Ni en la ley de educación, ahora en tramitación, ni en los Presupuestos Generales del Estado vemos que se tomen iniciativas para ni siquiera limitar los privilegios de la iglesia católica en nuestro país.
Las asociaciones Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) comunican que han sido notificadas por la Audiencia Nacional de la imposición de costas procesales en el procedimiento 204/2014 referente al recurso contra la concesión de la medalla de oro al mérito policial a Nuestra Señora Santísima Virgen del Amor por parte del anterior Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Europa Laica y MHUEL muestran su sorpresa al recibir las citadas costas que ascienden a 2.464 euros al haber transcurrido un tiempo excesivo desde el fallo judicial y máxime cuando ya el Tribunal Supremo impuso las desproporcionadas costas de 4000 euros por la misma causa. No dudamos que se haya actuado conforme a derecho y dentro de los plazos máximos para su ejecución, pero tampoco dudamos de un criterio de actuación caprichoso y oportunista para gravarnos económicamente con el fin de que desistamos en futuras acciones judiciales.
En el más que surrealista periplo judicial de la concesión de la más alta condecoración policial a una Virgen se han sufrido retrasos incomprensibles, cambios de sala y curiosas maniobras de la abogacía del Estado que iban más bien encaminadas a defender la confesionalidad del Estado que el principio constitucional de aconfesionalidad; tampoco ha causado excesiva extrañeza siendo el titular de interior el polémico y visionario Jorge Fernández Díaz y que a posteriori ha confirmado con sonadas actuaciones e increíbles declaraciones.
La Abogacía del Estado ha actuado en contra de los principios de aconfesionalidad del Estado y las costas disparatadas de 4.000 euros del Tribunal Supremo y los 2.464 euros de la Audiencia Nacional parecerían más una multa no declarada para hacer desalentar futuras impugnaciones en favor de la garantía de libertad de conciencia
Mientras a nuestras asociaciones se las condena con el pago de injustificadas costas procesales en procesos judiciales que buscan restaurar el principio de confesionalidad del Estado es éste precisamente quien viola diariamente este principio, financiado ampliamente las instituciones religiosa y particularmente a la Iglesia católica que recibe más de 11.000 millones de euros cada año de financiación pública y los principales ayuntamientos e instituciones el Estado como la Policía y las Fuerzas Armadas invocan su protección a los símbolos católicos, imponiendo a toda la ciudanía esta simbología particular.
Europa Laica y MHUEL exigen al gobierno que tome iniciativas en garantizar el principio de no confesionalidad del Estado y llama a los grupos parlamentarios para que tomen iniciativas en ese mismo sentido ya que ni en la ley de educación, ahora en tramitación, ni en los Presupuestos Generales del Estado vemos que se tomen iniciativas para ni siquiera limitar los privilegios de la iglesia católica en nuestro país.
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Esta es la historia de una medalla: PDF
Se hará frente al pago de estas nuevas costas judiciales con las donaciones recibidas para sufragar los 4.000 euros que impuso el Tribunal Supremo, ya que las cantidades recibidas superaron ese importe.