Descargo de responsabilidad
Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:
El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.
El Estado se configura con las distintas instituciones de gobierno de todo el país, no solo el gobierno central, también todos los gobiernos autonómicos y los locales, así como las instituciones públicas que dependen de estos.
Desde 1953, entre España y el Vaticano existe un concordato, que nunca ha sido derogado, aunque ha habido Acuerdos posteriores entre el Estado y la Iglesia Católica (I.C., en adelante). Dicho Concordato y los Acuerdos posteriores, cometen al primero, al sostenimiento económico de toda la estructura eclesiástica católica en nuestro país: salarios de todo el personal eclesiástico, atención sanitaria, las pensiones de jubilación de estos (cubiertas por la Seguridad Social, pero dentro de los acuerdos), el personal que imparte catequesis en los colegios públicos, capillas y sacerdotes en los hospitales y universidades públicas, así como a los capellanes en el ejército. La iglesia católica en su conjunto está exenta del pago de todo tipo de impuestos. En 2022 hubo un nuevo Acuerdo, mediante el cual ‘la iglesia renunciaba a la exención de dos impuestos: Construcciones, Instalaciones y Obras y Contribuciones Especiales. Siguen sin pagar el Impuesto de Sociedades, el IRPF, IBI, IVA, Plusvalías, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, Actividades Económicas y puede recabar prestaciones y donativos sin tener que tributar por las cuantías obtenidas (Fuente: Ministerio de la Presidencia). Y ahora dicen que sí pagarán los dos impuestos indicados, pero a eso mismo se comprometieron en los acuerdos anteriores, así se justificó el salto del 0,5% al 0,7% en la declaración de la renta, ¿por qué es más creíble ahora?
Hasta hace no mucho tiempo, los obispos actuaban de fedatarios públicos (prebenda concedida por el Presidente Aznar) y podían inmatricular todos aquellos inmuebles, terrenos y bienes en general, que se les antojara. Además, como no tenían que tributar sobre ellos, pues ‘ancha es Castilla’ (y Andalucía, y Aragón y Galicia, etc.). La Plataforma Recuperando habla de en torno a 100.000, las propiedades inmatriculadas. Esto dice Quique Herrero, miembro de Recuperando, Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica: “En realidad no se conoce la totalidad del patrimonio inmatriculado, porque el listado arranca en 1998 y las inmatriculaciones comienzan en 1946. Lo que sí cabe pensar es que la labor inmatriculadora de la jerarquía de la Iglesia obedece a un plan perfectamente diseñado por la Conferencia Episcopal”. “Desde que Aznar reformara el reglamento hipotecario en 1998 hasta la derogación de la norma en 2015 (17 años) se calculan 35.000 propiedades inscritas, lo que solo puede producirse si existe una estrategia clara de inmatricular de forma masiva”. ¿Cuántos se inmatricularon en los 52 años anteriores?
Por supuesto se negaron a regresar al Patrimonio Nacional algunos tan importantes como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Seo de Urgel, entre otros muchos miles.
Ese primer acuerdo se ratifica mediante ‘el nuevo régimen concordatario entre España y la Santa Sede’, y está compuesto por: el Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1976, y por cuatro acuerdos, negociados en secreto durante la elaboración de la Constitución por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja y el secretario de Estado de la Santa Sede, Jean Villot. Estos elementos conforman los denominados Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979, firmados el 3 de enero de 1979 —cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución Española, que lo hizo el 29 de diciembre de 1978. Desde entonces, siguen prácticamente intactos, ningún gobierno, sea de izquierdas o de derechas, se han atrevido a derogarlos.
Además de las varias exenciones ya comentadas, la recaudación principal de la iglesia es a través de la retención del 0,7% en la declaración de la renta, no solo la referida a ‘la iglesia católica’, sino también la que se indica como ‘fines sociales’, ya que una gran parte de lo recaudado acaba en entidades religiosas o afines. Así mismo, el Estado asume las reparaciones y/o reformas de los edificios religiosos declarados Patrimonio Nacional, aún, siendo propiedad de la Iglesia Católica. La entidad Europa Laica estima que la transferencia de dinero público a la iglesia católica se cifra en unos 12.000 millones anuales (incluyendo exenciones fiscales).
Europa Laica y todas las asociaciones que exigen una verdadera aconfesionalidad del Estado, piden la derogación de los Acuerdos y el Concordato. Unos acuerdos anacrónicos y que no se corresponden con la realidad de la sociedad actual. Pero ya mismo la supresión de las casillas (de la X), ya que el Estado no debe financiar ninguna religión, lo que ahora si está haciendo con el dinero de los ciudadanos, religiosos o no. Este sistema es discriminatorio con aquellos que todos sus impuestos se los confían al Estado (sin detraer ningún 0,7% para fin particular alguno). Es el Estado quien tiene que gestionar toda la recaudación correspondiente a los impuestos.
Se da la paradoja de que, mientras en Comunidades como la de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso recorta en sanidad pública, despide a sanitarios, cierra las urgencias, etc., en 2022 ha aprobado la asignación de un millón de euros anuales para pagar a 73 capellanes que asistirán las necesidades religiosas en hospitales públicos (esto supone un cura por cada cien camas). O, en lugar de mantener los efectivos de guardia del cuerpo de bomberos, ante la falta de fieles voluntarios, les manda a que procesionen al Cristo de los Niños, en la iglesia de San Antón, vestidos con su uniforme reglamentario y cobrando como ‘servicios de guardia extraordinarios’. Y esto no solo ocurre en Madrid, la mayoría de las bandas de música que acompañan las procesiones, son las oficiales de los ayuntamientos u otras instituciones, así como los batallones de policías, guardia civil o militares que custodian y desfilan junto a las imágenes. Todo ello, lo pagamos con los impuestos de todos, creyentes y los que no lo son.
Pero la vulneración de este precepto básico en la Constitución Española, no solo se circunscribe a los asuntos de financiación directa, también a la presencia en instituciones públicas, algunas ya indicadas (hospitales, universidades, ejército, actos públicos, nombramientos y condecoraciones a imágenes, etc.), sino también a los medios de comunicación públicos, como radios y televisiones.
El informe «Laicidad en Cifras 2023″, que acaba de presentar la Fundación Ferrer i Guàrdia, basados en la investigación realizada por el CIS, además de las aportaciones de Europa Laica, que analiza la situación de la laicidad en España a partir de la recopilación de los principales datos sobre las creencias de la población, apunta que 4 de cada 10 personas se declaran ateas, agnósticas o indiferentes ante la religión en España. El dato es aún mayor en las generaciones más jóvenes (las adscripciones de conciencia no religiosas son un 60,3 % entre los 18 y 24 años, y un 57,9 % entre los 25 y 34 años). Asimismo, la práctica religiosa se ha reducido considerablemente, y sólo un 18,7 % de las personas se declara creyente practicante.
Curiosamente la Televisión Pública Española (TVE) y las radios públicas han recuperado las programaciones de hace varias décadas. Durante esta Semana Santa TVE ha emitido programaciones de actos religiosos como, procesiones, misas, reportajes de las cofradías, imágenes religiosas, etc., por un tiempo de 2.001,99 minutos, en una parrilla de emisiones distribuida durante todo el día, cortes de poco más de un minuto a veces y alguna retransmisión de más de dos horas. Esta programación específica (según sus propios datos) supone 33,37 horas durante los principales días de dicha semana. A esto hay que añadir retransmisiones de los actos religiosos concretos de Mérida, Ávila, Burgos, Sevilla, Málaga, Cáceres, Valencia…, el Cristo de Mena de los legionarios…, jueves y viernes santo en el Vaticano, etc. Y otros programas relacionados sobre las vestimentas, bordados, costaleros, cofradías, lavatorio de pies, los cantos de la Semana Santa, etc. Así como las emisiones de las cronologías de misas, procesiones y diversos actos religiosos en las principales poblaciones de nuestro país. Programas como ‘Pueblo de Dios’, ‘El día del Señor’, ‘Últimas preguntas’, ‘Testimonio’, ‘Juventud misionera’… En 2019, TVE declaró que gastaba 4,3 millones de euros en programas religiosos (no hemos conseguido datos más actualizados). No comento nada sobre las programaciones de las televisiones autonómicas, también financiadas desde el erario público.
Y esto no es todo, las televisiones y radios públicas (y privadas) han recuperado todo el repertorio de filmografía clásica, al estilo más puro de los años 60 (‘Misión blanca’, ‘El judas’, ‘La herida luminosa’, ‘Proceso a Jesús’, ‘Canción de cuna’, ‘Ben-Hur’, ‘La vida de Brian’, ‘La pasión de Cristo’, ‘Los jueves, milagro’, ‘Esther y el rey’, ‘Ursus’, ‘Santa Barbara’, ‘Una historia que comenzó hace 2000 años’, ‘La Biblia: Jeremías’, ‘Juan XXIII: El Papa de la paz’, ‘San Pedro’, ‘Sodoma y Gomorra’, ‘Rey de Reyes’, ‘En busca de la tumba de Cristo’, ‘José’, ‘David y Betsabé’, ‘Jesús de Nazareth’, ‘La túnica sagrada’, ‘La espada y la cruz’,…). Incluidas otras televisiones y más aún las propias y claramente religiosas (Pantalla 90, Eclesia, Cope, Trece TV, etc.).
Una encuesta realizada recientemente por el CIS arroja que las/os españoles que acuden a actos religiosos o procesiones son: “normalmente” (23%) o “en alguna ocasión” (38%) a las procesiones de Semana Santa, frente al 38,8 por ciento que dice no asistir “nunca”. Celebraciones cada vez más culturales y menos religiosas. (Publicado por la revista Vida Nueva).
La pregunta es ¿qué está pasando? Parece que la sociedad en general se está secularizando o mejor definición ‘se vuelve indiferente con respecto a lo religioso’, y la iglesia católica emprende una cruzada, usando de todas sus influencias y poder para recuperar adeptos y presencia en los actos de culto: sus influencias en determinados partidos políticos, mediante asociaciones y entidades sociales y sobre todo a través de los medios de comunicación. No solo influyen en la emisión de toda esta exagerada y abusiva programación de eventos religiosos, sino también incrementando campañas como las del IRPF en estos días, en las que nos animan a marcar la ‘X’ de fines sociales además de la correspondiente a la iglesia católica. A fin de cuentas, casi en ambos casos los dineros irán a parar a las arcas de la Conferencia Episcopal, de la parte de ‘la I.C.’, el total, en la de ‘fines sociales’, el 50%, aunque es difícil de estimar por la falta de datos comprobables.
Evidentemente, la iglesia católica o cualquiera otra de las confesiones religiosas, tienen derecho a hacer las campañas que quieran, con objeto de recaudar fondos para sí o para distintos fines, eso sí, que lo hagan con sus propios dineros. El colmo de los colmos, es que el dinero que emplean es el de todos los contribuyentes y el fin de las campañas y/o peticiones es conseguir más dinero para ellos. La responsabilidad es compartida: el Estado sigue manteniendo una legislación y acuerdos favorecedores con la I.C., y esta se limita a ‘poner el cazo’ y a convencernos de que sigamos transfiriéndoles dineros de nuestros impuestos, incluso con artimañas engañosas a veces.
Ningún otro país del mundo sostiene con cuantiosas sumas multimillonarias a ninguna iglesia (solo Portugal y España). Está el caso de Alemania, en que el Estado se encarga de recaudar fondos para la iglesia a través de la liquidación de impuestos de los contribuyentes, pero en ese caso, los ciudadanos no detraen un porcentaje de lo que tienen que pagar, sino que incrementan ese porcentaje a lo que les corresponde contribuir, para financiar aquella religión que profesan.
En España hay 24.449 inmuebles religiosos católicos con objeto de culto (entre iglesias, catedrales, monasterios y santuarios), los atienden unos 75.000 eclesiásticos entre curas, monjas, frailes y otros religiosos. También, cerca de 2,5 millones de hombres y mujeres de religión musulmana y unas 2.000 mezquitas atendidas por más de 1.500 imanes. Unos 45.000 judíos y 30 sinagogas y unos 100 cohen (sacerdote). Cerca de dos millones de evangélicos, más de 4.500 iglesias protestantes y en torno a 5.000 pastores protestantes (sacerdote). Además, otras confesiones como budistas, mormones, ortodoxos y Testigos de Jehová, todas ellas exentas del pago de impuestos. Y las nuevas como la Iglesia de la Cienciología u otras. Ya están en el Ministerio de Justicia, desde hace años, las reclamaciones de los representantes de todas estas confesiones religiosas, exigiendo que se les trate de igual manera que a la iglesia católica, en materia de financiación u otras prebendas. Cuando lo consigan las televisiones públicas solo emitirán programas religiosos y casi todo el dinero de los impuestos, tendrá que dedicarse para mantener a clérigos y los varios representantes de todas las confesiones religiosas. Para los hospitales públicos, las carreteras, la educación…, y otros servicios públicos, ya no quedará dinero…
Como en otros muchos aspectos, parecería que nos quieren hacer regresar a tiempos que parecía ya teníamos olvidados y, o nos oponemos a ello, o nos vemos asistiendo a misa por obligación y con el velo, eso sí, las mujeres delante y los hombres atrás …
Juan Manuel del Castillo, miembro de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid (ALRV).
