En enero del año pasado, el antiguo Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma del artículo 67 de la Constitución, convirtiéndolo en un artículo pétreo, sentenciando la prohibición absoluta del aborto y “protegiéndola” de cualquier intento futuro de legalización.
El nuevo texto declara “prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer, a quien debe respetársele la vida desde su concepción”.
El articulo sólo podrá ser reformado por una mayoría, muy difícilmente alcanzable, de las tres cuartas partes de los miembros del legislativo, y serán consideradas nulas e invalidas todas aquellas disposiciones legales que en futuro establezcan lo contrario.
En su momento, tanto organizaciones, redes y plataformas de mujeres y feministas nacionales e internacionales, como el Sistema de Naciones Unidas y la Oacnudh1 expresaron su preocupación y rechazo a la reforma.
Contra las barbaries
En junio del mismo año, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Plataforma Somos Muchas, donde se evidencia una contradicción entre los convenios internacionales y la legislación nacional, que violenta varios derechos de niñas y mujeres.
En especial, las organizaciones piden que se declare la invalidez de la norma y, por ende, la despenalización del aborto en al menos tres causales: riesgo a la vida de la mujer/niña embarazada, malformación del feto y embarazo como consecuencia de violencia sexual.
Un año y medio después, con un nuevo gobierno encabezado por una mujer y una agenda compartida con organizaciones de mujeres y feministas, la organización internacional Women’s Link Worldwide, presentó un amicus curiae2 ante la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo es respaldar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Somos Muchas.
En un comunicado, la organización recuerda a la Sala que “el derecho a la salud sexual y reproductiva, en especial el aborto, hacen parte del acceso a la salud en condiciones de igualdad y no discriminación”.
Asimismo, asegura que “la penalización absoluta del aborto en Honduras y su elevación a rango constitucional son medidas que aumentan el riesgo de las mujeres”, dejándolas desprotegidas “frente a un sistema que no reconoce plenamente sus derechos”.
Para Marcia Aguiluz, abogada de Women’s Link Worldwide, en América Latina hay una tendencia a ampliar el acceso al aborto, lo que deja a Honduras mal parada y como uno de los países más restrictivos en materia de derechos sexuales y reproductivos.
“Cada vez es más evidente que tener el aborto como delito no sólo no lo evita, sino que aleja a niñas y mujeres de los servicios seguros de salud, en especial a las que viven en contextos de vulnerabilidad”, dijo.
“Esto las obliga a acudir a procedimientos riesgosos que ponen en peligro su salud y sus vidas. La Corte Suprema de Justicia tiene una oportunidad única de cambiar esta realidad”, añadió Aguiluz.
1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
2 Presentación realizada por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión, jurídica, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
