Comentarios del Observatorio
Un proyecto pendiente del exministro Guirao que Rodríguez Uribes no consiguió sacar adelante y que el ministro de Cultura desestimó por los roces territoriales
“No se tenía en cuenta las competencias autonómicas”. Esta fue una de las razones que llevaron al ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, a meter en un cajón y olvidarse de la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Era un proyecto puesto en marcha por el exministro José Guirao, conocedor de las carencias que tiene la norma a punto de cumplir 40 años intacta. Otra de las justificaciones que puso Iceta para enterrar la versión reformada fue que el anteproyecto redactado “había nacido muerto”. En su primera intervención ante la Comisión de Cultura, en septiembre de 2021, ofreció razones muy contundentes para olvidarse de este proyecto rechazado sin condiciones, sobre todo, por las comunidades autónomas del PP ante el diseño del catedrático Javier García Fernández, mano derecha de los predecesores Guirao y Rodríguez Uribes. Ahora, tal y como ha podido saber elDiario.es, Iceta ha rescatado la idea del cajón.
El ministro de Cultura y Deporte, en la recta final de la legislatura, ha encargado una revisión del polémico anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico al responsable de que naciera “muerto”, Javier García Fernández. Cesado en dos ocasiones del Ministerio de Cultura en tres años, el experto en patrimonio tendrá que revisar el robo de competencias del que le acusaron las comunidades. La queja unánime que las comunidades trasladaron al ministro se refería a la falta de comunicación y debate con el que se había elaborado un anteproyecto que ni siquiera los responsables del PSOE conocían antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros. El tirón de orejas de las comunidades hizo temer en su día a organizaciones como ICOMOS que no se planteara ninguna reforma. “Me temo que se ha quedado en vía muerta, porque hay que montarla de cero, pactando con las comunidades y con las asociaciones”, explicó entonces Jordi Tresserras, presidente de ICOMOS.
La nueva ley se había guisado en la mesa de García Fernández a puerta cerrada. El problema estaba precisamente en la idea fuerte de la reforma. García Fernández inventó una nueva categoría de protección para los bienes más importantes. El volumen de Bienes de Interés Cultural ha crecido tanto desde 1985 que el catedrático quiso crear una “liga superior”. Esa ‘Champions’ del patrimonio a la que Uribes se refirió como los “súper BIC”, en el anteproyecto se denominó como “Patrimonio Mundial”. Esta figura se iba a aplicar únicamente a los conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y las comunidades autónomas entendieron que había un intento de injerencia en sus competencias.
Más control estatal
En entrevista con este periódico aseguró que no había “ampliaciones” en las competencias del Estado. Pero no era así. Él mismo en esa conversación indicó que gracias a la nueva figura que se había inventado, el Ministerio de Cultura ya no sería un mero intermediario entre la comunidad autónoma y la Unesco por los asuntos relacionados con los bienes incluidos en la Lista Mundial. Quería dotar al Estado de mayor peso y lo llamó “coordinación”. “Pretendemos que haya más coordinación”, indicó primero, para aclarar inmediatamente que “el Ministerio estaría más presente en la gestión”.
“Hasta ahora la Unesco se ponía en contacto con el Ministerio de Cultura cuando entendía que algún bien de la Lista se estaba desvirtuando. Entonces el Ministerio informaba a las comunidades de la amenaza de ser expulsado. Con esta nueva figura lo que pretendemos es que haya más coordinación en la gestión entre las comunidades y el Ministerio. El control y la gestión seguirá siendo de las comunidades. El Bien Mundial solo es un instrumento de coordinación”, explicó a este periódico Javier García Fernández, días antes de ser destituido de su cargo.
El experto es uno de los redactores de la Ley de 1985 y fue incluido en el equipo de José Guirao, en 2018, y año y medio más tarde lo mandó a casa con la excusa de su jubilación. Había cumplido 70 años y parecía una edad suficiente para dejar de trabajar, pero José Manuel Rodríguez Uribes decidió rescatarle cuando llegó a Cultura, y le dio mucho más poder. La última salida de García Fernández de la plaza del Rey sucedió en julio de 2021, entonces fue Miquel Iceta quien prescindió de sus labores.
Ampliar la mirada
“Habrá que ver qué hace con los ”súper BIC“ Javier en esta segunda lectura que está realizando para el Ministerio de Cultura”, explica Miguel San Nicolás, colaborador de García Fernández, experto en patrimonio rupestre y en la gestión de las ciudades incluidas en la lista de la Unesco. “La reforma fue incomprendida. Por eso esto es una segunda oportunidad para rejuvenecer la ley. Le vuelven a llamar porque es el que más sabe y quien puede darle una visión general, no sectaria. Necesitamos darle una nueva lectura a los BIC, es un debate pendiente”, afirma San Nicolás.
El “súper BIC”, clave de la reforma de Uribes, será revisada tras el encargo de Miquel Iceta. Esta vez García Fernández ha declinado responder a este periódico y desde el gabinete de comunicación del Ministerio de Cultura confirman a elDiario.es que el ministro quiere “ampliar la mirada” de la ley. Aunque declinan hablar de la riada de alegaciones que llegaron cuando se presentó el anteproyecto que debía actualizar la antigua ley.
La redacción de la ansiada reforma, que debería incluir la protección de los patrimonios ausentes (cinematográfico, inmaterial, industrial, subacuático, paisajes, etc), se prolongó más allá de dos años. Si Iceta quiere aprobarla, tiene que hacerlo en un año, antes de las Elecciones Generales de diciembre de 2023. Pero si el político catalán quisiera vincular su futuro a las Elecciones Municipales en Barcelona, a finales de mayo, apenas cuenta con unos meses para anunciar que la reforma está en marcha. De momento, en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 el ministro ha ampliado la cantidad destinada al capítulo de Protección del Patrimonio Histórico un 54,7%, con 17,8 millones de euros. Si consigue madurar la nueva Ley logrará sobreponerse al apartado que más disgustos le ha traído por la dimisión de Dolores Jiménez Blanco y la negativa al préstamo de la Dama de Elche.
