El 30 de Diciembre, por desgracia, tuve que ir al Tanatorio Municipal a despedir a una querida compañera, luchadora hasta su muerte por los derechos humanos y las libertades de todas las personas. Asistí a un emotivo y sincero acto de homenaje y de adios, bien organizado y acorde a lo que Carmela, nuestra compañera, hubiera deseado. El sol acompañaba a las muchas personas que sentadas o en pie seguíamos el acto y calentaba el jardín en que se celebraba. Todo perfecto. Pero me surgió una pregunta: si hubiera llovido o hecho un frío propio de ésta época ¿donde se habría celebrado? Una amiga me respondió: en la Iglesia. Ante mi asombro porque no hubiera otra alternativa de espacio cubierto «neutro» que pudiera servir para todos los casos me explicó que si la persona a la que se despide no era creyente o no deseaba ceremonia con símbolos religiosos, se podían tapar o retirar los signos católicos. Lo que implica, que en unos momentos tan dramáticos, en que familiares y amistades están abatidas por el dolor, además de otras gestiones y papeleos propios de la ceremonia, tienen que «tapar» símbolos de una religión que en la mayoría de los casos no es la suya; y de paso se le niega el derecho a «no estar obligado a manifestar sus ideas religiosas».
O sea que el cementerio público se construyó hace apenas 20 años exclusivamente para personas católicas, o solo contemplaba la posibilidad de despedidas católicas o a celebrar en un templo católico. En los demás casos la calle, el aire libre.
Si esto sucede con la despedida de las personas, por supuesto que no se le ocurre a las instituciones ni de lejos proponer una forma o ceremonia no religiosa de recibir niños y niñas que nacen a la ciudadanía. Solo cabe celebrar la entrada obligatoria a una religión. Parece que no se nace «ciudadano/a» sino «creyente», y en algunos casos «cofrade» o del Betis. La única ceremonia que parece merecer ya la consideración y el respeto constitucional y a los derechos humanos es el matrimonio. Claro que es imposible cerrar los ojos ante una realidad tan mayoritaria, de un 60 o 70% de matrimonios que no se celebran en la Iglesia. Pero en este caso, tampoco existe igualdad, pues mientras el 30% de personas que quieren celebrar el rito católico tienen decenas de templos en los que realizarlo, el resto no tiene suficientes lugares públicos con la solemnidad y la prestancia que es requerida para tal ceremonia festiva. En el caso de Córdoba hay esperas de meses para poder casarse en el Alcazar.
Y esto sigue así a 40 años de la Constitución Democrática que declarara al Estado «aconfesional», casi un siglo después de la declaración de derechos humanos, firmada por la mayoría de los Estados, donde se asegura la no discriminación entre otras cosas por «religión» o «pensamiento» y en una «moderna» UE que dice propugnar la defensa y la integración de los valores y personas y el respeto y la igualdad de los mismos.
Además sucede en un país como el nuestro, donde el 25% de las personas se consideran ateas, aunque recién nacidas hayan sido convenientemente bautizadas, y donde existen cientos de miles de creyentes de otras religiones distintas de la católica. Y donde solo se definen como católicos practicantes un 14% de la población.
Pero es más increíble y cercana la paradoja que vivimos en nuestro actual ayuntamiento, con una mayoría de concejales de partidos que llevan en su programa el desarrollo de la aconfesionalidad institucional y la neutralidad y separación de las distintas religiones; con un gobierno basado en unos acuerdos sobre unas decenas de puntos, entre los que se incluye el «desarrollo» de medidas para la aconfesionalidad de las instituciones. En 18 meses el gobierno no ha tenido tiempo de promover ninguna de esas medidas. Pero el colmo se vivió en el pleno de septiembre, donde IU y GANEMOS presentan una moción, en buena parte calcada de la que propone la dirección del PSOE a todos sus grupos municipales, donde se recogen los principios de laicidad acordados en el pacto de gobierno y algunas medidas de desarrollo de los mismos, entre ellas la de regular y facilitar a toda la ciudadanía la celebración en igualdad de los ritos de paso; dicha moción fue rechazada por la inexplicable e inexplicada abstención del PSOE, lo que supone además un desafío (si no traición ) a los «socios» que apoyan su alcaldía.
De momento, a pesar de los importantes y reales cambios sociales y de mentalidad, a pesar de los cambios legislativos y de los compromisos escritos en los programas, a pesar de las promesas electorales y de los pactos firmados, a pesar de la Carta Magna del 78, todo parece seguir como hace más de 40 años, cuando vivíamos en un Estado Nacionalcatólico.
Y se mantendrá mientras la gran mayoría, respetuosa, tolerante, abierta y moderna, lo permita por activa o por pasiva.
José Antonio Naz Valverde. Miembro de Córdoba LAICA
