El dimitido ministro de Justicia consiguió lo nunca visto: poner a todo el mundo en su contra. Desde abogados, fiscales, a jueces, funcionarios, registradores… La gota malaya acabó con la popularidad de quien pudo ser presidente del Gobierno
Nunca se sabrá si Mariano Rajoy nombró como ministro de Justicia a su eterno rival en las encuestas y compañero de partido, Alberto Ruiz-Gallardón, para que se quemara sólo o para quemarlo y acabar con él de una vez por todas, consciente que le enviaba a un ministerio complejo.
Cuando el presidente del Gobierno alcanzó el poder tenía tres grandes rivales: Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Alberto Núñez-Feijoo. Hoy sólo queda su compañero gallego de toda esa "tropa" de la que, con sorna, a veces alude el presidente.
Gallardón aspiraba a ser ministro de Defensa, pero Rajoy le tenía reservada una esquina del poder: Justicia. Le vendió la moto, y él aceptó. Pero Justicia es un ámbito con leyes decimonónicas, y muy complejo para lo que se requiere profundos conocimientos y dilatada experiencia. Por si fuera poco, no tiene un gran presupuesto para repartir favores, aunque posea gran fuerza en el Boletín Oficial del Estado. El exalcalde de Madrid entró con ansiedad en el Ministerio, dispuesto a emprender ese impulso reformista que le llevó a hacer la famosa obra de la M-30 madrileña.
Rajoy es amigo de los silencios y de dejar que los rivales se quemen en sus propios enredos. Y ese parece haber sido el caso de Alberto Ruiz-Gallardón, un político capaz de reformar la realidad con ilusión, pero también de montar un incendio para iluminarse. Gallardón aspiraba a ser el gran reformista de la Justicia; pasar a la historia por el ministro que la hacía saltar de leyes procesales del XIX y medios materiales propios de los años 80, al siglo XXI de la era del conocimiento. Y es muy posible que pase como uno de los peores ministros de Justicia de la historia de España.
Se dedicó de lleno a anunciar reformas, semana tras semana, sin tener presente que el hecho de ser fiscal de carrera no le confería el conocimiento del sector. Mientras, se rodeada de altos cargos con experiencia en el ámbito judicial, pero también dotados de eternos rivales que el ministro heredó sin ponderar sus consecuencias. Y les dejó hacer. Al mismo tiempo, se embarcó en reformas en las que, ya sea por convicción propia o ajena, consiguió lo que nadie había conseguido hasta ahora en la historia de los ministros de Justicia: poner a todo el mundo en su contra a base de podar derechos tras derechos.
A los ciudadanos les impuso unas tasas judiciales que, en plena crisis económica, han conseguido consagrar el dicho de que la justicia es cosa de ricos: no en vano hay que pagar hasta 2.800 euros para recurrir a una Audiencia en un caso mercantil, por ejemplo. La plataforma que pide la derogación de las tasas judiciales y que están en change.org lleva ya 240.000 firmas. Para los justiciables y a los abogados les aplicó una reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita, con graves consecuencias porque los servicios de orientación jurídica destinados a los más débiles , que se redujeron o desaparecieron, mientras aumentaba el derecho de quienes podía acceder al abogado de oficio pero reducía su presupuesto.
A los jueces les dedicó cinco reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir la autonomía de un órgano de gobierno a una mera dirección general y para limitar a los jueces que veía más díscolos respecto a los derechos de los desfavorecidos en esta crisis.A Gallardón no le gustaban los jueces que emprendían sumarios sobre corrupciones del poder o sobre hechos del pasado al margen de su voluntad. Tampoco le gustaba que el órgano de gobierno de los jueces se negara a cesar a Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder Judicial. "Si votáis en su contra, es la guerra", transmitió como mensaje a los vocales. Y como le desobedecieron, reformó la ley para limitar al CGPJ y convertirlo en una mera dirección general, con vocales designados a dedo por el Parlamento.
Su estilo de gestión presidencialista le llevó a imponer un modelo piramidal, más propio de un consejo de administración de una constructora que de órganos deliberativos como son en la justicia los tribunales.
Los recortes de los derechos se sucedían en plena crisis económica, mientras ignoraba a quienes le advertían sotto voce de que venía una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea demoledora y que acabaría con el sistema hipotecario español. Se puso de perfil, y la sentencia originó varios meses de vacío normativo, cubierto por las juntas de jueces convocadas por los decanos en los que decidían a partir de qué porcentaje se consideraba una comisión abusiva, por ejemplo.
Esa desconfianza hacia el juez comunitario le llevó junto a su colaborador Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a modificar la Ley del Poder Judicial para crear una ley mordaza sobre jueces y sus asociaciones, algo tamizada tras la escalada de críticas que han surgido.Y si el Tribunal Supremo declaraba abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas, pero no contemplaba el pago retroactivo de lo cobrado indebidamente, las Audiencias Provinciales respondían después con miles de sentencias en las que reconocían la devolución del dinero cobrado indebidamente por los bancos con las cláusulas suelo.
La respuesta de Gallardón no se hizo esperar, y propuso una solución nunca vista en España: crear una jurisprudencia vinculante que emana del Supremo y de obligado cumplimiento por parte de todos los jueces. Es más, en su reforma incluye que el CGPJ -nombrado por el Parlamento- elija a los presidentes de tribunales de instancia -de ámbito provincial- a los que puede retirar la confianza. Presidentes que, a su vez, pueden llegar a quitar a un juez instructor un caso y dárselo a otro. Esta reforma en ciernes levanta ampollas por cuanto lo que contiene debajo: la posibilidad de quitar un caso incómodo como Nóos o ERE a un juez y dárselo a otro.
Ya puestos a crear enemigos, suprimió los 1.500 jueces sustitutos, algunos de los cuales llevaba 20 años supliendo las carencias del sistema. Y los mandó a casa. El resultado: un ahorro económico en el papel, pero un retraso aún más grave en la realidad porque ese trabajo ya no lo hace nadie y lo tienen que hacer los jueces. Total, hay ya señalamientos de juicios de lo Social, por ejemplo, para 2018.
Gallardón se fue enredando con los anuncios de reformas. Por ejemplo, con la reforma del Código Penal que introduce endurecimientos populistas de las penas. O la privatización del Registro Civil, después de invertir 130 millones de euros en la digitalización de todos los documentos desde el siglo XIX. La vida jurídica de todos los españoles pasará a manos de los registradores, que tienen empresas privadas para gestionarlo. Al mismo tiempo, pone en peligro 3.500 empleos: los funcionarios de los registros volverán a los juzgados que mandarán a más interinos al paro. La certificación de estos documentos conlleva gastos, pero Gallardón optó por asegurar que el Registro Civil seguirían siendo gratuito. Los registradores protestaron y él siguió adelante obligándoles a aceptarlo por medio del decreto.
A los fiscales, sus compañeros de oposición, les ha ninguneado. Es más, la famosa reforma procesal que otorgaría la instrucción de los asuntos penales al ministerio público ha quedado aplazado. Mientras, hace muchos meses que no se habla con el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a quien ni siquiera ha llegado a remitir leyes que afectan a la fiscalía o a la Justicia en general.
A los alcaldes los encabritó con una reforma del mapa judicial, la llamada ley de planta y demarcación, que es como el mapa de los grandes hospitales en versión judicial. Su mapa lo elaboró sin tener en cuenta el difícil equilibrio político local. El resultado fue que seguía adelante, mientras los líderes municipales temían la pérdida de las próximas elecciones de 2015 a causa de la pérdida de ser la cabeza del partido judicial o, lo que es peor, de unir a su municipio con otro que no tenía mucho que ver. Toda esta escalada de reformas-bronca y de torpezas sucesivas eran respondidas por Mariano Rajoy con el silencio. "Yo en Justicia no me meto", decía cuando le preguntaban, y hasta le imploraban que aportara soluciones.
Rajoy dejaba hacer a Gallardón; dejaba que se enredara en sus propias contradicciones y en sus anuncios de reformas sin alcanzar antes consensos amplios entre los sectores implicados. Mientras, aquellos a los que él había nombrado se atrevían a criticar a Gallardón en los cenáculos de periodistas off the record, sabedores de que estaba de capa caída.
La reforma del aborto se fue complicando. Era el menor de sus problemas. Pero él se había comprometido a abordarla antes del verano y era una de las leyes que su padre hubiera querido emprender. En el partido crecía la discrepancia. Gallardón seguía adelante, sin tener en cuenta de que el silencio de Rajoy era una soga que le estaba enredando al cuello. Su soledad ante ese compromiso que iba a ser incumplido, la herida en su orgullo, y la bronca de los sectores más conservadores del PP decepcionados con esta decisión, le llevó a presentar su dimisión.
El tiempo dirá si es una dimisión definitiva, como aparenta ser, o es un paréntesis en un animal político que pudo presidir España gracias al tirón popular que tenía pero que fue perdiendo en su gestión de la Justicia que le ha desgastado como una gota malaya.
Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa donde anuncia su dimisión. Foto AFP
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