Sale adelante el informe menos duro con el proyecto, que insta a no obligar a seguir adelante con el embarazo en caso de malformaciones, y aún así se producirán once votos particulares
Alberto Ruiz-Gallardón ha salvado por la mínima que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pida la retirada de su anteproyecto de reforma del aborto, pero lo ha hecho con un alto costa: la imagen del organismo totalmente fracturada entre progresistas y conservadores y éstos últimos haciendo equilibrios para salvar la cara del ministro. Porque el informe, que es preceptivo pero no vinculante, se muestra crítico con el proyecto y pide directamente la retirada de uno de sus puntos más polémicos: obligar a seguir adelante con el embarazo aún en el caso de malformaciones.
Diez a favor, ocho en contra y tres abstenciones
El órgano de gobierno de los jueces ha sacado adelante con diez votos a favor, incluido el de su presidente, Carlos Lesmes, el informe basado en la ponencia de la vocal conservadora Carmen Llombart. La ponencia más crítica, que pedía la retirada del anteproyecto, firmada por Pilar Sepúlveda, ha sido apoyada hasta por ocho vocales, la minoría progresista, a los que se suman otros tres conservadores que se han abstenido porque creen que el ejecutivo debería haber esperado para reformar la actual legislación sobre el aborto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la misma.
El balance no podía ser más precario: once miembros del CGPJ sobre los veintiuno que lo integran consideran inoportuna la reforma o directamente piden su retirada, aunque al haber votado hoy de manera dividida no han sumado mayoría suficiente.
Los conservadores pide cambios profundos
El informe aprobado advierte de que debería ser legal el aborto eugenésico en caso de anomalía fetal aunque no se demuestre que esté afectada la salud psíquica de la madre, al entender, en palabras de Llombart, “que en ese caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido”. Asimismo, la ponencia definitivamente aprobada considera suficiente que los informes médicos exigidos por la reforma antes de la interrupción voluntaria del embarazo sean emitidos por dos médicos distintos del que practique el aborto, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro.
Progresistas hablan de la “imposición de un modelo moral”
Sepúlveda, la magistrada autora del informe del sector progresista, ha hecho pública una nota al término del pleno en el que reitera su análisis y califica la reforma auspiciada por Gallardón de “imposición de un modelo moral a costa de los derechos ajenos” como el de las mujeres embarazadas. “La ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, y la dignidad, decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido que, como ha sido sostenido por la jurisprudencia constitucional en reiteradas ocasiones, no es titular de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la vida”, ha indicado.
Alberto Ruiz Gallardón con el actual presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner. Foto Ministerio Justicia
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