La exigencia de información completa sobre los 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia es, simplemente, una cuestión de TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA. La transparencia no es una opción, es una obligación. La opacidad que ha rodeado este proceso durante décadas es una afrenta directa a los principios de equidad, justicia y rendición de cuentas que deben regir en cualquier sociedad que se precie de ser democrática. La opacidad en la gestión de esta cuestión erosiona la confianza en nuestras instituciones y en el funcionamiento de nuestra sociedad.
La Iglesia devuelve a un pueblo una ermita inmatriculada y su cementerio sin pasar por los tribunales
El municipio de Pastores (Salamanca) recupera dos bienes inmuebles en un hecho inédito en la intrincada batalla de…