La decisión del Papa de reabrir el proceso canónico de uno de los casos de pederastia más mediáticos de la última década juzgará al profesor condenado pero también revisará la actuación del Opus Dei y del colegio, pese a su oposición
“Depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas”. Con estas palabras el Papa Francisco ha encomendado al obispo de Teruel, José Antonio Satué, la misión de instruir un proceso canónico sobre el llamado ‘caso Gaztelueta’. La decisión del Pontífice, adelantada por elDiario.es, supone reabrir el procedimiento cerrado en falso dentro de la Iglesia pero que en la justicia civil acabó con la condena por pederastia a un profesor del colegio que el Opus Dei tiene en Leioa, Bizkaia. Pero la medida ha sido recibida con preocupación por amplios sectores eclesiásticos, que temen que este sea un primer paso para revisar otros procesos similares del pasado.
El de Gaztelueta es un caso peculiar, toda vez que la Congregación para la Doctrina de la Fe, a quien Bergoglio encargó en 2014 una investigación, cerró de forma abrupta y sin dejar participar a la víctima ni a sus abogados en el proceso. Llegó a aducir falta de pruebas e incluso exigió “reponer el buen nombre del profesor falsamente acusado”.
Un docente, José María Martínez Sanz, que finalmente fue condenado por la Audiencia Provincial de Bizkaia por abusar sexualmente de forma continuada de un menor de 11 años. La sentencia fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo, aunque rebajada a dos años al no poder probarse suficientemente algunas de las prácticas. Sin embargo, ni Roma ni el Opus Dei cambiaron su postura. Ni pidieron perdón a la víctima, pese a las reiteradas peticiones de la familia.
Ahora, a través de una carta fechada el pasado 12 de agosto y firmada por el Papa Francisco, la eterna petición de la familia de la víctima se hacía oficial. El Pontífice le informaba así de que había ordenado la reapertura del caso, nombrando un tribunal y a sus miembros. La comisión, además de por el obispo de Teruel, estará formada por José Luis Perucha Rojo, rector del Seminario de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, que actuará como notario. Como asesores, la rectora de la UPSA, Mirian Cortés Dieguez, y el vicario general de Jerez, Federico Mantaras Ruiz-Berdejo.
¿Cuál será su misión? “Se va a comenzar de cero, aunque se tendrá muy en cuenta qué se hizo, qué no se hizo y sobre todo, quiénes y cómo lo hicieron”, señalan fuentes cercanas a un proceso que, afirman, “tiene que rehacerse por completo”. Las mismas fuentes subrayan la intención del Papa de “depurar responsabilidades” por los errores cometidos en la anterior fase. De hecho, aclaran que por el momento el trabajo será similar al de un juez de instrucción pero que, llegado el caso, no solo se juzgará al pederasta condenado por la justicia civil, sino que “se revisarán todas las actuaciones de todos los implicados”. También del Opus Dei. Y también, llegado el caso, de los cardenales Müller o Ladaria, ex prefecto y prefecto, respectivamente, de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El Opus Dei se afana en exculparse
Una tesis que choca el lacónico comunicado que este jueves emitió la Prelatura del Opus Dei, en el que la Obra asegura que el proceso está única y exclusivamente dirigido “al ex profesor del colegio Gaztelueta, condenado por la Audiencia de Bizkaia en 2018 por abusos sexuales a un alumno”, y no a todos los implicados, directa o indirectamente, en el proceso.
En dicho comunicado, la Obra dedica dos de los seis párrafos a recordar que “en 2020, el Tribunal Supremo rebajó la condena de once a dos años de prisión al apreciar ‘una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo’ en el proceso” y a señalar que “en el año 2015, la Congregación para la Doctrina de la Fe realizó una investigación, que concluyó con la inocencia del profesor”. Al tiempo, la nota añade que “el profesor ha pedido que se remita a los medios de comunicación interesados a su abogada, para evitar interferencias de terceros en los procesos eclesiásticos y civiles abiertos”.
El docente, por su parte, emitió otro escrito en el que mostraba su perplejidad por “cómo se puede iniciar tal proceso (canónico) a un laico”, pero mostraba su “disposición de colaborar con las instancias competentes”. “No dejaré de reiterar mi inocencia si desean escucharme”, argumenta el también miembro de la Obra Martínez Sanz, e insiste en que está “disponible para recibir alguna comunicación oficial que me informe del proceso y sus garantías”. En este sentido, no será extraño a lo largo de todo el proceso asistir a dos versiones diferentes, la de la Obra y la de la defensa del profesor, que han decidido recorrer caminos distintos.
“Depurar responsabilidades y sanar heridas”
A partir de ahora, la investigación arrancará a instancias del Papa y dentro de la jurisdicción del Obispado de Bilbao. Una cuestión que no es accesoria, toda vez que fue en esa diócesis donde se produjeron los abusos y donde se sitúa el colegio de la Obra. Por eso no han sido el obispo de Teruel, José Antonio Satué, ni la Conferencia Episcopal ni la Santa Sede quienes han informado oficialmente de la decisión papal de “ordenar la instrucción de un proceso canónico”, sino Joseba Segura, en su calidad de obispo de Bilbao.
Es él quien, en nombre de Francisco, debe informar a los miembros de la comisión, que aún no tienen definido su papel aunque todo indica que tendrá que ver con el análisis de los expedientes del caso y de la actuación de los protagonistas. “Con este proceso se pretende depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas”, concluye la nota de la diócesis de Bilbao, que deja a las claras los dos grandes objetivos y tira por tierra la intención de la Obra de dejar todo el protagonismo al profesor condenado.
“Depurar responsabilidades y sanar heridas producidas” implica dos procesos. En primer lugar, determinar quién o quiénes deben rendir cuentas ante actuaciones ilícitas y contrarias al derecho canónico. En segundo lugar, acabar con las “heridas” de, se entiende, la víctima, que a día de hoy solo ha recibido una petición de perdón por parte de la diócesis pero no del colegio (que sigue considerando inocente a su ex profesor), ni del abusador (que reitera su inocencia), ni del Opus Dei, al que pertenecía la familia. La carta del prelado Ocáriz a Juan Cuatrecasas así lo demuestra.
Pasos a seguir
¿Qué ocurrirá entonces? Lo primero es instituir la comisión y repartir el trabajo, que se hará en dos vías: de un lado, el análisis de la documentación y del procedimiento (cómo se obtuvo y qué garantías hubo); del otro, las testificales. Parece claro que tanto la víctima como el abusador serán llamados a declarar –seguramente ante Satué, con la compañía de Perucha en su condición de notario–, en un procedimiento en el que, a diferencia del anterior, los abogados de las partes tendrán acceso a la documentación y a la asistencia a sus clientes.
Llegado el momento, los instructores podrían interrogar tanto a Silverio Nieto, encargado de una testifical a la víctima de la que su familia siempre ha renegado, como a los responsables del colegio Gaztelueta o a los jefes de la Obra en España. El desarrollo de los acontecimientos podría llevar a pedir la presencia del anterior obispo de Bilbao, Mario Iceta, y del actual, Joseba Segura, y, llegado el caso, aunque esta posibilidad está más lejos, a los técnicos de Doctrina de la Fe.
Con toda la información, el tribunal determinará si solicitar a la Santa Sede la apertura de un juicio canónico, archivar el proceso o considerar que se puede tomar una decisión con la investigación realizada. Lo que parece evidente, y así ha podido constatar este medio de distintos implicados, es que la intención del Papa es la misma que aparece al final del comunicado de Joseba Segura: “Depurar responsabilidades y sanar las heridas producidas”.
Y para ello, es condición imprescindible un proceso de escucha, participación y empatía con quien (con sentencia firme del Tribunal Supremo en la mano) es una víctima de abusos. Y también con quien (con sentencia firme del Tribunal Supremo en la mano) ha sido condenado por abusar de menores. El objetivo es la búsqueda de la verdad canónica. Porque la jurídica ya está clara.
