El principal abogado del presidente estadounidense forma parte de un entramado que ha destinado grandes sumas de dinero para financiar acciones contra los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ en los cinco continentes.
Dinero oscuro para fomentar los recortes de derechos a nivel global. A pocos días de las elecciones en EEUU, una investigación revela que varios grupos ultracatólicos vinculados con la administración de Donald Trump han destinado grandes sumas de dinero para impulsar agendas antiderechos en un amplio número de países. Entre los principales rostros de esos grupos figura Jay Sekulow, abogado de Trump.
De acuerdo a una investigación publicada este martes por la plataforma openDemocracy, 28 «instituciones cristianas» de carácter ultraconservador «han construido un aterrador imperio mundial» que en los últimos años ha movido cerca de 270 millones de dólares para financiar tales campañas de odio.
En este contexto, el informe subraya que estas organizaciones han estado involucradas activamente en los recortes de derechos producidos bajo el gobierno ultraconservador de Polonia. Se detalla así que estos grupos han presentado escritos ante los tribunales «apoyando las controversiales restricciones al aborto del gobierno polaco«, al tiempo que han apoyado activamente al Ejecutivo de ese país «en su disputa en curso contra las zonas ‘Libres de ideología LGTB'», una campaña de marcado carácter homófobo a la que ya se han sumado unas 100 ciudades y regiones de Polonia.
Del mismo modo, estos grupos han respaldado «restricciones contra los anticonceptivos, el divorcio, el aborto, la adopción para parejas del mismo sexo y derechos de los individuos trans en Europa, desde Italia hasta Austria, Noruega y Francia». También han apoyado campañas en pro de la pena de muerte para personas homosexuales en África e incluso han «publicado información falsa acerca del coronavirus».
«Muchos de estos grupos también han estado asociados a la controversial red conocida como Congreso Mundial de Familias, cada vez más vinculada a políticos de ultraderecha en Europa», señala openDemocracy. Según ha podido comprobar Público, la plataforma CitizenGo de Hazte Oír forma parte del denominado Congreso Mundial de Familias.
En Europa han gastado al menos 88 millones de dólares en estas campañas
El principal foco de «inversión» de estos grupos ultracatólicos ha sido Europa, donde han gastado al menos 88 millones de dólares en este tipo de campañas. La mayor parte de ese dinero negro que se destinó a acciones en Europa provino de la organización Alliance Defending Freedom, «estrechamente vinculada a la administración Trump mediante sus exempleados». Este grupo cuenta con representantes en Bruselas, donde gasta hasta 300.000 euros anuales en acciones de lobby.
Las campañas en Europa también han estado respaldadas económicamente por el grupo ultracatólico American Center for Law and Justice (ACLJ). Su abogado jefe es precisamente Jay Sekulow, quien al mismo tiempo trabaja para Trump. «En Europa, estos grupos americanos han estado involucrados en al menos 50 casos legales, incluyendo numerosos casos contra los derechos sexuales y reproductivos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), señala el informe.
«Ninguno de los 28 grupos investigados divulgó la identidad de sus donantes»
La falta de transparencia es otro punto clave de esta historia. Según señala el documento conocido este martes, «ninguno de los 28 grupos investigados divulgó la identidad de sus donantes». En tal sentido, se destaca que «varios de ellos tienen vínculos con famosos individuos multimillonarios conservadores«, entre los que se cita expresamente a los hermanos Koch, señalados como financiadores del ultraconservador Tea Party.
«Transparencia y rendición de cuentas»
La plataforma openDemocracy, autora de este informe, es un medio digital independiente que «tiene como eje la defensa de los derechos humanos y trabaja para producir pensamiento libre para el mundo». «Somos un espacio de debate democrático, inclusivo y plural sobre los asuntos políticos, sociales y medioambientales que afectan a toda la ciudadanía», explica en su página web. Precisamente, entre sus postulados figura la defensa de la «transparencia y la rendición de cuentas».
