El tribunal administrativo de Montpellier ordenó a Louis Aliot (Rassemblement national) que “quitar el belén” de su ayuntamiento en Perpiñán en el plazo de veinticuatro horas, so pena de pena de “100 euros por día de retraso”. La decisión contra el alcalde ultraderechista llega el 21 de diciembre, una semana después de que ordenara la retirada del belén de Béziers (Hérault), al considerar que la instalación ignoraba “las exigencias anexas al principio de neutralidad de las personas públicas”, así como el artículo 28 de la ley de 9 de diciembre de 1905, que establece la prohibición de colocar signos religiosos en los lugares públicos. Tomado en ambos casos en procedimientos sumarios por la Liga de Derechos Humanos, el tribunal administrativo aún no ha explicado sus razones en el último caso.
Los años pasan y se parecen en torno a la instalación de belenes en los ayuntamientos. Tanto es así que el sujeto casi ha adquirido el estatus de castaño de Navidad. En 2014, el desarrollo de los pesebres de la Natividad en el ayuntamiento de Melun (Seine-et-Marne) y dentro de la sede del consejo general (se convirtió en departamental en 2015) de Vendée fue mal para las asociaciones. La Federación de Pensamiento Libre, defensora del laicismo, está emprendiendo acciones legales en estos dos casos. En el primer caso, prueba que tiene razón en el primero, y luego que está equivocado en el segundo.
El presidente de Vendée, Bruno Retailleau, que desde entonces se convirtió en presidente del grupo Les Républicains (LR) en el Senado, está ofendido por tal decisión, apoyada por Philippe de Villiers, que había presidido este mismo consejo general. Este enfatiza “un laicismo mortífero que viola nuestras tradiciones y costumbres”. Crece la polémica, y cristalizan los debates entre los partidarios del laicismo “estricto” y defensores de “Raíces cristianas de Francia”.
Un año después, en 2015, la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF), presidida por François Baroin (LR), recomienda a los concejales de la ciudad no instalar belenes en los ayuntamientos. Él “la jurisprudencia administrativa sigue siendo discordante en este tema”, podríamos leer en el vademécum de la AMF sobre la laicidad. El consejo se toma como un mandato judicial: provoca un revuelo, incluso en la derecha. El Frente Nacional (FN) está indignado por la noticia, y los alcaldes del FN de Var David Rachline (Fréjus), Marc-Etienne Lansade (Cogolin) y Patricia Zirilli (Le Luc) inmediatamente dan un portazo a la asociación de funcionarios electos.
Tenemos que esperar hasta 2016 para que el Consejo de Estado tome una decisión. El máximo tribunal administrativo decidirá a favor de la prohibición de los pesebres navideños en los edificios públicos, “salvo que circunstancias especiales demuestren que esta instalación tiene un carácter cultural, artístico o festivo”. El matiz es sutil. Algunos funcionarios electos lo juegan.
