Estas entidades con vínculos religiosos controlan ocho de 23 centros residenciales y disponen de un total de 112 plazas de las 316 financiadas con fondos públicos.
La Consejería de Asuntos Sociales afirma que «existe respeto a las diferentes confesiones religiosas y es un principio esencial tanto para las entidades como para la convivencia de las mujeres que residen en los mismos».
Más de un tercio de los recursos residenciales para mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid están gestionados por entidades con vínculos católicos en la actualidad. Estas fundaciones controlan ocho de 23 centros de acogida y disponen de un total de 112 plazas de las 316 financiadas con fondos públicos; lo que les confiere, de acuerdo con datos oficiales a los que ha tenido acceso este medio, un papel eminentemente estructural en la red madrileña de atención a mujeres procedentes de contextos de violencia machista o riesgo.
La Fundación Padre Garralda, con raíces en el entorno jesuita, administra tres centros (dos recursos de emergencia y uno para mujeres reclusas o exreclusas) que suman 51 plazas. Por su parte, la Fundación Mariana Allsopp, vinculada a las Hermanas Trinitarias, gestiona tres centros para mujeres jóvenes con 32 plazas en total. La Fundación Luz Casanova, nacida de las Apostólicas del Corazón de Jesús, mantiene un centro de acogida con 16 plazas, y la Fundación Amaranta, del entorno de las Adoratrices, gestiona un dispositivo especializado en mujeres víctimas de trata con 13 plazas.
Lorena Morales (PSOE): «A Ayuso las víctimas de violencia de género no le importan nada. Por eso pone en el mercado los centros para acogerlas»
La portavoz de Igualdad del PSOE en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales –a quien el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso confirmó la presencia y participación de todas estas fundaciones católicas en la Red de Atención Integral para la Violencia de Género–, se ha mostrado tajante al respecto: «Este servicio está en manos religiosas de una forma llamativa. Esto nos alarma porque hay una falta de control total de la Dirección de la Mujer. Nadie garantiza que no se estén produciendo injerencias ideológicas en las mujeres más vulnerables». La socialista reclama que «estos centros sean gestionados de forma directa o, al menos, que los pliegos blinden la atención y el seguimiento que merecen las mujeres y sus criaturas. Esas que para Ayuso son ciudadanas de segunda«, expresa Morales.
La presencia de mencionadas entidades con vínculos católicos en la red pública se refleja en el volumen económico que manejan, de acuerdo con lo recogido en el portal de contratación autonómico. Solo si se atiende a los últimos años, se puede observar que, entre 2023 y 2025, la Fundación Mariana Allsopp ha recibido contratos por valor de 2.685.576 euros para la gestión de dos de los centros que tiene adjudicados. A ello se suma un tercer contrato en 2023 por 570.000 euros, con una prórroga incluida de 285.000 euros.
La Fundación Luz Casanova ha recibido adjudicaciones por un total de 1.686.789 euros entre 2022 y 2024, para la gestión de recursos como alojamientos de emergencia y atención a mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia.
En el caso de la Fundación Amaranta, esta entidad ha sido la única concurrente en la licitación de dos lotes de recursos para mujeres víctimas de trata, por los que se le adjudicó un total de 1.515.000 euros para el período 2023-2025. La falta de competencia en estos procedimientos, de hecho, se repite en varios expedientes. «A Ayuso las víctimas de violencia de género no le importan nada. Por eso pone en el mercado los centros para acogerlas, encima usando fondos del Gobierno de España en muchos casos», insiste Morales. La diputada lamenta los «pliegos de miseria que quedan desiertos, que se adjudican a dedo, o a los que solo se presentan una o dos entidades, siempre las mismas».
La Fundación Padre Garralda, por último, ha sido adjudicataria de al menos 1.241.988 euros entre desde 2021 para gestionar el centro para mujeres víctimas reclusas y exreclusas, que venía gestionando desde varios años anteriores. A esto se suman 773.740 euros de otros dos centros de emergencia adjudicados en 2024. Esta organización estuvo vinculada directamente a Rodrigo de Santos, exconcejal del PP en Palma y exdirector de pisos tutelados de la fundación, condenado por abusos sexuales cometidos hacia varios internos.
Mariana Arce (Más Madrid): » No podemos permitir que los recursos sirvan para financiar a grupos que promueven medidas contra la libertad de las mujeres»
Por parte de Más Madrid, la diputada Mariana Arce ha expresado también su preocupación: «Nos genera muchas dudas que estas entidades cumplan con las mínimas garantías de la prestación del servicio teniendo en cuenta los antecedentes de estos grupos. La opacidad de la Comunidad de Madrid es tal, que no hay ni análisis de la Estrategia contra la Violencia de Género y no piensan hacer otra«, denuncia. Arce recuerda que su grupo ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para fiscalizar el uso de los fondos del Pacto de Estado y el Plan Corresponsables: «No podemos permitir que los recursos que deberían ir dirigidos a proteger mujeres sirvan para financiar a grupos que promueven medidas contra la libertad de las mujeres«, añade.
La respuesta del Gobierno de Díaz Ayuso
Desde el Gobierno autonómico –bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso–, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales defiende que la adjudicación de estos servicios se realiza mediante concursos abiertos. «Si solo se presenta un licitador, eso no significa que no haya concurrencia competitiva», afirma el departamento. En cuanto al cumplimiento del Pacto de Estado, la Consejería apunta que «todos los principios están reflejados en los pliegos de prescripciones técnicas» y que «el Ministerio de Igualdad fiscaliza anualmente los fondos». Mientras que, ante las críticas por la posible injerencia religiosa, desde el Gobierno regional remiten al artículo 16 de la Constitución Española, que garantiza la libertad ideológica y religiosa.
«En los centros de la Comunidad de Madrid de la red de atención a mujeres existe respeto a las diferentes confesiones religiosas y es un principio esencial tanto para las entidades como para la convivencia de las mujeres que residen en los mismos«, refiere en declaraciones para este medio el gabinete de Ana Dávila.
Si bien la institución no se pronuncia sobre qué sistema de evaluación o fiscalización aplica la Consejería sobre estas entidades una vez adjudicados los contratos. Tampoco hace alusión a si se publican los informes de seguimiento o resultados de estos servicios, así como qué mecanismos existen para garantizar que las entidades adjudicatarias, especialmente aquellas de carácter religioso, respetan los principios de atención desde una perspectiva de derechos humanos y género. En la misma línea, se queda abierta la pregunta a si la Comunidad de Madrid contempla recuperar la gestión directa de alguno de estos centros o si por el contrario considera que el modelo de externalización mediante licitación pública incluso en estos servicios esenciales debe mantenerse como norma.
«En las contrataciones del personal no influyen sus creencias religiosas»
La Fundación Luz Casanova argumenta que la organización «tiene más de 30 años de experiencia en la gestión de recursos de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género, y en la atención ambulatoria, siendo pionera en el trabajo con mujeres mayores y con mujeres adolescentes víctimas».
«En todo caso, se trabaja conforme a lo dispuesto en cada momento por la Administración Pública correspondiente en cuanto a las normas de acceso y permanencia, reglamento de funcionamiento, criterios y modelos de intervención, protocolos de coordinación, período de estancia, o derivaciones a otros recursos», añaden desde Luz Casanova.
En cuanto a la influencia de su orientación religiosa o identidad fundacional, destacan que «uno de los principales valores de la entidad es la profesionalidad como garante de la calidad en el trabajo. Los recursos que gestionamos cuentan con equipos profesionales altamente especializados, con experiencia y formación en VG demostrada. En las contrataciones del personal no influyen sus creencias religiosas«. Por otro lado, «en algunos pliegos técnicos se recoge la cláusula de prohibición de exhibir en los espacios de uso común y habitaciones del centro ningún símbolo de carácter político o religioso», especifican.
Mientras que sobre los controles o monitorización de su actividad refieren que «mensualmente se nos piden informes en relación a personas atendidas, intervenciones realizadas, gastos realizados en beneficio de las usuarias, actividades, etc. Anualmente se nos solicita una memoria de actividades, un informe de las formaciones realizadas por las profesionales, y un informe de las sesiones de supervisión realizadas. Además de esto se llevan a cabo reuniones mensuales de seguimiento y una anual«.
Público se ha puesto en contacto, asimismo, con las otras tres fundaciones mencionadas pero hasta la fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta.
![[Brasil] Autoridades municipales y gubernamentales en la inauguración del monumento a la Virgen de Fátima de 54 m.](https://laicismo.org/wp-content/uploads/2025/11/descarga-14-3b168573-260x195.jpg)