En el marco de la convocatoria a nivel nacional “No son 1.000, son 100.000”, Granada Laica y la Plataforma nacional ‘Recuperando’ convocaron el día 16 de febrero, frente a la Subdelegación del Gobierno en Granada, una concentración para reclamar al presidente del Gobierno una entrevista en la que abordar la devolución de los numerosísimos y valiosísimos bienes inmatriculados por la Iglesia católica. En el caso de Granada, del orden de un millar. Unos minutos antes de la concentración, se presentó en el Registro de la Subdelegación del Gobierno esa petición formal al presidente Pedro Sánchez.
Cabe destacar que unas concentraciones similares se realizaron en otras ciudades españolas, y que estuvieron apoyadas por asociaciones de cristianos, demostrando que la reivindicación no tiene nada de antirreligiosa.
Acudieron a la convocatoria unas 70 personas, que apoyaron la queja por el muy incompleto y deficiente listado de bienes inmatriculados que hizo el Gobierno el año pasado; entre otras cosas, no contempla las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 1998. También se rechaza que el reciente informe de la Conferencia Episcopal se presente como un gesto positivo de la Iglesia, pues los 1.000 “errores” que enumera no conllevan la devolución de ni uno solo de los bienes apropiados ilegítimamente. Y, aunque así fuera, no se trata de 1.000 bienes, sino de 100.000.
En el comunicado que se leyó, se destacó que en Granada Laica hemos realizado un análisis, basado en los datos registrales recopilados por nosotros, del informe episcopal y del listado del Gobierno. Éste sólo recoge 244 bienes en la provincia, y no encuentra ninguno en 107 municipios. Nosotros, por el contrario, hemos encontrado datos de muchas de esas localidades, hasta sumar un total provincial de 1.047 bienes registrados. En su informe sobre los 244 del listado gubernamental, la Iglesia dice tener título de propiedad ¡sólo de 35, es decir, del 14 %! Se han registrado sin título de propiedad inmuebles tan extraordinarios como la Catedral, la Capilla real, la iglesia de Santa Ana (registrada cuando legalmente no se podía), etc., etc.
El comunicado continuaba diciendo: “Si el Gobierno de coalición no está a la altura de su compromiso histórico y los tribunales siguen dando cobertura a este expolio, la coordinadora Recuperando y las organizaciones que la integran seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica. Seguiremos luchando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro”. En definitiva, seguiremos reclamando “información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público”.
