicablemente la referencia central al Fondo Común Interdiocesano (FCI, en adelante), que se constituye con la aportación de lo obtenido por la “X” del IRPF más una supuesta aportación de las diócesis. Dicho FCI “es el instrumento a través del cual se canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales” (sic). De su importancia da una idea el hecho de que tanto la constitución como el presupuesto de dicho Fondo se aprueban anualmente en Asamblea Plenaria por los obispos. No se ofrece ninguna justificación de esta omisión.
5.- También ha desaparecido de la Memoria la cantidad que las diócesis aportan al FCI, aunque por el Presupuesto del FCI para 2017, aprobado por la CEE, sabemos que las diócesis debieran haber aportado 15,13 M€ a dicho Fondo, lo que significa tan sólo el 5,7 % del mismo. El hecho de que desde la Memoria de 2013 haya desaparecido esta mención parece pretender ocultar que las diócesis aportan apenas la decimoctava parte del monto total del FCI y, por tanto, que dependen del Estado cada vez en mayor medida. Teniendo en cuenta que son instituciones privadas y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público, mal se conjuga esta situación con la declaración constitucional de aconfesionalidad del Estado.
6.- Un año más, como viene siendo habitual desde la Memoria de 2010, se omite la referencia cuantitativa a la retribución de los sacerdotes en el marco de la utilización de los recursos de la Asignación tributaria, así como el número específico de sacerdotes que se retribuye (¿sólo al conjunto de los sacerdotes diocesanos y cuántos son? ¿Los 17.754 sacerdotes mencionados en la página 38 son diocesanos?
No se entiende que sistemáticamente se oculte cuánto dinero se dedica a retribuciones del total de la cuantía transferida por el Estado de la casilla del IRPF, y a cuántas personas y por qué conceptos. Y menos se entiende que el Estado no exija puntualmente esta información cada año, como sería obligado en una Administración que se preocupara por el interés general. Este es uno de los mayores secretos guardados por la Conferencia Episcopal.
En todo caso, estos emolumentos procedían del FCI (y por tanto de la “X” del IRPF) y alcanzaron los 136,6 M€ en 2009, último año en el que la Memoria se hizo eco de esta información. Desde entonces, el silencio, aunque por el Presupuesto del FCI para 2015 supimos que para dicho año se presupuestó 173,4 M€, es decir, un 27 % más que en 2009. Y digo 2015 porque en el presupuesto de 2016 y posteriores, dados a la publicidad por la CEE, no figuraba el montante correspondiente a las retribuciones del clero. En fin, cada vez más confusión y menos transparencia.
Así pues, sólo es posible afirmar, con los datos de los presupuestos del FCI para 2015, que no son los reales toda vez que los datos presupuestarios siempre son “preventivos”, que las retribuciones del clero y obispos, con sus consiguientes seguros sociales se incrementaron en el período 2008-2015 un 38 % (de 126 M€ hasta los 173,4 M€), lo que equivaldría a un incremento de 5,42 puntos porcentuales cada año. No está nada mal para una economía devastada por la crisis. ¿Quizás por eso se omite dicha información, para no tener que explicarla? Tal vez por eso se ha hecho desaparecer esta información de los presupuestos del FCI desde 2015 en adelante. ¡Ejemplar concepto de la transparencia el de los señores obispos!
Por último, cabe llamar la atención sobre otra cuestión ignota: año tras año se presupuesta una cantidad para la seguridad social del clero y prestaciones sociales, 17,94 M€ en 2017, y en la Memoria de cada año sólo se hace referencia a la seguridad social del clero, 17,68 M€ en dicho año (pág.19). ¿Qué explicación se da acerca de los 270.000 euros de diferencia menos que se gastan respecto a lo presupuestado por la CEE? ¿Cuál es el monto de las prestaciones sociales? La Memoria nada dice sobre ello. Se omite toda información sobre qué prestaciones sociales recibe el clero con cargo a la denominada asignación tributaria, y ello sí debería ser objeto de la Memoria. ¿Por qué se oculta dicha información?
7.- Si en la Memoria correspondiente a 2014 se afirmaba que con carácter general, los obispos en activo tienen una asignación establecida de 1.250 € al mes, desde la Memoria correspondiente a 2015 ha desaparecido mención alguna a la retribución establecida para los señores obispos, por término medio. No se menciona de cuántos prelados estamos hablando, entre cardenales, arzobispos, obispos titulares y obispos auxiliares. Tampoco cuál es su aportación a la Seguridad Social o al IRPF. Total opacidad. Lo que sí consta es que en 2017 ha disminuido esta retribución global en 66 mil euros, pero no se explica la razón de este descenso en las retribuciones globales.
Tampoco se dice nada en la Memoria de 2017 acerca de la existencia y remuneración de 6 cardenales, 6 arzobispos, 21 obispos titulares y un obispo auxiliar, todos ellos eméritos. ¿No reciben ninguna retribución?
8.- Llama poderosamente la atención que un año más, como desde la Memoria correspondiente a 2010, se oculte la cantidad que procedente del FCI se dedicó en 2017 a actividades pastorales. Por el Presupuesto del FCI sabemos que en 2015 se preveía dedicar 35,8 M€ para estos menesteres y el año anterior 35,5 M€, esto es, el 18 % de la cantidad que procedente de la casilla del IRPF se enviaba a las diócesis. La primera pregunta que surge es ¿cómo es posible que se dedicara tan exiguo porcentaje para una actividad, la pastoral, que se supone que es la motivación principal de la Iglesia?
Esa información ya no está disponible, ni siquiera, en el Presupuesto del FCI desde 2016 en adelante. ¿Por qué se oculta? En todo caso, resulta inexplicable que entre los empleos de los recursos de la Asignación Tributaria (pág. 19) sólo figuren las actividades pastorales nacionales, con 1,5 M€ (por cierto, éstas con 2 millones menos que el año anterior), y las actividades pastorales en el extranjero, con 1,28 M€, totalizando ambas rúbricas 3,8 M€. Esta cantidad nada tiene que ver con los 35,8M€ que se consignaban en el presupuesto del FCI para 2015, y no sólo no merece ninguna puntualización de los auditores de PwC, sino que se permiten afirmar que la Memoria “…ha sido preparada de manera adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos…”. (¡!).
9.- Un año más, el importe que la CEE declara haber dedicado a su campaña de publicidad para conseguir financiación estatal vía IRPF es completamente opaca, además de poco creíble: la Memoria cuantifica el gasto de Campañas de comunicación y Plan de transparencia (pág. 19) en 4,9 M€, (2,1 % de incremento respecto al año anterior), de los que 3,99 M€ se han dedicado a la campaña de la Asignación tributaria (6,7 % más que el año anterior, que ya se había incrementado el 5,6 % respecto a 2015), 0,75 M€ al Día de la iglesia diocesana y 0,16 M€ al Plan de transparencia. Ni que decir tiene que no se ofrece explicación alguna de los soportes publicitarios con que nos bombardean a l@s ciudadan@s durante todo un año (estáticos y dinámicos, vallas, encartes en periódicos de folletos a todo color, desayunos informativos, emisoras de radio y TV, periódicos monográficos, etc.).
Debemos tener en cuenta que esta gigantesca campaña de agitación y propaganda de la “modesta” Corporación que es la Ic, se vertebra a través de 67 publicaciones diocesanas, 145 programas de radio, 256 revistas, 13 programas de TV, cadenas de radio (Cope –a cuyo grupo pertenecen Cadena 100, Rock FM y Megastar FM-, Radio María, etc.), de televisión (Trece, antes 13 TV) y agencias de noticias, el semanario Alfa y Omega, encartado en ABC, además de una presencia creciente en Internet y en las redes sociales, que en 2015 presumía de haber llegado a más de 10 millones de personas.
Una vez más, debo recordar que esta abusiva campaña no sería objeto de mi interés si el dinero que se emplea en ella no fuera dinero público que debiera estar al servicio de los intereses generales, y no de intereses particulares como los de la Conferencia Episcopal.
10.- Es preciso comentar también que en la página 23 se indica que el 81 % de los recursos que llegan a través de la Asignación Tributaria se envía a las diócesis, y se cifra la cantidad en 202,08 M€. Pero no hay forma humana, ni “divina”, de obtener dicho porcentaje si partimos de las cifras ofrecidas: los 202,08 M€ que dice la Memoria que se han enviado a las diócesis, respecto a los 268,04 M€ de lo asignado para dicho año, ofrece un 75,4 %, y si nos referimos a la cantidad que figura en dicha Memoria, pág. 19, como Asignación tributaria de dicho año, 264,53 M€, el porcentaje es el 76,4 %. ¿De qué está hablando la Conferencia Episcopal? En realidad ese 81 % está calculado respecto a los “empleos” o gastos (o pagos, vaya usted a saber) en 2017, que fueron 249,15 M€, que no es lo mismo que la asignación tributaria correspondiente a dicho año, que fueron 268,048 M€ (pág.17). ¿Por qué no se dejan de jueguecitos numéricos y ofrecen las cantidades efectivamente gastadas correspondientes (devengadas) al ejercicio 2017?
Ya me referiré a esta información tan “adecuada y fiable” a juicio de PwC, pero valga añadir que tampoco existe ninguna mención a que el citado 81 % de los recursos que llegan a través de la Asignación Tributaria se dedique a retribución de los sacerdotes (¿cuántos en total y qué distribución por diócesis?). Silencio y oscuridad abisal en la Memoria. ¿Por qué se oculta?
Parece evidente, por tanto, que la intención de la Memoria Anual que se da a la publicidad es justificarse ante la sociedad por los inconmensurables recursos económicos que la Iglesia obtiene del erario público (tanto directa, como indirectamente, vía exenciones), mostrando el sinnúmero de actividades que la Ic realiza a lo largo del año. Pero intentar abrumar a los ciudadanos con tantas “nubes de tinta”, cual si fuera un calamar gigante, no es pertinente en el contexto del compromiso que adquirió en 2006. Y mucho menos jugar a la ceremonia de la confusión mezclando datos que no vienen a cuento con lo que es su verdadero compromiso: elaborar una Memoria que justifique las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación tributaria. Esto es lo exigible por la sociedad y es lo que debería exigirle el Estado.
Es fraudulento, por tanto, que la Memoria se aplique a dar a conocer la forma de organización de la Ic, su estructura, su financiación y las actividades que desarrolla en el marco de los fines de la Iglesia: la evangelización, la vivencia de la fe y el ejercicio de la caridad, como se afirma en la página 9: toda esta información puede ser relevante para la Ic y sus seguidores, pero es irrelevante para el conocimiento de lo que debería ser el verdadero y único objeto de la Memoria: justificar las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación tributaria.
Así pues, la Ic debe cumplir su compromiso sin intentar confundir a l@s ciudadan@s. Y buena prueba de que lo intenta un año más es que en la Memoria presentada este año, que ocupa 104 páginas, dedica el 89,5 % de su contenido (93 páginas) a exponer la actividad pastoral, celebrativa (sic), evangelizadora, cultural, caritativa, etc., de la Iglesia y su supuesto impacto económico, y tan sólo 11 páginas (el 10,5 %) están relacionadas con la denominada Asignación tributaria que, como acabo de afirmar, debería ser el verdadero y único objeto de la Memoria. Cada vez menos Asignación tributaria y más de todo lo demás.
Y para ello, este calamar gigante que es la Corporación católica no duda en expeler densas nubes de negra tinta en tres direcciones: 1) cuantificando lo que la Ic “invierte en la sociedad”, en términos de PIB; 2) calculando el supuesto impacto económico del patrimonio cultural de la Ic o de las fiestas religiosas, apropiándose en exclusiva para las creencias y la Institución católicas el impacto económico de bienes patrimonio de la Humanidad o de Interés Cultural, también en términos de PIB; y 3) ofreciendo el “impacto económico” de la actividad caritativa y asistencial de la Ic.
Lo que resulta cada vez más claro es que la jerarquía episcopal realiza cada vez con mayor ahínco el intento de justificar lo injustificable: la apropiación de fondos públicos para sus actividades confesionales. Y con el dinero público ya realizan estudios Ernst & Young, KPMG y PwC. Y la Ic está dispuesta seguir con esta escalada siempre que alguien afirme la barbaridad de que sus actividades aportan el 3 % del PIB. Al menos han tenido el buen gusto de eliminar la jerga economicista del “retorno social de la inversión”, tan de moda, y de moderar la exposición tipográfica y numérica de tanto “impacto” en el marco de la Memoria. Ambos aspectos los critiqué en mi informe del pasado año.
Debo dejar claro que el Estado debería exigir rendición de cuentas a la CEE por las cuantiosas sumas de caudales públicos de que se beneficia, tanto por vía directa como indirecta (exenciones), así como por las transmisiones patrimoniales que recibe de las Administraciones públicas. Pero en lo tocante a la Memoria que está obligada a hacer anualmente, merced al “generoso” acuerdo arrancado al Gobierno socialista en 2006, ya comenté en mi Análisis del año pasado que los obispos deberían cumplir su compromiso sin inundar a todos los ciudadanos con un montón de datos pastorales, evangélicos o supuestos estudios de impacto económico que nadie le ha pedido.
Dicho en castizo: la Conferencia Episcopal debe dejar de marear la perdiz con tanto populismo mediático y presentar una “memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Y el Estado debe exigírselo. Sin ocultar cifras. Sin esconder conceptos. ¿Resulta tan difícil?
11.- Por último, es necesario comentar, dada su actualidad, que en un momento en que la única salida lógica, desde el punto de vista de la laicidad de las instituciones públicas y de la aconfesionalidad del Estado preconizada por la Constitución, es la eliminación de la casilla de la declaración del IRPF,(algo que exige imperiosamente la denuncia y anulación de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede), el globo sonda que lanzó el último gobierno del PP para extender dicho privilegio a otras religiones “de notorio arraigo” debería ser pinchado definitivamente por el actual gobierno socialista.
Como es lógico la Ic, desde su posición de notorio privilegio, nada tiene que objetar a dicha ampliación, sino muy al contrario celebra y anima dicha estrategia; cuantas más casillas, más legitimada queda su privilegiada e inalcanzable posición. El que algunas otras religiones se lleven algunas “migajas” (1 M€ entre las tres) que se caen del mantel de la opípara comilona eclesial (268 M€ en 2017) no preocupa a sus eminencias. Pero para el resto de ciudadan@s, que debemos financiar los “jibarizados” servicios públicos de enseñanza, sanidad o servicios sociales con nuestro impuestos, esta especie de huida hacia adelante nos confirma el aumento de la “mordida” fiscal y aumenta nuestra preocupación. Por tanto, la alarma social que provocó este “café para tod@s” del gobierno del PP debería figurar en la agenda política del actual gobierno socialista y de tod@s l@s ciudadan@s conscientes de la importancia del interés general y de los servicios públicos.
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Preguntas sin respuesta en la Memoria de la Conferencia Episcopal
Enrique Ruiz del Rosal. Miembro de la Junta Directiva de Europa Laica y socio de Asociación Laica de Rivas
