La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos, considera un «absoluto insulto» y una «gran trampa» que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados por la Iglesia.
Así lo ha explicado el portavoz de la Coordinadora Recuperando, Andrés Valentín, después de que el Gobierno haya hecho público este martes que la Iglesia católica de España inmatriculó un total de 34.961 bienes desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha señalado que, a partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por «vía administrativa», para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por «la vía de los tribunales».
«Nos parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Es la gran trampa«, ha explicado Andrés Valentín, quien ha alertado de que si hay bienes que no se reclaman «se da por hecho que son de la Iglesia«. Además, ha cuestionado que miles de municipios de pocos habitantes tengan capacidad para litigar procesos que se prologan «durante 20 años».
Nos parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Es la gran trampa.
De este modo, el portavoz de la coordinadora opina que es «orientarlo a un callejón sin salida» y que es necesaria es una solución normativa, ya sea vía ley o decreto, que «retorne los bienes a la situación anterior a la inmatriculación» para que sea la Iglesia la que presente la documentación necesaria. «No se puede dar por bueno algo que se ha dado al amparo de la normativa franquista«, ha subrayado.
Por otro lado, ha indicado que, tras conocer la publicación del listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno, «la primera reacción» ha sido decir: «Ya era hora». No obstante, ha criticado que es un documento «parcial», que no incluye los bienes inmatriculados entre 1946 y 1998 ni «las notas simples que debían haber acompañado al listado», para conocer fechas, superficies, etc.
Desde la asociación Europa Laica, el portavoz Juanjo Picó ha mostrado su «satisfacción por que, por primera vez, se haya publicado el listado«, pero ha añadido que «el resto son grandes peros«. En primer lugar, Picó ha lamentado que «solo cubre» los 34.961 bienes inmatriculados desde 1998, cuando la asociación los cifra en más 100.000 desde 1946.
Asimismo, el portavoz de la entidad ha censurado que este listado no incluye todos los datos registrales de los bienes inmuebles, por lo que los considera claramente «incompletos«.
Lo que más preocupa a Juanjo Picó es que el Ejecutivo traslade la iniciativa de reclamar a la ciudadanía. «Esto es una salida en falso. Nadie espera que haya 34.000 reclamaciones judiciales. Ningún particular se lo puede permitir», ha señalado, al tiempo que ha insistido en que es «un problema de Estado» y en que «el Gobierno tiene que dar una solución global».
Esto es una salida en falso. Nadie espera que haya 34.000 reclamaciones judiciales. Ningún particular se lo puede permitir.
Finalmente, Juanjo Picó defiende un proceso que arranca con la publicación completa del listado de bienes; la anulación de las inmatriculaciones realizadas; y la reclamación para el dominio público del patrimonio que corresponda, y el resto aportando la documentación acreditativa de la titularidad.
