La cooperación con las religiones debe desaparecer de la Constitución
El papel de cualquier confesión religiosa en una democracia laica es claro: ejercer libremente el culto, la transmisión de su fe y la educación en la misma. Ni el Estado laico puede exigir otra cosa a las confesiones, ni estas deberían esperar del Estado más que garantizarles tales libertades. Lo cual choca con la obligación que la Constitución española impone de cooperar con “la Iglesia católica y las demás confesiones”, en el mismo artículo en que se proclama que ninguna de ellas tiene carácter estatal.
Ambas formulaciones sitúan a España en el terreno de un aconfesionalismo desmentido por las medidas de apoyo a la religión católica adoptadas por los diferentes Gobiernos. No en vano esta confesión se beneficia de la inyección económica del Estado al funcionamiento de su estructura, de parte de la subvención a los centros escolares concertados o de la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. También tiene sentido cuestionarse la exención de impuestos para los bienes religiosos —reflexión que debería extenderse a los de otras organizaciones cívicas—, además de reclamar bienes que, como la Mezquita de Córdoba, han sido inmatriculados por la Iglesia católica.
En paralelo, perviven unos acuerdos entre España y la Santa Sede firmados en plena transición a la democracia. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia su voluntad de revisarlos y de inscribir en la Constitución el principio de laicidad. Por supuesto que este planteamiento apunta el interés político de recolectar votos de izquierda, pero lo exigible, una vez hecho, es la coherencia de sostener que España debe evolucionar hacia un Estado laico.
La laicidad no debe confundirse con la lucha entre dos confesionalismos, el católico y otro que pretenda imponer la laicidad a base de doctrinarismo. Se trata de impedir que las religiones condicionen a las instituciones estatales y de situar las creencias espirituales en el terreno privado. Todas ellas son respetables, también cuando intervienen en los debates públicos, pero no más que el derecho a hacerlo por parte de otros grupos sociales.
Tampoco hay que olvidar las complicaciones aportadas por los nuevos fundamentalismos, que pueden agudizar debates en torno a los signos religiosos en el espacio público, la elección del sexo de los profesionales sanitarios que atienden a los fieles de una religión o el reconocimiento de festividades confesionales no procedentes de la tradición católica. Estos debates agitan a la sociedad francesa, emblema de los países laicos.
Todo ello implica complejidades que deben tenerse en cuenta. En cualquier caso, en el debate suscitado en España aparecen medidas dignas de apoyo. Una de ellas es eliminar la obligación estatal de cooperar con las instituciones religiosas, y por tanto, la preeminencia constitucional de la Iglesia católica. La otra consiste en sacar la religión de los programas de la enseñanza pública y de la subvencionada por el erario. Naturalmente, los centros de enseñanza pueden ofrecer educación religiosa, pero fuera del espacio curricular. Trabajar por el consenso sobre esas medidas es más adecuado que ceder a las grandes retóricas laicistas.
