La ONG recoge miles de casos de personas atrapadas en un “limbo” en el que ambos países los rechazan y con frecuente maltrato por parte de las autoridades.
Afran, un sirio de origen kurdo, siente que Polonia y Bielorrusia han estado jugando con su vida —y con la de muchos como él— como si fuera una pelota de ping pong. “Los bielorrusos nos envían a suelo polaco, y los polacos nos devuelven. Así una y otra vez”, asegura. Abdul, también sirio, recuerda los ocho días que pasó en tierra de nadie, en un bosque fronterizo entre los dos países. “Estuve cuatro días sin comida ni bebida”, recuerda.
Son algunas de las decenas de testimonios recogidos por la organización Human Rights Watch (HRW) en el informe Muere aquí o ve a Polonia, publicado este miércoles. La organización documenta allí la violación de derechos que ambos países han protagonizado contra los migrantes en una crisis instigada por el régimen de Aleksandr Lukashenko en respuesta a las sanciones europeas y que sirve como ejemplo de los nuevos conflictos del siglo XXI —que se mueven en una zona gris entre la paz y la guerra— y contra los que Bruselas ya está tomando medidas de castigo.
Mientras los líderes toman decisiones políticas, miles de personas se han visto atrapadas en lo que HRW denomina “un limbo desesperado” en la frontera de los dos países, en una situación de flagrante violación de derechos y que en ocasiones los deja en peligro de muerte. Tras ser animados a viajar a Minsk, la capital bielorrusa, desde sus países de origen por agencias de viaje locales con la esperanza de cruzar después a territorio de la Unión Europea, los agentes polacos impiden su entrada o devuelven a los que han logrado cruzar la frontera.
Las autoridades bielorrusas, por su parte, los golpean y detienen a aquellos que entran de nuevo en el país empujándoles a que vuelvan a entrar en Polonia. “Incapaces de avanzar o retroceder, muchos pasan varios días sin techo o acceso a servicios humanitarios, con el resultado de muertes, hipotermias u otras enfermedades y heridas”, asegura el informe de la ONG, que concluye taxativa que Bielorrusia y Polonia comparten la responsabilidad de esta crisis humanitaria.
Lydia Gall, una de las investigadoras de HRW que en octubre viajó a la zona fronteriza para conocer la situación describe unos migrantes “extremadamente cansados, sin esperanzas y con mucho miedo de las autoridades tanto bielorrusas como polacas”. En una conversación telefónica desde Budapest, Gall asegura que lo peor para estas personas no eran los días de frío, hambre, sed e incertidumbre que pasaban hasta que lograban entrar en Polonia, sino que el verdadero “infierno” comenzaba a partir del momento en el que las autoridades locales les interceptaban y les devolvían a Bielorrusia.
“Nos han contado casos de palizas o de guardias ofreciendo agua sucia o riéndose de personas exhaustas que llevaban tiempo sin comer ni beber. Y este trato se dispensaba tanto a hombres como a mujeres y niños”, asegura Gall, investigadora sénior en la división de Europa y Asia Central de HRW.
Si el trato en Bielorrusia es muy malo, las cosas al otro lado de la frontera tampoco marchan muy bien. La investigadora critica sobre todo a las autoridades polacas por separar a las familias que llegan a su suelo. El informe explica que si bien las personas heridas o enfermas son llevadas a un hospital, sus familiares sanos son devueltos sin ningún miramiento, violando las normas europeas y polacas. Se trata de devoluciones en caliente en las que nadie pregunta por las circunstancias de las personas que cruzan la frontera oriental de la Unión Europea.
Durante la preparación del informe se habían documentado 13 muertes de migrantes. Aunque se desconoce la cifra de personas que han cruzado la frontera, los medios polacos informaron este mes de noviembre de más de 30.000 intentos de traspasarla desde principios de año. Esto no supone que haya 30.000 migrantes, ya que muchos de ellos intentan varias veces entrar en territorio europeo. Un portavoz del Gobierno bielorruso dijo que el pasado 18 de noviembre había 7.000 migrantes en su país.
El informe de HRW insiste en la responsabilidad que comparten los dos países, y toda la Unión Europea, en una crisis que ha sido generada por Bielorrusia. El informe hace una serie de recomendaciones a todas las autoridades implicadas. Al Gobierno de Lukashenko le reclama que acabe con todos los abusos cometidos contra migrantes, como robos, violencia y detenciones en espacios al aire libre sin resguardo comida ni agua. A las autoridades polacas les reclama acabar las expulsiones colectivas y acabar con los abusos. Y la ONG exige a la Unión Europea insistir en que todas las acciones de los Estados miembros deben respetar los derechos de los migrantes, así como presionar a Polonia para que facilite el acceso a las áreas fronterizas restringidas a organizaciones humanitarias, periodistas y demás personal sanitario o que trabaje por los derechos humanos.
Gall no iguala la responsabilidad de cada una de las partes, pero sí insiste en la complicidad que los dos países están exhibiendo en esta situación. “Las expulsiones colectivas no tienen cabida en las normas internacionales. Y Lukashenko hace gala de un cinismo horrible en el tratamiento de las personas. No se trata de quién es más responsable, sino de que cada parte asuma que no puede continuar con estos comportamientos”, concluye la coautora del informe.
