En el Congreso de la República circula la iniciativa de Ley de libertad de religión, creencia, culto y conciencia, dirigida a exonerar a los ministros de culto de toda responsabilidad en el caso de que recibieran dinero de fuentes ilícitas. Esta iniciativa solo servirá para que los ministros de culto, sin responsabilidad, laven dinero a su sabor y antojo, lo cual sería, sin duda, de gran ayuda a los funcionarios públicos, diputados y jueces y magistrados que tienen mucho dinero en caletas, con dificultad de lavar. También ayudaría a lavar dinero producto de la extorsión y del narcotráfico. La iniciativa deberá conocerse como la ley de autorización del lavado de las iglesias. Con ella, los ministros de culto legalmente estarían más allá de la IVE y DEA. ¡Del carajo!
La iniciativa establece que “las entidades religiosas no están facultadas para realizar fiscalización, investigación o averiguación de los fondos de sus donantes; dicha función es exclusiva de las autoridades competentes”. ¡Se les prohíbe tener este cuidado necesario! Así, como lo lee: “no están facultadas” para averiguar el origen de los fondos que reciban.
Por un mínimo de ética, a los ministros de culto no se les puede quitar la responsabilidad de velar para que a sus sagradas y virginales arcas no ingresen fondos contaminados, de origen espurio. ¡Fondos del diablo! Es muy fácil decirles a los ministros de culto que reciban todo el dinero que les ofrezcan, sin atender juicios de prudencia. Esta es una responsabilidad inherente igual a partidos políticos, empresas comerciales o entidades religiosas. Estas últimas deben ser especialmente responsables, dado su carácter espiritual. Es obvio que en una colecta dominical ingresa dinero cuya procedencia es anónima. Pero este no es el caso que preocupa a los ponentes de la iniciativa. Esta va dirigida, sobre todo, a los casos en los que un narcotraficante o funcionario corrupto se acerque a un ministro de culto para dar un donativo millonario. En este caso, este debe tener cuidado. No se trata solo de decir: vénganos tu reino.
Como en lo penal la ley es retroactiva cuando beneficie al reo, todos los ministros de culto quedarían libres de todo delito del pasado por todos los casos en los que, a sabiendas, hayan recibido dinero de procedencia ilícita. Voy a citar dos casos. El pastor Cash Luna vivió a la vecindad (sin verja interna de separación entre el jardín de las dos casas y aparentemente con una sola puerta a la calle) de una de las mayores narcotraficantes y lavadoras, Marllory Chacón. Un medio televisivo estadounidense, aportando algunos detalles, señaló que Cash lavó dinero de la narcolavadora. De aprobarse esta iniciativa, Cash quedaría exonerado del supuesto lavado que a sabiendas habría hecho a Marllory. ¡Delicado!
Igual exoneraría a los pastores de una denominación cristiana por el caso de Chamalé. Cerca de la frontera surocciental del país figuraba un devoto feligrés de una iglesia evangélica, conocido como Chamalé, quien tenía fama de narcotraficante y lavador. En su imaginario cristiano, Chamalé creía que podría evadir la justicia ayudando a la iglesia a la que pertenecía. Así empezó a construir templos cristianos evangélicos, uno de ellos inclusive con aire acondicionado. Todo para no caer preso. Creía que por ser generoso y pagar diezmos en exceso, Dios lo iba a ayudar a evadir la justicia. Para que oraran por él, a los pastores les regaló picops último modelo y les asignó guardaespaldas. Finalmente cayó preso. Fue extraditado a Estados Unidos el 22 de mayo de 2014. Los pastores sabían muy bien el origen del dinero. Yo conocí dos de las 30 narcoiglesias construidas por el narcotraficante. No obstante la proveniencia ilícita de los fondos, esos templos nunca fueron sujetos de extinción de dominio. Con la aprobación de esta iniciativa, los pastores que vivieron a lo grande con las dádivas de Chamalé quedarían exonerados de todo delito, seguramente no de pecado. Y así podríamos seguir citando casos.
Los ministros de culto deben abstenerse de todo lavado. Así, no obstante que en los servicios del domingo una entidad religiosa podría recolectar Q100 mil, el ministro de culto podría ir el lunes a depositar un millón (parte podría ser inclusive en billetes de veinte dólares) en las cuentas de la iglesia de su propiedad, de fondos supuestamente recabados el domingo en concepto de diezmos, ofrendas u otros donativos. En este hipotético caso, el ministro de culto recolectaría Q100 mil y lavaría Q900 mil. Hasta un ministro de culto con 10 feligreses podría depositar bancariamente millones de quetzales de diezmos y ofrendas del demonio. ¡Menudo negocio! Realizado esto en todos los rincones del país y bajo todas las denominaciones religiosas o pseudorreligiosas, el hecho podría convertirse en la fuente más efectiva de lavado. Ser ministro de culto sería el mejor negocio (en realidad, en parte ya lo es). ¡Habría una forma exprés no solo de hacer dinero, sino de lavarlo! Sin responsabilidad. En estos tiempos de tanta moral degradada, los ministros de culto deben ser extremadamente cuidadosos con los donativos cuantiosos que reciban. No se les puede quitar esta responsabilidad.
La Constitución Política garantiza la libertad de cultos. Todos los guatemaltecos tienen el derecho de profesar el credo religioso que deseen o ninguno. No obstante, por ser Guatemala un país laico, a los ministros de culto no se les puede exonerar de responsabilidad de sus finanzas. Por la naturaleza propia de sus cargos, deben ser cuidadosos de todo lavado. Por lo demás, la iniciativa de marras trata de legislar todo lo que es obvio e inherente a la libertad de culto, lo cual es innecesario.
La iniciativa de ley presentada por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez; por el diputado Boris España, señalado de corrupto por el gobierno de los Estados Unidos, y por otros diputados se encuentra en estudio en las comisiones del Congreso de legislación y puntos constitucionales y de gobernación. A todas luces debe ser rechazada. Los ministros de culto deben dar el ejemplo. No hacer vida el refrán: el diablo predica pero no se convierte.
