Quisiera desde esta líneas denunciar el expolio que el Obispado de Plasencia está practicando contra el patrimonio de los pueblos extremeños de su diócesis mediante la práctica de inscribir a su favor en el Registro de la Propiedad iglesias y edificios de carácter sagrado sin titular definido bajo el amparo de los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria, una reglamentación aprobada por el Franquismo en 1948 y que concedía al Vaticano privilegios exclusivos.
La iglesia Católica a través de estas inscripciones está viendo multiplicar “milagrosamente” su patrimonio mediante esta sencilla formula; privatizando unos bienes que pertenecen a los pueblos, pues en general estos edificios fueron construidos y amueblados por los mismos pueblos, que ejercían el patronazgo por medio de sus Concejos y Ayuntamientos. Todavía hoy son constantes las obras que se realizan mayormente a costa de los fondos públicos y del esfuerzo de los ciudadanos.
De este modo, la inmatriculación en el Registro de la Propiedad convierte en propiedad privada lo que es y siempre ha sido propiedad pública. Es la Iglesia Católica, en concreto el Obispado, quien va a ser titular de la propiedad, de modo que puede disponer de esos bienes con otros fines que pueden ser ajenos o contrarios a las necesidades de los pueblos que son los que han construido y conservado ese patrimonio. Este afán privatizador no sólo se limita a los inmuebles sino también a sus contenidos cuyo valor histórico, cultural y sobre todo económico puede ser superior al de los mismos templos
Creo que está claro que el uso que tradicionalmente ha hecho la Iglesia de los edificios no puede servir de justificación para atribuirse la propiedad privada de los mismos.
Ante estos hechos es necesario que los Ayuntamientos tomen conciencia de la desposesión pública a la que se están viendo sometidos y adopten las medidas necesarias para reclamar la devolución de un patrimonio propiedad de todos los vecinos.
