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Granada Laica y la plataforma ‘Recuperando’ se concentraron frente a la Catedral de Granada (inmatriculada por la Iglesia) exigiendo la recuperación de nuestro patrimonio público

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El Independiente de Granada

Colectivos ciudadanos se movilizaron el 10 de noviembre en más de 20 ciudades para denunciar los incumplimientos del Gobierno en materia de inmatriculaciones. 

En el marco de la convocatoria a nivel nacional “Recuperando nuestro patrimonio público”, unas decenas de miembros de Granada Laica (integrada en la plataforma ‘Recuperando’) y otr@s ciudadan@s se concentraron el pasado jueves 10 de noviembre de 2022 en la Plaza de las Pasiegas (frente a la entrada principal de la Catedral) reclamando a la Iglesia y al Estado la devolución de las propiedades inmobiliarias y otros bienes inmatriculados ilegítimamente por la Iglesia católica.

El acto tuvo un carácter jovial pese a la gravedad de lo denunciado. Hubo canciones ‘adaptadas’ de Carlos Cano, Paco Ibáñez, Tomasito…, que ponían en evidencia la escandalosa magnitud del robo eclesiástico y de la complicidad del Gobierno. Una sorpresa fue la intervención de quien parecía ser el mismísimo arzobispo de Granada, aunque hubo dudas, sobre todo cuando rezó “Inmueble ahora-nuestro que estás en el suelo, inmatriculado sea tu nombre…” o bendijo “¡In nomine Robus Patris, et Saqueus Filii et Expolius Sancti! Paamén.”

Una representante de Granada Laica leyó un manifiesto (adjunto), tras lo cual l@s participantes rodearon la catedral (precedidos por el “arzobispo”) portando su pancarta y sus carteles, y coreando lemas como “¡No al expolio de nuestro Patrimonio!”, “¡Iglesia, ladrona, devuelve lo que robas!”, «¡La Iglesia con el Gobierno, nos roba lo que es nuestro!», “Le echo agua bendita, y ni Dios me lo quita”, etc.

Granada Laica. 11 de noviembre de 2022.

Recuperando nuestro patrimonio público

El entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en 2020, en su discurso de investidura, a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hubieran sido inmatriculados indebidamente por la jerarquía católica. El compromiso, recogido en el punto 5.11 del Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo en defensa del patrimonio público de colectivos ciudadanos, y parecía que algo podía cambiar.

Pero, simultáneamente, los contactos opacos entre el Gobierno y la jerarquía eclesiástica avanzaban en sentido contrario, y se retenía la información sobre los bienes inmatriculados.

La difusión, en 2021, del inventario de bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015 fue un éxito de las organizaciones que se agrupaban en la plataforma ‘Recuperando’. Pero el listado gubernamental fue muy incompleto. Por ejemplo, no ofrece las notas simples, imprescindibles para identificar y conocer lo inmatriculado. Y no incluye los bienes inmatriculados desde 1946 a 1998 en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que otorgaba a la Iglesia católica un privilegio claramente inconstitucional. Incluyéndolos, la cifra de bienes inmatriculados podría triplicarse.

En definitiva, el Gobierno de coalición dio carpetazo a este monumental escándalo patrimonial en quebranto manifiesto de su compromiso electoral y programático con la ciudadanía. Fue una salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional y representa una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado pruebas documentales de propiedad.

El Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones, y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales. Esta renuncia gubernamental solo se puede explicar desde la cobardía histórica para frenar los seculares privilegios de la Iglesia católica.

Las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho por contravenir la Constitución española. El Gobierno debe declarar la nulidad de todas aquellas inmatriculaciones que se realizaron al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria del franquismo con una simple autocertificación eclesiástica. A partir de ahí, los obispos podrían inscribir legítimamente, ya sin ventajas registrales, los bienes cuya pertenencia acrediten fehacientemente. Pero bienes de especial relevancia cultural, como la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Granada, el tesoro mudéjar de Aragón o el arte prerrománico de Asturias, entre una infinidad más, deben ser adscritos al dominio público por pertenecer a toda la ciudadanía.

En Granada, tenemos como ejemplo significativo, que no figura en el listado del Gobierno, el conjunto catedralicio de Granada (Catedral, Capilla Real y Sagrario), registrado por el arzobispado el 22 de junio de 2015. Tampoco recogió el listado otras iglesias y bienes inmuebles de la provincia en Atarfe, Moclín, Alhama, Almuñécar, Maracena, Armilla, Albuñol, etc. Otro ejemplo significativo es el de la iglesia de Santa Ana (más la casa rectoral y los jardines), inscrita para la Iglesia en 1991, a pesar de que eso no era legal antes de 1998. De hecho, en el listado del Gobierno solo aparecen 244 bienes inmatriculados en Granada, cuando en realidad son un total de al menos 1.047 inmuebles.

Consideramos que el dislate gubernamental ha tenido como consecuencia que se legitime la mayor parte del expolio llevado a cabo por la Iglesia católica a lo largo de siete décadas. El Gobierno se ha hecho cómplice del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España.

Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, la plataforma Recuperando, y todas las organizaciones que coordina, como Granada Laica, sí lo están. Reclamamos de la comunidad política que busque fórmulas normativas para declarar nulas todas las inmatriculaciones realizadas sin título suficiente, y en particular el patrimonio histórico de raíz religiosa, el cual debe estar afectado al dominio público.

Y seguiremos manteniendo convocatorias de movilización para denunciar esta situación, emplazando a las fuerzas políticas y al Gobierno a que cumplan con sus compromisos adquiridos. Pedimos a la ciudadanía que no se deje robar lo que le pertenece, de incalculable valor económico, histórico y patrimonial.

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