Hospitales como el Universitario San Ignacio de Bogotá, el Pablo Tobón Uribe de Medellín, entre otros, están a cargo de la Iglesia Católica, que afirmó sentirse víctima de un ‘dictadura’ por parte de la Corte Constitucional.
La Iglesia Católica siguió sus arremetidas contra la eutanasia en Colombia, luego de que el Ministro de Salud firmara este martes la reglamentación de la sentencia T-970 de 2014 de la Corte Constitucional, que ordenó diseñar y plantear la ruta para que se garantice la muerte digna a los colombianos en todos los hospitales y clínicas del país.
El presidente de la Comisión de Vida de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, Juan Vicente Córdoba, aseguró en entrevista con El Universal de Cartagena que cerrarían todos sus hospitales en el país antes de aplicar la eutanasia a un paciente.
Córdoba fue enfático en que la Institución acudirá a todas las instancias posibles para impedir que la eutanasia legales nacionales e internacionales y de no conseguir respuestas frente a la eutanasia, procederemos a cerrar todos nuestros hospitales si insisten en obligarnos a matar”.
Varias de los hospitales más importantes del país están a cargo de la Iglesia Católica, como el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, entre otros.
Así mismo, el presidente de la Comisión de Vida envió un duro mensaje a las altas cortes, al asegurar que la Iglesia se ha sentido en el último tiempo objeto de una ‘dictadura’ por parte de estas, debido a que los altos tribunales están colocando a cuatro o cinco personas a definir temas sobre la salud y vida de los habitantes del país.
El pasado lunes, el padre Pedro Mercado, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, a través de una carta aseguró que la eutanasia directa ‘‘constituye un grave atentado contra la dignidad del enfermo y contra la inviolabilidad del derecho fundamental a la vida”.
Así mismo, en el documento la Iglesia ya había sentado su posición frente a la Corte Constitucional, asegurando que esta no puede atribuir competencias a organismos del ejecutivo, como el Ministerio de Salud, para asumir decisiones que son exclusivas del legislativo. Según la Iglesia, al hacer esto se afectaría el equilibrio de poderes establecido en la Constitución.
A su turno, en diálogo con El Espectador, el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia y de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, Juan Mendoza Vega, aseguró que había esperado por años la decisión que tomó el Ministerio de Salud, afirmando que es ‘‘un gran paso’’ el entregar un protocolo para que los pacientes afectados por enfermedades terminales puedan tener una muerte digna.
