A Carlos Cano Navarro y María del Carmen Bajo Cremer les han impuesto una condena de 3 años por formar parte de un piquete informativo en la huelga general del 29 de marzo de 2012, sin que ejercieran ninguna acción violenta.
Consideramos la sentencia no sólo injusta, sino como un caso más, y muy grave, de atentado contra la libertad de expresión. Especialmente inicuo por venir del propio poder judicial. Si lo unimos a otras actuaciones (como la multiplicación indiscriminada de multas) y proyectos legislativos en el mismo sentido, nos encontramos ante lo que parece una estrategia disuasoria de protestas callejeras incómodas en la que participan instancias policiales, políticas y judiciales.
Esta limitación de la libertad de expresión es una criminalización de derechos elementales, incluso una criminalización de la inteligencia, pues la inteligencia es de por sí crítica, y son algunas formas de crítica ciudadana a ciertos poderes las que se quieren eliminar por la vía represiva. Esta represión es sencillamente incompatible con la democracia y el Estado de derecho.
Desde Granada Laica, como defensores de la libertad de conciencia, repudiamos radicalmente estas acciones ilegítimas, y apoyamos la manifestación en favor de Carlos y Carmen el viernes 30 de mayo a las 19 hfrente a la subdelegación del Gobierno. Animamos a los ciudadanos a manifestarse, pues está en juego nuestra libertad y nuestra dignidad frente a lo que consideramos atropellos de cariz totalitario.
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