El informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia mezcla verdaderos casos de violencia o discriminación con lo que son iniciativas laicas o discrepancias de opinión.

La Alianza Evangélica Mundial, que organiza desde hace 13 años el Día Internacional de Oración por la iglesia perseguida, ha enfatizado en la convocatoria de este año la grave situación de las leyes anti libertad religiosa que rigen principalmente en países islámicos.

Las leyes de blasfemia establecen que no se puede hablar mal de los elementos sagrados del Islam. Estas normas son las que llevaron a varios cristianos a estar en el corredor de la muerte en Pakistán, entre ellos Asia Bibi, o a que periodistas o blogueros sean perseguidos en lugares como Arabia Saudí.

También se denunciaban las leyes y costumbres contra la apostasía. En este caso, se trata de normas -a veces no escritas- que sancionan con dureza a cualquier persona que abandone la que es considerada la “fe” de su familia o de su pueblo. En contextos islámicos, implica que 1.300 millones de personas no tengan la libertad de abandonar esta fe sin sufrir algún tipo de represalia.

La cuestión que subyace a este comportamiento es establecer si la libertad religiosa del individuo está por encima o por debajo de las imposiciones de grupos, gobiernos o instituciones. Si por algo ha destacado la defensa de la libertad religiosa a lo largo de la historia es por apuntar a que la vivencia y expresión de la fe se garantice, sobre todo, para las minorías.

En este sentido la situación, a nivel mundial, es dramática. Los cristianos son minoría perseguida en más de medio mundo: uno de cada siete cristianos (unos 360 millones) sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe.

La libertad religiosa, ¿amenazada en España?

Teniendo en mente esta perspectiva, ¿cómo estamos en España? Como minoría evangélica, somos conscientes de vivir un momento de libertad, donde la vivencia y expresión de nuestra fe, que en otros momentos de la historia fue duramente perseguida, cuenta con el amparo de la ley y una tolerancia social aceptable -con aspectos mejorables, por supuesto-.

Sin embargo, no es una situación perfecta. En 2021, los delitos de odio contra creencias religiosas aumentaron notablemente, aunque siguen siendo muy puntuales. El Ministerio de Interior ha anotado 63 casos en total.

Sin embargo, esta pasada semana se daba a conocer un informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, una asociación que desde 2006 “defiende el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública sin ser difamados o discriminados por sus convicciones morales y religiosas”.

En su informe anual, que ha contado con cierta difusión mediática, esta asociación denuncia “195 ataques” a la libertad religiosa en nuestro país, de los que 146 fueron contra cristianos (de ellos, 132 contra católicos), 12 contra musulmanes y 7 contra judíos. Solo figuran 2 contra protestantes.

La cifra parece alarmante. ¡Son casi 200 ataques en un año! Veamos, sin embargo, el detalle, que se distribuye en cinco categorias: ataques con violencia, ataques contra lugares de culto, vejaciones a creyentes, escarnios contra la religión y laicismo beligerante.

Se puede comprobar que solo 2 casos implicaron violencia contra los creyentes: uno fue contra un musulmán, y otro contra un párroco católico, y en ambos casos intervino la autoridad policial y judicial. Luego figuran 25 ataques a lugares de culto y símbolos religiosos, donde abundan las pintadas, profanaciones, la eliminación de cruces relacionadas con monumentos franquistas, y alguna agresión grave, como la quema de una mezquita.

Hasta aquí, aunque con matices, el informe muestra un panorama similar al del Gobierno. Sin embargo, ¿de dónde salen la gran mayoría del resto de “ataques”?

¿Es “ofender” atacar la libertad?

La gran mayoría de los casos restantes que aparecen el informe están relacionados con la comunicación: expresiones en televisión, artículos de prensa y redes sociales, o declaraciones de políticos que se ditribuyen en tres categorías. Se notifican 22 vejaciones a creyentes, 49 escarnios a la religión y 97 casos de “laicismo beligerante”.

En cuanto a las vejaciones, el informe identifica como “insultos” las críticas de una alcaldesa a un obispo, o los artículos aparecidos en prensa contra el obispo Reig Pla por sus declaraciones contra la ley de la eutanasia. Se incluye también una broma del presentador de TV Andreu Buenafuente a Juan Manuel de Prada como una supuesta “injuria” al preguntarle cómo, siendo tan listo, creía en Dios.

Las dos últimas categorías -que representan el 75% de casos en el informe- siguen en esa misma línea. En cuanto a los “escarnios contra la religión” encontramos principalmente declaraciones de políticos -la mayoría de partidos de izquierda- que se consideran ofensivas, y artículos de opinión que critiquen cualquier aspecto de la iglesia católica o sus líderes -entre ellos las inmatriculaciones– o incluso sus tradiciones, como la Semana Santa. Se incluyen viñetas de corte laicista, o algún artículo donde se tacha a los evangélicos de “fundamentalistas” o “integristas” junto a expresiones antisemitas en Twitter.

Bajo la categoría de “laicismo beligerante”, se incluyen las medidas restrictivas a lugares de culto que se aprobaron en algunas comunidades autónomas durante la pandemia. Están las peticiones al Senado de eliminar el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, o la petición de revocar las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Incluso encontramos la petición de revocar el Concordato o que se debata la presencia de religión en las escuelas. En la misma categoría, por cierto, se incluye la cancelación de una conferencia evangélica en Vinarós por la presión de un grupo LGTBI.

Una mezcla poco constructiva

Detrás del titular de “195 ataques contra la libertad religiosa” se encuentra, por tanto, una realidad mucho más compleja, y desde luego, menos alarmante. ¿Puede figurar como un “ataque a la libertad religiosa” que se pida revisar las inmatriculaciones de las que se benefició la iglesia católica? ¿Es un “ataque” debatir sobre los acuerdos entre el Estado y las confesiones, o una moción que pida que los concejales de un Ayuntamiento no participen en actos religiosos en su función pública? Me pregunto si en el informe del año que viene figurará como un ataque a la libertad religiosa la carta de FEREDE al Gobierno y Casa Real pidiendo al Rey que reconsidere su tradicional participación en la ofrenda al Apóstol Santiago.

Al tratar el asunto de la libertad religiosa es necesario ser serios y justos, y el informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia cae en la victimización al pretender sumar como “ataques” lo que son iniciativas laicas -que no siempre laicistas- o las discrepancias de opinión. En lugar de generar un espacio para el debate, el informe presenta un escenario de “nosotros” los creyentes contra “ellos” los ateos favorecido por esa fotografía distorsionada que hace de la realidad. Y en ese escenario los protestantes, la verdad, no nos encontramos cómodos en ninguno de los extremos.

Para los evangélicos el problema más tangible no es de libertad, sino más bien de participación pública. Lo que cuesta es que, como cristianos “disidentes”, se nos permita participar en el debate público en igualdad de condiciones. Como solía decir Jaume Llenas, no queremos controlar la mesa, lo que queremos es tener un sitio para sentarnos con y como los demás. Pero esto no se va a arreglar denunciando supuestos “ataques” de políticos o periodistas.

Podemos sentirnos ofendidos por ataques injustos en la esfera pública, pero la solución no pasa por victimizarse. Al contrario, debemos reclamar nuestro derecho a opinar igualmente en contra de cualquier idea o acción que nos parezca inadecuada. Este derecho a disentir de la mayoría se ha dado habitualmente contra la religión dominante, y si podemos ver en el horizonte que se empieza a formar una nueva “religión” que quiere imponer ciertos puntos de vista como si fueran dogmas, necesitamos fortalecer el derecho a ir en contra de esas ideas. Pero no se puede pedir para uno lo que no se está dispuesto a conceder a los demás.

Al principio del artículo hacíamos referencia a la falta de libertad de los cristianos en el mundo islámico, donde se persigue a aquellos que osen opinar en contra de sus elementos sagrados.  No tiene sentido que aquí queramos replicar la misma persecución “teocrática” sobre quienes critiquen las creencias religiosas.

En la libertad religiosa descansa la libertad de expresión y esta sí estará amenazada cuando se nos impida opinar en contra de ciertas ideas, sean estas religiosas, políticas o de las nuevas religiones laicas. La solución no va a pasar por una ley que sancione a quienes nos ofenden, poque nosotros también necesitamos de vez en cuando ofender a los demás.