Una asociación que reivindica la «verdad histórica» ha registrado una petición al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que declare el sitio como «Bien de Interés Cultural». Mientras, el ‘lobby’ de Ignacio Arsuaga presiona a los obispos.
Una supuesta apuesta por la «reconciliación», una encendida defensa de la «verdad histórica» y una tarea concreta sobre la mesa: mantener a toda costa la simbología franquista del Valle de los Caídos. Así se resume la campaña abierta por una plataforma que intenta evitar los cambios que prevé la Ley de Memoria Democrática para ese sitio de peregrinaje ultraderechista.
La última batalla de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica se escribe en formularios oficiales. Este grupo, formado por «un equipo de profesionales del derecho, de la historia, de la arquitectura y de la sociedad civil» ha diseñado una estrategia para tratar de impedir que se concrete la «resignificación democrática» del Valle de los Caídos.
Este grupo no oculta su profundo desprecio hacia la Ley de Memoria Democrática aprobada recientemente por el Congreso y en la que se enfatiza precisamente la «resignificación» del Valle «como lugar de memoria democrática con una finalidad pedagógica«, al tiempo que se reconoce el derecho de los familiares a «recuperar los restos de sus ascendientes» allí enterrados. Además, la ley declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Con el objetivo de evitar esos planes, la asociación franquista registró el pasado día 5 de julio una petición oficial ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que declare el conjunto monumental franquista como «Bien de Interés Cultural» (BIC). De esa manera, gozaría de una protección pública que complicaría la resignificación democrática que plantea la nueva Ley de Memoria.
La petición fue registrada justo dos días antes de que el Gobierno central descartara una solicitud idéntica que había formulado la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, otro grupo franquista que pretendía obtener una declaración de Bien de Interés Cultural para el Valle.
En ese caso, el trámite tuvo un largo recorrido. La asociación había formulado la solicitud de declaración de BIC en julio de 2014. En junio de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó al Ministerio de Cultura a pronunciarse sobre aquella petición.
La respuesta llegó el pasado 7 de julio. En una carta a los solicitantes, el director de Patrimonio Cultural y Bellas Artes notificó que no tenía previsto declarar ese conjunto monumental como Bien de Interés Cultural. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Ayuso, que deberá resolver esta nueva petición.
Hazte Oír presiona a los obispos
Mientras tanto, Hazte Oír también ha decidido sumarse a la campaña en defensa del Valle de los Caídos. El lobby ultraconservador mantiene abierta una recogida de firmas dirigida a la Conferencia Episcopal Española con un objetivo claro: presionar a la Iglesia para que evite cualquier cambio en ese lugar de peregrinación franquista.
«El Gobierno y la izquierda que le apoya se proponen acabar con la Cruz, desacralizar la basílica, fulminar el culto católico y expulsar a los monjes benedictinos. Es una profanación en toda regla. No soportan la Cruz más grande del mundo.Detestan las oraciones y los sacramentos y desprecian profundamente a los monjes del Valle de los Caídos. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados«, dice el manifiesto lanzado por Teresa García-Noblejas, responsable de Comunicación de este grupo.
La campaña fue abierta antes de que el Congreso aprobase la Ley de Memoria Democrática y aún sigue activa. Según el contador de Hazte Oír, más de 35.000 personas han mostrado su apoyo, aunque el reto está puesto en 50.000. La carta del lobby está dirigida a Juan José Omella y Luis Argüello, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal respectivamente. Además, va con copia a Bernardito Cleopas, Nuncio Apostólico de la Santa Sede en España.
«Estimados señores: lo que está en juego en la ofensiva contra la dimensión religiosa del Valle de los Caídos son la libertad religiosa y los derechos de la Iglesia Católica y de los fieles reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución Española», defiende la asociación que dirige el abogado Ignacio Arsuaga.
En esa línea, solicitan a los obispos que «defiendan el culto católico, protejan los recintos sagrados y amparen a los benedictinos frente a la amenaza, cada vez más próxima, de la desaparición del Valle de los Caídos y su profundo significado religioso».
