Mientras continúa el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que podría terminar con una condena esta semana, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
“Virginia Laparra es una presa de conciencia que ha sido privada injustamente de su libertad por más de nueve meses. La causa penal iniciada en su contra es infundada y se debe únicamente a su labor como destacada fiscal anticorrupción. Virginia Laparra debe recuperar su libertad de inmediato”.
El juicio en su contra por el delito de abuso continuado de autoridad, por el que podría ser condenada a una pena de hasta nueve años de prisión, comenzó el 28 de noviembre. Amnistía Internacional detectó múltiples irregularidades en la investigación y tramitación de este caso, enmarcado en un contexto de represalias y criminalización contra magistrados, jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos que lucharon contra la impunidad y la corrupción.
Virginia Laparra ha sido presa de conciencia privada injustamente de su libertad durante más de nueve meses.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Virginia Laparra fue detenida cuando salía del trabajo el 23 de febrero de 2022 y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. Amnistía Internacional concluyó que las autoridades judiciales violaron sus derechos a la libertad y al debido proceso. El tribunal que conoció del caso excedió injustificadamente el plazo para rendir su primera declaración y denegó sus solicitudes de continuar su juicio en libertad por motivos arbitrarios.
Desde 2019, la exfiscal ha tenido que defenderse simultáneamente en dos procesos paralelos iniciados por la misma querellante en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, a pesar de que se refieren a los mismos hechos. El proceso penal se ha llevado a cabo a la fecha, aunque no existen pruebas que sustenten la acusación, ni claridad en cuanto a la caracterización y prueba de la supuesta conducta ilícita. Las múltiples violaciones identificadas por Amnistía Internacional también constituyen detención arbitraria, según la definición del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.
“Es inaceptable que las máximas autoridades manipulen el sistema de justicia penal para juzgar y sancionar a quienes han contribuido a avances significativos en la lucha contra la impunidad en casos emblemáticos de corrupción y violaciones de derechos humanos, dignificando así la justicia de Guatemala. a los ojos de su población”, agregó Erika Guevara-Rosas.
