El gobierno de Giammattei ha quedado pintado como lo que José Rubén Zamora llama una cleptocracia, que se dedica a saquear al Estado
La detención de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico de Guatemala y uno de los periodistas más reconocidos de América Latina, ocurrió el viernes pasado en su vivienda, mientras fiscales y policías allanaban también las oficinas del diario. Declarado bajo reserva el caso, las autoridades no dijeron ni en un lugar ni en el otro qué buscaban ni bajo qué cargos se llevaban a Zamora. Ante la protesta internacional, el Fiscal Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, se vio obligado a aclarar: “La aprehensión no tiene ninguna relación con su calidad de periodista sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario”.
¿Qué esperaban que dijera? ¿Que lo detienen por el periodismo de su medio que denuncia la corrupción, que tanto incomoda a funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al presidente Alejandro Giammattei y su gabinete, a la jefa del Ministerio Público Consuelo Porras y al mismo Curruchiche? ¿Que Zamora es una de las principales voces críticas contra la toma del Estado perpetrada por los mismos oscuros poderes que sacaron a la CICIG, que han montado casos contra jueces, magistrados y fiscales, incluyendo a Claudia Paz y Paz y al ex fiscal especial Juan Francisco Sandoval? ¿Que por eso lo han detenido? No. Lo acusan de lavar dinero.
Las legislaciones centroamericanas tienen, palabras más o menos, la misma definición para el delito de lavado de dinero: es el acto de administrar, invertir o tener dinero sabiendo que proviene de la comisión de otro delito. En otras palabras, es el intento de legalizar dinero de origen ilegal, llámese narcotráfico o corrupción o extorsión. Con otro agravante: el delito es tan grave que la persona acusada no puede defenderse en libertad. El juicio debe enfrentarse encarcelado.
Acusar a Zamora de este delito es establecer públicamente, desde el Estado, la imagen de alguien que trabaja para el crimen organizado. Deslegitimarlo. Igual que hoy a él, la dictadura nicaragüense acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro de lavado de dinero y embargó sus oficinas. A mí también el presidente salvadoreño Nayib Bukele me acusó, en cadena nacional de televisión, de lavar dinero, mostrando imágenes mías.
Hace unos meses, José Rubén Zamora me llamó para solidarizarse conmigo y El Faro, el periódico que dirijo, por las múltiples auditorías amañadas en nuestra contra, ordenadas por el ministerio de Hacienda de Bukele en su intento por construir en contra nuestra casos de lavado de dinero o de evasión de impuestos. Sus largas décadas de experiencia en un país como Guatemala, donde no termina de aclarar cuando ya oscurece de nuevo, han expuesto a José Rubén y elPeriódico a varias auditorías de este tipo. Es el modo en que operan aquellos que quieren silenciarnos. No me dio muchos consejos ni grandes consuelos, pero me ofreció su casa y me dijo que al final aquellos que nos acusan para tapar sus propios delitos terminarán en la cárcel. Paradójicamente, es él quien está hoy preso.
Él, quien desde hace años denuncia a políticos y militares de su país de apropiarse indebidamente de dinero, de obtenerlo de manera ilícita y luego legalizarlo; es decir, de lavado de dinero. Pero no son aquellos los presos, sino él.
Centroamérica vive hoy un gravísimo retroceso democrático en el que los gobernantes concentran cada vez más poder a costa de los derechos constitucionales de sus ciudadanos. El mayor ejemplo es la dictadura de Ortega en Nicaragua, seguida por el autoritarismo millenial de Bukele en El Salvador; y Giammattei y los grupos narcopolíticos, empresariales y militares en Guatemala. En los tres países el retroceso institucional va de la mano con la corrupción escandalosa y la falta de contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. En estas condiciones, el periodismo se convierte en el último dique para contener el atropello impune, a través de la investigación, la denuncia y el cuestionamiento crítico al ejercicio del poder.
Tanto la fiscal al frente del Ministerio Público, Consuelo Porras, como Curruchiche, el fiscal que ordenó la detención de Zamora, han sido señalados por actos de corrupción, plagio u obstaculización de investigaciones contra la corrupción, no solo en Guatemala sino internacionalmente. Ambos fueron incluidos en la lista Engel y no han ocultado su intención de vengarse contra todos los operadores del sistema judicial que durante los años de la CICIG intentaron limpiar la corrupción en Guatemala. El mismo día de la detención de Zamora ordenaron y ejecutaron también la captura de la auxiliar del Ministerio Público, Samari Gómez, sobreviviente de la Fiscalía Especial que dirigía Juan Francisco Sandoval, hoy en el exilio. Hay 24 exoperadores del sistema de justicia (exfiscales y jueces) exiliados por la persecución de Giammattei, Porras y Curruchiche, y cinco procesados en Guatemala. Es la venganza del viejo sistema contra quienes estorbaban, o aún estorban, la toma total del sistema de justicia en manos de Porras y Curruchiche. Que sean ellos, los señalados por corrupción, los que encabecen la persecución contra Zamora, ya da muchas luces sobre este proceso.
El de José Rubén Zamora no es, lamentablemente, un caso aislado en la región. En Guatemala, ya el año pasado denunciábamos la persecución judicial contra otras y otros periodistas: Carlos Choc, Anastasia Mejía, Juan Luis Font, Sonny Figueroa, Marvin del Cid, Claudia Méndez y el propio Zamora, a quien le estaban reabriendo viejas causas judiciales ya agotadas.
En Nicaragua, hay dos periodistas y seis personas más vinculadas a medios de comunicación presas en las cárceles de Ortega. Uno de ellos, Miguel Mora, lleva cuarenta días en huelga de hambre en protesta contra la tortura de que son objeto los presos políticos. Una gran cantidad de periodistas, incluyendo a Chamorro, tuvieron que partir al exilio. Nicaragua es hoy un país sin periódicos impresos, tras el cierre de La Prensa por embargo del papel y la captura de su gerente; y justo esta semana la policía orteguista cerró siete radioemisoras católicas, porque criticaban a la dictadura.
En El Salvador, son ya docenas de colegas espiados, perseguidos, acosados y difamados por Bukele y sus voceros. Solo en El Faro, CitizenLab encontró que 22 de nosotros teníamos los teléfonos infectados con Pegasus, un sistema de espionaje que permite activar en vivo cámara y micrófonos y extraer toda la información del aparato. Hemos sufrido seguimientos, campañas de deslegitimación apadrinadas por el propio Bukele, espionaje con drones en nuestras casas (uno de esos aparatitos, después de un par de visitas a unos metros de distancia, entró muy campante la tercera vez por el ventanal de mi estudio y flotó, con toda impunidad, durante unos momentos frente a mi), linchamientos en redes, amenazas… Tras nuestras investigaciones que revelaron las negociaciones entre el gobierno salvadoreño y las pandillas, la bancada del partido oficial aprobó una ley mordaza, que prevé penas de hasta 15 años para periodistas y representantes de medios que publiquemos cualquier cosa sobre pandillas que se salga del discurso oficial.
La intención de las autoridades en nuestros países es la misma: desprestigiarnos y silenciarnos para que no sigamos investigando ni publicando actos de corrupción.
No es casual que, el lunes siguiente a la captura de José Rubén, la oficina del fiscal Curruchiche haya ordenado congelar las cuentas bancarias del periódico. Sin dinero no podrán comprar papel ni pagar a sus empleados. Sin dinero, el medio más importante de la historia reciente de Guatemala morirá, con su fundador en la cárcel.
Las autoridades guatemaltecas podrán pensar que con ello se han quitado ya un problema de encima, pero en realidad han causado otro mayor: han despertado una protesta internacional de periodistas, de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de gobiernos de varios países. Porque nadie cree que José Rubén sea lavador de dinero y tampoco nadie cree que el sistema de justicia guatemalteco sea hoy capaz de brindarle las mínimas garantías para su defensa. El gobierno de Giammattei ha quedado pintado como lo que José Rubén Zamora llama una cleptocracia, que se dedica a saquear al Estado y por tanto necesita deshacerse de sus críticos. Hoy el grupo que gobierna Guatemala tiene a un prominente preso político, ante los ojos del mundo. Y a un periodismo centroamericano harto ya de que los corruptos intenten silenciarnos. Mi solidaridad con la familia Zamora, y con los colegas de toda la región.
Esta columna fue originalmente publicada en El Faro.
