Días atrás la entidad Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) celebró, en la plaza de España de Zaragoza, una concentración exigiendo una constitución laica; la concentración era perfectamente legal y estaba autorizada. En la misma se expusieron las ideas del movimiento laicista en busca de la igualdad y de la seguridad jurídica que caracterizan la separación iglesias y Estado conforme al derecho a la libertad de conciencia de los individuos que forman el pueblo en el que recae la soberanía de dicho Estado.
En el transcurso de la reunión irrumpió un ciudadano que con los brazos en cruz y a viva voz gritó consignas vinculadas a “Cristo Rey”, obviamente si haber entendido nuestro discurso demócrata e igualitario. Los laicistas presentes, esbozando una sonrisa, continuamos y finalizamos nuestra actividad. Se trató de un hecho tan sencillo como el ejercicio de la libertad de expresión.
Un Estado democrático y laico, como debiera ser el nuestro, protege el derecho de sus ciudadanos a creer o no creer, a exteriorizar o no sus convicciones religiosas o de conciencia, tipificando en el Código Penal vigente y encomendando a la opinión de un juez lo que es un delito en la materia de este derecho.
El borrador del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana considera que la perturbación de oficios religiosos u otras reuniones numerosas podrá ser calificada como infracción grave o muy grave, con posibles sanciones desde 1.001 a 600.000 €, dejando en manos no de un juez sino de la autoridad policial o de los delegados gubernativos la calificación de los hechos produciendo una inseguridad jurídica que no es la propia del Estado de derecho en el que creemos que vivimos.
Acto de MHUEL el 1 de diciembre de 2013
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