Francisco Villena lleva años reclamando la retirada de una cruz de los caídos en Hornachos (Badajoz), ubicada en unos terrenos de la Iglesia con proyección pública.
La Asociación de Memoria Histórica de Extremadura pide al Obispado su eliminación
23 de abril de 2010. Hornachos (Badajoz). Aquí comenzó oficialmente el calvario de Francisco Villena. Aquel día registró en el Ayuntamiento un escrito en el que pedía la retirada de una cruz de los caídos con simbología franquista. Hoy, en enero de 2016, la cruz continúa en el mismo sitio. “Está ubicada en un lugar preferente del denominado paseo de La Virgen de los Remedios, integrada en la fachada lateral de su ermita. Por allí pasan los entierros, las bodas, las procesiones y es el lugar desde donde cada año se festeja la feria con los fuegos artificiales”, explica Villena. Por delante de esa cruz -cuenta- ha caminado siempre su madre, Lucía Díaz, cada vez que quería ir a ver a la Virgen, de la que, según asegura, es muy devota. A Lucía, que ahora tiene 87 años y vive en una residencia, le mataron a su padre, Francisco Díaz Garrido, presidente de la Casa del Pueblo, en 1940.
“Es una vergüenza que existan instituciones que todavía se nieguen a cumplir la ley, sin importarles el sufrimiento que ese incumplimiento puede causar a los demás”, zanja Villena, uno de los querellantes de la causa abierta en Argentina contra el franquismo. “Los que firmamos el presente escrito -expuso en una denuncia a la Defensora del Pueblo-, hemos tenido que ir, de niños, todos los 12 de octubre, antigua fiesta de la Hispanidad, a formar delante de esa cruz y cantar el Cara al sol, mientras se le agasajaba con una corona de flores”.
El alcalde, Francisco Buenavista (PSOE), alega que la cruz está en terrenos de la Iglesia y que, por tanto, él no puede actuar sobre ella. “Hemos retirado todos los vestigios franquistas de la vía pública, hemos retirado el nombramiento de hijos adoptivos a dos oficiales del ejército franquista y hemos levantado un monumento en honor a las víctimas del franquismo. Pero no podemos retirar la cruz porque está en propiedad de la Iglesia”, afirma a La Marea.
La Defensora del Pueblo dio por buena esa razón. “Iniciamos conversaciones con el Obispado que no fructificaron. Se han propuesto fórmulas intermedias ante la negativa a retirarla, como eliminar la simbología de la cruz, que sé que tampoco sería suficiente. Pero es que no tenemos capacidad legal para actuar. La ley de memoria debería ser más contundente y no dejar en manos de los ayuntamientos un asunto para el que no tenemos competencia. Yo también soy familiar de víctima y sé lo que se siente”, añade en conversación telefónica.
El Obispado no se pronuncia
En este escenario, enconado desde hace varios años, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura ha pedido al Arzobispo de Mérida-Badajoz que retire la cruz, como recientemente hizo el de Plasencia con una placa en la iglesia de Navaconcejo (Cáceres) a instancias reiteradas de la misma asociación. “La permanencia del citado símbolo en el espacio público de la iglesia en la citada localidad hiere la sensibilidad democrática de cualquier ciudadano y constituye una ofensa para la sociedad de Hornachos y extremeña en general, que sufrió la represión franquista, en numerosas y variadas formas, por el régimen dictatorial surgido del golpe de Estado de 1936 contra el gobierno legítimo constituido de la II República”, indica la asociación en una nota.
El Obispado, preguntado por La Marea, responde con un escueto: “No vamos a hacer declaraciones”. Desde la Junta de Extremadura, por su parte, insisten en su compromiso con la memoria histórica y aseguran que a partir de ahora todas las actuaciones propuestas por la Iglesia con subvenciones públicas deberán ir acompañadas de un informe que acredite que los bienes sobre los que se va a intervenir no presenten “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. “Si alguno de esos bienes incumple estas premisas no se intervendrá en el mismo hasta que los elementos contrarios a la legislación vigente desaparezcan”, aseguran. El Obispado tampoco hizo declaraciones sobre la posibilidad de perder subvenciones.
Existen todavía numerosas cruces por toda la geografía española. Destaca el caso de Vigo, cuyo alcalde, el socialista Abel Caballero, se negó a retirar al considerar que, sin simbología, ya no representaba un monumento franquista. El Tribunal Constitucional le dio la razón el pasado noviembre. Otro caso singular es el de Córdoba, donde la cruz permanece erguida a pesar de los largos mandatos de la izquierda en la ciudad.
Con la nueva ley de memoria que prepara Andalucía, más avanzada que la estatal, todos estos símbolos tendrán que ser retirados, incluso en terrenos privados con proyección pública, como ocurre en Hornachos. La norma también eliminará las razones artísticas que la ley de Zapatero admitía para mantener los monumentos. La infracción de este apartado conllevará multas de hasta 10.000 euros, según el todavía proyecto de ley.
Un falangista en el homenaje a los asesinados por el franquismo
A Francisco Villena, sin embargo, no le convence la actuación del alcalde de Hornachos. Considera que no hace lo suficiente y debería ser más contundente en su relación con los representantes eclesiásticos del pueblo. Pone, además, otro ejemplo de lo que considera una “falta de compromiso real” con la memoria: “El monumento que levantó con los nombres de las víctimas franquistas estaba incompleto e incluyó el nombre de un falangista, Francisco Valverde Terrazas. Sus restos reposan en un nicho del mismo cementerio y su nombre también figura en la relación tallada en el basamento de la cruz a los caídos del bando sublevado”.
Posteriormente, el nombre fue borrado “con un brochazo”, sostiene Villena. El alcalde afirma que pidió el listado a la Universidad de Extremadura y mantuvo en exposición pública durante un mes el listado sin que se presentase ninguna reclamación. Sobre el brochazo, argumenta que no puede costear el arreglo del monumento cada vez que surjan errores o nuevos nombres de víctimas.
