Padres y madres que llevan a sus hijos a escuelas concertadas se desmarcan de la campaña «ideológica» para derogar la Lomloe y manifiestan su incomodidad con que algunos colegios usen la imagen de los menores sin informarles
La guerra que ha desatado la escuela concertada contra la nueva ley educativa no representa a todo el colectivo. Detrás de los lazos naranjas y las banderas que ondean para frenar la normativa del Gobierno también hay familias que se sienten incómodas con el rumbo ideológico que ha tomado la campaña y con que a veces usen a sus hijos sin su consentimiento. La ministra Isabel Celaá criticó precisamente esto en el Congreso de los Diputados, señalando al PP como principal instigador de una estrategia «deleznable» para «sacar a los niños con los lazos» y establecer en ellos «ideas políticas contra un gobierno».
Pero además del frente político contra la Lomloe que conforman el PP, Ciudadanos y Vox, la denuncia más visible la protagoniza Más Plurales, una plataforma que aglutina a organizaciones de la escuela concertada, patronales, familias católicas y sindicatos del sector. Algunos de estos centros han realizado durante varias semanas minutos de silencio y lecturas de manifiestos en los recreos, además de colgar globos, lazos y cartulinas naranjas por todas sus instalaciones.
Por ejemplo, la patronal Escuelas Católicas, brazo educativo de la Iglesia que posee en torno al 60% de los colegios concertados, envió una carta a sus centros en la que pedía que hubiese «representación de la comunidad educativa (directivos, profesores, PAS y alumnos)» en las protestas. Después, los vídeos y las fotos que se realizan durante las intervenciones terminan en las redes sociales para que Más Plurales las use en su afrenta contra la ministra Celaá. En uno de esos vídeos aparece la hija pequeña de Virginia (nombre ficticio), una madre de Valencia que no fue notificada previamente. «No me importa cuando es algo educativo, pero en este caso usaron a mi hija en uno de sus vídeos políticos», admite en conversación con elDiario.es.
«Es su ideología y no quiero que mis hijos participen»
Virginia reconoce que no es la única que está en contra de las acciones con menores en su colegio concertado. «Es un secreto a voces, pero es difícil hablar del tema porque temes que afecte o marque a tus hijos», explica. De puertas para adentro prefiere no hacer mucho ruido, pues ya la señalan «por ser la madre progre dentro de un colegio católico», pero esto último fue la gota que colmó su vaso. «Tengo dos hijos: el de Secundaria pasa de todo, pero la pequeña me preocupa porque llega a casa diciendo que le van a cerrar el cole y que van a echar a sus profes por culpa de la nueva ley», relata esta madre.
«Es su ideología y no quiero que mis hijos participen en ese tipo de cosas», concluye. La familia valenciana optó por este centro por falta de plazas en la pública, ya que siete de los diez colegios que hay en su barrio son concertados. Luego, la cercanía, la propia vida social de los niños y la preferencia por no tener que cambiarlos en Secundaria a un instituto hicieron el resto. A cambio, Virginia reconoce que tendrá que limitar su participación en la escuela debido a sus diferencias con la Asociación Católica de Padres.
«Nosotros nos dimos de baja del ACPA porque no miraban por los derechos de los niños o las familias, sino que hacían lo que le venía bien al colegio», explica. «Es un paredón y un paripé. Están totalmente alineado con la dirección del colegio y funcionan más como filtro que como canal de comunicación», explica Virginia. La última muestra es lo que ha ocurrido con los vídeos y las fotos de los niños en las campañas de Más Plurales: «Seguro que lo han hecho en connivencia con el ACPA, pero si no estás dentro o no colaboras económicamente es muy difícil que te enteres de lo que organizan».
Ella lo compara con el colegio público al que llevó a su hijo mayor durante los primeros años de escolarización y donde, en su opinión, el AMPA «era más plural y más transparente». En cambio, «si no aportas tu dinero al ACPA tus hijos no se pueden beneficiar de nada». No cree que todos los colegios religiosos ni concertados sean así, sino que depende de cada comunidad autónoma: «No me sorprende porque esta ciudad es como es y vota a quien vota», dice en referencia a Valencia. Más al norte, en Vitoria, Asier (nombre ficticio) asiste al caso contrario: «Aquí han pasado absolutamente desapercibidas tanto la ley como las pancartas naranjas», reconoce.
«Religión debería estar fuera de las aulas»
Aunque las protestas de Más Plurales se hacen en nombre de toda la comunidad concertada, hay una parte que se mantiene ajena a la nueva ley y a sus detractores. Por ejemplo, la ikastola concertada a la que van los hijos de Asier en el País Vasco. «En un colegio con 1.500 alumnos te puedes imaginar cómo arden los grupos de padres y madres, y este tema no ha sido mencionado porque no le afecta a nadie», admite. Cree que se debe también a que su ikastola no es religiosa, un rasgo clave en este asunto.
La Lomloe dispone que la materia de Religión dejará de contar para la nota media, pero seguirá siendo como hasta ahora una asignatura de oferta obligatoria por parte de los centros y de realización optativa para el alumnado. Debido a que el 70,2% de los estudiantes de la concertada están matriculados en un colegio religioso, la escuela privada sostenida con fondos públicos se ha arrogado esta batalla aunque no le atañe exclusivamente. «Entiendo que Religión debería estar fuera de las aulas», opina Francisca, otra madre de Toledo cuyo hijo de 16 años estudia en la concertada, por lo que cree que «se están metiendo en debates que no son los suyos».
«Mis hijos no están ni bautizados, pero eso no ha supuesto ningún problema, por eso no veo el sentido de que levanten armas contra una ley por una cosa que no les afecta», comparte Virginia, la madre valenciana. Montse, desde Madrid, se considera afortunada porque su colegio concertado, al no ser religioso, no ha abierto fuego contra la Ley Celaá usando a su alumnado, como sí ocurre en otros centros de su barrio: «Me sentiría muy incómoda si hicieran formar parte a mi hijo de sus iniciativas políticas», asegura.
«La ley no pone en peligro la libertad de los padres»
La libertad de elección es la bandera que ondean Más Plurales y los partidos de la derecha para criticar que la Lomloe favorezca a la escuela pública antes que la concertada. Sin embargo, ninguno de los padres y madres consultados consideran que eso vaya a amenazar «la existencia» de los colegios donde llevan a sus hijos ni a «poner en peligro la libertad de los padres». A pesar de que «en Chamberí los colegios públicos son estupendos», Montse se decantó por la concertada por la cercanía, la continuidad en la ESO y «porque daban una oferta educativa un poco diferente al resto».
Sin embargo, entiende que el Estado deba hacer una apuesta por la educación pública. «El problema es que se considera que es de peor calidad, aunque no tenga nada que ver con el proyecto educativo», piensa esta madre. En su opinión, «hay que invertir para eliminar ese prejuicio y dar recursos para que los niños en situación desfavorable no acaben en centros de los que la gente huye». De hecho, uno de los grandes cambios de la Lomloe va dirigido a distribuir de forma más equitativa a los alumnos para impedir que los más favorecidos se junten en la escuela concertada y los más humildes se matriculen en la pública.
«La educación concertada no es de mayor calidad, sino que el nivel es más alto porque los alumnos tienen un soporte familiar detrás, cosa que no siempre pasa en la pública», opina a su vez Francisca, de Toledo. Para ella, «todo privilegio debe pagarse y por eso la ley tendría que habérselo quitado a la educación concertada mucho antes». Por su parte, según Montse esta campaña solo sirve «para hacer mucho ruido y desinformar más que informar». Para ella, «la ley busca acabar con la segregación, pero la libertad de elección sigue ahí».
Asier, del País Vasco, se considera a sí mismo «un defensor total de la escuela pública» a pesar de que tiene a dos críos en la concertada porque «fue la ikastola donde estudió mi mujer». Defiende que «lo coherente en una ley educativa es que prime la pública sobre la privada», aunque piensa que su colegio no es tan elitista como otros «porque todos cobran más o menos las mismas tasas». Respecto a esto, una de las cosas que propone la Lomloe es cortar el grifo de las cuotas «voluntarias» a la escuela concertada, ya que apuntalan este sesgo y en ocasiones ni siquiera justifican a qué va dirigido el dinero.
Las tasas, «de voluntarias no tienen nada»
«Es un plus que asumes porque en la educación concertada los sueldos de los profesores no se equiparan a los de la pública. Aunque reconozco que no se cuál es el objeto», admite Francisco. «Jamás he conocido a alguien que la haya cuestionado», piensa este padre vasco. Respecto a si las tasas pueden agrandar la brecha con la pública, argumenta que en Euskadi la mitad de la educación es concertada y que «no existe el concepto de escuela de lujo» porque «no hay nadie que rompa la baraja».
En cambio, Virginia, paga en Valencia 22 euros por cada niño: «De voluntarias estas tasas no tienen nada y las justifican en concepto de material escolar, pero no sé a lo que se destina realmente». Además, cada comienzo de curso abona otros 50 euros por la matriculación y 35 euros más al trimestre si colabora con la Asociación Católica de Padres de Alumnos (ACPA). Por su parte, Montse paga casi 100 euros al mes en Madrid de forma voluntaria por tener a su hijo en Infantil. «Tiene una hora más lectiva y hacen desdoble de inglés con profesores nativos». Pero ¿no supone eso ya una discriminación para los alumnos de la clase que no puedan pagarlo? «Es verdad que si realmente hay tanta demanda habría que reforzar el inglés en el horario lectivo u ofrecerlo como extraescolar», termina reconociendo.
