Nuestra sociedad carece de una base educativa que inicie a los escolares en los rudimentos esenciales para entablar un debate, con eficacia oratoria y capacidad dialéctica suficiente que permita alumbrar una solución, lo más racionalmente posible, a los conflictos que alteran nuestra vida diaria. Esta carencia se ha puesto de manifiesto, una vez más, con ocasión de la repetitiva algarabía motivada por la sentencia de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que condena, a nueve años de prisión, a la jauría componente de La Manada. Las posiciones me han parecido, estridentes, compulsivas y peligrosas para el equilibrio del Estado de derecho. Sin duda volverán a repetirse, cuando se pronuncie el Tribunal Supremo.
La polémica ha entrelazado un cúmulo de cuestiones que nada tienen que ver entre sí, como es el de la libertad provisional en espera de juicio o de sentencia firme, la ideología de género, el machismo, la violencia intrafamiliar o en el ámbito doméstico. En estas condiciones es difícil, por no decir imposible, encontrar una vía que nos permita avanzar en una grave cuestión que indudablemente preocupa a la sociedad española que conviven a diario con muertes y agresiones a mujeres derivadas de relaciones familiares o de sentimientos primitivos machistas que no han sido corregidos a pesar del transcurso de los años. En mi opinión se ha puesto el acento, una vez más, en la utilización del derecho penal como elemento disuasorio, olvidando la fuerza desactivadora que tiene una educación permanente, desde la infancia, sobre la ancestral y bíblica relación entre el hombre y la mujer.
Se ha prescindido de un factor que ha gravitado durante varios siglos sobre la convivencia y que sigue teniendo impacto sobre nuestra vida y relaciones sociales. Nuestra Constitución, en el texto laica, mantiene un especial reconocimiento a las creencias religiosas de la sociedad española, indudablemente extraídas de las doctrinas de la Iglesia Católica. La inmensa mayoría de los que se proclaman católicos: que curiosa la distinción entre practicantes y no practicantes, desconocen la Historia y la doctrina presente de su Jefe espiritual y sus pastores.
Basta con repasar algunos textos del apóstol San Pablo, que tan gran influencia ha tenido en la construcción de la Iglesia como Institución y en las doctrinas que han marcado, durante siglos, la posición de la mujer en la vida de las sociedades de cultura católica. El menosprecio, la humillación y hasta la grosería sobre la mujer, se refleja, emblemáticamente, en una Epístola a los Corintios, en la que sostiene que en las controversias eclesiásticas las mujeres no pueden opinar y deben callarse.
Pero no nos remontemos a siglos pasados. Disponemos de las opiniones “teológicas”, de algunos de nuestros obispos, como el inefable titular de la Diócesis de Alcalá de Henares, que en su condición de Obispo y revestido de pontifical, declama exabruptos de contenido tabernario y al que se le da audiencia en una Televisión pública que pagamos todos los españoles.
Antes de que la Santa Madre Iglesia condene lo que denomina ideología de género debería repasar sus argumentos y llegar a la conclusión de que su doctrina es un factor desencadenante este drama cotidiano de violencia contra la mujer, que tiene sus orígenes en las doctrinas que hemos comentado, reforzadas, desde los confesionarios, ante las quejas de las mujeres maltratadas por sus maridos a las que aconsejaban resignación y comprensión.
Ante el imparable avance de las conquistas del feminismo, como, el voto, el divorcio o su libertad reproductiva, reaccionan, tachando de totalitarios a los que rechazan las doctrinas católicas sobre la ideología de género.
Con estos mimbres intelectuales y soportes argumentales se ha construido fundamentalmente la convivencia en nuestro país y cuando se ha podido conseguir la inevitable y racional regulación del divorcio, como forma de poner fin a situaciones insostenibles dentro del matrimonio, los guardianes de la moral han reaccionado, con sus anatemas tradicionales, frente a toda clase de movimientos reivindicativos, feministas y no feministas que han puesto sobre el tapete, la realidad social de la situación discriminatoria de la mujer en todos sus ámbitos.
Me parece ilustrativo reproducir un pasaje de una Revista mensual sobre Iglesia y Cultura, que se titula Palabras: La fe cristiana, que no es ideología, proyecta sin embargo luz sobre los acontecimientos, y recuerda que la diferencia (que no significa desigualdad) entre hombre y mujer proviene del designio creador de Dios. Por eso el Magisterio reciente, tanto del Papa Francisco como de los Papas anteriores, ha señalado las deficiencias de ese planteamiento, y en concreto sin limitarse al nivel de la discrepancia intelectual o teórica, sino respondiendo también a la pretensión de imponerlo en las distintas esferas de la vida social; sobre ese trasfondo se sitúa la repetida denuncia que hace Francisco de la ideología de género como una “colonización ideológica” que pretende “cambiar la mentalidad o estructura” de un pueblo.
Frente a este despropósito eclesial, muchos políticos y movimientos sociales sostienen que la única solución es exacerbar el derecho penal. El derecho penal no es una ciencia autónoma, ni una regla matemática, ni una ley física sino que, como saben todos los especialistas, debe tener en cuenta, las denominadas ciencias auxiliares, tan abandonadas o sustituidas por criterios autoritarios e ideológicos. Para abordar el tema de los delitos cometidos contra la mujer por el solo hecho de su condición femenina, es necesario apoyarse en la antropología, la sociología y la psicología.
Durante muchos años, hasta 1973, el Código Penal, mantuvo como agravante el “desprecio de sexo”. El Código Penal de 1995, en plena era constitucional, la elimina, porque según la interpretación tradicional, se equiparaba a la tierna edad y la debilidad de la persona ofendida. Creo que la antropología puede proporcionar datos más certeros para tratar de explicar y en lo posible atajar, el origen de las agresiones contra la mujer por el simple hecho de su género, sexualidad y condición. El comportamiento del macho se base en su superioridad física sobre la mujer para someterla a todo género de vejaciones, para atacarla y agredirla. Aceptado este punto, sería más eficaz cualquier política educativa, tendente a eliminar de la mente del varón el abuso de sus pretendida superioridad física que cualquier desmesura punitiva. Me parece acertada y suficiente, la tesis de la reciente sentencia de 28 de Septiembre de 2018 del Tribunal Supremo que sostiene que toda conducta en la que se aprecie una intención de dominación o machismo se considera como agravante de la responsabilidad criminal.
No es el mejor método para enfrentarse a los graves conflictos que se derivan de las agresiones a las mujeres, los estallidos de cólera o de irracionalidad, ni las descalificaciones de todo el aparato judicial, tachándolo de machista o patriarcal, cuando, paradójicamente, el 53% de los más de 5.000 juezas y jueces que hay en España son mujeres. Hay que poner el acento, en leyes de prevención más que, en una represión desorbitada. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres me parece un buen camino.El problema no es el género, es el machismo.
Pastores de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana: ¿Piensan ustedes reflexionar y, en su caso, rectificar, sus anatemas contra lo que denominan ideología de género?
José Antonio Martín Pallín
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