El abuso sexual infantil(ASI) es uno de los delitos más aberrantes que puede cometer una persona, como tal, tiene características muy particulares. La mayoría de los casos ocurren en los hogares y el más frecuente suele ser el incesto paterno filial. Desde hace algunos años han sido noticia abusos sexuales cometidos a niños y niñas de temprana edad, dentro de establecimientos escolares, muchos de ellos dependientes de la iglesia católica. Estos últimos presentan particularidades respecto del modus operandi del abusador y el comportamiento institucional.
La ideología institucional
En el Catecismo De La Iglesia Católica, al cual se puede acceder desde la página web oficial del Vaticano, hay un apartado titulado «Sexto Mandamiento: No Cometerás Actos Impuros», básicamente se refiere al acto sexual, en esa sección podemos encontrar sentencias como estas:
“La castidad es la positiva integración de la sexualidad en la persona. “
“La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu.”
“Son pecados gravemente contrarios a la castidad, cada uno según la naturaleza del propio objeto: el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria. Si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral.”
El Catecismo está dentro de los llamados “Textos Fundamentales de la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR)”, éstos son la médula de su ideología. Leyéndolo podemos darnos cuenta que para la iglesia el sexo por placer es la peor de las abominaciones, el mayor acto de corrupción para el espíritu humano, entonces bajo su lógica quien se mantiene alejado de eso, está inmaculado y es una autoridad moral. También queda a la luz que los abusos sexuales a menores son, para ellos, “pecados contrarios a la castidad”, el acento está puesto ahí y no en el daño que producen a niños y niñas, además ubican al estupro en el mismo orden que la masturbación o el adulterio, y a la homosexualidad como un vicio de la lujuria. En síntesis una verdadera aberración ideológica. Aunque a veces hagan declaraciones elocuentes y sentidas respecto al daño que producen a los infantes abusados sexualmente, la realidad es que debido a esta concepción, jamás son ellos quienes llevan a sus miembros a la justicia, ni colaboran, por lo general suelen encubrir.
La ICAR crea reglas para sus sacerdotes de muy difícil cumplimiento, y promociona que estás forjan hombres probos, como ellos son sus principales militantes, necesitan generarles un aura de santidad. A pesar del enorme esfuerzo que pone para reprimirles la libido, y mantenerlos “puros y casos” estos, usualmente, caen en “pecado” una y otra vez, seguramente con un gran sentimiento de culpa, funcional para mantener la discreción. Recordemos que el celibato nació en el medioevo como un recurso de la iglesia para heredar propiedades de los curas adinerados, por ello no debían tener descendencia.
A los seminaristas psíquicamente más débiles, inmaduros sexualmente o a los que ya acarrean alguna perversión, la represión del seminario combinada con la misoginia, y luego el contacto frecuente con niños, fomenta que cometan actos de pedofilia, que finalmente se transforman en crónicos, claro está que el modelo represor de formación no lo exime de culpa alguna. Según la Doctrina Social de la Iglesia y la Catequesis, cuando un acto perverso de índole sexual se realiza con un niño o niña, solo se ha cometido un pecado de ofensa al sexto mandamiento, que con el arrepentimiento puede ser perdonado y las culpas expiadas mediante un simple rito litúrgico, los clérigos que realizan estos actos aberrantes son traslados a otra diócesis donde sus debilidades pecaminosas, o mejor dicho, sus crímenes, no sean conocidos. Existe un proceso canónico de investigación, que casi nunca se realiza y cuya máxima pena es la expulsión. El único derecho que reconoce la ICAR es el Canónico, por lo tanto, aunque el abuso de menores configure un delito grave, ésta prefiere encubrirlos para mantener la autoridad moral sobre la sociedad y los estados.
El Vaticano distribuyó, en febrero de 2016, desde la Congregación para la Doctrina le la Fe(ex Santa Inquisición) una Carta Circular en referencia al abuso sexual infantil cometido por sacerdotes. Este documento tiene un ítem titulado “La cooperación con la autoridad civil”. Allí se habla en abstracto de la colaboración, además no se plantea denunciar por iniciativa propia. El documento tiene como eje central la “Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero”, cuyo punto (g) dice: “las Líneas Guía deben tener en cuenta la legislación del Estado en el que la Conferencia Episcopal se encuentra, en particular en lo que se refiere a la EVENTUAL OBLIGACIÓN de dar aviso a las autoridades civiles”. Mons. Tony Anatrella, consultor del Pontificio Consejo para la Familia y del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios (Salud) para dejar claro el criterio, escribió un documento para los seminarios con un pasaje en el que se refiere a si existe obligación de denunciar abusos infantiles cometidos por sacerdotes ante la ley civil, dice así: “no es necesariamente el deber del obispo denunciar sospechosos a las autoridades, la policía o los fiscales en el mundo en el que toman conocimiento de estos delitos o hechos pecaminosos”. Es de interés señalar que el sacerdote, psicoterapeuta y asesor del Vaticano en temas de la sexualidad, ha sido acusado por al menos cuatro hombres de haberles abusado sexualmente en sesiones de terapia diseñadas para «curarles» de su homosexualidad.
Este sistema casi milenario de encubrimiento de la ICAR, hoy un poco más disimulado, está compuesto por un complejo entramado de alianzas de poder, y es aprovechado por pedófilos, organizaciones de abusadores, redes de trata y de pornografía infantil. A veces ocultándose dentro de instituciones eclesiásticas, otras aprovechando las estrategias que el clero genera para encubrir el abuso sexual infantil. El Vaticano también se nutre de las herramientas que crean los pederastas, como por ejemplo el falso Síndrome de Alienación Parental y su derivado la co-construcción, para contrarrestar las numerosas denuncias de abuso sexual infantil.
Los colegios católicos son el lugar de evangelización, dónde los padres permiten que la ideología católica sea implantada desde temprana edad en niños y niñas, porque creen que les brindarán elevados valores morales a sus hijos y además confían en la conducta de quienes imparten el conocimiento desde un ámbito religioso. Cuando aparece un caso de corrupción o abuso de menores en un instituto educativo confesional, la ICAR activa sus ancestrales mecanismos de encubrimiento. Esto es sabido por los pedófilos y sus redes, los cuales ven en esos sitios lugares de refugio y de provisión de menores. La comprobación de casos de pederastía en centros de enseñanza católicos traería el desprestigio de éstos, y la ciudadanía podría interpretar que los miles de casos de curas abusadores que han salido a la luz, en nuestro país y en todo el mundo, se están empezando a replicar en esos lugares. La consecuencia sería la pérdida de matrículas escolares, por lo tanto la posibilidad de seguir formando nuevos católicos, además peligrarían los más de 5 mil millones de pesos que el Estado destina en subsidios a escuelas católicas de gestión privada.
El terror a la epidemia
Medios de comunicación carentes de ética periodística y otros sectores mal intencionados, han instalado en el imaginario colectivo, especialmente en la comunidad educativa, la idea de que existe una “epidemia” de denuncias de abusos sexuales infantiles(ASI) en las escuelas, especialmente las de gestión privada. Que debido a esto los docentes ya no se sienten seguros acompañando a niñas y niños al baño, y que tienen que permanecer distantes para no ser sospechosos. Es espantoso como se priva a las criaturas de un trato afectuoso por miedo y también que quienes ejercen la docencia vivan en el temor de caer en una causa judicial por un hecho tan aberrante. Tomando como referencia la ciudad de Mar del Plata, intenté averiguar en la justicia y en el ámbito sindical cuántas denuncias por ASI habían ocurrido en institutos educativos en los últimos 15 años en la ciudad. Solo pude obtener cuatro, el Divino Rostro (2002), Nuestra Señora del Camino (2002), San Antonio M Gianelli (2013) y Jardín Mamina (2012, la misma docente imputada en el Gianelli). En el distrito hay más de 10 mil docentes. De una manera no muy rigurosa pero bastante ilustrativa, podemos decir que cada 5 años se denuncia el 0,01% de la planta docente y que esas denuncias ocurren casi exclusivamente en colegios que dependen del Obispado. No quise incluir los alrededores, como el colegio católico Anna Bottger (2008) de Villa Gesell.
La instalación del miedo a ser denunciado crea un entorno protector, claramente es una estrategia mediática de los abusadores para recibir apoyo de la población en caso de ser imputados.
Las estrategias de las defensas especializadas
Quienes lucran sistemáticamente con la defensa de los abusadores de menores, utilizan en todo el mundo las mismas estrategias, lo que evidencia algún grado de conexión. Lamentablemente, aunque parezcan torpes y burdas, las estratagemas empleadas tienen un alto grado de eficacia en los poderes judiciales, a veces por falta de preparación de fiscales, peritos y magistrados, otras, lisa y llanamente, son aceptadas para poder avalar desde un tribunal el encubrimiento.
Las defensas especializadas en abuso sexual infantil no se basan en garantizar procesos justos a quienes están imputados por estos delitos, consisten en técnicas inescrupulosas pensadas para destruir a todos los que intenten escuchar y proteger a los niños y niñas ultrajados, como consecuencia las víctimas son re-victimizadas, y no solo durante el proceso, al final de éste continúa por largo tiempo, a modo de escarmiento disciplinador por haberse animado a contar lo que debían ocultar como un secreto por mandato de los perpetradores y/o la institución que los ampara. Intentan que las criaturas abusadas aparezcan como mentirosas y delirantes, llenas de fantasías sexuales impropias de su edad, un estigma que les quedará para toda la vida. En algunos casos,
para conseguir reducciones de penas, se ha llegado utilizar como atenuante en los juzgados, que, aunque lo que ocurrió era una práctica inadecuada, las víctimas la disfrutaban, o sucedió porque provocaban al adulto e incluso si los abusados eran de una familia pobre no habría corrupción porque esa condición social tiende a la promiscuidad.
Cuando los hechos ocurren en una institución encubridora, padres y madres son tratados de histéricos, fabuladores, interesados en obtener dinero a cualquier costo, que son insensibles a la brutal exposición y maltrato de los medios periodísticos irresponsables y del poder judicial que no está preparado para contener a las criaturas. Supuestamente inventan un relato e inducen a los pequeños a repetirlo y estos generan indicadores físicos de abusos, como incontinencia urinaria o de materia fecal, por el solo hecho de creérselo, algo que la ciencia ha demostrado que no es posible. Cuando las denuncias son múltiples se plantea que espontáneamente los progenitores confabulan un plan para realizar una asociación ilícita con fines espurios. Estadísticamente la mayor cantidad de denuncias de abuso sexual infantil tienen que ver con el incesto paterno filial, a veces la defensa intenta demostrar que todo es una farsa de los padres para encubrir un abuso intrafamiliar.
Los abusadores de infantes utilizan tácticas para confundir a sus víctimas, cambiándoles por ejemplo los nombres a las cosas y a los lugares usados para perpetrar sus crímenes, así los relatos son incoherentes o en una primera lectura, “imposibles”. Los letrados que los defienden utilizan esto para desprestigiar el relato del niño o la niña, que es la principal base de una causa por ASI. Es usual leer en sus fundamentaciones frases como “no es factible”, “en ese lugar es imposible”, “con eso objeto no se pudo realizar lo que dice el niño”, desconociendo deliberadamente que la criatura fue manipulada para que no fuera capaz de expresar con precisión lo que le sucedió.
Los peritos son el principal blanco de los defensores de pedófilos, se los ataca a nivel personal en los tribunales y en los medios de comunicación, exponiendo incluso su vida privada. A aquellos que se especializan en este tipo de delitos aberrantes se los acusa de “ver abusos en todos lados”. Se los intenta desprestigiar convocando profesionales de ética dudosa, funcionales a la defensa, para que refuten los informes con teorías extrañas a la psicología y la psiquiatría. Previendo futuros encuentros en otros casos judicializados, se los denuncia por falso testimonio e intentan quitarles la matricula, algunas veces con éxito. Este tipo de persecución es prácticamente inexistente en casos ajenos al abuso sexual infantil. Es de tal grado el ensañamiento que llega a parecer que quien está en el banquillo de los acusados es el perito y no el imputado.
Los letrados especializados en defender depredadores sexuales de menores, con un accionar absolutamente perverso, buscan que el acusado pase a ser la víctima, inventando amenazas a él y su entorno. Buscan instalar en la opinión pública que en realidad es un mártir de una psicosis social, de una pandemia donde padres denuncian compulsivamente a personas que están en contacto con niños, cuando en realidad la cantidad de denuncias a profesionales involucrados con menores es ínfima frente al número total de éstos, y las condenas realmente escasas.
La teoría madre de este nefasto accionar es el Síndrome de Alienación Parental (SAP), un postulado ajeno a la ciencia con un fuerte contenido ideológico, impronta otorgada por su creador. El autor fue un pedófilo, supuesto profesor de psiquiatría, Richard Gardner, que en 1985 creo esta falsa teoría para referirse a lo que él
describió como un desorden psicopatológico de niños, producido fundamentalmente por sus madres. Su curriculum es inaccesible, solo se sabe que fue sargento del ejército estadounidense y que defendió con sus postulados soldados acusados de abuso sexual. El SAP nunca fue diagnosticado fuera de un proceso judicial, porque la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología no lo reconocen, no aparece en las listas de trastornos patológicos de ningún manual, ni en el CIE-10, ni en el DSM-5. En el 2003 Gardner a los 72 años de edad, se suicidó propinándose 14 puñaladas, en Tenafly, Nueva Jersey.
El éxito del SAP y de las estrategias derivadas de éste, puede deberse que es fácilmente comprensible, aunque erróneo, no se necesitan estudios universitarios ni de posgrado para entenderlo, además aglutina distintos mitos sociales aceptados por la sociedad como ciertos. Otro factor es que a la mayoría de las personas les cuesta aceptar que los abusos sexuales en infantes suceden y que sean perpetrados por personas cercanas a su entorno y de su misma idiosincrasia.
Un caso testigo
En septiembre de 2013 unas 30 familias denunciaron en la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Mar del Plata, a la docente de música Analía Schwartz, por abuso sexual amenores de entre 3 y 5 años de edad, en el colegio católico San Antonio M. Gianelli. Inmediatamente aparece en escena la abogada Patricia Perelló, conocida en la ciudad por brindar sus servicios al Obispado en casos similares ocurridos en instituciones educativas católicas. Su primera acción fue recurrir a los medios para que la sociedad se solidarice con la acusada, supuesta víctima de la pandemia de denuncias falsas a docentes. Y al poco tiempo manifestó haber sido ella victima de amenazas por defender a Schwartz. La maquinaria de protección de abusadores se había puesto en marcha.
Al tomar trascendencia pública las denuncias padres y madres del Jardín de Infantes Mamina del Instituto educativo Fleming reconocen a la maestra en los medios y luego de hablar con sus hijos e hijas, presentan similares acusaciones contra la misma docente, llegando así a la cifra de 56 denuncias.
Tres meses después de realizadas las primeras denuncias un grupo de docentes se mostró públicamente en defensa de Schwartz, manifestando violencia en las aulas hacia los educadores y supuestas falsas acusaciones de abusos y maltrato a niños y niñas en las escuelas.
La imputada recurrió a La Capital, el diario de mayor tirada impresa en la ciudad, para decir que le habían arruinado la vida, que fue amenazada ella y sus hijos, que a los niños y niñas, que habían sido sus alumnos, los habían manipulado.
El obispado de Mar del Plata organizó diferentes reuniones en sus dependencias y movilizó sus contactos, llegando a brindarle sus propios empleados de seguridad para que escolten a declarar a la imputada, apoyo que solo brinda a docentes cuando hay denuncias de abuso sexual de menores. El 16 de febrero de 2017, una semana antes del comienzo del juicio, se celebró en la Catedral una misa abierta y pública para la “familia gianellina” en apoyo a los docentes injuriados y en especial por Analía, de las criaturas no se hizo mención. El más alto porcentaje de colegios privados es católico, lo cuál se refleja en la representación en el sindicato que agrupa a los docentes de escuelas de gestión privada, SADOP, quien intentó presentarse en el proceso judicial con la figura de amicus curiae con el propósito de presentar un escrito en defensa de la imputada.
La abogada defensora difundió en el diario La Capital, contenido de las Cámara Gessell confragmentos de los testimonios de las criaturas, para mostrar que no eran verosímiles los relatos, un accionar absolutamente repudiable, ya que expone a criaturas a una revictimización, además esos testimonios deben ser interpretados por profesional del comportamiento humano capaces de contextualizarlos y con conocimientos sobre la psiquis de un niño o niña de edad temprana.
Este caso refuerza la hipótesis acerca del comportamiento de los colegios que dependen de la curia, el instituto Fleming, que al principio fue reacio a creer lo que había sucedido, finalmente colabora abiertamente con la justicia, el Colegio Gianelli tiene una causa paralela por encubrimiento, que de oficio inició la fiscalía, entre otras cosas, por alterar el aula donde supuestamente era imposible que sucedieran los abusos, y por la desaparición de expedientes del gabinete pedagógico. Además de incitar a sus docentes para que dentro de la institución vendan remeras y distribuyan afiches en apoyo a la imputada y para que se manifiesta una veintena de educadores en la puerta de entrada, sabiendo que aún concurren niños y niñas pertenecientes a las familias de los casos denunciados de ASI en esa escuela.
Una defensa de manual
Los actuales argumentos de la defensa son:
-Que los niños y niñas fueron inducidos por sus padres con fines deleznables.
-Que Schwartz nunca estuvo sola en las aulas, sino que siempre estaba presente la docente de sala o la preceptora.
-Que es imposible realizar los actos que se le imputan a la ex docente por las características de los lugares donde se daban las clases en ambos colegios.
-Que es imposible que cuarenta niños mantengan un secreto por tanto tiempo, lo que implicaría desconocer la psiquis infantil.-
-Qué el fiscal Castro descree de todos los testimonios aportados por la Defensa, es decir, monjas, docentes y ex alumnos.
-Que una de las denunciantes está procesada por robos a mano armada y ello tendría alguna incidencia sobre la calidad de su denuncia y la del resto.
-Que es imposible que las menores de 4 años del colegio Fleming recuerden los tocamientos sexuales un año después.
-Que la actuación de la perita oficial Lic. Catera y la de parte la Lic. Patricia Gordon es deplorable. Tratando de inestable emocionalmente a la primera por una situación personal de su pasado. Respecto de la segunda califica sus intervenciones de prejuiciosas, faltas de coherencia y de poco formada en abuso sexual infantil, que siempre ve abusos en todas las causas y que en su vida profesional lucra con la temática.
Claramente la abogada Patricia Perelló y su compañera de equipo, la abogada Noelia Agüero, siguen el “manual internacional de defensa de abusadores” con una clara influencia del SAP.
Sin ser expertos en la materia y en el caso Schwartz, los argumentos de la defensa pueden ser fácilmente rebatidos.
Es difícilmente creíble que casi 100 progenitores, entre madres y padres, de colegios diferentes y de tres salas distintas del colegio Gianelli, puedan ponerse de acuerdo simultáneamente para que sus hijos e hijas fabulen relatos de abuso sexual.
Respecto de la imposibilidad por cuestiones de tiempo y visibilidad, el abuso puede darse de manera muy breve, los perversos que actúan así buscan o generan las situaciones propicias, planean su accionar para no ser descubiertos, son manipuladores y personas “confiables”, que encuentran los momentos oportunos para cometer los ilícitos. Sin olvidar que en el caso del Gianelli el lugar fue alterado después de las denuncias. El Tribunal de Casación en la causa 76248-723-S-30/08/2016 expuso de manera contundente el criterio que debería imperar en todos los juzgados: “A la luz de las especiales características que presentan los tipos de abusos sexuales de menores, la queja de la defensa dirigida a la relativa indeterminación de los tiempos y sitios donde se producen los eventos criminosos no vicia la acusación construida por los sentenciantes, pues pretender la descripción precisa y detallada de las circunstancias exactas de lugar, fecha, hora y ocasión es en la mayoría de los casos prácticamente imposible” .
Los niños pueden mantener el secreto durante años, porque estos sujetos primero ganan su confianza, luego los intimidan con argumentos fantasiosos creíbles para una criatura, en instituciones religiosas incluso apelando al castigo divino, más tarde juegan con la culpa haciéndoles creer que de alguna manera son sus cómplices. Así que por un lado se dice que 40 niños no pueden callar por coacción pero que si pueden inventar una historia y sostenerla en el tiempo.
Ponen en duda al fiscal por descreer de docentes y ex alumnos, pero piden que no crea en el relato de los menores y sus progenitores. Además hay testimonios de empleados de mantenimiento que comprometen al instituto Gianelli.
La defensa habla de que las víctimas del Fleming estarían mintiendo porque supuestamente no pueden recordar por su edad los hechos después de un año de sucedidos, sin embargo el litigio comenzará 3 años después de las denuncias y el tribunal elevó a juicio la causa basándose principalmente en los testimonios. El argumento no tiene sustento alguno desde la ciencias que estudian el comportamiento humano, cualquiera sea su rama.
La crítica a la fiscal oficial por asuntos personales es claramente una falacia de ataque a la persona que no merece mayor análisis, además actuó en conjunto con otra también oficial y especializada. Los calificativos que la defensa hace de la Lic Gordón, perito de parte, son contradictorios e infundados. La acusa de estar poco formada, cuando es de público conocimiento, especialmente en el ámbito profesional, su compromiso personal e intelectual con este flagelo. Dice que siempre ve abusos en todas las causas, al contrario de sus peritos que no ven en ninguna, está afirmación es porque en numerosas ocasiones se han encontrado en litigios de abusos sexuales infantiles, dado que Gordon es frecuentemente convocada por su probada capacidad. Respecto a que lucra con la temática, la ONG que preside la perito atiende a título gratuito y no posee subsidio alguno, la que verdaderamente lucra con estas situaciones es la defensora Perelló.
Conclusión personal
El juicio comenzó hace unas horas en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, las causas que se le imputan a la ex docente Analía Schwartz son en total 44, todas por corrupción de menores, hay una doble imputación donde se consideran 9 hechos de abuso sexual. Las familias damnificadas están dividas en tres grupos quienes no tienen letrado y dos grupos con diferentes abogados, por un lado los representados por el abogado César Sivo y por el otro por el equipo del letrado Toscano.
Dada las pruebas presentadas por las querellas y analizando las estrategias de la defensa, si el tribunal compuesto por Facundo Gomez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, es sensible, impermeable a teorías pseudocientíficas y estrategias mediáticas difamatorias, y además trabaja bajo los parámetros del modelo de protección de la niñez que emana de nuestra Constitución Nacional, el desenlace puede ser uno solo, justicia para los niños y niñas que vieron su inocencia ultrajada.
Un agradecimiento especial al es juez federal Carlos Rozansky, al psiquiatra Enrique Stola, al perito psicologo oficial Osvaldo Fernández Santos y al filósofo y ex sacerdote Rubén Dri. Haberlos entrevistado me permitió comprender la complejidad y verdadera dimensión de este flagelo que es el abuso sexual infantil.
Nota sobre la defensora
La abogada Patricia Perelló comenzó su carrera penalista mediática defendiendo al ex boxeador femicida Carlos Monzón, luego a los policías asesinos y violadores de Natalia Melmann, a los cuales hoy pretende sacar libres. A partir de ese momento siempre utilizó la exposición mediática de sus casos más complejos, para tratar de conseguir alguna ventaja y alimentar su ego, claro está que en la mayoría de los casos, de esta forma volvía a victimizar a las víctimas de sus defendidos. Fue la defensora de innumerables pedófilos/as, abusadores/as y violentos/as, esa es su especialidad. Recordemos que defendió a Ana Elma Pandolfi condenada a 7 años de prisión, por haber cometido abusos sexuales entre 2001 y 2002, a cuatro niñas de ente 4 y 5 años de edad, en el colegio Divino Rostro.
Perelló siempre se las arregla para beneficiar a cualquier costo a sus clientes, la ex docente permaneció detenida en una cárcel de mujeres sólo durante 6 meses, luego tuvo el privilegio del arresto domiciliario, por «sufrir el hostigamiento de las demás internas», lo que «afectaba su estado psíquico». Su estrategia consiste en atacar y amedrentar sistemáticamente a las madres y padres de los/as niños/as abusados, desprestigiar y denunciar a los/as peritos/as, además de tratar a las víctimas de mentirosas. Generalmente no tiene consecuencias en este accionar, pero recientemente fue apercibida por la Justicia de Garantías por haber divulgado en un diario local, el contenido de las declaraciones de niños/as victimas de abuso sexual, más tarde el Colegio de Abogados inició una causa en su contra por el mismo motivo.
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Director y Portavoz para Latinoamérica de la Asociación Internacional del LibrePensamiento(AILP)
Miembro de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL).
Presidente del Congreso Nacional de Ateísmo en Argentina.
Expresidente y titular de relaciones interinstitucionales de la Asociación CivilAteos Mar del Plata.
Miembro del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentina
“Los monstruos no existen” es un documental que se ha estrenado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. El documento fílmico ha sido producido por Activismo Audiovisual y la Asociación Internacional de Libre-Pensamiento, con la colaboración de Diario La Posta. En la gestación de proyecto tuvo activa participación Fernando Lozada, Director de la AILP y uno de sus portavoces para Latinoamérica, junto a otras periodistas. Especialistas en el tema consultados, han elogiado este importante trabajo.
