Testigos de Jehová, durante la celebración de un acto religioso en Laudio.Foto: Efe
Jonan Fernández presenta el proyecto de ley de igualdad para todas las religiones
El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, explicó que el derecho a abrir centros de culto sin sufrir discriminaciones es la “plasmación más concreta” de la libertad religiosa.
Fernández compareció ayer en una comisión del Parlamento Vasco para presentar el proyecto de Ley de Lugares, Centros de Culto y Diversidad Religiosa de Euskadi, que aprobó el Ejecutivo autonómico en Consejo Gobierno el pasado junio. El proyecto busca garantizar la igualdad de culto para todas las religiones, proteger la convivencia y diversidad de las confesiones y evitar cualquier tipo de discriminación o restricción arbitraria en la apertura de los centros religiosos.
La ley incide en el derecho de las diferentes iglesias y confesiones a disponer de lugares destinados al ejercicio de la libertad religiosa y de culto en condiciones de igualdad y prohíbe a los ayuntamientos que actúen con criterios que puedan generar situaciones de discriminación mediante mecanismos de planificación urbanística. Para ello, recordó Fernández, los planes municipales futuros deberán contemplar, en función de la disponibilidad de suelo existente, reservas para equipamientos colectivos privados de carácter religioso de acuerdo con las necesidades detectadas, sin poder discriminar unas confesiones respecto de otras.
Fernández explicó que esta cuestión es capital a la hora de garantizar la libertad de culto y religiosa, porque si no garantizan la igualdad por parte de los poderes públicos se quedarían en meras declaraciones de conceptos en favor de esa libertad. El secretario general afirmó que la elaboración de esta ley es “una demanda de las confesiones minoritarias”, ya que la realidad “no se puede considerar normalizada”.
El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco aclaró que esta regulación no debe pensarse como una respuesta a corto plazo, sino que busca “normalizar la realidad religiosa” en Euskadi con un horizonte de medio plazo.
Fernández recordó que lo que pretende este texto es establecer fórmulas para evitar la discriminación entre diferentes confesiones, reforzar el marco de garantías para evitar la marginación a la hora de abrir centros de culto y crear mecanismos de “diálogo y encuentro religioso”. Con esta última idea se refería a la creación del Consejo Interreligioso Vasco como órgano de diálogo y colaboración de las instituciones con las diferentes confesiones y comunidades religiosas con la misión de preservar y promover una convivencia basada en el respeto al pluralismo religioso y a los derechos y deberes.
CRÍTICAS DEL PP Y EH BILDU Este fue uno de los aspectos criticados por Carmelo Barrio, del PP, el grupo más crítico con el proyecto, al entender que se trata de una ley “declarativa”, un tanto “estética” y que no es necesaria porque los aspectos fundamentales que aborda están regulados por la ley orgánica de 1980 sobre libertad religiosa y por las distintas normativas urbanísticas municipales. Sobre el Consejo Interreligioso, el parlamentario del PP denunció que el proyecto remita al Gobierno vasco la definición de su composición, de sus funciones y normas de funcionamiento.
PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos consideraron positiva y necesaria la aprobación de la ley, que el parlamentario nacionalista Joseba Zorrilla espera se produzca antes de que concluya la presente legislatura, mientas que Euskal Herria Bildu vio “algunos vacíos” en el texto. El parlamentario de esta última formación Josu Estarrona dijo que no aporta “ninguna cuestión novedosa” a lo establecido por la ley de 1980 y las normativas urbanísticas y que se limita a una función de mera “ordenación” con algunas “carencias”.
