Las órdenes religiosas, seguramente como herencia de los tiempos en los que la atención al enfermo corría a cargo de la beneficencia, han forjado una considerable red hospitalaria en nuestro país. En su tarjeta de presentación destacan que no tienen ánimo de lucro, algo que les beneficia, por ejemplo, a la hora de pagar menos impuestos. Con titularidad privada, ingresos millonarios, y un Sistema Nacional de Salud que atiende a todos los ciudadanos, ¿es lógico que sigan gozando de condiciones especiales respecto a la competencia?
Hace unos días se presentaba en sociedad “el primer grupo hospitalario sin ánimo de lucro en Madrid”, que, bajo la marca Hospitales Católicos de Madrid, agrupa a siete hospitales generales de órdenes religiosas de la capital de España. Constituido en inicio por el Hospital Beata María Ana, La Milagrosa, Nuestra Señora del Rosario, San Francisco de Asís, San Rafael, Santa Elena y la VOT de San Francisco de Asís, presume de ser “el primer grupo hospitalario privado en número de centros, pacientes atendidos, camas, profesionales y equipamiento tecnológico” en esta comunidad autónoma.
El carácter religioso de esta agrupación coincide con otros ejemplos que encontramos en nuestro país, como la Orden de San Juan de Dios, que solo en lo que llama su región bética (engloba Andalucía, Madrid y Canarias) concentra casi una treintena de centros sociosanitarios que van desde residencias hasta hospitales, a los que hay que sumar una decena más en la denominada provincia de Aragón San Rafael (Aragón, Navarra, Extremadura, Cataluña, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana).
Para comprobar la dimensión que pueden llegar a alcanzar este tipo de centros vale como ejemplo uno de sus estandartes, el Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu, en Barcelona, que dispone de más de 300 camas y de un equipo que supera los 1.500 trabajadores, entre directivos, médicos, enfermeros y otras categorías. Según su memoria económica correspondiente a 2012, los beneficios (excluido el concierto con el servicio de salud público catalán –Catsalut-) rondaron los 9 millones de euros. “Se ha producido un aumento de la actividad privada, tanto de hospitalización como de consultas externas”, reconoce la propia memoria de este centro, que añade que “la actividad proveniente de pacientes extranjeros también ha aumentado, hecho que nos anima a hacer una apuesta decidida por incrementar esta demanda”.
Parece que no estamos hablando, pues, de centros ‘aficionados’ o ‘amateurs’, sino de verdaderos complejos hospitalarios profesionalizados, que, como se ve, compiten directamente tanto con los públicos como con los privados. Pero esa competencia, ¿es lícita? Según ha podido saber ‘Revista Médica’, estos auténticos grupos empresariales parten con una considerable ventaja fiscal gracias a la etiqueta de ‘sin ánimo de lucro’ que presentan como reclamo.
Las entidades eclesiásticas, al tener suscrito un acuerdo con el Estado español, son tratadas fiscalmente como ‘sin fines de lucro’. Lo reconoce el gerente de Hospitales Católicos de Madrid, Vicente Rodríguez-Mora, que ante la pregunta de ‘Revista Médica’, señala que estos centros se benefician de algunas de las medidas que incluye la Ley de Mecenazgo, así como de la exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al igual que el conjunto de la Iglesia católica. Además, el vicepresidente de la entidad, José Miguel Sanabria, ha señalado que los beneficios fiscales “son los mismos que los de cualquier entidad sin ánimo de lucro”, es decir, exenciones parciales del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y del impuesto de sociedades, entre otros.
Entrando más en detalle, según ha podido conocer esta publicación, este tipo de centros podrían disfrutar de exenciones también en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de plusvalía municipal.
Parece pues que la etiqueta ‘sin ánimo de lucro’ funciona para obtener ciertas ventajas respecto a los competidores del sector privado. Ante la pregunta de por qué se crean asociaciones como la recientemente puesta en marcha de Hospitales Católicos de Madrid, un directivo del sector asegurador con muchos años de experiencia explica a ‘Revista Médica’ que “la realidad es que se asocian para compensar la competencia de los grupos y para hacer fuerza frente a las aseguradoras. Se juntan para cosas como negociaciones conjuntas para compras, pero luego cada uno responde a unos intereses individuales”. También señala que este tipo de centros ‘sin ánimo de lucro’ “claramente han pasado de hacer una labor de beneficencia a hacer grandes inversiones en tecnologías punteras con la finalidad de atraer pacientes y obtener rentabilidad. Gracias a las ventajas fiscales pueden ofertar servicios a las aseguradoras a precios mucho más bajos que el resto de centros”.
Ante esta cuestión, Rodríguez-Mora insiste en destacar una serie de políticas comunes que presidirán su relación, pero siempre dentro del “valor diferencial de los principios católicos”. Entre estos ejes destaca la colaboración entre todos ellos, generando sinergias asistenciales, con el objetivo de mejorar en eficacia y calidad. Además, reconoce que una de las ventajas de esta unión es la posibilidad de establecer un mecanismo de compra centralizada propia, aunque niega que la unión pudiera servir para adoptar una posición de fuerza a la hora de negociar con las compañías aseguradoras, afirmando que cada hospital se gestionará de forma independiente, también en el caso de la relación con estas entidades.
En pleno siglo XXI, con un Sistema Nacional de Salud (SNS) que da cobertura a todos los ciudadanos, la justificación de que estos centros atienden a las personas a las que no llega el Estado parece difícil de sostener. Por eso son muchas las voces que no acaban de entender el porqué de las condiciones ventajosas en las que operan los grupos ligados a órdenes y ámbitos religiosos. ¿Qué les diferencia realmente de los grupos privados? ¿Las acciones sociales que promueven? ¿Reinvertir el beneficio en mejoras asistenciales?
Hace muchos años, estos argumentos podrían ser en algún caso un elemento diferenciador, pero ya no. Cualquier grupo hospitalario hoy día promueve actividades de responsabilidad social sociosanitaria tanto dentro de nuestras fronteras, como fuera. También lo hace la sanidad pública. Y en cuanto a la reinversión en mejoras, es una práctica muy extendida entre el sector privado nacional. Por citar algún ejemplo, Asisa cuenta desde hace tiempo con un sistema de asistencia sanitaria que reinvierte sus beneficios en sus profesionales y en la mejora de sus infraestructuras.
Fines como “el cuidado del paciente, su salud y su bienestar sobre cualquier otro”, enarbolados por los recientemente impulsados Hospitales Católicos de Madrid, tampoco parecen conferir unas virtudes exclusivas de las órdenes religiosas, ya que se pueden aplicar perfectamente a la asistencia pública, y también a la privada, que desde hace tiempo sabe muy bien que para atraer al paciente, cada vez más informado, debe centrarse en él y estar a la vanguardia en cuidados y tratamientos.
Queda entonces preguntarse si esa diferenciación que permite cierta competencia ventajosa de estos hospitales ‘sin ánimo de lucro’ con respecto al resto no es sino un anacronismo heredado de décadas o algún siglo atrás, sujeta simplemente por prebendas otorgadas a la Iglesia. Al Estado le corresponde sin duda revisar esta situación, porque parece que las arcas públicas están dejando escapar una importante recaudación que a la vista está que le corresponde. Además, tal vez incluso la propia Comisión Nacional de la Competencia debería observar que, mientras que impuestos y otras obligaciones están asfixiando a parte del sector, otros respiran más tranquilos sabiéndose protegidos por un halo divino.
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