El pleno aprueba una moción para exigir al Gobierno un cambio de esa norma y cobrar impuestos a la Iglesia El PP acusa a Ribó de «persecución»
El Ayuntamiento de València ha tramitado ya 26 expedientes de cobro del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a entidades que hasta ahora estaban exentas de impuestos por la Ley del Mecenazgo, entre ellas la Iglesia Católica. Así lo difundió ayer el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, en el debate plenario de una moción impulsada por el Govern de la Nau que insta al Gobierno central a cambiar esa ley para poder cobrar libremente los impuestos municipales a aquellos locales que sea explotados con ánimo de lucro, nunca de culto.
Según defendió el alcalde de València, Joan Ribó, la moción del equipo de Gobierno municipal está en sintonía con lo aprobado por más de 70 alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes y tiene apoyo jurídico tanto en el artículo 31 de la Constitución como en las últimas resoluciones de la Unión Europea, que consideran que este tipo de ayudas encubiertas pueden suponer un fraude a la competencia.
Ribó explicó que en ningún caso se pretende cobrar impuestos a locales destinados al culto o a entidades benéficas vinculadas a confesiones religiosas. «Hablamos de centros económicos que están en el mercado para obtener beneficios», dijo Ribó, quien puso como ejemplo hospitales, universidades, colegios etc. El alcalde no entiende que «una empresa normal pague religiosamente sus impuestos y otra, por el hecho de estar vinculada a una entidad religiosa, no los pague»
Esta visión, sin embargo, no es compartida por los grupos de la oposición. Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, apoya el planteamiento general, pero advierte de la «letra pequeña». Y en este sentido explicó que «un hospital, por ejemplo, puede utilizar sus beneficios para fines sociales». «Eso no viene determinado por la actividad que se ve a simple vista, y que el ayuntamiento sea el que aplique sus propios criterios es muy peligroso», dijo.
Datos de exenciones
No cree, además, que el apartado de las confesiones religiosas sea muy importante en el conjunto de las exenciones previstas en la Ley del Mecenazgo. De los 1.856 expedientes exentos de IBI el año pasado se dejaron de ingresar 9,5 millones de euros y de las confesiones, principalmente de la Iglesia Católica, fueron nos 1.500 por un importe de 3,5 millones. «Menos de la mitad», advirtió Giner, que lamentó que el ayuntamiento ya haya empezado a cobrar impuestos generales a estas entidades exentas de pago por la Ley de Mecenazgo. Concretamente, habló de 26 expedientes del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con 8.000 euros ya pasados al cobro.
Este dato fue confirmado posteriormente por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, que no pudo precisar qué entidades eran las destinatarias. Solo indicó que «algunos de ellos» serían de la Iglesia Católica.
Por su lado, el portavoz del PP, Eusebio Monzó, corroboró la argumentación de Giner y puso el foco en «los millones que ahorra la Iglesia Católica al Estado con los servicios que presta». A su juicio, esta moción se sustenta en la «inquina» del alcalde hacia la Iglesia Católica y a su intención de atraer votos para Compromís. Lo considera, en cualquier caso, «una persecución a la Iglesia».