Las posiciones morales o ideológicas de los farmacéuticos no pueden impedir que una farmacia disponga de medicamentos que están incluidos en la cartera de servicios básicos, como la píldora del día después, según los expertos.
Hace unos pocos días, una mujer denunció en redes sociales que en una farmacia situada en un céntrico barrio de Madrid se habían negado a venderle una copa menstrual (un método alternativo a compresas y tampones que se introduce en la vagina y que recoge el flujo en el interior de una copa). Según el extenso relato que realizó en un hilo de Twitter, el motivo para esta negativa se debía a «un tema de ideología». Sorprendida preguntó si vendían preservativos y la respuesta fue que sólo tenían de una marca. «Por lo visto la dueña es tan conservadora que no quiere esas cosas», afirma que le respondieron.
Pero, ¿puede una farmacia hacer objeción de conciencia a la hora de vender productos sanitarios o preservativos? La respuesta sencilla es no. Por dos motivos principales. Por un lado, porque la objeción de conciencia es un derecho individual que tienen las personas y no de un colectivo o de una institución. Y por el otro, porque no está reconocida la objeción de conciencia para estos productos higiénicos o profilácticos.
Distinto es el caso de la conocida como «pildora del día después», un método anticonceptivo de emergencia, cuyo uso está rodeado de múltiples mitos y prejuicios. Una sentencia del Tribunal Constitucional de 2015 dio la razón a un farmacéutico de Sevilla que se había negado a venderla aduciendo motivos morales. En 2008, la Junta de Andalucía lo había sancionado por negarse a dispensarla. En una sentencia muy dividida, el alto tribunal reconoció al farmacéutico el derecho a objetar en relación al anticonceptivo de emergencia, afirmando que se había «vulnerado su derecho a la libertad ideológica». En la misma sentencia el tribunal rechazó concederle el amparo para los profilácticos, que también se negaba a dispensar, por entender los magistrados que no puede darse en ese caso ningún «conflicto de conciencia con relevancia constitucional».
La sentencia fue considerada entonces por muchos como ideológica y sigue planteando dudas y problemas que afectan de lleno a los derechos al disfrute de la salud reproductiva de las mujeres.
Pero incluso en este caso específico (el único reconocido), la utilización que se realiza de la objeción moral o ideológica es difícil de justificar. Tal como explican diversos expertos en derechos sexuales y reproductivos, el derecho a objetar de una persona no puede suponer que una farmacia no disponga de medicamentos que están incluidos en la cartera de servicios básicos, y la píldora de emergencia postcoital es uno de ellos.
«Esa sentencia del Tribunal Constitucional es un muy grave error porque es ultra conservadora y patriarcal», afirma Silvia Adalvert, coordinadora de la Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. «Es una sentencia que crea jurisprudencia y vulnera derechos básicos. Se puede objetar como profesional, pero no puede hacerlo un servicio público, que es lo que es una farmacia. Si alguien no quiere venderla por problemas morales, que no lo haga, pero deberá haber alguien que la dispense. Lo que no puede suceder, como ocurre ahora, es que las farmacias se nieguen a tener un medicamento que está dentro de la cartera sanitaria».
Tal como están recogidas en la ley, las farmacias forman parte del Servicio Nacional de Salud, y están definidas como «establecimientos privados de interés público«.
Para muchos expertos, uno de los problemas principales es la falta de regulación que existe sobre la objeción de conciencia en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 30.2 de la Constitución, citado por todos aquellos que se acogen a esta salvaguarda moral, sólo hace referencia expresa a la objeción a las obligaciones militares, pero no existe una regulación más amplia.
Para Guillermo González Antón, presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), la objeción de conciencia en el ámbito farmacéutico «es inadecuada» y está creando «una situación de indefensión» para las mujeres que necesitan ese medicamento. Por ello, reclama, es «imprescindible regular la objeción y adaptarla. No puede ser cultural o por motivos de desprestigio, sino por conciencia, y esta circunstancia no es mayoritaria».
«Objetar desde fundamentos totalmente falsos, como que se trata de un medicamento abortivo, no tiene ninguna justificación». Para González, este derecho debería estar reconocido para aquellos profesionales que intervienen en actos sanitarios de tipo quirúrgico directamente, no para aquellos «que son expendedores del producto o los que trabajan en las fábricas que los producen. Esa es una perversión total de la objeción de conciencia».
En grandes ciudades, donde la población tiene acceso a múltiples farmacias y servicios sanitarios, esto puede no ser un gran problema. Pero en pueblos pequeños o poblaciones muy aislada, en las que sólo hay una farmacia cercana, el tema se complica. De hecho no todas las regiones de nuestro país garantizan el acceso a este método anticonceptivo de emergencia en los centros de salud. Tal como reconoce González, no son la mayoría.
Objeción encubierta
Pero si la objeción explicita, aquella que ejercen algunos farmacéuticos y que precisa de una manifestación previa en los colegios profesionales, es un problema, la denominada «objeción encubierta», se ha convertido en un problema mayor. En estos casos no se trata de no disponer de la píldora o de objetar a su venta, sino de dar información incorrecta, estereotipada o una atención inadecuada a las mujeres que la soliciten, sobre todo si éstas son jóvenes o menores de edad.
La Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears que coordina Adalvert, ha puesto en marcha en septiembre de 2018 un observatorio que anima a las mujeres a que denuncien las vulneraciones de sus derechos sexuales y reproductivos. Desde entonces, afirma, el tema estrella con las chicas más jóvenes es la incapacidad de conseguir la píldora de emergencia. Y no se trata únicamente que no la encuentren en las farmacias, sino que en demasiadas ocasiones cuando las piden les echan broncas, las tratan de forma paternalista o simple y llanamente les dan información inadecuada o falsa o incorrecta.
«Nos entra la duda de si esa transmisión de información incorrecta se debe a una falta de formación de los farmacéuticos (lo que es altamente preocupante), o si se debe a que están usando esta desinformación como forma de objeción encubierta». Esto, explica esta experta, pasa con mucha frecuencia con el tema del aborto: «Te derivo donde no debo, te informo mal, no te explico las alternativas de un posible aborto… A ver si cambias de idea o dar marcha atrás».
Por ello, desde hace ya un tiempo, esta asociación, ha comenzado a trabajar con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Catalunya para crear protocolos de actuación y asegurar un tratamiento más homogéneo en las farmacias. También para asegurar que la información que dan está libre de mitos y estereotipos. Algunas mujeres refieren que les niegan la píldora porque ya la han tomado en otras ocasiones y que no se pueden tomar más de tres veces seguidas porque se pueden quedar estériles; que si tienen menos de 18 les dicen que necesitan ir a comprarla con sus padres; o que sólo se puede tomar una al año… «Espacios abiertos a la ambigüedad y a los imaginarios ideológicos» que no tienen base científica ni justificación legal. Esta experta recuerda también que la ley de autonomía del paciente establece independencia desde los 16 años y no existe ningún protocolo que impida dársena a niñas incluso menores.
Este periódico se puso en contacto con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para recabar su opinión sobre la objeción conciencia y para conocer si en esta Comunidad existe o se está trabajando en algún tipo de protocolos sobre venta e información de la píldora poscoital, pero denegaron manifestarse, aduciendo que ni esta semana ni la que viene podrían garantizar un portavoz y sin dar ninguna otra alternativa ni fecha.
Víctimas de agresiones sexuales desprotegidas
Pero si la dificultad para conseguir la píldora del día después supone un problema para las más jóvenes, más acuciante resulta cuando las que buscan esta solución rápida son víctimas de violencia sexual. Tal como explica Adalvert, muchas de ellas no cuentan que han sido violadas y están mucho más preocupadas en protegerse de un posible embarazo, que en buscar asesoramiento médico y tratamientos antirretrovirales que las protejan de enfermedades de transmisión sexual.
Tanto la Sociedad Europea de Contracepción o la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentan esta píldora como el anticonceptivo más importante, afirma Adalvert. «Es como un síntoma de autocuidado. Cuando las chicas jóvenes o mujeres adultas buscan una pastilla de emergencia, es porque ha habido una relación en que la protección no ha funcionado o no se ha usado y buscan una alternativa. Echar una bronca es la pero medida».
«Cuando hablamos de productos de autoconocimiento y autogestión de los cuerpos de las mujeres, cuando tomamos el control de nuestro propio cuerpo, ahí si empezamos a ver como se apela a la objeción de conciencia o a reclamar la libertad individual de los profesionales. Nadie critica que las farmacias estén llenas de productos del poder neoliberal, como adelgazantes. Se ha denunciado durante años que estos anuncios en farmacias (que son servicios públicos y a los que se presupone que venden cosas sanas), van en contra de las leyes de igualdad. Esas que hablan de no cosificar a las mujeres. Pero en eso hay mucho dinero en juego para que estén en primera línea, y sobre esto nadie objeta».