Este informe, elaborado por el socio de Europa Laica Enrique Ruiz, como viene haciendo todos los años con las Memorias respectivas, viene a poner a lo claro y desmontar todo el ocultismo, incoherencias, ausencia de datos y falta de transparencia, sino simple publicidad eclesial y cortinas de humo, con que la Conferencia Episcopal no-justifica el destino de la Asignación Tributaria del IRPF a lo que está obligada a hacer.
La Iglesia católica ni cumple su compromiso de autofinanciación, ni el Estado y los gobiernos de turno se lo exigen ni tampoco sobre la necesaria y clara justificación de los dineros públicos que recibe por razón del IRPF en los Acuerdos de 1979.
Europa Laica, aun con nuestros limitados medios, aporta esta información a la sociedad como un ejercicio de denuncia a la vez que exigencia a las obligaciones de la Iglesia y del Estado.
Informe sobre la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2019 presentada por la Conferencia Episcopal Española
(25 de agosto de 2021)
por m. ENRIQUE RUIZ DEL ROSAL
ÍNDICE
I) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
INCUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO
LOS PRIVILEGIOS ECONÓMICOS DE LA IGLESIA
NECESIDAD DE UNA VERDADERA AUDITORÍA
LAS FALACIAS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA-IRPF
EL IVA
APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS AL FCI
EL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO (FCI)
DISTRIBUCIÓN DEL FCI A LAS DIÓCESIS Y RETRIBUCIÓN DEL CLERO
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL
LA TELEVISIÓN EPISCOPAL: Trece tv
II) ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA
ECONOMÍA DIOCESANA
LOS INGRESOS FINANCIEROS
EL PATRIMONIO INMOBILIARIO
LA SUPUESTA CONTRIBUCIÓN DE LA IGLESIA AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA SOCIEDAD
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL
ACTIVIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS
¿VALORACIÓN DE MERCADO DE LA ACTIVIDAD SACRAMENTAL?
ESCUELA PÚBLICA Y ESCUELA CONCERTADA CATÓLICA
ACTIVIDAD EDUCATIVA
EL SUPUESTO “AHORRO” DE LA IGLESIA
L@S CATEQUISTAS EN LA ESCUELA PÚBLICA Y CONCERTADA
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
ACTIVIDAD CULTURAL
BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL
IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE ACTIVIDADES E INMUEBLES
CATEDRALES
INMATRICULACIONES
LA TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTECIAL
LA CASILLA PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL EN EL IRPF
EL DESAGUISADO DE LA NUEVA CASILLA “SOCIAL” EN EL IS
ÚLTIMAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS ONG
LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA IGLESIA
CONCLUSIONES
Introducción
Aun cuando en este segundo año de pandemia seguimos viviendo acontecimientos excepcionales, las cifras y circunstancias que voy a analizar no se ven mediatizadas por ninguna excepcionalidad, pues tienen como referencia el ejercicio de 2019, es decir el año inmediatamente anterior a la brutal sacudida producida por el famoso virus. No obstante, en este 2021, segundo año de la pandemia, la Conferencia Episcopal Española (CEE, en adelante) ha dado a la publicidad (pues de publicidad se trata, exclusivamente) su última Memoria Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2019, en relación con la renta declarada en 2020. Esta vez la ha presentado con un mes de anticipación respecto a lo que nos viene acostumbrando, y lo ha hecho, como siempre, no sólo a través de los múltiples medios de comunicación y propaganda de que es propietaria (televisiones, radios, periódicos en papel o digitales), sino también contando con la inestimable colaboración de los medios de comunicación de las cadenas estatales y autonómicas públicas (radio y televisión), así como de la mayoría de los medios generalistas privados.
Este segundo año de pandemia no es tampoco (al igual que el pasado) un año cualquiera porque, como ya es sabido, estamos sufriendo los terribles efectos de un virus que ha puesto al descubierto las flaquezas de una sociedad que ha visto adelgazar, en el último cuarto de siglo, en general, la dotación para bienes públicos en sanidad, educación, vivienda y servicios sociales, especialmente; no obstante, desde 2008 en particular, el mantra neoliberal dio el golpe definitivo para redirigir los recursos públicos, de forma masiva, hacia los bolsillos de agentes privados, que además gozan de una situación oligopolística, cuando no de claro monopolio: banca, aseguradoras, farmacéuticas, empresas energéticas, químicas, constructoras, industria alimentaria…
La situación dantesca de afectados y fallecidos, unida a los efectos de la paralización económica, ha puesto al descubierto las costuras de una sociedad “alegre y confiada”, como diría Jacinto Benavente, que está sufriendo directamente la falta de empleo, y en general, de recursos para poder vivir una vida que pueda considerarse digna.
Siguen resonando en mis oídos Del 1 al 5 de abril tuvo lugar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, tras la cual se dio a la publicidad una Nota y rueda de prensa final. Ese mismo 5 de abril había 130.759 infectados en España y habían fallecido ya, oficialmente, 12.418 personas; en Madrid los infectados iban ya por 37.584 y los fallecidos eran 4.941 personas. Pues bien, con la escasa sensibilidad que caracteriza a los obispos cuando no se trata de defender sus privilegios, las citadas Nota y Rueda de prensa no hacían la más mínima referencia a esa dantesca situación. Tampoco consta que la Conferencia Episcopal haya llamado al jefe del Gobierno o al ministro de Sanidad, para poner sus ingentes recursos sanitarios o sociales a su servicio.
Otra bochornosa muestra de cinismo es la que ofreció Luis Argüello, secretario general y portavoz de la CEE, cuando en pleno estado de alarma (segunda prórroga) y ante la necesidad de establecer por el Gobierno un Ingreso mínimo vital para hacer frente a las situaciones de pobreza extrema agudizadas por la pandemia, vino a declarar que no convenía que las personas se acostumbraran a las subvenciones porque influiría sobre su capacidad de esforzarse. De esto los obispos pueden dar pocas lecciones, porque hablando de subvenciones y esfuerzo, ¿cuando se miran al espejo los obispos, no ven obispos, sacerdotes, escuelas, hospitales, financiados por el erario público? ¿Dónde está el compromiso para autofinanciarse que asumieron en 1979 y el supuesto esfuerzo para ello, tras 42 años de democracia confesional?
En todo caso, y a la vista de los datos ofrecidos en la memoria de 2019, tengo que volver a repetir, como lo hago cada año, el párrafo con que comencé el informe que realicé, allá por agosto de 2010, a propósito de la memoria correspondiente al ejercicio 2008:
“Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986, información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.”
Han transcurrido 35 años y aún sigue pendiente que el gobierno de España elabore una estimación de las exorbitantes cantidades de que se beneficia la Ic y todas sus sociedades e instituciones, como consecuencia de las exenciones y bonificaciones fiscales al amparo de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979. Y ello en sus tres niveles administrativos: central, autonómico y local.
Conviene recordar que estas cuantiosas sumas, que Europa Laica cifra en torno a 12.000 M€ (más del 1 % del PIB de España) se hurtan a los presupuestos de estas tres administraciones y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a tod@s l@s ciudadan@s, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de los intereses de una creencia particular y de la Institución que dice representarla: la Iglesia católica.
I) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
INCUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO
Hay que señalar que con la memoria de 2019 la CEE confirma una estrategia que ya había descubierto sus cartas hace unos años: se trata de saturar la memoria del sinnúmero de actividades que la Ic realiza en España y en el extranjero, y de su supuesto impacto económico, ofreciendo cada vez menos información de cuánto dinero público recibe del Estado (en este caso a través de la declaración del IRPF) y qué uso realiza del mismo. Así pues, no se encontrará en ella ninguna información que permita hacerse siquiera una somera idea de los cuantiosos recursos públicos recibidos de (o exencionados por) las distintas administraciones del Estado. Y obviamente tampoco encontraremos nada acerca del uso de estos recursos, que quedan atrapados en el agujero negro de la más absoluta opacidad.
Y esta ceremonia de la confusión parte del incumplimiento del único compromiso adquirido por la Conferencia Episcopal con la firma del infausto acuerdo concordatario de diciembre de 2006 con el Gobierno socialista (Rodríguez Zapatero): “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria.”
A esta ceremonia de la confusión vino a unirse el Tribunal de Cuentas (TC, en adelante) en su informe de fiscalización del ejercicio 2017 que, si bien reconoció que la memoria no permite analizar la justificación de las cantidades recibidas por la Ic, no se atrevió a reconocer la radical diferencia entre una memoria justificativa (que es a la que viene obligada el episcopado) y una memoria de actividades, que ninguna entidad pública le ha exigido nunca, ni le va a exigir nunca: la una es de naturaleza contable y administrativa, la otra es una simple enumeración de actividades eclesiales de todo tipo.
Así pues, en un alarde de envalentonamiento, tras el timorato y vergonzante informe del TC, la memoria de 2019 ha dado un giro espectacular en su estructura: si hasta ahora se incluían los aspectos “justificativos” en las primeras páginas de la memoria, pues se suponía que esto es lo que le exigía el Estado y era la razón de ser de la memoria anual (aunque siempre exponiendo las actividades eclesiales en segundo término), la memoria de 2019 relega las cifras justificativas al final de ésta, a partir de la página 72, para ilustrar el desprecio que le merecen los compromisos que adquiere con el Estado.
Como ya denuncié el año pasado, a propósito del contenido de la memoria de 2018, todo lo que se incluía a partir de la página 24 (la economía diocesana y actividad de la Ic), nada tenía que ver con el compromiso adquirido y firmado por la CEE con el Estado. Y como tal cuestión aparte debía ser tratada. Puede ser de interés para l@s creyentes católic@s o para una parte de la sociedad ligada a los intereses ideológicos y económicos confesionales. Pero nada tiene que ver con la memoria exigible en razón de los Acuerdos de diciembre de 2006. Esta conclusión tan sencilla debía de haber estado al alcance del informe de fiscalización del TC, y su ausencia sólo puede explicarse por los motivos ideológicos (y por tanto, políticos) predominantes en su seno.
Llevo muchos años denunciando esta especie de supuesta memoria justificativa que no justifica apenas nada, por un lado, y explicación de actividades eclesiásticas que no le exige el Estado, por otro. Esta duplicidad fue por fin reconocida, no en la memoria, sino por Giménez Barriocanal, responsable económico de la CEE, además de presidente de Trece TV y de la COPE, en un documento editado por la CEE y firmado por él mismo, Principales cifras de la economía de la Iglesia Católica en España. Año 2018, que se dio a la publicidad en el mes de mayo de 2020, en cuya página 5 reconocía: “La memoria tiene dos partes: la primera recoge los importes recibidos a lo largo de 2018 procedentes de la asignación tributaria… En segundo lugar, la memoria presenta un conjunto de actividades realizadas por la Iglesia católica…”. Este año, el señor Giménez Barriocanal no ha tenido a bien ilustrarnos con ningún otro documento. En todo caso, este carácter híbrido y dual de la memoria, y por tanto, fraudulento, es evidente.
Como en años anteriores, es fácil demostrar que, en relación con este compromiso que el Estado debería exigir taxativamente, la jerarquía católica cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica:
1.- En primer lugar, cabe señalar que este compromiso (presentación de una memoria) no nació en 2006: ya lo había adquirido la Iglesia en 1979 con la firma del acuerdo concordatario para Asuntos Económicos; no obstante, no se conoce que los obispos presentaran una memoria hasta 2009 (¡!), a propósito de la correspondiente a la del ejercicio 2007. Debieron transcurrir 30 años para que la Iglesia cumpliera uno de los pocos compromisos adquiridos con la firma de los acuerdos concordatarios de 1979.
2.- Cada año la CEE elabora una presunta memoria justificativa relacionada con el destino de los fondos que recibe de la casilla del IRPF. Dicha memoria obra en poder de los Ministerios de Hacienda y Justicia (en realidad, más que justificantes de los gastos sólo aporta meras explicaciones, como ha puesto de manifiesto el TC), pero no debe confundirse con la memoria que da a la publicidad la jerarquía católica cada mes de junio (este 2021 en mayo), que puede considerarse como un resumen abreviado, y que es el objeto del presente análisis. Resulta alarmante que no sea la propia Administración la que dé a la publicidad de forma transparente dicha información.
3.- Tampoco encontraremos en la presente memoria mención alguna al Fondo de reserva, superior a los 89,5 M€, con que cuenta la Ic, que tiene su origen en el incremento de financiación que se produjo en 2008, incluyendo los 10,3 M€ aportados del superávit del ejercicio 2016, los 4,9 M€ del superávit de 2017, ni un euro en 2018, puesto que el superávit de dicho año se dedicó íntegramente a Trece TV y los 5,9 M€ aportados del superávit de 2019 (después de aportar otros 6,8 M€ del superávit a Trece TV), lo que ha permitido hacerse con un potente “colchón amortiguador”, por si flaqueaba la fe de quienes ponían la “X” en la declaración del IRPF. Lo cierto es que esta cantidad, sumada a los 85 M€ de media procedentes de la asignación tributaria, hasta que se reparten los fondos de dicha asignación a las distintas diócesis definitivamente, elevan a 174,5 M€ en total, como mínimo, que son objeto de inversiones financieras por parte de la CEE. Más adelante comentaré la cuestión de las inversiones financieras con más detalle.
Y digo, como mínimo, porque la economía de las diócesis también ofreció superávits en 2017, 2018 y 2019 por un valor total de 58,4 M€ que, lógicamente son susceptibles de engrosar el citado fondo de reserva.
Y entre tanto superávit conviene recordar lo que a propósito de los mismos declaró el TC en su Proyecto de Informe de fiscalización provisional de las cuentas de la Ic, posteriormente debidamente maquillado: si el propósito del acuerdo de 1979 es procurar su adecuado sostenimiento económico, la existencia de superávits sobrepasa el compromiso adquirido, además de no estar previsto en el mismo. Sobre ese incumplimiento jamás ha dicho nada el Estado. ¿Es adecuado sostenimiento subvencionar a la Iglesia con más recursos de los que necesita para funcionar?
4.- Como viene siendo habitual en los últimos años, ha desaparecido inexplicablemente la referencia central al Fondo Común Interdiocesano (FCI, en adelante), que se constituye con la aportación de lo obtenido por la “X” del IRPF más una supuesta aportación de las diócesis. Dicho FCI “es el instrumento a través del cual se canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales” (sic). De su importancia da una idea el hecho de que tanto la constitución como el presupuesto de dicho fondo se aprueban anualmente en asamblea plenaria por los obispos. Y como viene siendo habitual, no se ofrece ninguna justificación de esta omisión.
5.- También ha desaparecido de la memoria la cantidad que las diócesis aportan al FCI, aunque por el presupuesto del FCI para 2019, aprobado por la CEE, sabemos que las diócesis debieran haber aportado 15,12 M€ a dicho fondo, lo que significa tan sólo el 5,6 % del mismo. El hecho de que desde la memoria de 2013 haya desaparecido esta mención parece pretender ocultar que las diócesis aportan apenas la decimoctava parte del monto total del FCI y, por tanto, que dependen del Estado cada vez en mayor medida. Teniendo en cuenta que son instituciones privadas y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público, mal se conjuga esta situación con la declaración constitucional de aconfesionalidad del Estado.
6.- Un año más, como viene siendo habitual desde la memoria de 2009, se omite la referencia cuantitativa a la retribución de los sacerdotes en el marco de la utilización de los recursos de la asignación tributaria, así como el número específico de sacerdotes que se retribuye (¿sólo al conjunto de los sacerdotes diocesanos y cuántos son? ¿Los 16.960 sacerdotes (377 menos que el año anterior) mencionados en la página 15 son diocesanos? Tan sólo se declara que se envía a las diócesis, para su sostenimiento, 206,2 M€. Todo lo demás es un agujero negro.
No se entiende que sistemáticamente se oculte cuánto dinero se dedica a retribuciones del total de la cuantía transferida por el Estado de la casilla del IRPF, y a cuántas personas y por qué conceptos. Y menos se entiende que el Estado no exija puntualmente esta información cada año, como sería obligado en una administración que se preocupara por el interés general. Éste es uno de los mayores secretos guardados por la Conferencia Episcopal.
La persistente ocultación acerca de estas retribuciones obliga a realizar diversas aproximaciones para arrojar algo de luz en esta clamorosa ocultación. Y la primera fuente de aproximación son los presupuestos anuales del Fondo Común Interdiocesano, puesto que estos emolumentos proceden de dicho fondo (y por tanto de la “X” del IRPF). Ya en el lejano 2009, último año en el que la memoria episcopal se hizo eco de esta información, alcanzaron los 136,6 M€. Desde entonces, el silencio, aunque por el presupuesto del FCI para 2015 supimos que para dicho año se presupuestó 173,4 M€, es decir, un 27 % más que en 2009. Y digo 2015 porque en el presupuesto de 2016 y posteriores, dados a la publicidad por la CEE, no figura el montante correspondiente a las retribuciones del clero. En fin, cada vez más confusión y menos transparencia.
Así pues, sólo es posible afirmar, con los datos de los presupuestos del FCI para 2015, que no son los reales toda vez que los datos presupuestarios siempre son “preventivos”, que las retribuciones del clero y obispos, con sus consiguientes seguros sociales se incrementaron en el período 2008-2015 un 38 % (de 126 M€ hasta los 173,4 M€), lo que equivaldría a un incremento de 5,42 puntos porcentuales cada año. No está nada mal para una economía devastada por la crisis. ¿Quizás por eso se omite dicha información, para no tener que explicarla? Tal vez por eso se ha hecho desaparecer esta información de los presupuestos del FCI desde 2015 en adelante. ¡Ejemplar concepto de la transparencia el de los señores obispos! En todo caso, sobre este asunto trataré más pormenorizadamente en el apartado en el que analizo la distribución del FCI a las diócesis y la retribución del clero.
Por último, cabe llamar la atención sobre otra cuestión ignota: año tras año se presupuesta en el FCI una cantidad para la seguridad social del clero y prestaciones sociales, 19,1 M€ en 2019 (casi un 7% más que el año anterior), y en la memoria de dicho año sólo se hace referencia a la seguridad social del clero, 22,5 M€ (pág.76). ¿Qué explicación se da acerca de los 3,4 M€ de más que se gastan respecto a lo presupuestado por la CEE? ¿Cuál es el monto de las prestaciones sociales? La memoria nada dice sobre ello. Se omite toda información sobre qué prestaciones sociales recibe el clero con cargo a la denominada asignación tributaria, y ello sí debería ser objeto de la memoria. ¿Por qué se oculta dicha información?
7.- Si en la memoria correspondiente a 2014 se afirmaba que, con carácter general, los obispos en activo tienen una asignación establecida de 1.250 € al mes, desde la memoria correspondiente a 2015 ha desaparecido mención alguna a la retribución establecida para los señores obispos, por término medio. No se menciona a cuántos prelados se está retribuyendo con cargo a la asignación del IRPF, entre cardenales, arzobispos, obispos titulares y obispos auxiliares. Tampoco cuál es su aportación a la Seguridad Social o al IRPF. Completa opacidad. Lo que sí consta es que en 2019 la retribución global de éstos ha supuesto 2,23 M€, un 3,8 % inferior al año anterior, pero no se explica la razón de esta disminución.
Tampoco se dice nada en la memoria de 2019 acerca de la existencia y remuneración de 4 cardenales, 9 arzobispos, 18 obispos diocesanos y 2 obispos auxiliares, todos ellos eméritos. ¿No reciben ninguna retribución?
8.- Cierto es que en el mes de mayo de 2020, como he comentado anteriormente, se dio a la publicidad un documento editado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y firmado por el responsable de Asuntos económicos de la misma, Sr. Giménez Barriocanal, que era todo un derroche económico, habida cuenta de que estaba próxima la publicación de la memoria anual, y cuyo título era “Principales cifras de la economía de la Iglesia Católica en España. Año 2018”. Este documento, en realidad, no aclaró ninguno de los grandes interrogantes que planteo año tras año en mi Informe; y desde ese punto de vista además de un derroche, era superfluo, pero como lo financiaba el Estado a través de la denominada asignación tributaria, parece que no era menester reparar en gastos.
Quizás debido a su escasa relevancia, unido a lo superfluo del gasto, el caso es que en 2021 el Sr. Barriocanal no ha publicado su informe correspondiente a 2019, con antelación a la publicidad de la memoria de la CEE. Pero nadie nos dará una explicación.
No obstante, y en relación con la retribución de los obispos que se hurtaba a la memoria de 2018, cabe reseñar que Principales cifras…mencionaba que “la cantidad base fijada de retribución para 2018 fue de 1.258 € mensuales”. Esto es, 8 euros mensuales más que cuatro años antes. Obviamente, esta denominada “cantidad base” no tenía la más mínima credibilidad, así como ninguna relación con la retribución real de los obispos. Y en lo tocante a los demás interrogantes que vengo planteando sobre esta cuestión, dicho documento tenía mucha “letra” pero poca “música” (léase, cifras).
9.- Llama poderosamente la atención que un año más, como desde la memoria correspondiente a 2010, se oculte la cantidad que procedente del FCI se dedicó en 2019 a actividades pastorales. Por el presupuesto del FCI sabemos que en 2015 se preveía dedicar 35,8 M€ para estos menesteres y el año anterior 35,5 M€, esto es, el 18 % de la cantidad que procedente de la casilla del IRPF se enviaba a las diócesis. La primera pregunta que surge es ¿cómo es posible que se dedicara tan exiguo porcentaje para una actividad, la pastoral, que se supone que es la motivación principal de la Iglesia?
Esa información ya no está disponible, ni siquiera, en el presupuesto del FCI desde 2016 en adelante. Por el contrario, según el FCI la actividad pastoral nacional se ha reducido a 1,7 M€ y en el extranjero alcanza 1,3 M€. En todo caso, resulta inexplicable que entre los empleos de los recursos de la asignación tributaria (pág. 76 de la memoria episcopal) sólo figuren las actividades pastorales nacionales, con 2,4 M€ (1,1 M€ menos que el año anterior), y las actividades pastorales en el extranjero, con 1,3 M€ (éstas sí, con la misma cantidad que el año anterior), totalizando ambas rúbricas 3,7 M€. Esta cantidad es muy inferior y nada tiene que ver con los 35,8M€ que se consignaban en el presupuesto del FCI para 2015, y no sólo tampoco merece ninguna puntualización de los auditores de PwC, sino que se permiten afirmar, como todos los años, que la memoria “…ha sido preparada de manera adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos…”. (¡!).
10.- Un año más, el importe que la CEE declara haber dedicado a su campaña de publicidad para conseguir financiación estatal vía IRPF es completamente opaca, además de poco creíble: la memoria cuantifica el gasto de Campañas de comunicación y Plan de transparencia (pág. 76) en 5,98 M€, (16 % de incremento respecto al año anterior, lo que es un indicador de cómo mima la propaganda la CEE), de los que 5,58 M€ se han dedicado a las campañas de asignación tributaria y Día de la iglesia diocesana, sin que especifique la memoria cuánto a cada una.
En este caso resultaba de alguna utilidad el documento de Giménez Barriocanal, en lo que se refería a 2018, para enterarnos de que a la campaña de la asignación tributaria se habían dedicado 3,3 M€ y a la del Día de la iglesia diocesana 1,4 M€ (el doble que el año anterior); la memoria de 2019 ni siquiera nos ofrece este desglose. En todo caso, estos importes se dedican en un porcentaje superior al 90 % a comprar medios de prensa, radio, televisión, internet y redes sociales.
El importe dedicado durante 2019 al denominado Plan de Transparencia alcanzó los 394.466 euros. En realidad, bajo este pomposo y equívoco nombre encubren los obispos gastos propios de la asignación tributaria, como son elaboración y revisión de la memoria, estudios de impacto, elaboración y distribución del millón de ejemplares del folleto publicitario de la misma; impresión, elaboración y gastos de presentación de la memoria. Incluso la gala de presentación de la misma. ¿Qué sentido tiene intentar disminuir los gastos de la campaña de la asignación tributaria, haciéndolos pasar como Plan de transparencia? ¡Menuda “transparencia” la de los obispos!
Ni que decir tiene que no se ofrece en la memoria explicación alguna de los soportes publicitarios con que nos bombardean a l@s ciudadan@s durante todo un año (estáticos y dinámicos, vallas, encartes en periódicos de folletos a todo color, desayunos informativos, emisoras de radio y TV, periódicos monográficos, etc.) En todo caso, ¿por qué no deja la Iglesia católica de derrochar los recursos de los que tan alegremente le provee el Estado, deja de duplicar publicaciones autojustificativas e incluye en la memoria anual todos los datos relevantes? En el informe que publicó el año pasado el Sr. Barriocanal se encuadraba como actividades pastorales nacionales elgasto de 373.649 euros en la campaña de agitación y propaganda (agitpro) para apuntar a los niños a la clase de religión. La memoria de 2019 nada dice al respecto, pero en todo caso ¿por qué enmascararlo de esa manera?
Debemos tener en cuenta que esta gigantesca campaña de agitpro de la “modesta” corporación que es la Ic, se vertebra a través de, al menos, 67 publicaciones diocesanas, 145 programas de radio, 256 revistas, 13 programas de TV, cadenas de radio (Cope –a cuyo grupo pertenecen Cadena 100, Rock FM y Megastar FM-, Radio María, etc.), de televisión (Trece, antes 13 TV) y agencias de noticias, el semanario Alfa y Omega, encartado en ABC, además de una presencia creciente en Internet y en las redes sociales, que ya en 2015 presumía de haber llegado a más de 10 millones de personas.
Una vez más, debo recordar que esta abusiva campaña no sería objeto de mi interés si el dinero que se emplea en ella no fuera dinero público que debiera estar al servicio de los intereses generales, y no de intereses particulares como los de la Conferencia Episcopal.
11.- Es preciso comentar también que en la página 78 se indica que el 79 % de los recursos que llegan a través de la asignación tributaria se envía a las diócesis, y se cifra la cantidad en 206,2 M€. Pero no hay forma humana, ni “divina”, de obtener dicho porcentaje si partimos de las cifras ofrecidas: los 206,2 M€ que dice la memoria que se han enviado a las diócesis, respecto a los 301,1 M€ asignados para dicho año, representa apenas el 68 % (el año anterior supuso el 71 %, y en 2017 el 75,4 %). Esta ha sido la realidad. Pero si nos referimos a la cantidad que figura en la memoria, pág. 76, como asignación tributaria de dicho año, 273,3 M€, el porcentaje es el 75,4 %. ¿De qué está hablando la Conferencia Episcopal? En realidad, ese 79 % está calculado respecto a los “empleos” o gastos (o pagos, vaya usted a saber) en 2019, que fueron 260,6 M€, que no es lo mismo que la asignación tributaria correspondiente a dicho año, que fue de 301,1 M€. ¿Por qué no se dejan de jueguecitos numéricos y ofrecen las cantidades efectivamente gastadas correspondientemente devengadas en el ejercicio 2019?
Ya me referiré a esta información tan “adecuada y fiable” a juicio de PwC, pero valga añadir que tampoco existe ninguna mención a que el citado 79 % de los recursos que llegan a través de la asignación tributaria se dedica a retribución de los sacerdotes (¿cuántos en total y qué distribución por diócesis?). Silencio y oscuridad abisal en la memoria episcopal. ¿Por qué se oculta?
Parece evidente, por tanto, que la verdadera intención de la memoria anual que se da a la publicidad es justificarse ante la sociedad por los inconmensurables recursos económicos que la Iglesia obtiene del erario público (tanto directa, como indirectamente, vía exenciones), mostrando el sinnúmero de actividades que la Ic realiza a lo largo del año. Pero intentar abrumar a los ciudadanos con tantas “nubes de tinta”, cual si fuera un calamar gigante, no es pertinente en el contexto del compromiso que adquirió la Ic en 2006. Y mucho menos jugar a la ceremonia de la confusión mezclando datos que no vienen a cuento con lo que es su verdadero compromiso: elaborar una memoria que justifique las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria. Esto es lo exigible por la sociedad y es lo que debería exigirle el Estado.
Es fraudulento, por tanto, que la memoria se aplique a dar a conocer la forma de organización de la Ic, su estructura, su financiación y las actividades que desarrolla en el marco de sus fines propios: la evangelización, el anuncio de la fe y el ejercicio de la caridad, como se afirma en la página 8: toda esta información puede ser relevante para la Ic y sus seguidores, pero es irrelevante para el conocimiento de lo que debería ser el verdadero y único objeto de la memoria: justificar las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria.
Precisamente todas estas cuestiones, que vengo señalando desde hace años, afloraron en el demoledor Informe provisional del Tribunal de Cuentas, previo al maquillado informe final aprobado en julio de 2020, que asignaba una doble responsabilidad: 1) por un lado, “sacaba los colores” al Estado (los sucesivos gobiernos) por no haber establecido los plazos, forma de presentación o contenido que debe tener la memoria o por no analizarla ni informarla y, lo que resulta más grave, por no comprobar que el dinero público que se entrega a la Ic se destine a los fines que ésta declara, y no establecer ningún tipo de control; 2) por otro, respecto a la Ic, reconocía que la memoria no tenía ningún valor justificativo, sino que es un mero compendio de actividades, careciendo de toda exhaustividad. El informe de fiscalización final, aprobado por el pleno del TC el 28 de julio de 2020 mantiene, no obstante, estas afirmaciones, como luego analizaré.
Quizás espoleados por el edulcorado informe final del TC, consecuencia de la presión de las fuerzas externas e internas confesionales, los obispos han decidido dar una vuelta de tuerca más en su supuesta “rendición de cuentas”: si hasta ahora la memoria anual ponía en primer plano los aspectos relacionados con la denominada asignación tributaria, como correspondería a esa supuesta rendición de cuentas, principal objeto de dicha memoria, en la memoria de 2019 todo lo relacionado con la asignación tributaria, así como las escasa cifras de la economía de las diócesis, queda relegado al último lugar de la memoria episcopal.
De esta manera, si hasta ahora podía decirse que la descripción de las múltiples actividades eclesiales servía de coartada para justificar a una Ic subvencionada a través de las casillas del IRPF, en la versión de 2019 se demuestra el menosprecio que le merece la supuesta rendición de cuentas, desplazando éstas hasta la página 72 de la memoria. ¿Hasta cuándo dejará el Estado de mirar hacia otro lado? Sin comentarios.
Ante esta tesitura debo insistir, como cada año, en que la Ic debe cumplir su compromiso sin intentar confundir a l@s ciudadan@s. Y buena prueba de que lo intenta un año más es que en la memoria presentada este año, que ocupa 87 páginas (excluyendo anexos), dedica el 63 % de su contenido (55 páginas) a exponer la actividad pastoral, celebrativa (sic), evangelizadora, cultural, caritativa, etc., de la Iglesia y su supuesto impacto económico, y tan sólo 10 páginas (el 11 %) están relacionadas con la denominada asignación tributaria que, como acabo de afirmar, debería ser el verdadero y único objeto de la memoria. Como cada año, muy poco espacio para la asignación tributaria y muchísimo para todo lo demás.
Y para ello, este calamar gigante que es la corporación católica no duda en expeler densas nubes de negra tinta en tres direcciones: 1) cuantificando lo que la Ic “invierte en la sociedad”, en términos de PIB; 2) calculando el supuesto impacto económico del patrimonio cultural de la Ic o de las fiestas religiosas, apropiándose en exclusiva para las creencias y la Institución católicas el impacto económico de bienes patrimonio de la humanidad o de interés cultural, también en términos de PIB; y 3) ofreciendo el “impacto económico” de la actividad caritativa y asistencial de la Ic.
Lo que resulta cada vez más claro es que la jerarquía episcopal realiza cada vez con mayor ahínco el intento de justificar lo injustificable: la apropiación de fondos públicos para sus actividades confesionales. Y con el dinero público han realizado estudios Ernst & Young, KPMG y PwC. Y la Ic está dispuesta seguir con esta escalada siempre que alguien afirme la barbaridad de que sus actividades aportan el 3 % del PIB. Al menos ya tuvieron el buen gusto de eliminar la jerga economicista del “retorno social de la inversión”, tan de moda, y de moderar la exposición tipográfica y numérica de tanto “impacto” en el marco de la memoria. Ambos aspectos ya los critiqué en mi informe a la memoria de 2016.
En cualquier caso, debo dejar claro que el Estado debería exigir rendición de cuentas a la CEE por las cuantiosas sumas de caudales públicos de que se beneficia, tanto por vía directa como indirecta (exenciones), así como por las transmisiones patrimoniales que recibe de las Administraciones públicas. Pero en lo tocante a la memoria que está obligada a elaborar anualmente, merced al “generoso” acuerdo arrancado al gobierno socialista en 2006, ya comenté en mi Análisis de 2016 que los obispos deberían cumplir su compromiso sin inundar a todos los ciudadanos con un montón de datos pastorales, evangélicos o supuestos estudios de impacto económico que nadie le ha pedido.
Dicho en castizo: la Conferencia Episcopal debe dejar de marear la perdiz con tanto populismo mediático y presentar una “memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Y el Estado debe exigírselo. Sin ocultar cifras. Sin esconder conceptos. ¿Resulta tan difícil? Si desean explicar a la sociedad sus actividades deben hacerlo en otro documento y no seguir creando tanta confusión interesada para enmascarar sus privilegios.
12.- Por último, es necesario comentar, dada su actualidad, que en un momento en que la única salida lógica, desde el punto de vista de la laicidad de las instituciones públicas y de la aconfesionalidad del Estado preconizada por la Constitución, es la eliminación de la casilla de la declaración del IRPF,(algo que exige necesariamente la denuncia y anulación de los acuerdos concordatarios con la Santa Sede), el globo sonda que lanzó el último gobierno del PP, para extender dicho privilegio a otras religiones “de notorio arraigo”, debería ser pinchado definitivamente por el actual gobierno de coalición.
Como es lógico la Ic, desde su posición de notorio privilegio, nada tiene que objetar a dicha ampliación, sino muy al contrario celebra y anima dicha estrategia; cuantas más casillas, más legitimada queda su privilegiada e inalcanzable posición.
El que algunas otras religiones se lleven algunas “migajas” (menos de 1 M€ entre las tres) que se caen del mantel de la opípara comilona eclesial (301 M€ en 2019) no preocupa a sus eminencias. Pero para el resto de ciudadan@s, que debemos financiar los “jibarizados” servicios públicos de enseñanza, sanidad o servicios sociales con nuestros impuestos, esta especie de huida hacia adelante nos confirma el aumento de la “mordida” fiscal y aumenta nuestra preocupación. Por tanto, la alarma social que provocó este “café para tod@s” del último gobierno del PP debería figurar en la agenda política del actual gobierno de coalición y de tod@s l@s ciudadan@s conscientes de la importancia del interés general y de los servicios públicos. Máxime en una situación como la actual, ante la gravísima crisis económica y social provocada por la pandemia vírica, que ha venido a superponerse al recorte de todo tipo de dotación pública provocada por la crisis desde 2008
LOS PRIVILEGIOS ECONÓMICOS DE LA IGLESIA
1.- Es suficientemente conocido que los acuerdos concordatarios de 1979, como aplicación y desarrollo del preconstitucional acuerdo concordatario de 1976, aún tampoco derogado, son la base de los privilegios que ostenta la Ic en España en materia económica, jurídica y simbólica: de ahí que Europa Laica lleve casi veinte años reivindicando su inexcusable denuncia y anulación. Pero dada la materia económica que nos ocupa en este Informe, la denominada asignación tributaria, debo comenzar exponiendo brevemente la arquitectura legislativa en que se basan dichos privilegios, para lo cual debo hacer mención al Acuerdo sobre asuntos económicos, de 1979, aLey Reguladora de las Haciendas Locales y a la denominada Ley de Mecenazgo.
a) El Acuerdo sobre asuntos económicos (AAE) no sólo compromete al Estado a conseguir el “adecuado sostenimiento de la Ic” a través del IRPF, sino que en sus artículos III, IV y V provee a la Ic de una completa batería de exenciones fiscales. Por ceñirme al ámbito municipal, me centraré en estos dos últimos.
El artículo IV menciona una exención total y permanente del actual IBI para templos, capillas, dependencias, residencias de obispos, sacerdotes, locales de oficinas, edificios y locales anejos, seminarios y conventos de órdenes y congregaciones religiosas. Desde 1992, las denominadas confesiones minoritarias con acuerdo con el Estado, se benefician de exenciones equivalentes.
Resulta difícil comprender por qué las personas al servicio de la función pública en España (médic@s, profesor@s, etc.), estando al servicio del interés general, deben pagar el IBI de sus viviendas y los curas u obispos, dedicados a intereses tan particulares como los religiosos gozan de ese privilegio. ¿Acaso las funciones religiosas tienen más importancia cívica y social que el servicio de la función pública?
Igualmente sucede con los templos y capillas destinados al culto, ¿por qué las asociaciones compuestas por personas que tienen convicciones cívicas ecologistas o feministas pagan el IBI de sus locales, mientras que las compuestas por personas (órdenes, cofradías, hermandades y asociaciones de todo tipo) que tienen creencias de naturaleza religiosa no contribuyen con sus impuestos en igual medida?
Para el resto de entidades no incluidas en el artículo IV (asociaciones de todo tipo, cofradías, hermandades), si se dedican a actividades religiosas, benéficas, médicas, o de asistencia social, se aplican los beneficios fiscales que tuvieran las entidades sin fines de lucro. En cualquier caso, el acuerdo no incluía entre sus exenciones los rendimientos de patrimonio cedido a terceros (alquileres), ni las ganancias de capital e incrementos de patrimonio (intereses, dividendos…).
El Sr. Giménez Barriocanal, ha propagado hasta la saciedad, por sus multitudinarios medios de difusión, que sus actuales privilegios económicos no proceden del acuerdo concordatario con la Santa Sede. Pero ello no es cierto, no sólo porque dicho acuerdo obliga a financiar los sueldos de curas y obispos con cargo al erario público, sino también porque obliga a que siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, deberá aplicarse a la Ic los beneficios fiscales que correspondan: así sucedió con la Ley de Haciendas Locales, con la Ley de Fundaciones y posteriormente con la denominada Ley de Mecenazgo.
b) La Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido por RD Legislativo 2/2004), menciona expresamente en su artículo 62. Exenciones, todos los bienes públicos exentos del IBI, pero además también, como si de bienes públicos se tratara, los bienes de la IC en los términos expuestos en el acuerdo y los inmuebles de las confesiones minoritarias, así como los de todos los inmuebles dedicados a la enseñanza en régimen de concierto (en cuanto a la superficie afectada a dicha enseñanza concertada). Esta exención debe ser compensada por la Administración competente. Se da así la paradójica circunstancia de que la subvención indirecta (exención) de que se benefician los centros de enseñanza concertados debe ser abonada por las comunidades autónomas (todos los contribuyentes).
c) Pero sin duda, es la denominada Ley de Mecenazgo 49/2002 (de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo), aprobada durante el mandato del PP, la que superó de manera muy notable, en palabras del propio responsable económico de la Conferencia Episcopal, las exenciones que estaban previstas en el acuerdo concordatario de 1979. Hasta entonces la exención del IBI para la Ic estaba limitada a una lista cerrada; a partir de entonces se concede a todos los bienes del denominado sector no lucrativo, salvo a aquellos donde se desarrollan explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades (IS). Y para cerrar el círculo, es en el artículo 7 de esta ley donde se realiza una exhaustiva lista de explotaciones económicas exentas (acción y promoción social, hospitalización o asistencia sanitaria, edición, publicación y venta de libros y folletos, enseñanza y formación profesional, incluyendo educación infantil, representaciones musicales, teatrales o cinematográficas…).
Resulta curioso observar que cuando en el artículo 2 de esta Ley se enumeran las entidades sin fines lucrativos, no se menciona a las entidades religiosas entre ellas, así como al enumerar en el artículo siguiente los requisitos para ser considerada como tal, tampoco figuran las actividades religiosas, puesto que no constan como fines de interés general. No obstante, la disposición adicional novena incorpora a la Ic, (así como a las demás confesiones religiosas con acuerdo con el Estado) a todos los beneficios de esta ley y no sólo a las entidades del artículo IV del Acuerdo de 1979 (Sta. Sede, CEE, diócesis, parroquias, órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada), sino también a las del artículo V, es decir a todas las entidades y asociaciones religiosas, incluidas las miles de hermandades y cofradías existentes.
Asimismo, la Ley de Mecenazgo de 2002 modificó drásticamente el régimen de exenciones aplicables a la Ic, en su art. 15. Tributos locales, y ello suponía realmente extenderlas a los solares sin edificar, a inmuebles donde no se desarrolla ninguna actividad, a inmuebles cedidos en alquiler o a inmuebles donde se desarrollan explotaciones económicas declaradas exentas (colegios, residencias, hospitales, museos, editoriales,…), al rendimiento del patrimonio mobiliario, intereses, dividendos, participación en beneficios, cánones o a adquisiciones o transmisiones de bienes o derechos.
El resultado de todos estos privilegios no es desconocido: por el Observatorio del Laicismo supimos en 2019 que gracias a la actividad de Córdoba Laica hay 443 inmuebles en Córdoba por los que la Ic no paga IBI, entre los que hay viviendas, cocheras, locales y edificios de uso comercial. Asimismo, Granada Laica en un importante estudio realizado en 2015 afloraba 352 inmuebles exentos, entre los que figuraban centros concertados, escuelas-hogar, residencias de mayores, de estudiantes, templos, pisos, locales comerciales, que sólo para la ciudad de Granada suponía una merma de algo más de 2 M€, sin mencionar otros 425.000 € del ICIO. Estudios diferentes se han realizado en otras ciudades españolas, entre las que podemos destacar también Valencia y Granada.
Así pues, con esta ley, la gran mayoría de las fuentes de financiación de las instituciones de la Ic quedan exentas de tributación. Pero no sólo ellas: también las de todas las entidades de las demás religiones, fundaciones de partidos políticos y asociaciones de todo tipo, así como todas las entidades sin fines lucrativos, desde Hazte oír hasta la Fundación Francisco Franco, por ejemplo. Llama la atención que quienes deberían preocuparse por allegar recursos públicos para financiar los servicios de interés general se dediquen a vaciar sistemáticamente las arcas públicas concediendo exenciones indiscriminadas. Es necesario por tanto modificar sustancialmente esta ley (si no derogarla) y restringir exclusivamente los beneficios fiscales a entidades que de manera fehaciente persigan el interés general.
NECESIDAD DE UNA VERDADERA AUDITORÍA
2.- Dejando para más adelante el comentario de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas, los cuantiosos recursos económicos de que dispuso la jerarquía católica para publicidad,5,98 M€ en 2019, (0,85 M€ más que el año anterior) han permitido realizar, por noveno año consecutivo, el Informe de aseguramiento razonable sobre la Memoria Anual de Actividades del Ejercicio 2019, realizado por la consultora PwC.
Resulta evidente, para cualquier observador desapasionado, la necesidad que tiene la institución eclesial de dotar de credibilidad a las cifras que aporta, toda vez que la información que realmente interesaría a l@s ciudadan@s no aparece por ningún lado (tampoco en el pomposo pero vacío de cifras económicas Portal de Transparencia de la CEE), como antes he señalado.
No obstante, conviene tener claro lo que no es el Informe de aseguramiento razonable: no significa que se hayan auditado las cuentas de la Iglesia católica (Ic, en adelante) conforme a la Ley de Auditoría de Cuentas, como el propio Informe emitido por PwC reconoce. Como es natural, la auditora no ha tenido a la vista en ningún momento “las cuentas” de la Ic, ya que éstas no existen y el Estado no se las exige. La compañía auditora sólo ha trabajado con la información que la CEE ha tenido a bien poner a su disposición. A partir de ahí ha formulado preguntas, realizado algunas reuniones, visitado algunas diócesis y parroquias, rellenado cuestionarios y, finalmente, elaborado un informe que, en ningún caso puede entenderse como una auditoría contable. Y ello es así porque no existe nada parecido a una contabilidad integrada de la corporación católica, con su cuenta de resultados anual, su balance, su patrimonio, su activo, su pasivo, sus amortizaciones, etc.
Así pues, deberemos seguir esperando transparencia en el seno de esta gigantesca corporación que es la Iglesia católica: la conclusión del Informe de PwC no puede ir más allá de afirmar más que los datos (escasos y poco relevantes, según mi opinión) que se han puesto a su disposición se han preparado “de manera adecuada y fiable”, aunque la adecuación y fiabilidad de los mismos no dejan de ser un “dogma de fe”, toda vez que las contradicciones, lagunas y omisiones ponen en duda dicha fiabilidad.
Admito que a algunas personas (a l@s incondicionales de la institución eclesial) estos datos les puedan parecer suficientes e incluso excesivos. Por el contrario, para los millones de contribuyentes (de creencias católicas o de cualesquiera otras creencias, religiosas o no) que sufrimos los privilegios económicos de la Ic y la consiguiente succión de recursos públicos de los presupuestos del Estado, la mayor parte de los datos aportados en la memoria del ejercicio 2019 nos resultan indiferentes (actividad “celebrativa”, evangelizadora, pastoral…), pues sólo tienen significado en la órbita específica, y por tanto particular, de la actividad eclesial. Así pues, la mayoría de los datos aportados no tienen ningún interés, más que para los convencidos y, por otro lado, no se aportan los que de verdad interesarían a la mayoría de l@s ciudadan@s.
Al menos, en las cuatro últimas memorias se ha incorporado la información cuantitativa relacionada con los recursos y empleos de las diócesis que, según parece, son las instituciones católicas a través de las cuales se vertebra la mayor parte de su actividad. En todo caso, y aun cuando no es el verdadero objeto de la memoria, los obispos despachan la economía diocesana en seis sencillas páginas (las mismas que en años anteriores), por lo que puedo seguir afirmando, una vez más, que éstas son las mismas cifras que, año tras año, impiden ver el bosque de la financiación de la Iglesia católica en España.
LAS FALACIAS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
3.- No se puede comenzar hablando de la denominada Asignación tributaria sin mencionar, siquiera brevemente, los hechos reconocidos en relación a este concepto que, aunque de sobra repetidos por tod@s l@s laicistas, no deja de ser la cantinela redundante en toda la propaganda episcopal, así como el eje de su abusivo bombardeo mediático para intentar conseguir marcar la casilla de la declaración del IRPF (al igual que la de los fines de interés social):
a) Quien marca la “X” en la declaración del IRPF no pone un solo euro de su bolsillo, como paladinamente reconoce la Ic (a tí no te cuesta nada).
b) El dinero lo pone el Estado de la “bolsa común” (Presupuestos), que tendría que estar al servicio de fines públicos (escuelas, sanidad, servicios sociales, desempleo, pensiones). Si quien marca la casilla no aporta ni un euro adicional de su bolsillo ¿de dónde va a salir el dinero si no es de la “bolsa común”, es decir del bolsillo de tod@s l@s ciudadan@s? ¿De qué otro sitio podría salir que no sea de los Presupuestos del Estado? Los impuestos no “pertenecen” a l@s ciudadan@s, sino al Estado para proporcionar (supuestamente) servicios de interés general. Por tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario. Cuestión distinta es que el Estado no lo consigne en sus presupuestos por una argucia de “ingeniería presupuestaria”.
Esta manipulación “milagrosa” con que pretenden convencernos unos y otros (Estado y obispos) de que no sale de los Presupuestos Generales, no es más que contabilidad “creativa” que el Estado pone a favor de los intereses de la Ic. ¿Por qué el Estado colabora en la ocultación de dicha subvención en sus Presupuestos Generales? El TC ha puesto de manifiesto en su Informe de fiscalización definitivo (aprobado en el Pleno de 28 de julio de 2020) algo que llevo afirmando desde hace diez años: el dinero que recibe la Ic, vía IRPF, es dinero público salido de los Presupuestos.
c) Quien marca la “X” dispone de un privilegio: poder indicar al Estado que transfiera de los Presupuestos Generales una cantidad equivalente al 0,7 de la cuota íntegra de su declaración para una institución privada (la Ic), e incluso otro 0,7% para algunas ONG, en gran medida de naturaleza católica. Como privilegio que es, no está al alcance de ningún/a otr@ ciudadan@. No tod@s tenemos los mismos derechos y obligaciones fiscales, a pesar de que así lo establezca la Constitución.
d) En la práctica, el gesto de marcar la “X” equivale a aportar un 0,7% menos de impuestos (o un 1,4% menos, en caso de marcar la de “Otros fines sociales”) que el resto de l@s ciudadan@s, contraviniendo el art. 31 de la Constitución.
e) Por más que la jerarquía católica lo repita por tierra, mar y aire, el importe de la denominada asignación tributaria no se dedica a actividades litúrgicas, evangelizadoras, pastorales, ni mucho menos caritativas o sociales (salvo el pequeño aporte a Cáritas), sino a otras mucho más pedestres como los salarios y seguridad social de curas, obispos, Facultades eclesiásticas, incluso a financiar TRECE TV, campañas contra el aborto, la eutanasia o beatificaciones (según lo que proceda en cada momento).
f) Afirma la memoria en su página 7 que el nuevo sistema de financiación de la Ic, negociado en 2006 (presupuestos para 2007), establece que a partir de entonces la jerarquía católica sólo recibirá para su sostenimiento únicamente lo que los contribuyentes decidieran asignarla en su declaración de la renta. No obstante, la misma página recuerda que el acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979 compromete (obliga) al Estado a colaborar con el adecuado sostenimiento económico de la Ic.
Por tanto, mientras siga vigente dicho acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a 110 obispos y cardenales, 16.960 sacerdotes, seminarios, congresos, 22.993 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen l@s contribuyentes. Y la Ic, como siempre, exigiría el cumplimiento de dicho acuerdo.
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA – IRPF
4.- Conviene comenzar este apartado comentando algo que ya critiqué en mi memoria correspondiente a 2015, pues se silenciaba algo de extraordinaria importancia para el funcionamiento y las actividades de la Ic a partir de 2016: los prelados habían conseguido obtener como anticipo del gobierno del PP más dinero contante y sonante cada mes para financiar sus actividades a partir de 2016: nada menos que 16 M€ más respecto a 2015, con la simple triquiñuela de modificar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 la mecánica de los anticipos (Ley 48/2015, Disposición adicional cuadragésima sexta. Financiación de la Iglesia Católica).
De esta manera consiguió la jerarquía eclesial que los anticipos mensuales en vez de ser una cantidad fija fueran el 70 % de la última liquidación efectuada. Por este sistema los obispos consiguieron incrementar las cantidades líquidas a percibir como anticipo en 2016 en torno al 10%, como mínimo: de 159 M€/año hasta 175 M€/año; (otro incremento del 7,4 %). El anticipo que correspondería por el ejercicio 2019 alcanza ya los 211 M€ (un 20 % más). Parece que la recuperación ha llegado para los obispos ¿Por cuánto tiempo seguirá negando el Sr. Barriocanal que el Estado financia a la Ic? Por segundo año, al menos, este asunto también se menciona en la memoria (pág.7, nota microscópica al pie), aunque no se ofrece ninguna cantidad concreta, ni mayor información adicional.
De todas formas, al igual que la memoria publicada en años anteriores, la introducción de la memoria episcopal de 2019 nos recuerda, en la citada página 7, un compromiso del Estado y desliza varias inexactitudes reiteradas:
a) El recordatorio a tod@s l@s ciudadan@s, como he mencionado anteriormente, es para que no se nos olvide que los acuerdos concordatarios de 1979 comprometen (y obliga) al Estado (y por tanto a todos los españoles) a colaborar con el adecuado sostenimiento de la Iglesia católica. No está mal el comienzo, para tratarse de un Estado supuestamente aconfesional. Sin embargo, se silencia paladinamente que en dichos acuerdos de 1979 figuraba el compromiso de la Ic para autofinanciarse, olvidado y no exigido por ninguno de los gobiernos de la democracia española (La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades).
b) Este año, por cuarto año consecutivo, se permite mencionar (Introducción, pág.7) la Constitución Española de 1978, mutilando una vez más su artículo 16.3, omitiendo precisamente el enunciado inicial del mismo que establece que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” y pasando directamente a la referencia a “tener en cuenta” las creencias religiosas y a las relaciones de cooperación. Prometedor comienzo de la memoria.
c) A pesar de que la ley de presupuestos para 2007 estableció que la Ic recibiría por el denominado sistema de asignación tributaria únicamente lo que los contribuyentes asignaran por la “X” en el IRPF, se desconoce que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT o Agencia Tributaria, en adelante) haya publicado de forma fácilmente asequible (y eso significa también publicitar en los medios) el cuadre preciso de las cantidades anticipadas mensualmente desde dicho año, las liquidaciones a favor de la Ic y las diferencias anuales a ingresar procedente de los PGE. Así sucede que, salvo lo conocido a través del Informe del Tribunal de Cuentas para los ejercicios 2013 a 2017, es sumamente complicado conocer si se está cumpliendo estrictamente lo acordado y por tanto si la Iglesia está cobrando “sólo” lo que firmó con el Estado.
d) Otra inexactitud (sin duda intencionada), también en la página 7, también repetida año tras año, es que en contra de lo que afirma la memoria, el compromiso de la Ic fuera“presentar cada año una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado, así como los destinos de las mismas”. No es cierto. En realidad, como literalmente estipula dicho Canje de Notas y como he citado más arriba, el compromiso consistía en presentar una Memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria. Lo demás forma parte de las técnicas publicitarias episcopales. En todo caso, si la Ic quiere informar de sus actividades, debería pagarse la propaganda de su bolsillo.
e) La última inexactitud intencionada que se desliza en la misma página 7 de la memoria, es que las cantidades desviadas de los presupuestos del Estado, como consecuencia de la “X” de las declaraciones en el IRPF, se destinen para “la celebración y la educación en la fe, la evangelización y el ejercicio de la caridad”. Como he explicado anteriormente, y a pesar de que la información ha desaparecido desde la memoria de 2010 sabemos, dando por buena la única referencia disponible contenida en la memoria, que los recursos enviados a las diócesis para sustentación del clero han pasado de representar 108,7 M€ en 2008, hasta los 182,8 M€ en 2019, lo que significa un incremento del 68 %, casi 6 puntos porcentuales de incremento anual.
En consecuencia, un simple vistazo a la página 76 de la propia memoria permite deducir que la mayor parte del “bocado” que tiene su origen en la declaración del IRPF (denominada oficialmente asignación tributaria) se dedica a pagar los sueldos de los sacerdotes, concepto convenientemente enmascarado bajo la rúbrica de Envío a las diócesis para su sostenimiento, (previsiblemente no inferior a 182 M€), la seguridad social del clero (22,47 M€, cuatro millones más que en 2019), los emolumentos de los obispos y el funcionamiento de la Conferencia Episcopal (4,86 M€), el IVA de la rehabilitación y construcción de templos (3,93 M€)), el mantenimiento de centros de formación o Facultades eclesiásticas (5,21 M€) o las campañas de agitación y propaganda eclesiales (5,98 M€). A caridad sólo se dedica la aportación a Cáritas, 6,37 M€, lo que supone sólo el 2,3% de los recursos obtenidos por la casilla del IRPF en 201 (el 2,1 %, en realidad, respecto a los 301 M€ efectivamente recaudados). Y a actividades pastorales en España y el extranjero 3,6 M€, 1,2 M€ menos que el año anterior, apenas el 1,3%. En total, a tan elevados menesteres, caridad y actividades pastorales (entre los que se incluye la campaña para convencer a los padres que apunten a religión a sus hij@s), el episcopado dedica el 3,6 % de lo obtenido por la “X” del IRPF.
5.- Los diagramas de barras relativos al número de declaraciones “a favor” de la Ic y a los importes correspondientes asignados ofrecen una presentación que, como es lógico, pretende crear un estado de opinión lo más favorable posible para la institución, que pronto queda al descubierto:
a) Si en años anteriores se proclamaba de forma grandilocuente queel porcentaje de declaraciones “se consolida en el 35 %”, cuando en realidad disminuía, este año las declaraciones “a favor” siguen desciendo hasta el 32,15 % del total de las declaraciones del IRPF, el menor porcentaje desde que existe el nuevo sistema de financiación y, lógicamente, la Ic ha decidido no incluir ya dicho porcentaje en la memoria. Se terminó (hasta nueva orden) el latiguillo de que la Iglesia “se consolida en el 35 %”, porque en realidad ha descendido nada menos que 3,6 puntos porcentuales desde 2010.
b) Si nos referimos al número de declaraciones absoluto (pág. 75 de la memoria), los 7,3 millones de declaraciones “a favor” de la Ic en 2019, 106.259 declaraciones más a favor de la Ic que en el año anterior, está en el quinto lugar desde que se implantó el nuevo sistema. No obstante, la CEE oculta (con la connivencia de PwC) que el incremento total de declaraciones de dicho ejercicio en España alcanzó las 448.165, lo que significa que la Ic se ha hecho tan sólo con el 23 % de dicho incremento, muy lejos del 32 % global sobre el total de declaraciones. En definitiva, entre 2010 y 2019 ha disminuido el número de declaraciones “a favor de la Ic” en 157.177.
c) Cabe señalar que con un insignificante incremento en el número de declaraciones (no llega al 1,5 %) los obispos obtendrán casi un 6 % más dinero que el año anterior (16,6 M€); no obstante, la propia memoria oculta que el IRPF en España ha estado encadenando máximos de recaudación en los últimos años, circunstancia que quedará bruscamente interrumpida con la pandemia, a partir de 2020.
Asimismo, este año omite la memoria el efecto del mayor peso de l@s declarantes con rentas superiores a 30.000 euros en el incremento global de la asignación tributaria.
d) Declaraciones a favor de la Iglesia católica. – Los obispos, con la complicidad de la Agencia Tributaria, pretenden dar un sentido “plebiscitario” al número de declaraciones señaladas con X, denominándolas Declaraciones a favor de la Iglesia católica (que lo denomina así en sus impresos), y lo repiten en la página 75 de la memoria. Siguiendo la lógica episcopal podríamos decir que, si el 32,15 % de las declaraciones lo son “a favor de la Ic”, el 67,85 % de las declaraciones de IRPF lo son en contra de la Ic. A veces, la jerarquía queda atrapada en sus propios argumentos publicitarios.
En definitiva, y para recapitular, esta burda manipulación no puede ocultar que, a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático, el 67,85 % de l@s declarantes sigue sin poner la “X” en la casilla de la Ic, que este porcentaje es el mayor de las últimas dos décadas y, por tanto, que aumentan paulatinamente las declaraciones en contra de la Iglesia católica, por utilizar el mismo léxico que la Conferencia Episcopal.
Con todo, es responsabilidad de la Agencia Tributaria la publicación y presentación de las estadísticas relacionadas con las “X” de las declaraciones del IRPF, con antelación a la utilización mediática de la Conferencia Episcopal. De hacerlo así cada año, de forma pública y transparente, se acabaría con el uso torticero de las cifras que ésta realiza, sembrando la confusión sobre declaraciones y declarantes o sobre declaraciones individuales y conjuntas. Sólo así se desenmascaría la falsedad de la recurrente afirmación de la jerarquía católica acerca de los “8,5 millones de contribuyentes que marcan la X”.
6.- Conviene hacer notar un aspecto que queda oculto habitualmente pero que nos acerca a la auténtica realidad de la tristemente famosa casilla. La potente campaña publicitaria desarrollada por el conglomerado de las ONG para marcar la casilla correspondiente a “Otros fines de interés social”, anima a marcar conjuntamente ambas casillas. Este conglomerado denominado Solidaria pretende en su propaganda crear sinergias entre ambas “X”, de manera que al calor de la solidaridad (¿quién está contra la solidaridad?) muchas personas se animen a marcar también la “X” de la Iglesia.
No importa que la campaña sea confusionista y falaz (que atrae con falsas apariencias-DRAE-) bajo el engaño de que se aplica a los mismos fines (marcando las dos podrás ayudar el doble). Como he explicado más arriba, lo obtenido por las “X” de la casilla de la Iglesia no se aplica a ningún uso que tenga que ver con fines sociales. Lo cierto es que detrás de este discurso “conjunto” de las “X” del IRPF se adivina la larga mano del potente grupo de presión de las ONG católicas en defensa de sus intereses corporativos: de lo contrario, tamaña confusión resulta incomprensible. Y ello es entendible, dado que, en relación con el IRPF de 2019, sólo el 10,9 % de las declaraciones del marcan exclusivamente la casilla de la Ic, mientras que otro 21,2 % marca las dos casillas: indudablemente la Ic se beneficia del “efecto tirón” de las ONG caritativas y de fines sociales.
Y en este caso es correcto suponer este “efecto tirón” dado que el 32,8% de las declaraciones del IRPF marcan exclusivamente la casilla de los denominados Otros fines de interés social, lo que unido al mencionado 21,2 % que marcan las dos casillas arroja un porcentaje para las ONG del 54 % de las declaraciones. Se comprende por qué la Ic está interesada en identificar ambas campañas. Conviene resaltar que no marcan ninguna de las casillas el 35,1 % de las declaraciones, esto es, algo más de punto y medio porcentual más que el año anterior.
7.- Las páginas que figuran a continuación (76 a 81 de la memoria) informan acerca de cómo se nutre, emplea y reparte entre las diócesis la denominada asignación tributaria. Como ya he comentado más arriba, llama poderosamente la atención que, como en la memoria de los últimos años, haya desaparecido toda mención al Fondo Común Interdiocesano, que viene siendo el fondo desde el que se distribuyen los recursos para los distintos usos y que, a su vez, recibe los importes de la asignación tributaria, así como de las aportaciones de las diócesis. No se entiende por qué desaparece este concepto de las memorias anuales a la hora de explicitar la formación y el reparto de la asignación tributaria.
Por los presupuestos del FCI para 2019 que, como tales, sólo son preventivos, sabemos que éste se distribuye en dos bloques: uno ejecutado y distribuido por el órgano colegiado de los obispos (IVA, campañas de propaganda y Cáritas y Aplicaciones generales (véase más adelante) y otro, el resto, que se remite a las diócesis. ¿Por qué no explicitarlo así de sencillamente en la memoria? ¿Qué se pretende con esa ocultación del FCI?
8.- En cualquier caso, la jerarquía católica contó con 273,37 M€ para el ejercicio de 2019 (pág.76), de los cuales 273,30 M€ procedían del pago a cuenta de 2019 más la liquidación del IRPF de 2017 (declarado en 2018), 31.653 € procedían de ingresos financieros, originados por la rentabilidad de las inversiones de sus activos financieros, sobre los que no se ofrece ninguna información, y 40.000 € de donativos (¿?).
Este año, una vez más, se incluye la aclaración de que la cantidad que figura como asignación tributaria recibida en 2019 es la suma del anticipo a cuenta de dicho año más la liquidación de la declaración de la renta presentada en 2018, correspondiente a la renta de 2017. Pero digo que sigue siendo una rectificación parcial porque no se indica en la memoria cuál es el montante del anticipo a cuenta recibido durante 2019 y a cuánto asciende la liquidación definitiva correspondiente al ejercicio 2017. ¿Por qué esta opacidad? ¿Para cuándo un cuadro anticipos/asignación/liquidaciones definitivas?
En todo caso, el nuevo sistema de anticipos, como he comentado anteriormente, permitió a la Ic disponer en 2016 de 16 M€ más que en 2015, es decir, un 10 % más de recursos; ya durante 2019 recibió 211 M€, a razón de 17,5 M€ al mes (un 20 % más), lo que equivaldría a recibir 2.828 millones de las antiguas pesetas cada mes. No son malos porcentajes de subida, con el nuevo sistema, teniendo en cuenta el entorno económico general.
9.- En la memoria del año pasado se rectificaron algunas cuestiones que había criticado el año anterior, y que habían sido objeto de atención en el Informe definitivo del Tribunal de Cuentas: incluir donativos en el cuadro de recursos de la liquidación de la asignación tributaria. Obviamente era confusionista e inadecuado confundir los donativos particulares con la asignación tributaria y se rectificó el error; no obstante, este año se han vuelto a incluir: al parecer a la Conferencia Episcopal no se le pone nada por delante.
Asimismo, hace dos años critiqué que se destinaran recursos de la liquidación tributaria a incrementar el fondo de reserva y señalé falta de transparencia por no ofrecer el montante acumulado por este concepto. El año pasado, quizás bajo la influencia del informe del TC, no parecieron dedicar ninguna cantidad al citado fondo. Pero en la memoria de 2019, al parecer recuperados ya del susto, vuelven a las andadas y dedican 5,94 M€ a incrementar el fondo (cuyo montante total desconocemos), que junto a los 6,8 M€ derivados a Trece TV, totalizan un superávit de 12,74 M€.
10.- La memoria correspondiente al ejercicio 2011 focalizaba la atención, al tratar este apartado, en las cantidades correspondientes a la Compensación por IVA, la Campaña de Financiación de la Iglesia y la Aportación a Cáritas, que se detraían convenientemente de los recursos totales. A partir de la memoria de 2012, hasta ésta última de 2019, estos conceptos ya aparecen entremezclados con todos los demás, como si formaran parte del FCI, como ya he explicado anteriormente; de hecho, el presupuesto del FCI incluye los tres conceptos referidos como parte del mismo. Como la memoria no da ninguna explicación para este cambio de criterio (una vez más, opacidad), me atrevo a adelantar una: la presentación de estos tres componentes resultaba demasiado singularizada, es decir “visible y transparente” hasta la memoria de 2011. Subsumida entre los diferentes conceptos de los “empleos” de la asignación tributaria, no resultan tan llamativos.
En cualquier caso, es posible deducir que si el total de recursos a disposición de la Conferencia Episcopal alcanzó en 2019 los 273,37 M€ (16, 8 M€ más que en 2018) y detraemos 3,93 M€, que se aplican al pago del IVA soportado por los proyectos de rehabilitación y construcción de templos, 5,98 M€ que se aplican a pagar las campañas de agitación y propaganda eclesiales (incluida la memoria que estoy analizando) y los 6,37 M€ de la aportación a Cáritas, los restantes recursos que quedaron disponibles del FCI en 2019 alcanzaron los 257,10 M€ para gastos en aplicaciones generales, enviar a las diócesis o producir superávit, 16 M€ más que en 2018. Esta es la consecuencia de la “generosidad” del nuevo sistema de anticipos concedido por el PP a partir de 2016.
EL IVA
11.- Mención aparte merece el asunto del IVA. La exención de la que se beneficiaba la Iglesia fue un privilegio (uno más) del que gozó hasta 2006, en virtud del acuerdo concordatario de 1979. Dicha exención era ilegal desde la misma entrada de España en la Comunidad Europea en 1986. La violación reiterada de la Directiva europea sobre armonización fiscal en esta materia obligó al Gobierno, tras múltiples avisos y amenazas de sanción, a eliminar este privilegio y acomodarse a la normativa europea. Tuvo que ser la Comunidad Europea, tras las reiteradas denuncias del diputado italiano Mauricio Turco y del diputado español Willy Meyer (IU) la que nos ayudara a acabar con este privilegio eclesiástico.
La “contrapartida” para que los intereses económicos de la Ic no se vieran menoscabados fue la concesión, por el entonces Gobierno del PSOE, de un incremento en el porcentaje a aplicar sobre la cuota íntegra, del 0,5239% al 0,7%, en cada declaración de IRPF señalada “a favor” de la Iglesia. Los obispos plantearon que pagar el IVA les obligaba a desembolsar (entonces) en torno a 38 M€ y como compensación exigieron el citado incremento porcentual (bueno, en realidad exigieron el 0,8%). Lo que no pudieron ocultar (aunque no lo mencionan en voz alta) es que con el nuevo sistema obtuvieron ¡68 M€ adicionales al año siguiente! Esto es, compensaron con creces los 38 M€ de IVA que tenían que pagar, embolsándose además 30 M€ suplementarios. Como siempre, el Estado, permitía una “mordida” adicional para las particulares actividades de la Ic., con menoscabo de la financiación pública.
El desplome de la actividad económica como consecuencia de la crisis financiera desatada en 2008, supuso un importante descenso de la repercusión del IVA; por ello, es pertinente comentar que, además de los 30 M€ limpios que se embolsó el episcopado el primer año tras la subida, si la Ic debía utilizar 38 M€ en 2008 para compensar el gasto del IVA, en 2011 sólo debió emplear 9 M€ para ello, en 2012 únicamente 6,2 M€, 4,9 M€ en 2013 , 4,6 M€ en 2014, 4 M€ en 2015, 3,8 M€ en 2016, 4,8 M€ en 2017, 3,9 M€ en 2018 y 3,9 M€ en 2019. En conjunto, en el intervalo 2007/2019, la Ic ha ingresado 3.350 M€ en concepto de asignación tributaria, con el nuevo sistema de financiación pactado con el gobierno del PSOE, es decir, 842,8 M€ más de lo que le hubiera correspondido con el anterior sistema de financiación. ¡No está mal este “pelotazo” episcopal con cargo al erario público!
Lo paradójico es que el sistema establecido a partir de 2007 se justificaba porque la jerarquía católica tenía que hacer frente al IVA. Lo cierto es que no han pagado por este concepto más de 109,3 M€ en este período, lo que significa que la operación ha dejado 733,5 M€ limpios para otros menesteres eclesiales que nada tienen que ver con el mantenimiento del culto y del clero. La Iglesia, como la banca, siempre gana.
Estas cifras son tan escandalosas que por segundo año consecutivo se ha intentado borrar el rastro del IVA, dada la naturaleza compensatoria de la subida del porcentaje hasta el 0,7 %. Y desde un punto de vista político, es importante que se siga conociendo la vinculación de la subida a la “compensación” por el IVA. Así, donde todos los años aparecía el concepto Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos (compensación por IVA), en la memoria de 2019 figura tan sólo Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos. Se pretende que, de manera infantil, no mencionando el IVA quede oculto el enjuague compensatorio de la subida hasta el 0,7 %. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero es una ocurrencia tan burda, de los obispos o de PwC, que alguien con cabeza debería restituir la referencia al IVA y olvidarse de tanta agit-prop innecesaria.
En este asunto, no obstante, el TC, que se ha mostrado tan poco exigente, inconcreto y elíptico en su Informe definitivo, sorprendentemente se muestra técnicamente impecable y mantiene que la referencia al IVA es confusa, debido a que dicha exención ha sido suprimida y no se aplica por la administración tributaria. La precisión, en este caso, viene a echarle una manita a la CEE.
APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS AL FCI
12.- Cabe señalar que en la presente memoria se mantiene el grave efecto prestidigitador de las memorias anteriores, no señalado en el informe de PwC en su momento: a pesar de que se señala que el FCI se forma con lo aportado por la Asignación tributaria de las “X”, más lo aportado por las diócesis, en la memoria de 2019 se omite prácticamente, no sólo la existencia del propio Fondo, sino una vez más, cualquier mención a la aportación de las diócesis a dicho Fondo. Precisamente este punto era el que nos permitía esclarecer parte del grave déficit de éstas (en el sentido de lo que aportan y reciben del FCI), pues en 2010 aportaron tan sólo 13 M€ al FCI mientras que recibieron 195 M€. Esto significaba que las diócesis no cubrían con sus aportaciones ni siquiera el 7 % de lo que recibían del Fondo y, en consecuencia, me permitía concluir: a) que las diócesis aportaban cada vez menos al Fondo Común Interdiocesano y, por tanto, dependen del Estado cada vez en mayor medida, y b) que si no fuera por la financiación a través del presupuesto del Estado (de tod@s l@s ciudadan@s), las diócesis católicas no podrían funcionar.
Tal vez para que no se pudiera volver a realizar esta deducción lógica la CEE eliminó de la memoria la mención a esta aportación de las diócesis al FCI. En todo caso, en los presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2019, figuraba una aportación de las diócesis de 15,11 M€; puestos en relación con los 206,17 M€ que declara haber enviado a las diócesis en dicho año, procedentes de las “X” del IRPF, ofrece un porcentaje de cobertura del 7,3%. Dejo esta cuestión para cuando comente posteriormente el apartado de “Economía diocesana” incluido en la memoria.
No obstante, debo suponer que en vez de aportar cantidad alguna a dicho fondo, las diócesis reciben de éste las cantidades ya minusvaloradas con los montantes que supuestamente deberían aportar. Pero todo esto, debe suponerse, porque la memoria no añade ni un solo indicador cuantitativo, así como tampoco merece el más mínimo comentario de PwC.
Todo ello permite deducir, como en años anteriores, que lo que se pretende ocultar en la memoria 2019 es que, en estos tiempos neoliberales en que la lucha contra el déficit público y el recorte del gasto público se ha convertido en el objetivo principal de la política económica, el Estado sigue “alimentando”, año tras año, a unas instituciones privadas (las diócesis), que reciben del FCI, y por tanto de tod@s l@s ciudadan@s, una cantidad 13,6 veces mayor de la que aportan al mismo (datos 2019) y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público. Y ello, en un Estado que se define en su Constitución, como aconfesional.
Conviene recordar a la auditora PwC que los presupuestos del FCI se constituyen exclusivamente, en la vertiente de ingresos, con la asignación tributaria y la aportación de las diócesis; sin embargo, en la propia memoria de la CEE se añade un concepto de ingresos financieros, en la que tan sólo se comenta que resultan de la gestión de los recursos financieros de la asignación (¿cuáles?), así como otro concepto de donativos. O forman parte del FCI (y entonces habría que presupuestarlos) o no (y entonces no deberían ser incluidos en la memoria), pero ambas cosas no pueden ser “adecuadas y fiables”.
EL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO (FCI)
13.- Hasta la publicación de la memoria de 2011 se aportaba un cuadro en el que se detallaban los recursos y los empleos del Fondo Común Interdiocesano, clasificando estos últimos en “Aplicaciones Generales” y “Envío a las Diócesis”. A partir de entonces, este cuadro, así como la referencia al FCI, como he explicado reiteradamente, ha desaparecido siendo substituido por un cuadro acerca de los Recursos y Empleos, que en los tres últimos años se denomina Liquidación de la Asignación Tributaria. Aun cuando la memoria no lo indica, ni tampoco los Presupuestos del FCI para 2019, debo suponer que los ingresos financieros por valor de 31.653 euros forman parte de los recursos disponibles del FCI.
Por otro lado, si como indica el Presupuesto del FCI para 2019, la distribución de éste se realiza en dos bloques, uno de partidas que ejecuta y distribuye la CEE a sus finalidades respectivas y el otro con el montante que se remite a las diócesis, el primer bloque puede descomponerse a su vez en otros dos, el correspondiente a Cáritas, IVA y Campañas publicitarias y otro segundo con lo que podríamos denominar Aplicaciones generales. De esta manera podemos elaborar el siguiente cuadro para el ejercicio de 2019:
EMPLEO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA LIQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
(millones de euros)
| 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | |
| Cáritas, IVA, Publicidad | 14,8 | 6,0 | 14,9 | 5,5 | 14,7 | 5,5 | 15,7 | 6,1 | 16,3 | 6,0 |
| Aplicaciones generales | 33,4 | 13,5 | 34,0 | 12,6 | 32,4 | 12,2 | 34,9 | 13,6 | 38,2 | 14,0 |
| Envío a diócesis | 199,7 | 80,5 | 201,2 | 74,7 | 202,1 | 76,2 | 202,1 | 78,8 | 206,2 | 75,4 |
| Superávit | — | — | 19,3 | 7,2 | 15,9 | 6,0 | 3,8 | 1,5 | 12,7 | 4,6 |
| TOTAL EMPLEOS | 247,9 | 100 | 269,4 | 100 | 265,1 | 100 | 256,5 | 100 | 273,4 | 100 |
a) Los dos primeros conceptos Cáritas, IVA, Publicidad (CIP, en adelante) y las denominadas Aplicaciones Generales son ejecutados y distribuidos directamente por la jerarquía episcopal, y absorbieron 16,3 y 38,2 M€, respectivamente en 2019, lo que significó el 20 % del FCI (y de los recursos disponibles de la liquidación de la asignación tributaria) para dicho ejercicio, entre ambas rúbricas. En el desglose del CIP debería incluirse el gasto en publicidad de la clase de religión (sin especificar en la memoria), que se incluye como “actividad pastoral nacional” cuando es publicidad pura y dura. En definitiva, para CIP y para aplicaciones generales se dedica 0,6 M€ y 3,3 M€ más que el año anterior, respectivamente.
En relación con el superávit, hay que seguir preguntándose “¿cómo es posible que a los obispos les haya sobrado 51,7 M€ en el período 2016-2019, mientras que por todos lados exprime las arcas públicas en actitud lastimera?”. Como he señalado al principio, el propio Tribunal de Cuentas en su primer informe de fiscalización provisional de las cuentas de la Ic incidía en la misma cuestión: si el propósito del acuerdo de 1979 era procurar el adecuado sostenimiento económico de la Ic, la existencia de superávits sobrepasa el compromiso adquirido, además de no estar previsto en el mismo. Y además ha añadido que el Estado jamás ha dicho nada sobre ese incumplimiento. ¿Es adecuado sostenimiento subvencionar a la Iglesia con más recursos de los que necesita para funcionar?
Hay que precisar que el superávit se ejecuta y distribuye por la propia CEE, y en la memoria de 2019 alcanza los 12,7 M€. Sin embargo, en otra maniobra infantil y maniquea de ocultación, se omite la palabra superávit. El propio Giménez Barriocanal afirmaba el año pasado, en su publicación sobre las principales cifras de la Ic en 2018, “La diferencia entre los recursos obtenidos y los empleos durante 2018 arrojan un saldo de 3.761.858,15 €”. Esto y no otra cosa es el superávit. Este escamoteo también le debe parecer “adecuado y fiable” a PwC. Si no lo nombro, no existe. Pero, lamentablemente, si “anda” como un superávit y “huele” a superávit, es un superávit.
Aunque no existe ni una sola mención a este asunto en la memoria, este montante, como en años anteriores, pasa a enjugar las pérdidas de la televisión episcopal Trece TV, cuya ruina exige una nueva ampliación de capital a cargo de todos los contribuyentes, sean o no católicos.
b)El conjunto de las Aplicaciones generales viene siendo razonablemente desglosado (sólo desglosado, sin ninguna explicación adicional) desde 2008, por lo que su aplicación es bastante conocida: como se indica en el cuadro siguiente, sabemos que en 2019 el 59,1 % de esa cantidad, 22,5 M€, se dedicó a pagar la seguridad social de sacerdotes y obispos (un incremento del 22 % respecto al año anterior),el 13,6 % se empleó en centros de formación: facultades eclesiásticas, Pontificia de Salamanca y centros en Roma y Jerusalén, el 9,4 % en actividades pastorales, tanto en España como en el extranjero, el 6,8 %, se aplica al funcionamiento de la Conferencia Episcopal Española, el 5,8 % para retribución de los obispos, el 2,9 %, a Conferencias de religiosos, y el restante 2,4 % se dedica a ayudar a las diócesis insulares y a instituciones de la Santa Sede (Óbolo de S. Pedro y Tribunal de la Rota), Fondo para proyectos de monasterios y Ordinariato de iglesias orientales.
La única rúbrica de las aplicaciones generales que se incrementa en términos porcentuales es la seguridad social del clero, que pasa a suponer casi un 60 % del total de éstas, con casi 4 M€ de incremento. Las denominadas actividades pastorales vuelven a bajar porcentualmente hasta el 9,4 % y su composición no hace precisamente honor a su nombre pues en 2018 incluían gastos de rehabilitación de inmuebles de la CEE, la campaña publicitaria de la “clase de religión” o la actualización del software; sin embargo, la memoria de 2019 no explica la composición de esta rúbrica (en realidad, de ninguna). ¿Por qué se oculta esta información en la memoria?
Llama la atención sobremanera que la transparencia que se predica al principio de la memoria, en la carta del presidente de la CEE, cardenal Juan José Omella, tampoco alcance a cuantificar cuántos obispos son retribuidos con cargo a estos emolumentos: este asunto no es baladí, toda vez que entre los cardenales, arzobispos, obispos titulares y auxiliares, con sus correspondientes eméritos suponen 110 individuos. En la memoria no se ofrece ninguna explicación.
Asimismo, tampoco se indica el número de sacerdotes y religiosos cuya seguridad social se abona con cargo a estas aplicaciones generales, como tampoco el número de seglares cuya seguridad social queda cubierta por esta rúbrica. ¿Tal vez la prestigiosa auditora internacional PwC (en palabras de la propia CEE) considera irrelevante el conocimiento de estas cuestiones?
EMPLEO DE LAS APLICACIONES GENERALES DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO (millones de euros)
| 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | |
| Retrib. obispos | 2,1 | 6,3 | 2,2 | 6,5 | 2,3 | 7,1 | 2,3 | 6,6 | 2,2 | 5,8 |
| Funciona. CEE | 2,6 | 7,8 | 2,6 | 7,6 | 2,6 | 8,0 | 2,6 | 7,4 | 2,6 | 6,8 |
| Seg. Soc. Clero | 16,2 | 48,5 | 16,3 | 48 | 17,7 | 54,6 | 18,4 | 52,7 | 22,5 | 59,1 |
| Centros formación | 6,0 | 18,0 | 6,0 | 17,6 | 5,2 | 16,0 | 5,2 | 14,9 | 5,2 | 13,6 |
| Activ. pastorales | 4,3 | 12,9 | 4,7 | 13,8 | 2,8 | 8,6 | 4,4 | 12,6 | 3,6 | 9,4 |
| Confer. religiosos | 1,1 | 3,3 | 1,1 | 3,2 | 1,1 | 3,4 | 1,1 | 3,1 | 1,1 | 2,9 |
| Resto | 1,1 | 3,3 | 1,1 | 3,2 | 0,7 | 2,2 | 0,9 | 2,6 | 0,9 | 2,4 |
| TOTAL | 33,4 | 100 | 34,0 | 100 | 32,4 | 100 | 34,9 | 100 | 38,1 | 100 |
Como puede observarse, el 64,9 % de las aplicaciones generales, 24,7 M€, se emplea en pagar la seguridad social del clero y los emolumentos de éstos últimos.
Teniendo en cuenta que éstas ascendieron en 2008 a 26 M€, y que once años después, en 2019, representaron 38,1 M€, el incremento en el citado período (sin tener en cuenta los picos de 2015 y de 2016), con una brutal crisis económica y social, ha sido del 46,5 %, lo que equivale a haberse incrementado 4,2 puntos porcentuales cada año.
DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO A LAS DIÓCESIS Y RETRIBUCIÓN DEL CLERO
14.- En el período 2008/2019 se ha pasado de enviar a las diócesis 140,5 M€, el primer año, a 206,2 M€ en 2019, es decir, se ha incrementado en un 47% la cuantía procedente del fondo, aunque este aumento se ha producido, casi exclusivamente, entre 2008 y 2009, años en los que comienza a llegar el dinero “fresco” del incremento del porcentaje sobre el IRPF, concedido por el gobierno socialista. Este incremento está relacionado con los recursos enviados para sustentación del clero, que han pasado de representar 108,7 M€ en 2008, hasta los 182,8 M€ en 2019 (dando por buena la única referencia disponible contenida en la memoria. En definitiva, un incremento del 68 %, más de 6 puntos porcentuales de incremento cada año, en un período caracterizado por una brutal crisis económica.
Una cuestión previa que todos los años resulta altamente disonante es la cuantiosa desviación existente entre la cantidad que la memoria anual declara transferir a las diócesis para su sostenimiento y la cantidad presupuestada por el FCI por dicho concepto. No es un asunto menor, toda vez que el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano para 2019 consignaba casi 221 M€ para enviar a las diócesis, mientras que la memoria de la CEE declara haber transferido 206,2 M€, es decir, 15 M€ menos, que son muchos millones de euros. ¿Dónde está la verdad, quién miente? Ni la memoria de los obispos lo aclara ni a PwC le debe parecer relevante semejante desviación.
A) Retribución del clero. – Llama poderosamente la atención este incremento en los gastos de sustentación del clero en un período en que, según las propias cifras de la Conferencia Episcopal el conjunto del clero (sacerdotes + religios@s, sin tener en cuenta a las monjas y monjes de clausura) ha descendido el 30 %, pues ha pasado de 77.008 individuos a 54.246 en 2019). Por supuesto, no se ofrece ninguna explicación a la disminución de 377 sacerdotes en un año ni a la “desaparición” de 1.400 religios@s en el último ejercicio, (después de haber perdido 15.312 religios@s en el ejercicio anterior). O no debe parecer relevante a la jerarquía episcopal que sus religios@s se estén “evaporando” o hay un error flagrante en las cifras.
En todo caso, o el clero ha tenido incrementos retributivos astronómicos o sencillamente, las cifras mienten y las cantidades previsiblemente atribuidas a retribuciones se están desviando para otros usos. Otro efecto prestidigitador, derivado de la campaña de agitación y propaganda llevada a cabo por la CEE.
Así pues, la cantidad enviada en 2019 a las diócesis desde el FCI fue 206,2 M€. De aquí procede la retribución del clero, cuyo montante se omite en la correspondiente información relacionada con la casilla del IRPF (liquidación de la asignación tributaria), como viene siendo habitual todos los años. Si de esta rúbrica se pagan los sueldos de los curas, ¿por qué se omite esa información, al cuantificar cómo se emplean los recursos de la asignación tributaria? ¿Qué hay que ocultar?
Pero antes conviene que hagamos un poco de historia. La cantidad que procedente del FCI se enviaba a las diócesis se agrupaba, hasta 2009, en unas escuetas rúbricas que permitían determinar las prioridades que, en la aplicación del fondo, establecía la Conferencia Episcopal: gastos generales, sustentación del clero, actividades pastorales y seminarios. A partir de la memoria de 2010 este cuadro informativo desapareció, por lo que debí rebuscar en la correspondiente a 2012 para encontrar la retribución del clero, entremezclada en el anexo II, en letra milimétrica, página 60, como un indicador más entre otros muchos. En la especie de cuenta de resultados del ejercicio 2012 que se incluyó en la memoria correspondiente a dicho ejercicio, se indicaba que las diócesis se gastaron en salarios del clero 166,8 M€ y en salarios de los seglares 73,1 M€.
En la memoria de 2014, ni siquiera figuraba la retribución del clero en anexo alguno, aunque fuera en tipografía milimétrica; simplemente desapareció de la misma en otro evidente rasgo de “transparencia”. Igualmente, en la memoria del ejercicio de 2015 tampoco aparecía dicha cantidad.
Incluso no deja de ser chocante que, en contra de lo que venía siendo habitual en ejercicios anteriores, ni siquiera los presupuestos del FCI desde 2016, publicados en la web episcopal, cuantificaban los emolumentos del clero. No obstante, la propia memoria de 2016, al mencionar la economía diocesana cifraba la retribución del clero en 178,5 M€ (excluida la de los obispos y la seguridad social); en la memoria de 2017 este concepto se cifró en 174,2 M€, en la de 2018 alcanzó los 182,7 M€ y en 2019 se reflejaron 182,8 M€. Por lo tanto debemos suponer, a falta de mayores precisiones, que estos montantes se imputan a las cantidades enviadas a las diócesis, de la denominada asignación tributaria, que en 2019 alcanzó los repetidos 206,2 M€. Así pues, el 89 % de la cantidad enviada a las diócesis, procedente de los presupuestos del Estado y, por tanto, del bolsillo de tod@s l@s contribuyentes, se emplea en retribuir a los curas de las diócesis.
¿Cuántos sacerdotes están incluidos en dichos cálculos? ¿Incluye a religiosos? ¿Y a seglares? ¿Qué relación tienen estos emolumentos con los salarios del conjunto de las economías diocesanas? ¿Qué parte de los salarios de las economías diocesanas (incluyendo religiosos y seglares) proceden del FCI, y por tanto de las “X” del IRPF, y qué salarios abonan las diócesis que no tengan relación con el citado fondo? Porque no debemos olvidar que las propias diócesis retribuyeron en 2019 a l@s seglares (¿cuánt@s?) por valor de 210,8 M€ (asunto que trataré más adelante). Todas ellas son preguntas sin respuesta en la memoria de la CEE, y todo ello le sigue pareciendo muy “fiable” y “razonable” a PwC año tras año.
Debemos hacer hincapié en que, por primera vez, las retribuciones de l@s seglares superan la cantidad total que los obispos envían para sostenimiento de las diócesis, lo que informa bastante acerca de las prioridades de la jerarquía católica.
Ninguna información se ofrece en la memoria acerca de la circunstancia de que más de la mitad de los curas parroquiales en activo superen la edad de jubilación, pero sigan ejerciendo, aunque cobrando una pensión, sin tener obligación de cotizar; si la pensión suele ser equivalente al salario mínimo interprofesional, la CEE puede estar ahorrándose por ese concepto cerca de 83 M€ anuales, más otros 17 M€ en cotizaciones a la seguridad social, que sufraga directamente el Estado. ¿Entonces, los 182,8 M€ que figuran en la memoria sólo retribuiría a la mitad del clero que no está jubilado, y el coste total estaría en torno a 282 M€? Convendría que la CEE aclarara esta cuestión.
Tampoco dice absolutamente nada la memoria acerca de la situación retributiva de, nada menos que 37.286 religios@s. Al parecer, una parte de ellos cotizan como autónomos y al llegar a la jubilación pasan a cobrar una pensión. Puesto que el Ministerio de Trabajo, a principios de septiembre de 2019 tenía inscritos 10.562 religios@s como autónomos (cotizantes), ello significa que en torno a 26.700 estarían en situación de jubilación. Pero, como digo, esto son informaciones de procedencia periodística, puesto que la memoria no dice ni una palabra sobre estos asuntos retributivos/contributivos.
Un problema que viene siendo habitual en las memorias publicadas cada año por la CEE es que como se mezclan las cantidades gestionadas y ejecutadas directamente por la CEE con las gestionadas y ejecutadas por las diócesis, en la cantidad que se envía a éstas no se incluye la seguridad social del clero, en su mayoría diocesano. De ahí que sólo se impute a las diócesis los 206,2 M€ que se envió en 2019; sin embargo, los 22,5 M€ correspondientes a la seguridad social del clero, aun cuando gestionados y ejecutados directamente por los obispos, también son gastos imputables a las diócesis, por lo que el gasto correspondiente a éstas en dicho año, procedente de la denominada asignación tributaria es, al menos, 228,7 M€, y no el que año tras año se señala en la memoria. Esta cuestión tampoco merece la atención de la “prestigiosa consultora” PwC.
En todo caso, cabe señalar que a pesar de la escasa fiabilidad de las cifras incluidas en la memoria, el conjunto de las retribuciones de clero y obispos más sus correspondientes seguros sociales ascendieron en 2019 a 207,5 M€, que representan el 76 % de los recursos utilizados en dicho año como Liquidación de la Asignación tributaria, 273,4 M€ (pág. 76). Esto, claro está, teniendo en cuenta el criterio de caja (cobros y pagos efectuados en metálico), pues dicha cantidad incluye los anticipos recibidos durante 2019 más la liquidación definitiva de 2017. Pero en realidad, de acuerdo a criterios estrictamente contables, la cantidad devengada correspondiente a 2019 debe estar más próxima a 301 M€, computados como ingresos para dicho año (pág. 74). Bajo esta circunstancia, más cercana a la realidad contable del ejercicio, el conjunto de las retribuciones de clero y obispos, con sus correspondientes seguros sociales, habría absorbido el 69 % del importe asignado a la Ic procedente de la casilla del IRPF.
Una última consideración debe hacerse, para situar estos emolumentos en la perspectiva de la historia reciente de la última gran crisis financiera padecida desde 2008, cuyas catastróficas consecuencias sociales se están dejando sentir desde entonces, a la que ha venido a añadirse el desplome económico como consecuencia de la pandemia vírica: el conjunto de las retribuciones de clero y obispos, con sus correspondientes seguros sociales, se ha incrementado en el período 2008/2019 más de un 60 %, lo que equivale a un incremento de más de 6 puntos porcentuales cada año. Nada mal, para una economía devastada por la crisis.
B) Retribución de seglares. – Aunque, en principio, parece estar al margen de la distribución del FCI, en todo caso, el gasto en retribuir a l@s seglares merece un comentario particular, además de necesitar una respuesta a los interrogantes planteados en el párrafo anterior. En 2012 las diócesis se gastaban en retribuciones de seglares 73 M€, que sólo cinco años después, en 2017, habían ascendido a 119 M€. Nada dice la memoria acerca de a cuánt@s y por qué conceptos se retribuye a estas personas, así como si sustrae recursos de la asignación tributaria. Si ya era un verdadero terremoto inexplicable que el gasto en 2018 hubiera ascendido a 165,5 M€, esto es casi 47 M€ más en un año, el gasto en seglares correspondiente a 2019 alcanzó los 210,8 M€ (¡!), otros 45 M€ más respecto al año anterior, lo que significa un incremento de casi el 80 % en tan sólo dos años. Un incremento tan desorbitado no merece ninguna explicación en la memoria.
La nota explicativa que se venía introduciendo año tras año era la misma: importe de las retribuciones efectivamente satisfechas a los seglares por el desempeño de un trabajo remunerado. En 2018, este “corto y pego” no se dignó explicar el aumento de ¡47 M€ de incremento! Sin embargo, el responsable de asuntos económicos de la CEE, Giménez Barriocanal, nos “explicó” en su Principales cifras… Año 2018, que esta partida había subido tanto porque se habían incorporado algunas actividades formativas en consolidación global. ¿Algunas actividades por importe de 47 M€? ¿En consolidación global? Jerga ininteligible para cuestiones inexplicables.
Para “aclararlo” más nos decía que ello implica que en el año anterior figuraba únicamente el déficit a cubrir por la diócesis de estos centros formativos, mientras que en las cuentas de 2018 figura ahora la totalidad de gastos e ingresos en un gran número de diócesis. Así solventaba el citado responsable la justificación de 47 M€. ¿Qué actividades se habían incorporado por ese importe? ¿De qué centros formativos estaba hablando? ¿En la memoria de 2018, sí figuraban la totalidad de los gastos, y en las memorias anteriores no, a pesar de afirmar que eran retribuciones efectivamente satisfechas? ¿Qué y a quiénes se estaba retribuyendo “efectivamente”? ¿Qué era eso del déficit a cubrir por las diócesis por los centros formativos? Para todo ello no había ninguna respuesta, por lo que el nivel de credibilidad de la memoria era mínimo, si se podía jugar tan alegremente con 47 M€.
Para el ejercicio de 2019, con otros 45 M€ de incremento, no sólo no contamos con ninguna información adicional de Giménez Barriocanal, sino que además se ha introducido una errata, atribuyendo estas remuneraciones a la labor de “los clérigos por el desempeño de su labor ministerial en el ámbito diocesano y parroquial”. Errores aparte, ¿qué realidad se oculta tras este galimatías ininteligible?
RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL
15.- Un efecto pernicioso, como consecuencia de utilizar el criterio de caja (corriente de cobros y pagos) en vez del adecuado criterio contable de ingresos y gastos de acuerdo al principio del devengo (¿para cuándo una auténtica contabilidad que refleje la realidad de cada ejercicio?), es que ocultan la aportación de las diócesis al FCI, que por el presupuesto de éste para 2019 sabemos que alcanza los 15,1 M€. De tenerlos en cuenta, los recursos y los empleos de la denominada Liquidación de la Asignación tributaria deberían aumentarse en dicha cantidad y, en consecuencia, los cálculos porcentuales también variarían.
En los primeros informes que realicé, en relación con las primeras memorias publicadas, y con el afán de recrear los distintos conceptos de los que se componía el montante total enviado a las diócesis, vine elaborando un cuadro en el que descomponía esta cantidad en cuatro rúbricas distintas, toda vez que durante 2008 y 2009 se ofrecía información para ello. Desde entonces, la opacidad fue en aumento (en paralelo con la jactancia sobre la supuesta transparencia) y la elaboración de dicho cuadro devino imposible por ausencia de información.
Se da la circunstancia de que ni siquiera la propia web de los obispos ofrece dicha información al publicar los presupuestos del FCI a partir de 2016, al contrario de lo que sí sucedía en años anteriores. Obviamente, en el alarde de transparencia que caracteriza a la jerarquía episcopal, tampoco la memoria ofrece ninguna información acerca de los conceptos en que se distribuye la cantidad que se envía a las diócesis.
Quizás tenga que ver con ello el hecho de que la información facilitada dejaba entrever demasiadas contradicciones que venían siendo criticadas año tras año. Dejando aparte la información relativa a la retribución del clero, que ya he tratado en el epígrafe anterior, la contradicción más sobresaliente tenía relación con las actividades pastorales.
Si bien la información de años anteriores permitía deducir que una parte de lo que se envía a las diócesis se dedica a actividades pastorales y asistenciales, sin delimitar unos usos de otros, el presupuesto del FCI para 2015 cifraba estas actividades con cargo al mismo por importe de 37,4 M€; sin embargo, la memoria de dicho ejercicio sólo cuantificaba estas actividades en 10,4 M€ (Cáritas 6,2 M€, pastoral nacional 3 M€ y pastoral en el extranjero 1,2 M€). Si suponemos (porque ya no ofrece las cifras la CEE), que dichas actividades con cargo al FCI alcanzaron durante 2019 una cuantía similar a la del año anterior, alrededor de 37 M€ y la memoria de 2019 cuantifica estas actividades con cargo al FCI en 10,1 M€ (Cáritas 6,4 M€, actividad pastoral nacional 2,4 M€ y actividad pastoral en el extranjero 1,3 M€), ¿a qué se refieren el episcopado y PwC cuando hablan de “El camino de la transparencia”? ¿Cuál es la realidad, la que presupuestaban los obispos para el FCI hasta 2015 o la que refleja la memoria?
En cualquier caso, es importante conocer qué cantidad, procedente del FCI, se envía a las diócesis para actividades pastorales. Dado que éstas deberían ser el fin primordial de la actividad eclesial, podría suponerse que la jerarquía católica dedica a ello la mayor parte de sus esfuerzos presupuestarios. La sorpresa es que en 2019 tan sólo afirmaba dedicar a actividades pastorales 3,7 M€, lo que supone el 1,3 % de los recursos utilizados en dicho año como liquidación de la asignación tributaria. Hay que tener en cuenta que el Giménez Barriocanal ya nos informaba el año pasado que en esta rúbrica se incluían conceptos tan poco “pastorales” como la actualización de inmuebles de la CEE, la publicidad de la clase de religión o la actualización del software. Este año, no ha tenido a bien realizar su informe anual: tal vez considera que da demasiada información a la sociedad, que es la que está subvencionando sus actividades.
Como he indicado anteriormente, si en 2019 el conjunto de las retribuciones de clero y obispos más sus correspondientes seguros sociales supusieron el 69 % de dichos recursos, ¿cómo es posible que se dedique tan exiguo porcentaje del total para una actividad, la pastoral, que se supone que es la motivación principal de la Iglesia?
En definitiva, no se explica, desde la coherencia, el porqué de esta opacidad y la razón por la que la propia Ic minusvalora los recursos que dedica a las actividades pastorales. Ya en el análisis que realicé para la memoria de 2008 avancé una suposición: por más que haya muchos seglares y voluntarios trabajando gratuitamente (¿?) en estas actividades, es fácil comprender cuál es el verdadero motivo que se esconde tras esta cicatería: la Ic tenía en 2019 54.246 sacerdotes y religios@s (1.779 menos que el año anterior), además de 8.739 monjas/es de clausura (¿por qué han desaparecido de la memoria las 8.672 monjas que había en 2014?), para realizar prioritariamente lo que tan pomposamente llama “actividad pastoral”; en realidad, para la actividad pastoral que declara la jerarquía católica sobraría el 80 % de estos efectivos.
Si el verdadero objetivo fueran las actividades pastorales, éstas deberían absorber más del 50% de los recursos que el FCI canaliza hacia las diócesis, y el clero, sus funcionarios, no debería absorber más de un 30% de la cantidad enviada por el fondo a las diócesis. ¿Entonces, cuál es el verdadero motivo para mantener este “ejército” clerical, aparentemente ineficiente?
La respuesta sólo puede ser que el objetivo de la Iglesia católica es mantener una extensa y profunda red de sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar la difusión de su particular moral e ideología y, en definitiva, la presión y el control político y moral sobre el mayor número de ciudadan@s posible. Y para ello debe influir en las conciencias desde sus púlpitos, desde sus universidades y colegios, desde sus periódicos, desde sus editoriales, desde sus emisoras de radio y televisión, desde sus confesionarios, con sus campañas de agitación y propaganda. Sin olvidar su influencia “vicaria”, es decir, la que no tiene origen en la actividad directa de los curas y religiosos, sino que se produce a través de periodistas, intelectuales, creadores de opinión y políticos afines en todo tipo de medios públicos y privados.
LA TELEVISIÓN EPISCOPAL: TRECE TV
16.- Resulta pertinente tratar en este apartado, siquiera someramente, la ausencia de información en esta materia por parte de la jerarquía eclesiástica. Y se debería hablar de ello en la memoria anual, puesto que con el dinero público procedente de la asignación tributaria se financia anualmente dicha cadena. Es decir, con el dinero de todos los contribuyentes, tengan o no creencias católicas. La información de las memorias anuales sólo refleja la aportación a dicha cadena en 2012 y 2013, con 4 M€ y 5,9 M€ respectivamente, dentro de la actividad “pastoral nacional”. Después, el silencio. Desapareció cualquier referencia desde entonces, en paralelo con la desaparición de información cuantitativa que se ofrecía en anexos hasta 2013. Aun cuando se sabe que dicha aportación continuaba, nada decía la memoria de 2015. Y por fin, en la memoria de 2016 se consignaron 9 de los 19,3 M€ del superávit, como aportación al capital de Trece TV y 11 M € de los 15,9 del superávit de 2017. En 2018 la totalidad del superávit se convirtió en aportación al capital de Trece TV: 3.761.858 euros. Y en 2019 las pérdidas volvieron a alcanzar los 6,4 M€.
Por la propia información de la prensa supimos, ya en 2017, que dicha emisora es una ruina (El Diario.es, 5 de julio de 2017) que apenas nadie ve y que había acumulado hasta entonces unas pérdidas de más de 60 M€ en los últimos cinco años, cuando su presupuesto anual era de 20 M€. Y todo ello a pesar de que el Gobierno del PP le concedió en 2015 una licencia TDT, lo que supone un ahorro considerable de 2,5 M€/año, al no tener que alquilar la frecuencia. Incluso un informe encargado por la propia dirección de la cadena calificaba la gestión de desastrosa, definía 13TV (ahora Trece TV) como “una televisión eminentemente política con una marca definida en la derecha”, con un perfil “culturalmente pobre” y que “no es plural desde un punto de vista religioso”. El propio Informe de gestión recomendaba “un cambio de guion”.
En fin, tras las cuantiosas pérdidas, parece que los obispos, que pensaban que “la salvación” de la cadena pasaba por conseguir en propiedad un canal TDT, se iban a dar un plazo de dos años para intentar parar la sangría y “resucitar” su cadena, tras aligerar la nómina, despidiendo a Alfredo Urdaci y a Nieves Herrero, entre otr@s. Y una parte importante para enjugar las pérdidas anuales procede de la denominada asignación tributaria.
Lo cierto es que también en 2016, como en 2017, la cadena acabó con pérdidas en torno a los 10 M€ cada año, en 2018 se incrementó en 7,6 M€ más y en 2019 hubo que añadir unas pérdidas de 6,4 M€, por lo que las pérdidas acumuladas desde el inicio de sus actividades en 2010 ascienden ya a 97,8 M€. De hecho, esta emisora propagandística católica nunca ha dado beneficios desde su nacimiento y, año tras año, al cierre de cada ejercicio se encuentra en causa de disolución y en quiebra técnica, que no se llevó a efecto debido, entre otras cuestiones, a la línea de crédito de 12 M€ que la propia CEE ha abierto y que vencía en abril de 2018. Ya a principios de 2019 los obispos tenían abierta una línea de crédito de 30 M€ con vencimiento 1 de abril de 2022, del que había dispuesto de 28,5 M€ a 31 de diciembre de 2018.
Precisamente al cierre del ejercicio de 2018 el patrimonio neto de la cadena era negativo en 25 M€ (8 M€ más que en diciembre de 2017), lo que indica quiebra técnica, pues no puede cubrir todo el exigible con sus activos.
Durante el ejercicio de 2019 la CEE, que ya era el máximo accionista de la cadena con un 78 % del capital, aumentó su presencia en el capital hasta el 98 %. En una demostración de que para la jerarquía católica es una apuesta ideológica y estratégica la posesión de una cadena de televisión, compensaron el crédito vencido y exigible de 28,5 M€ al que me acabo de referir y ampliaron el capital en esa misma cantidad.
De los 51,7 M€ de superávit del dinero público que recibió la Ic de la casilla del IRPF desde 2016 hasta 2019, 30,6 M€ (el 59 %) los ha “enterrado” en Trece TV para enjugar las pérdidas.
Asimismo, reconocían los directivos de la cadena que los ingresos por publicidad están muy limitados debido a que dicha emisora no es atractiva para los anunciantes, dado que se trata de una cadena de contenidos de extrema derecha, muy politizada y con espectadores mayores de 65 años.
A la luz de esta situación y dado que, como he expresado anteriormente, con el dinero público procedente de la asignación tributaria se financia anualmente dicha cadena, es imprescindible, en aras de la transparencia que pregona la jerarquía eclesial, que se conozca realmente cuánto dinero de nuestros impuestos se deriva anualmente a financiar este canal privado, así como que sea auditada por el TC. Y el Estado es el primero que tendría que exigirlo, para hacer la luz en un asunto que es de su exclusiva responsabilidad.
El Estado debería ir más allá, en cualquier caso, toda vez que es muy probable que estas ayudas públicas puedan tener la presunta consideración de ayudas de Estado y sean de todo punto ilegales, a la luz de la jurisprudencia continuada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De hecho, el propio TC en su informe de fiscalización encomienda al Estado, teniendo en cuenta la sentencia referida, un análisis más detallado a estos efectos. Y ante una situación de este calibre, la responsabilidad pecuniaria sería exigible, no a la cadena o a la propia CEE, sino al mismo Estado. Aunque nada de todo esto se comenta por la “prestigiosa auditora” PwC, este asunto no es baladí.
Hasta aquí llega la parte de la memoria que interesa a tod@s l@s ciudadan@s, en virtud del acuerdo alcanzado a finales de 2006 entre el Gobierno español y la CEE. Y hasta aquí llega el compromiso adquirido por los obispos para justificar “las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Y ya hemos visto el resultado: la Ic cada vez ofrece menos información y lo hace de manera más críptica; la transparencia brilla por su ausencia y cada año hay más opacidad y confusión interesada.
II) ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA
Como en años anteriores, esta segunda parte de mi Informe es una consecuencia directa del planteamiento a todas luces “tramposo” de la memoria que se publica anualmente. La CEE no cumple lo pactado: la justificación de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria es, como cada año, opaca, críptica y confusa, con la inestimable colaboración de PwC y ahora, también, del Tribunal de Cuentas. Y la trampa consiste en no ofrecer la transparencia a la que está obligada, pero a cambio inundar la memoria de un sinfín de cifras sobre el cúmulo de actividades a que se dedica o realizar estimaciones del impacto económico, que nada tienen que ver con lo que se comprometió a presentar.
La prueba de este intento es que la memoria de 2019, como he señalado anteriormente, dedica el 63 % de su contenido a exponer la actividad pastoral, celebrativa (sic), evangelizadora, cultural y caritativa etc., de la Iglesia y su supuesto impacto económico, y tan sólo 10 páginas (el 11 %) están relacionadas con la denominada asignación tributaria, que debería ser el verdadero y único objeto de la memoria.
ECONOMÍA DIOCESANA
17.- En primer lugar, debo mencionar el apartado dedicado a la economía diocesana, en las páginas 83 a 87 de la memoria publicada.
Cuando hace diez años analicé la primera memoria episcopal, correspondiente a 2008, ya hice hincapié en la necesidad de que el Estado exigiera a la Conferencia Episcopal una cuenta de resultados y un balance integrados de toda la actividad económica de la corporación católica. Es lo menos que puede exigirse a un conglomerado social y económico al que se desvía cada año, de forma directa o indirecta, cantidades ingentes de dinero público. La respuesta episcopal oficiosa fue, ya entonces, que ello era imposible de conocer pues cada diócesis gozaba de autonomía y no estaba integrada la información. Hoy la respuesta no es tan burda, tan sólo se limita a declarar, con la inestimable complicidad del TC, que el Estado no se lo ha solicitado.
Aunque la cuestión no se agota en las diócesis, pues hay universidades, editoriales, emisoras de radio y TV, colegios, hospitales, fundaciones, asociaciones, cofradías, hermandades, así como tantísimos negocios privados que se benefician de los presupuestos públicos, parece que en el año 2014, con la publicación de la memoria de 2012, sí hubo alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de aproximarnos a lo que de forma aún muy esquemática, y sin dar contenido oficial a las cifras (las cantidades figuraban en los anexos), podría tomarse por una cuenta de resultados informal de la economía de las diócesis en el citado ejercicio 2012. Desde entonces, y durante los tres años siguientes, desaparecieron los datos cuantitativos de las memorias, hasta la correspondiente a la de 2016 y siguientes, en la que se aportan las cifras correspondientes a lo que podría denominarse la actividad económica de las diócesis, consideradas en su totalidad. A continuación se ofrece el resumen para el ejercicio de 2019:
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS DIÓCESIS EN 2019 (en M€)
| RECURSOS | EMPLEOS | ||||
| Aportaciones fieles | 335,2 | 30,8 % | Actividad pastoral y asistencial | 229,1 | 21,0 % |
| Asignación Tributaria | 229,2 | 21,1 % | Retribución clero | 182,8 | 16,8 % |
| Ingresos patrimonio | 121,0 | 11,1 % | Retribución seglares | 210,8 | 19,4 % |
| Otros Ing. corrientes | 348,8 | 32,0 % | Centros formación | 18,0 | 1,6 % |
| Ing. extraordinarios | 54,4 | 5,0 % | Conservación edificios | 330,3 | 30,4 % |
| Gastos extraordinarios | 95,2 | 8,7 % | |||
| Superávit | 22,1 | 2,0 % | |||
| TOTAL | 1.088,5 | 100 | 1.088,5 | 100 |
Este cuadro de Recursos y empleos pretende reflejar la situación económica de las diócesis durante 2019 y merece las siguientes consideraciones:
a) Este cuadro, que figura en la página 84 de la memoria, equivale a lo que en contabilidad podría denominarse Cuenta de resultados, que no es más que el reflejo de las actividades económicas realizadas durante el año 2019. Pero como cualquier estudiante de economía sabe, de nada sirve conocer el movimiento de ingresos y gastos durante 2019 (suponiendo que esto fuera una cuenta de resultados, que dista mucho de serlo) si no viene acompañado del Balance de situación al principio del año, porque es el punto de partida para poder conocer cuál es la verdadera situación a final de año. Sin conocer cuántos terrenos o inmuebles tenía la corporación católica (y no sólo las diócesis) a principios de 2019, o cuáles eran sus deudas con los proveedores o con los bancos (como consecuencia de los créditos recibidos) o con la Hacienda Pública (IRPF, IVA) o la Seguridad Social, de poco sirve este cuadro de ingresos y gastos que figura en la memoria, puesto que, nada podemos decir de la verdadera situación económica de las diócesis a finales de 2019.
Con todo, no deja de ser curioso que en este cuadro de Recursos y empleos no se haga ninguna mención a los gastos realizados en relación con la Hacienda Pública o la Seguridad Social, o a los realizados para pagar créditos a corto (proveedores) o a largo plazo (empréstitos) durante 2019. La situación en esta materia, como viene siendo habitual, es completamente opaca.
En cualquier caso, tampoco se aclara en la memoria si al referirse a recursos y empleos se está haciendo alusión a los ingresos y gastos efectivamente devengados durante el ejercicio (y que por tanto corresponden a 2019), o a la corriente de cobros y pagos realizados durante dicho año, sea cual sea el ejercicio al que correspondan, lo que no podría interpretarse como la situación real durante dicho ejercicio. En fin, tampoco estas importantes precisiones merecen la atención de PwC, y la ceremonia de la confusión va en aumento.
b) Las diócesis tuvieron un superávit, en relación con sus recursos totales (ingresaron más que gastaron), por valor de 22,1 M€, es decir, casi dos millones más que el año anterior. Y en reste caso, hay que volver a preguntarse a qué uso se aplica el superávit. Silencio sepulcral.
No obstante, si descontamos los conceptos que no se corresponden con gastos o ingresos ordinarios (ingresos patrimoniales, ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios), es decir con la actividad ordinaria de las diócesis, obtenemos unos gastos corrientes de 971 M€ y unos ingresos corrientes de 1.034,2 M€, lo que arroja un superávit corriente, más ajustado a la realidad económica de las diócesis, de 63,2 M€, esto es, un ¡superávit del 6,1 % respecto a los ingresos corrientes! Si tenemos en cuenta que las corporaciones locales tuvieron en dicho ejercicio un superávit del 0,31 %, que el déficit de las comunidades autónomas fue del 0,55 %, y el de la Administración Central el 1,12 %, podemos hacernos una idea de la realidad tan privilegiada y poco “terrenal” en que viven las diócesis españolas.
De esta manera, la Ic está “sobrefinanciando” sus actividades muy por encima de su “adecuado sostenimiento”, y el Estado sigue sin darse por enterado. Ello significa que a pesar de que la Ic ya tiene recursos suficientes para atender sus necesidades, ¿aun así debemos seguir inyectando dinero de nuestros impuestos? ¿Dónde quedan los compromisos asumidos por el episcopado?
c) Llama poderosamente la atención que las diócesis tuvieran unos ingresos extraordinarios en 2019 de 54,4 M€, un 2,6 % más que el año anterior, mientras que los gastos extraordinarios fueron 95,2 M€, un 7 % mayor que el año anterior. En relación con ambos conceptos, y haciendo gala de su “transparencia habitual”, nada se dice en la memoria de la composición de estas rúbricas extraordinarias. Lo que sí es notorio es que, como cada año, ¡los gastos extraordinarios se sitúan en torno al 9% de los recursos totales de las diócesis!
En todo caso, la “música” (que no los números) de estas rúbricas nos las apuntaba Giménez Barriocanal en su informe del año pasado, que no se ha editado este año: los ingresos extraordinarios incluyen la venta de patrimonio, subvenciones de capital, herencias y otros ingresos; los gastos extraordinarios, construcción de nuevos templos, programas de rehabilitación y otros gastos. Nada más. Así se aclaran rúbricas multimillonarias. Hasta aquí llega la “transparencia” de los obispos.
d) Las aportaciones de los fieles en 2019, con 335,2 M€ (9,2 M€ más que el año anterior), cubrieron sólo el 30,8 % de los ingresos totales de las diócesis, 6,2 puntos porcentuales menos que en el ejercicio de 2014, que cubrió el 37 %.
e) Tampoco se dice nada en la memoria acerca de la composición de los ingresos de patrimonio y de actividades económicas de las diócesis, que cubren el 11,1 % de los recursos éstas. Teniendo en cuenta que la corporación católica es el mayor propietario mobiliario e inmobiliario de España y sus actividades económicas abarcan un amplio abanico de sectores económicos (enseñanza, inmobiliario, sanitario, asistencial, editorial, etc.), el detalle de esta rúbrica es de extraordinaria importancia. Ya el año pasado Giménez Barriocanal nos deleitó con la “música” (que no los números) de estas rúbricas: los ingresos patrimoniales son consecuencia del patrimonio inmobiliario, financiero y de actividades económicas diversas. Nada más.
En todo caso, esta rúbrica, que abarca los ingresos financieros, más los ingresos por alquileres más los procedentes de actividades económicas alcanzó en 2019 los 121 M€, un 14 % de incremento respecto al año anterior. Valgan como ejemplo los 13,1 M€ ingresados por la diócesis de Toledo, los 4,8 M€ de Córdoba, los 5,1 M€ de Cádiz, los 5,6 M€ de Madrid o los 5,3 M€ de Valencia. Así hasta 70 diócesis (incluyendo la diócesis castrense). Debemos tener en cuenta que estamos hablando sólo de las diócesis y sus entidades adscritas, sin tener en cuenta los ingresos procedentes de colegios, hospitales, centros de tercera edad, congregaciones religiosas, cofradías, hermandades…De ahí que la cuantificación de los ingresos de esta naturaleza correspondientes a toda la corporación católica, aunque no existan cifras, deberá ser de mucha mayor cuantía.
f) La aportación de los presupuestos estatales a través de la asignación tributaria en 2019 supuso el 21,1 % de los recursos totales de las diócesis, cubriendo dos puntos porcentuales menos que en 2014. Se afirma en la página 84 que esta aportación alcanzó los 229,2 M€ y, sin embargo, en la página 76 de la memoria se repite que el envío a las diócesis fue de 206,2 M€. ¿En qué quedamos? ¿A qué se debe esta diferencia? Ninguna explicación consta en la memoria acerca de ello, sin que merezca el más mínimo comentario de PwC.
En todo caso, parece evidente que la financiación pública a través de la asignación tributaria mantiene su peso en los recursos de las diócesis en torno al 21-25 %, mientras que la aportación privada de los fieles cada vez representa menos porcentualmente en el total de dichos recursos, pues ha pasado de representar el 38 % de los recursos en 2012, al 30,8 % en 2019.Hay que hacer constar que las donaciones de los fieles se benefician de desgravaciones fiscales en función de la cantidad aportada, con lo que eso supone de merma para los recursos públicos por otro lado. No se conoce ninguna evaluación, realizada por la administración tributaria, del importe de estas desgravaciones.
g) Pero aquí no acaban las aportaciones públicas a las diócesis, puesto que figura una rúbrica de Otros ingresos corrientes, por valor de 348,8 M€ (85 millones más que el año anterior, es decir, un 32 % de incremento), que al parecer supuso también el 32 % de los ingresos totales como indica la memoria. No cabe ninguna duda de que una parte muy importante de estos ingresos procede de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales o de la propia administración central. Pero no se ofrece en la memoria publicada información alguna sobre estos conceptos. No es posible mayor opacidad.
Una vez más, auxiliados por la “valiosa” información que Giménez Barriocanal nos ofreció el año pasado, supimos que aquí se incluyen desde los ingresos por servicios (de naturaleza privada) hasta las subvenciones (públicas). Deberemos suponer que aquí se contabilizan desde los ingresos por expedientes matrimoniales, bautismos, misas, colectas, cepillos o herencias sin control hasta las subvenciones de las administraciones públicas. Respecto a este año, no sabemos nada. Hasta aquí llega la “transparencia” episcopal.
h) La actividad pastoral y asistencial absorbió el 21 % del gasto total de las diócesis en 2019, 7,3 puntos porcentuales menos que en 2012, que alcanzó el 28,3 %, mientras que en salarios del clero y seglares se empleó el 36,2 % de los recursos (6,5 puntos más que en 2012) y en conservación de edificios y gastos de funcionamiento otro 30,4 %.
Como ya he indicado anteriormente, nada se dice respecto a qué parte de los salarios de las economías diocesanas (tanto en el caso de religiosos como de seglares) proceden del FCI y, por tanto, de las “X” del IRPF y qué salarios abonan las diócesis que no tengan relación con el citado Fondo.
Una última nota de confusión la aporta el hecho de que al hablar de retribución del clero no especifica de cuántas personas estamos hablando y de qué forma se distribuye entre sacerdotes, religiosos en las parroquias y otr@s religios@s; asimismo al referirse a la retribución del personal seglar no se indica si se refiere a tod@s l@s catequistas o parte de ell@s. Es imposible, por tanto, decir nada coherente en este contexto. En todo caso, resulta difícil convencer de que la atención prioritaria de la actividad de la Iglesia católica sea la labor pastoral y asistencial cuando el 64,1 % de los gastos de las diócesis (7 puntos porcentuales más que en 2015) se emplea en alimentar clero, seglares y edificios.
LOS INGRESOS FINANCIEROS
18.- Una llamativa cuestión, de la que se ofrece una exigua información en esta especie de “Cuenta de Resultados” o Ingresos y Gastos, se refiere al montante de ingresos financieros como consecuencia de los intereses que producen anualmente dos conceptos significativos: a) por un lado el llamado “Fondo de reserva” o de Estabilización (al que he hecho referencia anteriormente y del que se guarda un silencio absoluto en la memoria), formado inicialmente con el excedente no utilizado del incremento del porcentaje asignado en la declaración del IRPF, cuando en 2007 se decidió incrementar el porcentaje desde el 0,52 % al 0,7 % de la cuota íntegra de cada declaración señalada. Este fondo de reserva se cifraba en 43 M€ en 2013, y aunque, como ya he señalado, la memoria publicada nada dice al respecto para 2019 al igual que en años anteriores, es superior a 89,5 M€; b) otro montante productor de ingresos financieros es la cantidad de monetario en poder de la Conferencia Episcopal procedente de la denominada asignación tributaria que no se reparte a las diócesis en el momento en que se recibe, y que puede suponer no menos de 90 M€ en el año que nos ocupa, como mínimo. De este último concepto parece ofrecerse en la Liquidación de la asignación tributaria, sin ninguna puntualización adicional, un montante de ingresos por valor de 31.653 euros; digo parece, porque en el ejercicio 2017 alcanzó los 466.640 euros y no cabe tanta disparidad en los intereses percibidos por cantidades anticipadas similares para cada año.
Así pues, la jerarquía católica habría dispuesto de 165 M€ durante 2019 para acrecentar sus ingresos financieros. Como es habitual, la memoria no ofrece ninguna explicación. Y a mayor abundamiento, en lo que se refiere a los ingresos financieros de las diócesis no existe la más mínima información. En todo caso, una cifra sin actualizar del total de ambos conceptos supondría unos ingresos de cerca de 2 M€ anuales.
Según publicó en enero de 2017 Javier Otero en un excelente artículo en la revista Tiempo, la Ic estaba ingresando unos 23 M€ como consecuencia de sus múltiples inversiones financieras, que no serían inferiores a 2.500 M€ y que podrían llegar hasta los 5.000 M€. Ninguna información acerca de esta cuestión se ofrece en la memoria publicada por la CEE. Hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen el patrimonio financiero del conjunto de las congregaciones religiosas existentes. Sumando las cantidades antes aludidas, podríamos evaluar en no menos de 25 M€ anuales el total ingresado por la Corporación católica en concepto de intereses financieros.
EL PATRIMONIO INMOBILIARIO
19.- Es conocido que la Iglesia católica es el mayor propietario inmobiliario privado de España. Incluso a pesar de no existir un inventario de dichas propiedades, los cálculos más conservadores los sitúan por encima de más de 100.000 propiedades o inmuebles. No obstante, se desconoce el impacto que sobre esta cantidad puede tener los cerca de 40.000 bienes inmuebles inmatriculados por la Ic que ha reconocido oficiosamente la CEE.
Comoquiera que sea, este incalculable patrimonio inmobiliario debería tener un reflejo evidente sobre la “Cuenta de Resultados” o Ingresos y Gastos: por la vía de los ingresos a través de las rentas que de dichos inmuebles se obtiene (alquileres, cesiones, ventas) o de las subvenciones que para ellas se destine por las distintas administraciones públicas, y por la vía de los gastos reflejando los correspondientes a rehabilitación o mantenimiento del patrimonio.
En todo caso, se desconoce si bajo la rúbrica de Ingresos patrimoniales se esconden ingresos como consecuencia de la venta de patrimonio y de qué patrimonio; también se oculta en qué concepto se incluyen las subvenciones públicas recibidas para mantenimiento o rehabilitación de los mismos y a qué inmuebles corresponden; nada se dice, tampoco, del montante de ingresos en alquileres que produce este ingente patrimonio inmobiliario; por último, bajo el concepto de conservación de edificios y gastos de funcionamiento de las diócesis, se informa que el gasto realizado (o pagos, vaya usted a saber) alcanzó los 330,3 M€ (58,5 M€ más que en 2018), pero no se indica nada más para explicar el montante total. Toda esta información se hurta en esta propagandística memoria, a la que no interesa informar sobre estas “menudencias”. Y a la consultora PwC le parece que la información es “adecuada y fiable” (¡!).
En febrero de 2020, el periodista Jesús Bastante, citando una investigación de Javier Otero en Moncloa.com, cifraba en 94 M€ los ingresos que podría estar obteniendo la Ic por ingresos financieros, inversiones inmobiliarias u otras actividades económicas. Aunque dada la opacidad en la que se mueve la economía episcopal y diocesana, esta cantidad está evidentemente muy infravalorada.
En todo caso, no se ofrecen en la memoria episcopal los ingresos obtenidos por las actividades económicas realizadas por cada diócesis, por lo que para hacerse una idea más exacta debe hacerse un trabajo auténticamente detectivesco. Debemos tener en cuenta que las cantidades que se ofrecen en muchas de las diócesis no reflejan toda la realidad, habida cuenta de que muchos de los ingresos de éstas no se encauzan hacia las propias diócesis, sino a fundaciones, empresas explotadoras o cualquier otra figura jurídico-económica.
Ni siquiera es probable que las cifras globales que figuran en la memoria reflejen todos los ingresos reales, como puede ser el caso de los ingresos realizados por visitas a las catedrales. Por poner algún ejemplo, valgan sólo estos cuatro que, a buen seguro como tantos otros, no aparecerán reflejados en el cuadro de ingresos de las diócesis en la memoria episcopal : a) la Mezquita de Córdoba ingresó más de 17,5 M€ en 2019; b) la catedral de Santiago, el tercer monumento más visitado de España (tras la Alhambra y la Sagrada Familia), superó en 2019 los 12 M€ de ingresos, entre limosnas, el museo de la catedral y la venta de las tiendas ubicadas en la entrada del templo (por las que cobra el alquiler a Aldeasa); c) la catedral de Sevilla ingresó 17,7 M€ en 2019; y d) la catedral de León tuvo unos ingresos durante dicho año de 1,5 M€.
Podría seguir tratando otros aspectos relacionados con el patrimonio inmobiliario de la Ic y con las catedrales, pero en este informe pretendo seguir el hilo argumental de la memoria, por lo que los trataré más adelante.
En todo caso sí hay seguridad en algo: los ingresos, de los que no se ofrece ninguna información en la memoria episcopal, son ingresos privados y como tales se los apropia, bien la Iglesia o alguna fundación o empresa controlados por ésta; sin embargo, los gastos que ocasiona su conservación y mantenimiento son casi exclusivamente públicos, bien de la administración central, autonómica o local. Aunque no por ello se manifiesta más transparencia por parte del episcopado a la hora de ofrecer información en la memoria 2019.
LA SUPUESTA CONTRIBUCIÓN DE LA IGLESIA AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA SOCIEDAD
20.- Comenzaré por hacer un poco de historia. Ya en la memoria correspondiente a 2015, como si de un nuevo “juguete propagandístico” se tratara, se incluía un apartado con el título de Valor económico generado por la Iglesia, firmado por la consultora KPMG. El cuadro, que incluía bajo la denominación de Cash-flow social de la Conferencia Episcopal Española, era un despropósito ininteligible de tal calibre, que mereció mi juicio crítico con brevedad, pero con contundencia (véase mi Informe del año 2016, publicado en el Observatorio del Laicismo). Lo que realmente pretendía la CEE era elaborar un eslogan publicitario (pues tan sólo eso podía ser), para airearlo urbi et orbe: que la supuesta inversión de la Iglesia católica en la comunidad equivale a más del 138 % de lo que recibe por la asignación tributaria.
Ese “nuevo hallazgo” de mercadotecnia no era más que la comparación del dinero que supuestamente empleaba en actividades asistenciales, pastorales y otras, que cuantificaba en 302 M€, comparado con la que denominaba Asistencia Tributaria (sic), que cifraba en 218 M€. Ni esta cantidad tenía nada que ver con la asignación tributaria (que eran 247 M€), ni se explicaba por qué entre las actividades se incluían unas (las actividades pastorales, por ejemplo, que sólo afectan a l@s católic@s y no al conjunto de la sociedad) y se excluían otras (proveedores, operaciones de inversión o financiación o remuneraciones del clero o del personal seglar). En definitiva, no era más que humo y agitación propagandística.
Ya en la memoria correspondiente a 2016, sin embargo, se eliminó este bochornoso y surrealista cuadro firmado por KPMG, así como el título de esa página, que tenía un tinte economicista y académico (valor económico generado o cash-flow), fue substituido por Contribución de la Iglesia al desarrollo económico y social de la sociedad, más acorde con el tipo de propaganda superlativa que persigue la Ic.
No obstante, a pesar de haber hecho desaparecer el citado cuadro, sorprendía que la memoria mantuviera idénticas cifras (más del 138 % de lo que recibe por la asignación tributaria), sin ninguna explicación, ni el más mínimo soporte cuantitativo. Al parecer debe tratarse de un dogma de fe que, además, se repite invariable año tras año.
Sin embargo, se mantenía en la memoria de 2016 una página dedicada al Impacto económico de la actividad asistencial de la Iglesia (pág.80), de la que se ignoraba qué relación tenía con la contribución al desarrollo económico y social (página 33 de la memoria), anteriormente comentada. Se afirmaba que la Ic había generado 589,6M€ en actividades asistenciales, mientras que en la página 31 sostenía que las diócesis destinaron 55,9 M€ a actividades asistenciales en 2016: no existía ninguna explicación de la relación entre ambas cantidades, en las que había una diferencia de 10 a 1.
En la memoria correspondiente al ejercicio de 2017, se seguía afirmando que la Ic había generado 589,6 M€ en actividades asistenciales (¡La misma cantidad que figuraba en la memoria de 2016!), mientras que en la página 31 se sostenía que las diócesis destinaron 55,6 M€ a actividades asistenciales en 2017, sin ninguna relación entre ambas cantidades, en las que seguía habiendo una diferencia de 10 a 1.
Ya en la memoria de 2019, no hace falta que adivinen el valor económico que ha generado la Ic en actividades asistenciales, puesto que se trata de la misma cantidad desde hace cinco años: 589,6 M€. También se afirma que las diócesis han dedicado a actividades asistenciales 59,1 M€. Como pueden observar, casi una proporción de 10 a 1. Sin embargo, en la página 86 de la memoria se afirma que “El valor del impacto de la actividad asistencial y caritativa de la Iglesia,…, representa más del doble de la inversión realizada.” Aquí tiene razón la memoria, pues un impacto de 10 a 1 es algo mayor que más del doble. Sin comentarios, acerca de la credibilidad de las cifras que nos ofrece la jerarquía episcopal.
Lejos de acercarse a la transparencia, la memoria se sumerge en la confusión: en una página se dice que la asignación tributaria es 301,2 M€, en otra 273,3 M€, en otra 229,2 M€. Una misma denominación para realidades distintas. En fin, en todo caso nada que se parezca a una rendición de cuentas anuales de la Ic en relación con lo recibido a través del IRPF.
Resulta comprensible que los obispos necesiten justificarse ante la sociedad española por las ingentes cantidades de dinero que reciben de las arcas públicas. Pero este sistema de agitación y propaganda compulsiva, basado en la opacidad y la confusión, así como en contratar una consultora tras otra con dinero público para enmascarar lo injustificable, hace mucho que ha dejado de convencer a todas las personas que no dependen de las subvenciones públicas o exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia.
ACTIVIDAD CELEBRATIVA
21.- A continuación, en sólo dos páginas con apenas 5 cifras, resume la memoria la actividad litúrgica en 2019 (denominada celebrativa, palabreja más propia de escuela de negocios, pero que no figura en el DRAE), volviendo a llamar la atención acerca de la cantidad de personas que asistieron regularmente a misa: 9 millones de personas. Tras años de propaganda eclesiástica acerca de que iban a misa 10 millones de personas, el dogma de fe, nunca demostrado con cálculo fiable alguno, se ha batido en retirada desde hace algunos años.
En las memorias de 2008 y 2009 no se ofrecía ninguna estimación de este evento, pero a partir de la memoria de 2010 se incorporó definitivamente. En todo caso, resultaba vano buscar en qué parámetros se basaba dicha estimación, realizada por una supuesta Oficina de estadística y sociología de la CEE. No había ninguna referencia cuantitativa, y la cifra surge año tras año por arte de magia. Se ignora qué “procedimientos de comprobación y obtención de evidencias suficientes soporta esta información”, avalada por PwC, como todas las demás que se ofrecen en esta memoria. Simplemente es un dogma de fe que, a fuerza de repetirlo, acaba siendo creído por todos los fieles y difundido entre los “infieles
En todo caso una simple ojeada a la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (barómetro de julio 2021) permite observar que el 58,6 % de l@s español@s se declaran católic@s, aunque, no obstante, sólo el 18,6 % de ell@s se declara practicante. Un simple cálculo permite deducir que podrían asistir a misa “sólo” 4,5 millones de personas, pero de ninguna manera los 9 millones que ofrece la memoria. Señores de la Conferencia Episcopal, la cifra que ofrecen todavía es casi el doble de la real. Dejen de manipular números y personas y aténganse a la verdad, aunque no sea su Verdad.
Por otro lado, los 175.844 bautizos declarados en 2019 suponen, respecto al año anterior, un nuevo descenso del 9 % en el número de niñ@s bautizad@s, que desde 2010 acumula un 50 % de bautizos menos. Y este es un hecho que debemos celebrar todas las personas que defendemos la libertad de conciencia de los recién nacidos.
¿Pueden imaginarse a un recién nacido al que sus padres, por afinidad ideológica, afiliaran al PSOE, le hicieran el carné del PC, lo apuntaran al PP o lo hicieran socio de una organización atea? Sin duda sería un acto brutal, pero sobre todo, estúpido. Pues estos actos son de la misma naturaleza (atentados a la libertad de conciencia individual y por tanto, anticonstitucionales) que el “bautizo en la fe católica”. Y esta situación se produce con la aquiescencia de los tres poderes básicos del Estado: el parlamento, el gobierno y la judicatura.
El recién nacido, como todo menor de edad, es sujeto del derecho humano de libertad de conciencia (libertad ideológica y de religión) reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española (CE, en adelante). Y desde 1996 está reconocida la titularidad plena de los derechos fundamentales del menor, por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Pero es un sujeto particular, por cuanto no puede ejercer dicho derecho. De ahí la necesidad de que se establezca una tutela por parte de los padres, mientras ese proceso de formación de la conciencia tiene lugar y se va construyendo su madurez física e intelectual.
Ahora bien, como declara el propio Tribunal Constitucional (en su Sentencia 141/2000), los poderes públicos, y especialmente los órganos judiciales, deben velar porque el ejercicio de la potestad de los padres se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el interés superior del niño, ¿dónde reside el interés del recién nacido por formar parte de, o adscribirse a, una religión concreta?¿Cómo puede ser tan brutalmente constreñida la personalidad de un recién nacido, marcándole de manera indeleble, como reconoce, tan cínicamente en ocasiones, la propia Iglesia católica? ¿A quién beneficia esta práctica abusiva y ventajista y autoritaria, sino a la propia Ic, que perpetúa su semillero de creyentes, atrapándolos mucho antes de que tengan uso de razón y puedan elegir por sí mismos? ¿Cómo poner coto a esta práctica deleznable que vacía de contenido el potencial ejercicio del derecho fundamental de libertad de conciencia por su verdadero titular, el recién nacido? Todas estas preguntas reclaman una respuesta urgente de los poderes públicos.
El capítulo de primeras comuniones, 204.618 en 2019 (17.727 menos que el año anterior), al que es perfectamente aplicable todo lo argumentado en el párrafo anterior, se ha reducido en un 17 % respecto a 2010. No hay mucho más que comentar, salvo que en un año no tan lejano como 1995 alcanzaban las 327.000. Así pues, en un horizonte temporal amplio, el descenso parece notable.
Las 36.650 bodas católicas que, según el episcopado, se celebraron en 2019 (5.325 menos que el año anterior), suponen un nuevo descenso, este año del 13 %, respecto al año anterior, y confirma su tendencia notablemente descendente (un 51 % de bodas católicas menos que en el cercano 2010).
Dejando de lado que, según el propio Instituto Nacional de Estadística (INE, en adelante) se celebraron 33.869 bodas por la iglesia católica en el año 2019, discordancia que debería repasar PwC, si queremos contextualizar la secularización de la sociedad española actual, habría que aclarar que en 2009 las bodas civiles superaron por primera vez a las religiosas y ya en 2019 el 80 % de las bodas celebradas fueron civiles y tan sólo el 20 % religiosas.
Otro índice del grado de secularización de la sociedad, relacionado con los matrimonios, es que casi la mitad de los nacimientos durante 2019 lo fueron de madres no casadas. Este porcentaje ofrece una tendencia claramente ascendente en el último decenio.
Queda, por último, comentar el número de “unciones de enfermos”. En la memoria de 2012 no se hacía mención a esta actividad y sí a las “exequias”, que con 341.548 reflejaba una reducción del 22% respecto al año anterior. En la memoria de 2013 desaparecieron éstas y fueron sustituidas por las unciones, que ya en 2014 fueron 23.624, y que con una suave tendencia ascendente llegaron en 2018 a 25.663, para volver a descender en 2019 hasta 25.122, sin que se indique el porqué de este cambio en la memoria. No obstante, lo cierto es que las unciones católicas apenas se aplicaron al 6 % de l@s fallecid@s en dicho año. Esto explicaría el activismo con que se aplican los curas católicos en los hospitales ante las personas que están en la fase terminal de su vida.
En todo caso podemos afirmar, a modo de recapitulación, que se confirma el permanente descenso de estas actividades confesionales en relación con las estadísticas demográficas oficiales españolas: a) en 2019 los bautizos católicos representaron el 48,7 % del total de nacimientos en España en dicho año (360.617), cuando sólo ocho años antes, en 2010, bautizaban al 71 % de l@s recién nacid@s; b) como he afirmado anteriormente, aún más significativo es el retroceso en las bodas católicas, pues en dicho año, y con las propias cifras aportadas por la CEE, significaron el 20 % de todas las bodas celebradas en España, con un retroceso de más de 36 puntos porcentuales en tan sólo una década; y c) como indiqué en mi Informe del ejercicio 2014, las exequias que declaraba la memoria de 2012 (341.548) eran muy poco fiables, dada la variación desproporcionada de un año a otro: la memoria del ejercicio 2011 ofrecía un número equivalente al 99,5% de todas las defunciones que se produjeron en dicho año en nuestro país; para el año siguiente 2012, ofrecía 45.000 ceremonias católicas menos.
Puesto que la fuente de estas cifras aportadas por la memoria era la Oficina Estadística de la CEE, puse en duda su fiabilidad, dada la disparidad con las cifras oficiales. Quizás por eso (por su escasa fiabilidad, no por mi crítica, no deseo ser petulante) desde la memoria de 2013 ha desaparecido el galimatías de las exequias y se introducen las “unciones de enfermos”, que he comentado anteriormente y que parecen mucho más ajustadas a la realidad.
La conclusión que puede sacarse de lo expuesto es que el desapego hacia las prácticas religiosas católicas (los denominados sacramentos por la Ic) es cada vez mayor en concordancia con la cada vez mayor secularización de la sociedad. Lo que no significa que el poder de la corporación católica sea menor. Todo lo contrario: gracias a los privilegios fiscales y simbólicos concedidos por el Estado, cada vez ostenta mayor poder en los ámbitos educativo, sanitario, inmobiliario y asistencial en España.
PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL
22.- Para hablar sobre el número de personas dedicadas a la actividad pastoral el marco general del que debemos partir, según la información aportada por la memoria, es la existencia en 2019 de 54.246 religios@s (entre sacerdotes y otr@s religios@s) distribuidos por toda España. Debemos tener en cuenta que en 2013 casi alcanzaban la cifra conjunta de 88.000.
Como ya indiqué en la memoria correspondiente a 2017, en dicho año se produjo un verdadero derrumbe en el número de religios@s, del 25,6 %, respecto a 2016. El que hubieran desaparecido la cuarta parte de ést@s en tan sólo un año era suficientemente importante como para que se ofreciera alguna explicación, pero no pareció preocupar a los señores obispos, ni “ocupar” a PwC.
En 2018 los sacerdotes volvieron a disminuir en un 2,4 % y l@s religios@s en un 3,5 %, y ya en 2019 el descenso ha sido del 2,2 % y del 3,7 %, respectivamente, confirmando la tendencia descendente de ambos colectivos. A estas cantidades debemos añadir 96.470 catequistas, con un descenso del 6,3 % respecto al año anterior.
Por último, el panorama se completa con la existencia de 22.993 parroquias (4 menos que en 2018) distribuidas por toda España (ver cuadro a continuación), y la aportación, por quinto año consecutivo, del número de monjas/es de clausura existentes. El cuadro siguiente nos ofrece dicho panorama en evolución:
PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Sacerdotes | 19.347 | 19.163 | 18.813 | 18.576 | 18.164 | 17.754 | 17.337 | 16.960 |
| Religios@s | 57.952 | 57.986 | 57.531 | 55.367 | 53.918 | 40.096 | 38.688 | 37.286 |
| Catequistas | 109.334 | 106.512 | 104.995 | 101.751 | 105.622 | 100.973 | 102.859 | 96.470 |
| Parroquias | 22.795 | 23.098 | 23.071 | 22.999 | 23.019 | 23.021 | 22.997 | 22.993 |
| Monjas/es de clausura | 10.899 | 9.153 | 9.154 | 9.322 | 9.202 | 9.151 | 8.739 |
Estas cifras configuran un extenso entramado reticular, a lo largo y ancho del país, con 54.246 personas realizando, a tiempo completo, actividad pastoral y, en muchas ocasiones, política (por supuesto, la política establecida por la Conferencia Episcopal), todo ello a costa de l@s contribuyentes de todas las creencias y convicciones (ateos, agnósticos, indiferentes o de otras religiones).
ACTIVIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS
23.- Por noveno año consecutivo se ofrecen cifras de la actividad católica en los centros penitenciarios. Cabe comenzar advirtiendo que, en mi opinión, tod@s l@s reclus@s deben tener derecho a la asistencia que, en virtud de sus particulares creencias o convicciones, estimen oportuna siempre que la misma no se realice con cargo al erario público. Cuestión diferente es que deban establecerse políticas públicas en materia social, deportiva, de formación o psicológica, cuya responsabilidad y financiación, por definición, debe recaer en el Estado, toda vez que es éste el que les ha privado de libertad.
Sin embargo, a pesar de que según el acuerdo concordatario de 1979 sobre Asuntos Jurídicos, en su artículo 4, “El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios…”, en realidad: a) la Ic realiza actividades fuera de prisión, no amparadas por el Acuerdo y financiadas con cargo al erario público, a través de todo tipo de organizaciones católicas (Hijas de la Caridad, Hogar Mercedario, Cáritas, Congregación Hermanas Oblatas, Hogar de Acogida Emaús,…); y b) la iglesia católica no sólo realiza actividades religiosas en los centros penitenciarios, financiadas por el Estado, sino todo tipo de actividades sociales de reinserción, deportivas, de formación y de asesoría jurídica.
Estos dos ejemplos son una muestra más (junto con la enseñanza y la sanidad, como los más destacados) de dejación de responsabilidades por parte de los poderes públicos, y de privatización de una asistencia, que sólo a éstos compete. El efecto final, como siempre, es utilizar una necesidad básica de cuya prestación no puedes escapar, (al igual que en la enseñanza, o la sanidad) para imprimir el marchamo católico a los “servicios” que se presta. En mercadotecnia se denomina “fidelizar” a los “clientes”, es decir, conseguir y asegurar su adhesión y fidelidad futura.
Antes de comentar las cifras de 2019 debo recordar que ya en 2013 había 147 capellanes, 45 menos que el año anterior. Esta reducción del 23 % en un solo año, de no ser errónea, ya resultaba sorprendente, toda vez que el número de capellanías se mantuvo prácticamente estable (83 capellanías en 2013, frente a 81 en 2012). Sin embargo, en 2015 la cifra de capellanes ascendió hasta los 170 capellanes, desde los 143 de 2014. Este tobogán de cifras no ha merecido nunca ninguna explicación en la memoria.
La memoria de 2016, volvió al “tobogán de los capellanes”, pues ofreció para dicho año la cifra de 147 capellanes, 23 menos que el año anterior, pero casi los mismos que en 2014; en 2017 la cifra volvió a ascender a 162, un 10 % respecto al año anterior, que es la cifra que se mantiene en 2019. En fin, resulta francamente difícil dar por buenas estas cifras, dada su gran variabilidad anual, sin ninguna explicación. Téngase en cuenta que con estas cifras, y sobre la base de 78 centros penitenciarios considerados, se habría pasado de 1,7 capellanes por centro en 2016 a algo más de 2 capellanes por centro en 2017, un incremento bastante poco creíble en tan sólo un año. En 2019 la ratio es de 2,1 capellanes por centro.
Ni que decir tiene que nada se dice en la memoria de la remuneración de estos capellanes con cargo al erario público, así como tampoco respecto a si perciben alguna retribución de naturaleza pública, y su cuantía total, los voluntarios a los que me aludo en el siguiente párrafo.
En lo que se refiere al número de voluntari@s católic@s en los recintos carcelarios, ya la memoria de 2017 corrigió, al menos, el error que puse de manifiesto el año anterior: la no coincidencia de las cifras ofrecidas por la memoria con las del Departamento de Pastoral Penitenciaria. Ya en 2017 ambas publicaciones aportaron la misma cantidad de voluntari@s (2.700 personas), y así sigue siendo hasta ahora: en 2019 hubo 2.560 voluntari@s católic@s en las cárceles españolas.
En todo caso, a) esta cantidad incluye tanto a personas que realizan servicios dentro de la prisión, como a quienes realizan servicios fuera de la prisión; y b) en sentido estricto, l@s voluntari@s dentro de prisión fueron 1.943 personas, 46 menos que el año anterior. Por tanto, sólo esta cifra es la que debería constar en una memoria que habla de la atención religiosa en los centros penitenciarios. Y por supuesto, nada se dice acerca del régimen de colaboración de dichos voluntarios con la Iglesia, ya sean parroquias o cualquier otra institución colaboradora.
¿VALORACIÓN DE MERCADO DE LA ACTIVIDAD SACRAMENTAL?
24.- Afortunadamente, un aspecto que también critiqué de la memoria de 2008, que se ofrecieran ratios de “intensidad pastoral” o de “pastoral recibida”, cuestión que rayaba en el absurdo, cuando no en la irrisión, ha desaparecido de las memorias desde 2010. A mi juicio, no era más que un burdo intento de aportar una apariencia de “cientifismo” a su actividad, además de presentar la actividad pastoral católica como un servicio público y, por tanto, de carácter general. Y esa pretensión estaba completamente fuera de la realidad.
No obstante, en la memoria de 2015 se seguía ofreciendo la información de que las actividades pastorales, sacramentales y de atención personal ofrecidas por la Iglesia católica, “contratadas en el mercado” suponían un importe de 1.971 M€, pero que gracias a su “eficiencia” sólo le costaba a la Ic, 882 M€, por lo que, supuestamente ahorraba 1.089 M€ (¿a quién?). Este argumento era sencillamente ridículo, y así lo hice constar en mi Informe de dicho año. No aclaraba la memoria cuál era el “mercado” de primeras comuniones, o el de bodas religiosas, o el de bautizos o el de exequias religiosas o el de unciones de enfermo o, tal vez el de catequesis, …
Asimismo, en la citada memoria de 2015, la CEE pretendía hacer creer que había dedicado a actividades pastorales y asistenciales nada menos que 882 M€, generando un supuesto “ahorro”, al no haberse contratado éstas “en el mercado”. En mi Informe de dicha memoria ya demostré la falsedad de estas afirmaciones completamente gratuitas, cuya nula credibilidad estaba fuera de duda.
En todo caso, no cabía duda de que se trataría de un “mercado monopolístico”, en el que no estaría incluido nadie que no fuera católico y cuya única “oferta” de productos estaría proporcionada por un único “empresario”: la Conferencia Episcopal. No obstante, que la jerarquía católica abrace esta jerga neoliberal para intentar contrarrestar el hecho indiscutible de que recibe cuantiosos recursos públicos para favorecer su religión y las creencias católicas, no deja de ser paradójico.
Afortunadamente, esta información de la memoria de 2015, que sometí a severo juicio crítico en mi Informe sobre dicho año por opaca, confusionista y engañosa, fue eliminada de la memoria de 2016. Aunque la Ic, supuestamente asesorada por PwC (¿o por KPMG?), aún se resistía a mantener la jerga tecnocrática: todavía publicaba un cuadro del supuesto Impacto económico de la actividad asistencial (pág. 80) o pretendía calcular el retorno social de la inversión, sin siquiera tomarse la molestia de modificar los datos de 2015; sencillamente, “fusiló” los dos datos que figuraban en la memoria de dicho año y los trasladó mecánicamente a la memoria de 2016.
Para la memoria de 2017, dada a la publicidad en 2019, ya pudimos contar con un nuevo estudio de Evaluación del impacto socioeconómico de la Iglesia católica en España 2016 (en realidad sólo con los principales titulares), elaborado por Ernst & Young y dado a la publicidad el 29 de mayo de 2019, como un eslabón más de la estudiada cadena de mercadotecnia a la que nos tienen acostumbrados los obispos, pues apenas unos días después publicitaban su memoria anual correspondiente a 2017.
Aunque en la citada memoria se eliminó parte de la jerga tecnocrática que yo había sometido a crítica el año anterior (retorno social de la inversión, por ejemplo), se continuaba incluyendo prácticamente las mismas cifras a que nos tenían acostumbrados las anteriores memorias. Llama la atención que el impacto económico de la actividad asistencial era idéntico al de años anteriores, esto es, 589,6 M€; ni un euro más ni un euro menos. O que el valor generado por la Ic en dicha actividad había pasado de 2,71 veces los fondos recibidos mediante la asignación tributaria a 2,5 en tan sólo un año, sin explicación alguna.
En la memoria de 2018 volvió a aparecer la mágica cifra de 589,6 M€ como impacto económico de la actividad asistencial, pero esta vez como consecuencia de algún “nuevo” análisis realizado por la consultora KPMG. Y ya en 2019 se repite la misma supuesta cifra mágica. Todo ello sin ninguna demostración cuantitativa.
Cualquier actividad humana es susceptible de ser evaluada cuantitativamente en términos económicos, y en el caso de la corporación católica, cuya actividad se extiende a tantos sectores económicos, con mayor motivo. Pero por más que acumule estudios o colaboraciones de las más “prestigiosas auditoras internacionales” (en palabras de la propia Ic), y ya van tres de ellas, PwC, KPMG y Ernst & Young, en esta especie de huida hacia adelante, la cúpula eclesial no podrá ocultar nunca la machacona realidad: la jerarquía católica se beneficia de exorbitantes cantidades de dinero público que jamás estarán disponibles para usos alternativos en los presupuestos del Estado.
Y seguirá beneficiándose de dichas prebendas, al margen de cuál sea su “contribución” económica. Porque la propia finalidad de la Iglesia es perpetuar su organización y su poder económico y social. Por lo tanto, el impacto socioeconómico de su actividad no deja de ser un “subproducto” derivado y no buscado explícitamente.
En este contexto, las cifras que estoy comentando no significan nada, aunque a la Ic le pueda servir para ofrecer una apariencia de que “rinde cuentas”. La precisa planificación de mercadotecnia de los señores obispos da como resultado una constante cascada de publicidad (en febrero, abril, mayo y junio de cada año) con que nos bombardea la jerarquía episcopal en los medios de comunicación.
En cualquier caso, el objeto de la memoria no es ofrecer cifras económicas sobre su actividad con un mínimo rigor, o una verdadera auditoría de sus cuentas. Su verdadero objetivo es elaborar dos cifras (inventadas) y tres ideas básicas, y centrifugarlas a través de sus potentes medios de (in)comunicación y (des)información, periódicos, emisoras, televisiones, boletines, folletos, folletines y múltiples revistas, con la inestimable colaboración amplificadora de los medios de comunicación de ámbito estatal, autonómico y local. Una vez “machacada” la opinión pública con dichos mensajes durante 15 días, el objetivo está cumplido. ¿Quién se va a dar cuenta, o a quién importa que tales “informaciones” estén basadas en invenciones o supercherías?
ACTIVIDAD EDUCATIVA Y EL SUPUESTO “AHORRO”
25.- Escuela pública y escuela concertada católica
En el marco del análisis de la memoria episcopal no es posible profundizar en todas las cuestiones relevantes relacionadas con la escuela, pero es necesario introducir, siquiera brevemente, algunas precisiones que ayuden a entender la problemática de la escuela concertada y la evolución del gasto en estos últimos años.
a) Desde la aprobación de la LODE, en 1985, que recogía la previsión establecida en la Ley General de Educación franquista de 1970 de subvencionar centros privados, se estableció que los centros concertados recibieran financiación pública. Sin entrar en el análisis sociopolítico de este evento, por no ser objeto de este trabajo, me interesa traer al presente la singular situación legal que estableció la LOMCE en 2013: si hasta entonces las administraciones públicas debían garantizar la escolarización sólo en centros públicos, con su entrada en vigor éstas debían garantizar la escolarización en centros públicos o privados; ni que decir tiene que esto suponía equiparar de hecho los centros públicos con los concertados a efectos de oferta pública de plazas.
Asimismo, la LOMCE estableció la libertad de enseñanza como “derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales”. (art.1 de la LOMCE).
Pero con frecuencia se olvida que, como nos recuerda la profesora Ana Valero (Al Revés y al Derecho, 20 de mayo de 2019), la concertación con la escuela privada no es un derecho constitucional, sino una concesión que la legislación puede, o no, reconocer. Y trae a colación una sentencia temprana del Tribunal Constitucional (TC, en adelante) en la que, a propósito del mandato constitucional de que los poderes públicos ayuden a los centros docentes privados, dicho mandato no impone el deber automático de ayudar “ni a todos los centros, ni totalmente, sino que queda supeditado a los recursos disponibles y a la obligación de someter el sistema de financiación a unas condiciones objetivas”, así como que “…los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, donde vayan las preferencias individuales”.
Asimismo, argumenta la profesora Valero que de la libertad de enseñanza no se deriva un derecho constitucional a la libre elección de centro pues según el propio TC, lo único que cabe deducir es que existe un derecho de los padres a mostrar su preferencia por un determinado centro, aun cuando la plaza que se le atribuya pueda no corresponder con sus preferencias, lo cual no significa un “destino forzoso” que vulnere derecho alguno. Otra cosa es, añado yo, que tanto la legislación (LOMCE) como la jurisprudencia del TC y del Tribunal Supremo han acabado convirtiéndolo en un derecho prestacional y, por tanto, en una obligación para el Estado.
No obstante, el derecho a la libre elección de centro no es un derecho de prestación sino un mero principio configurador sin posibilidad de exigencia por los sujetos ni fiscalización jurídica posible. Sin embargo, los poderes públicos sí tienen la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad del sistema educativo, algo que con la actual interpretación expansiva por parte de las administraciones públicas (especialmente del PP, pero también del PSOE) está poniendo en peligro el derecho de los menores de edad a recibir una educación integral que garantice el libre desarrollo de su personalidad. Frente a ello, el derecho educativo paterno siempre debe ser instrumental.
Todo ello sin mencionar los efectos discriminatorios de la segregación social como consecuencia de la no equidad en el acceso y en la escolarización en los centros concertados, así como las prácticas discriminatorias contra las familias cuyos hij@s no pueden asistir al centro público de su elección. Este último aspecto, muy frecuente en tiempos de crisis por el debilitamiento de la enseñanza pública, se obvia interesadamente por los partidarios de la “libre elección”. Pero echa por tierra el argumento de que para aumentar la libertad de elección es necesario ampliar la escuela concertada. Ninguna de las cuestiones básicas establecidas por la legislación del PP en materia educativa es modificada por la reciente ley propuesta por el gobierno de coalición, la LOMLOE.
b) En 2019 la enseñanza pública (incluyendo universidades) recibió 53.053 M€, que aunque supone un incremento del 3,5 % respecto al año anterior, significa que aún recibía 46 M€ menos que en 2009, a principios de la crisis, mientras que la concertada había recibido 759 M€ más. Ello supone que mientras la escuela pública (como la sanidad o los servicios sociales) sigue siendo víctima de las políticas ultraliberales aplicadas por el PP (e inicialmente por el PSOE), la escuela concertada ha recibido 6.653 M€ de dinero público (311M€ más que el año anterior), marcando el mayor registro de toda la serie histórica, que arranca en 1997.
c) En consecuencia, las cifras demuestran que a la concertada “le ha sentado muy bien la crisis”, pues ha salido reforzada de estos terribles años de recesión. La prueba es que el gasto público en la enseñanza concertada ya ha recuperado sus niveles anteriores a la crisis, y es hoy un 8 % superior al de 2009, que fue el año más elevado de toda la serie histórica. Por el contrario, la escuela pública ni siquiera ha recuperado los niveles de gasto de 2009.
En definitiva, mientras la financiación pública a la escuela concertada se ha incrementado en el 26 % en el último decenio, la pública sigue estancada al mismo nivel que en 2007.
Esta circunstancia no es casual: obedece a una opción ideológica y política del PP en el gobierno durante estos últimos años que, bajo el mantra de privatizar y liberalizar, ha mostrado su voluntad política de impulsar la enseñanza concertada y obstaculizar la pública, hasta el extremo de que los conciertos ya absorbían en 2019 el 12,5 % del gasto público total en educación, casi dos puntos más que en 2007. Aunque en realidad, si sólo tenemos en cuenta las etapas susceptibles de concierto (infantil, primaria, secundaria, profesional y especial), el gasto público en conciertos absorbió el 20,3 % del total.
En todo caso, es evidente que cuando las huestes conservadoras han estado en el poder han demostrado no apostar, en absoluto, por la escuela pública (por decirlo irónicamente, la defensa de lo público no es su punto fuerte). Tampoco parece, a tenor de lo ocurrido en las recientes citas electorales, que el acceso de partidos de izquierda o centro-izquierda al gobierno haya implicado, hasta ahora, voluntad política para revertir dicha situación. Nada se decía en sus programas electorales respecto a la escuela concertada.
d) Durante el curso 18/19, el número de estudiantes escolarizados en las enseñanzas no universitarias, que cursaron enseñanzas de régimen general, fue de 8.219.651 alumn@s, de los que el 67,1 % (5.514.746) asistieron a centros públicos, el 25,6 % (2.104.403) a centros privados con enseñanzas concertadas y el 7,3 % (600.502) a centros privados sin enseñanzas concertadas, según datos del Informe 2020 sobre el estado del sistema educativo, curso 18/19, realizado por el Consejo Escolar del Estado.
No obstante, para dimensionar la importancia de los centros católicos en el conjunto del sistema escolar, hay que utilizar las cifras aportadas por la patronal de Escuelas Católicas que, aun no estando actualizadas, no modifican sustancialmente las ponderaciones realizadas. Según esta fuente citada, el 73 % del alumnado encuadrado en centros con enseñanzas concertadas lo estaba en centros católicos: 1.535.846 alumn@s, de acuerdo a las cifras aportadas.
El porcentaje es todavía más abrumador, siempre según la misma fuente, pues de los 2.564 centros católicos existentes, el 95 % (2.433 centros) tenía algún nivel educativo concertado. Aquí debemos entender como centro católico tanto los pertenecientes a una congregación o instituto religioso (que eran mayoritarios), como los pertenecientes a alguna diócesis o parroquia, fundación, instituto secular, sociedad anónima o limitada, cooperativa, AMPA u otros.
Ni la memoria episcopal ni la patronal Escuelas Católicas ofrecen cifras actualizadas de qué porcentaje del alumnado en centros católicos está encuadrado en centros concertados, aunque por datos de ejercicios anteriores no es inferior al 90 %.
e) L@s polític@s de la derecha neoliberal suelen argumentar que los conciertos no hacen más que responder a la “demanda social”. Lo cierto es que como la experiencia demuestra (ver entre otros los ejemplos de Parla o Rivas Vaciamadrid): 1) primero se obstaculiza la creación de escuelas públicas en zonas donde son necesarias, creando escasez de oferta de plazas públicas, incluso aunque exista suelo público dotado para ello y compromiso por parte de los Ayuntamientos; 2) después “se crea” la oferta concertada (católica, mayoritariamente), inscribiendo jurídicamente sociedades al efecto, a las que se les conceden los conciertos sin que exista “aún” demanda escolar alguna y sin que ni siquiera exista físicamente el colegio; 3) por último se realiza una furibunda campaña de propaganda que acaba “creando” la deseada demanda social. Y así se cierra el círculo (nada “virtuoso”) que da lugar a un nuevo colegio religioso concertado. La actual ley elaborada por el gobierno de coalición ha eliminado este criterio, pero tendrá que evaluarse cuál es su verdadero resultado en la práctica, toda vez que se sigue obstaculizando en la práctica la creación de centros públicos.
f) No puedo acabar estas breves notas contextuales sin señalar que la naturaleza de estos colegios religiosos se despliega en dos ámbitos indispensables para la Iglesia católica: 1) son colegios evidentemente adoctrinadores y, a mi juicio, atentan contra la libertad de conciencia de l@s menores de edad, pues rechazan el desarrollo del juicio crítico y niegan la propia autonomía de su conciencia, aunque muy bien saben que su labor ideológica de proselitismo es una auténtica inversión, que rendirá sus frutos algunos años después; y 2) este negocio educativo rinde además importantísimos beneficios económicos a la Ic, y sirve para nutrir sus siempre voraces e insaciables arcas.
En realidad, la enseñanza es el verdadero dique de contención utilizado por la Ic frente al galopante proceso de secularización, pues es la cantera de formación masiva en las creencias católicas que, con posterioridad, formarán parte de la élite del país. Y lógicamente, esta cantera prestará servicios inconmensurables a los intereses económicos, jurídicos y simbólicos de la Iglesia católica. Y buena prueba de ello son ejemplos como el de la sentencia del Tribunal Constitucional, en marzo de 2018, avalando la educación segregadora por sexos (el eufemismo leguleyo utilizado en la sentencia es educación diferenciada), con un ponente claramente confesional, profesor de la Universidad San Pablo CEU, vinculada a la Asociación Católica de Propagandistas y a los Legionarios de Cristo ¿En qué lugar queda la aconfesionalidad del Estado y de sus servidores públicos?
26.- Actividad educativa
Pasaré ahora al análisis de la rúbrica titulada “Actividad educativa y de formación” (páginas 26 a 31 de la memoria). Como acabo de mencionar, merece especial atención, dada la importancia que la jerarquía católica ha atribuido siempre a conformar las mentes de las personas, a influir en la formación de opinión y a participar en la educación de élites católicas en todos los sectores importantes de la sociedad, con objeto de allegar a sus intereses el mayor número de individuos (en la política, en la judicatura, en la economía, en la enseñanza, en los medios de comunicación y en el deporte). Con el tiempo, estas personas acabarán formando parte de los grupos de presión más determinantes, influyentes y poderosos de la sociedad.
Comienza este apartado afirmando que en 2019 existían 2.564 centros de enseñanza católicos (con enseñanzas concertadas o no). Y sigue llamando poderosamente la atención que en tan sólo once años (desde 2008) se hayan reducido éstos en un ¡58 %!, pues en la memoria de 2008 declaraban la existencia de 6.041 centros católicos (sin que, hasta el momento, se haya producido ninguna rectificación del número de centros existentes entonces). Mucho me temo que las cifras de dicho año pudieran estar sobredimensionadas. Pero ignoro el motivo.
A propósito de esta discordancia, cabe señalar que el Consejo Escolar del Estado, en su informe correspondiente al curso 2018/2019 apuntaba la existencia de 9.359 centros privados, de los cuales 5.298 eran centros concertados. Eso supondría que los centros concertados católicos que consigna la memoria episcopal supondrían tan solo el 46 % de todos los centros concertados existentes, lo cual no es en absoluto creíble, pues ese porcentaje es ostensiblemente mayor.
En todo caso, el cuadro básico de centros y personal ofrecería, de acuerdo a las cifras aportadas por la propia Conferencia Episcopal en sus memorias desde 2013, la siguiente situación:
CENTROS, PERSONAL Y ALUMN@S
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Centros católicos | 2.601 | 2.600 | 2.593 | 2.591 | 2.587 | 2.586 | 2.564 |
| Centros católicos concertados | 2.453 | 2.449 | 2.447 | 2.449 | 2.452 | 2.455 | 2.433 |
| Personal total | 123.229 | 123.835 | 125.517 | 125.887 | 127.093 | 130.448 | 130.925 |
| Personal religioso total | 9.267 | 8.792 | 8.535 | 8.056 | 7.751 | 5.348 | 5.237 |
| Personal docente | 99.720 | 103.179 | 101.998 | 102.476 | 103.569 | 106.005 | 106.275 |
| Personal religioso docente | 5.691 | — | — | — | 4.625 | — | — |
| Alumn@s | 1.441.753 | 1.468.269 | 1.476.918 | 1.484.378 | 1.497.111 | 1.521.196 | 1.523.777 |
Conviene realizar algunas observaciones en relación con estas cifras:
a) Como he señalado anteriormente, de cada 100 centros de enseñanza católicos, 95 están concertados (tienen enseñanzas concertadas), y por lo tanto, subvencionados por el Estado. Así pues, tiene pleno sentido hablar de que la práctica totalidad de los centros educativos católicos están subvencionados.
b) En los últimos cinco años el número de centros católicos concertados parece haberse estabilizado en torno a los 2.450 (aunque este año se consignan 22 colegios concertados menos). No parece que la expansión de la escuela católica concertada vaya a producirse en torno al incremento del número de centros, al menos a corto plazo, como tampoco en base al aumento del número de aulas, dentro de los centros ya existentes. Más bien, el incremento de la escuela católica concertada podría producirse en la ratio de alumnos por aula, toda vez que si para el conjunto de las escuelas católicas se ha pasado de 23,8 alumn@s/aula en 2013 a 24,5 en 2019, en la concertada católica la ratio estaba en 2017 en 26,2 alumn@s/aula. En todo caso, inexplicablemente la memoria no ofrece número de aulas ni alumn@s en las escuelas concertadas.
c) El personal total de los centros católicos (personal religioso más seglar) sigue incrementándose paulatinamente en términos absolutos desde 2011 (el 8,9 %), así como el personal docente (el 9,1 %). Compárese este incremento del personal docente en centros católicos (mayoritariamente concertados) con la reducción del 0,2 % del profesorado en la enseñanza pública desde 2011. No cabe mayor dejación en la gestión de la escuela pública, en detrimento de la opción ideológica de la escuela católica.
d) Como viene siendo habitual, el personal religioso supone el 4, % del personal total de los centros educativos religiosos (un descenso de dos puntos porcentuales respecto al año 2017), confirmando su senda descendente, tanto en términos absolutos como relativos. Es en esta materia donde la Iglesia demuestra una eficiencia inusual pues con tan sólo 2 religios@s por colegio, de media (el año anterior eran 3), mantiene el control ideológico de 2.564 centros católicos.
e) Aunque como ya he apuntado, en términos absolutos el personal religioso ha seguido disminuyendo, nada podría decirse del personal religioso docente, porque inexplicablemente ha desaparecido el dato de las memorias publicadas en los últimos años. Lo que podría significar que paulatinamente la Ic dedica menos atención a la docencia y más a la “gestión y dirección del negocio”, como lo demuestra que pasara de representar un exiguo 7,2% del personal docente en 2010 a un más exiguo 5,7% en 2013. ¿Tal vez por eso se ha suprimido el dato del personal religioso docente a partir de la memoria de 2014?
En todo caso, y a pesar de no disponer de datos actualizados, si nos atenemos a los datos de la patronal católica para el curso 2016-2017, el personal docente religioso significaba en 2017 tan sólo el 4,5 % de todo el personal docente de las escuelas católicas, mientras que el personal directivo religioso suponía el 64 % de todo el personal directivo de las escuelas católicas. Esto confirma mi hipótesis de que las escuelas católicas se reservan, como es lógico, la dirección de los centros, para poder ejercer el control ideológico directo sobre éstos.
f) Se ha incrementado el número de alumn@s en los colegios religiosos en 2019 en un exiguo 0,2 % respecto a 2018, con lo que parece estancarse los ritmos de crecimiento de los dos años anteriores que estaban en torno al 1 % o incluso eran superiores. No se entiende por qué la memoria no ofrece datos desagregados de alumnado en los colegios concertados, por lo que resulta imposible decir nada más en relación con 2019. No obstante, de acuerdo al informe de la patronal de escuelas católicas para el curso 2016-2017, pudimos saber que, puesto que el 98 % del alumnado de dichas escuelas estaba en centros concertados, el incremento de dicho alumnado podía estar cercano al 1 %. En todo caso, sí parece que desde el inicio de la crisis tanto el número de colegios concertados católicos como el número de alum@s se han mantenido estables, en un período en que la inversión pública educativa ha sufrido un severo retroceso, que aún no ha sido recuperado del todo.
EL SUPUESTO “AHORRO” DE LA IGLESIA CATÓLICA
27.- En la página 28 de la memoria sigue apareciendo la “perla” que, como todos los años, nos regala la CEE, afirmando que los centros católicos concertados suponen un “ahorro al Estado de 3.722 M€”, y pretendiendo que esta afirmación viene avalada por estadísticas oficiales, lo cual es completamente falso: no hay ninguna institución pública que utilice esa expresión en ninguna estadística oficial. Sin embargo, las declaraciones relacionadas con este supuesto “ahorro” se han convertido en otro latiguillo de agitación y propaganda eclesial, al modo en que lo fue los10 millones de personas que iban a misa cada domingo.
Pero el asunto de fondo es la conceptualización que la jerarquía católica hace de este supuesto “ahorro”. Cualquier persona con una mínima competencia en el lenguaje, y no necesariamente en el económico, entiende que se denomina ahorro a la parte de los ingresos que no se gasta; sin embargo, la Ic no le ahorra al Estado ni un solo euro. Por el contrario, en 2019 el Estado se gastó 6.653 M€ de dinero público (311 M€ más que el año anterior) en subvencionar la escuela concertada. El hecho real, contrastable, es que el equivalente al 20,3 % de todo el gasto público en educación infantil, primaria, secundaria, profesional y educación especial se desvía para subsidiar la escuela concertada, fundamentalmente católica y, por tanto, antepone idearios e intereses confesionales, lógicamente particulares, a los intereses generales, a la igualdad (de creencias, de género, de recursos, o de oportunidades) y a la libertad de conciencia.
Como ya señalé en años anteriores, cuando se exponen estos datos (reales y contrastables), tanto la CEE como la patronal de la enseñanza católica (Fere-Cecat) protestan airadamente. Incluso ésta última esgrimió el Informe del Consejo Escolar del Estado 2016, sobre la situación del sistema educativo, para afirmar que éste señala que el gasto de las administraciones por alumno en un centro concertado es poco más de la mitad de lo que gasta por cada alumno en la escuela pública. Y repetían que suponía al Estado un ahorro superior a 5.000 M€. Supongo que seguirán manteniendo la misma argumentación a la vista de los informes posteriores de dicho Consejo.
En primer lugar, alguien debería aclarar si el supuesto ahorro son esos repetidos 5.000 M€, como sostenía la Fere, o 3.722 M€ como mantiene la CEE en su última memoria. El asunto no es baladí, puesto que existe demasiada diferencia euros/alumn@ en este supuesto “ahorro”. Demasiada diferencia para resultar creíble.
Pero es que ningún informe del citado Consejo Escolar, y tampoco el Informe 2020, relativo al curso 18/19, utiliza el concepto ahorro en sus casi 600 páginas. Tampoco puede encontrarse ninguna comparación del gasto en la escuela concertada en relación con la escuela pública. Ni siquiera un simple cálculo de cómo se deduce ese supuesto ahorro de 5.000 M€. Todas estas afirmaciones no son más que elaboraciones gratuitas ideológicas para justificar el hecho de que reciben cuantiosas sumas de dinero público para financiar negocios de enseñanza católica (porque son ambas cosas: empresas con propietarios, cuenta de resultados y beneficios, y centros de adoctrinamiento católico).
El hecho de que la enseñanza concertada es un negocio boyante (beneficios ideológicos y de control social al margen) es que entre 2004 y 2019 los ingresos de la concertada pasaron de 5.876 M€ a 10.050 M€, lo que supone un incremento del 71 % de los ingresos en este período, el equivalente a 5 puntos porcentuales por año. El 66 % de estos ingresos (6.653 M€) proceden de fondos públicos y, aunque la memoria episcopal no aporta ninguna cifra sobre esta materia, podemos estimar que más del 60 % de estos fondos se desvía a los centros católicos. Sigue sin estar nada mal para una economía devastada por la crisis.
Es cierto que, al igual que en la sanidad, la inversión en educación privada es un buen negocio o, al menos, muy seguro. Como señalaba Ángel Munárriz en Infolibre (9 de marzo de 2020), citando declaraciones de Víctor Núñez, consejero delegado de Éxito educativo, web de análisis del sector, la enseñanza es un sector interesante para un capital en busca de “refugio en tiempo de crisis. Hemos visto la compra de los colegios San Patricio por parte de grupos internacionales como Inspired, pero antes entraron otros grupos y fondos internacionales como ProvidenceEquity Partners, que adquirió el grupo Nace Schools; el grupo sueco IES con la compra del Grupo Educativo Iale-Elian`s(…);o antes International School Partnership, con los siete colegios Laude”. Asimismo, en la concertada se han introducido “grupos inversores de sectores como hostelería, la alimentación, la construcción…”, Algunos de ellos, tristemente, han ocupado titulares por estar vinculados en su origen a tramas de corrupción” (Caso Púnica).
Para ilustrar estos movimientos fuertemente especulativos, ya mencioné en mi informe de 2017 tres ejemplos que afloraron en los medios, extraídos del Observatorio del Laicismo:
1) La Asociación Lumen Dei, que trabaja en colegios de varios países y posee (o poseía) numeroso patrimonio, demandó al arzobispo de Oviedo por haber realizado ventas “absolutamente fraudulentas” de los siguientes inmuebles: uno en la calle Maestreo Ripoll de Madrid, por un montante de 3,5 M€ y otro en la calle Xuclá de Barcelona, por 3 M€. Además, “utilizando el poder notarial que altera su nombramiento, el denunciado ha intervenido las cuentas bancarias de las que es titular Lumen Dei, apoderándose de más de 250.000 euros…”. Claro que, anteriormente habían llegado a la Santa Sede denuncias de “abuso de autoridad” y “una oscura gestión económica”. En fin, un ejemplo muy edificante.
2) El grupo Antana, que explotaba tres colegios concertados, levantados en suelo público cedido por ayuntamientos (gobernados por el PP) y que arrastraba deudas millonarias con la hacienda pública, acababa de vender dos de sus colegios al grupo de escuelas católicas Educare por un importe equivalente a casi 10 veces el beneficio operativo del grupo adquirido. Como información vale decir que Educare gestiona seis colegios en Madrid dedicados a impartir “formación cristiana”, y que es una sociedad participada al 50 % por un fondo que posee el grupo de sanidad privada HM Hospitales.
3) Cristina Huete informaba, en un artículo de 24 de julio de 2019 en El País, de cómo dos centros concertados gallegos habían llevado a los tribunales a destacados miembros del Opus y de la Fundación Arenales (la principal red de colegios concertados ultrarreligiosos de España), entre los que figura el presidente de la Fundación, Alfonso Aguiló, presidente a su vez de la Confederación Española de Centros de Enseñanza Concertados de España /CECE), por arruinar colegios, presuntamente, para quedarse con ellos. La querella criminal presentada por uno de los colegios los acusaba de falsedad contable y documental, administración desleal, apropiación indebida, estafa, daños y organización criminal. ¡Nada menos! Los querellantes declaraban que “intentaron arruinar el colegio para quedarse con él” y reclamaban una fianza de 1,5 M€ por los 3 M€ en los que estimaban los daños ocasionados en el patrimonio y en la actividad escolar.
Así pues, y volviendo a la memoria episcopal, las cifras que ofrece en esta materia producen auténtico sonrojo, no tienen ninguna lógica y, por tanto, no merecen la más mínima credibilidad. Igualmente, sigue sin merecer ni un simple comentario por parte de PwC ni siquiera el hecho de que en apenas seis años, en el período 2011/2016, el supuesto “ahorro” disminuyera en 1.532 M€, desde los 4.091 del primero hasta los 2.559 del último. Tampoco merece ninguna aclaración que en 2017 el “ahorro” fuera, según la memoria, 765 M€ superior al año anterior, que en 2018, este “ahorro” se hubiera incrementado en 207 M€, o que, en 2019 lo hubiera hecho en 191 M€. Estos “toboganes” numéricos son lógicos cuando los cálculos se hacen por un método tan científico como “la cuenta de la vieja”.
Y lo que resulta de todo punto inconcebible es que el Estado contribuya al ocultamiento sistemático de estos datos, como si el asunto fuera baladí y no una verdadera cuestión de interés general.
En todo caso, la memoria episcopal oculta la cantidad que realmente ha transferido el Estado a las escuelas católicas, así como el porcentaje de gasto en las escuelas concertadas católicas respecto al total de la concertada. No obstante, si tenemos en cuenta que el 73 % de l@s alumn@s escolarizad@s en la enseñanza concertada está en centros católicos y que éstos acogen el 72 % de todas las unidades escolares concertadas, ello nos permite suponer que los colegios religiosos concertados habrían recibido durante 2019 en torno a 4.800 M€. Estaríamos encantados que tanto la CEE como la patronal de las escuelas católicas ofrecieran unas cifras más ajustadas, basadas en estadísticas públicas y fiables.
Debemos tener en cuenta que esta enseñanza con ideario católico subvencionado, no sólo recibe dinero público por los catequistas de religión (mal llamados “profesores”) sino también por cada cura o monja que imparte cualquier otra asignatura en los colegios concertados de cada comunidad autónoma. En el caso de la Comunidad de Madrid, normalmente no disponen de contrato laboral, se les concede automáticamente, sea cual sea el tiempo de servicio, por su condición de religios@s, un plus de 8 trienios de antigüedad (¡sí, 24 años!) y el sueldo, equivalente al de cualquier docente con contrato, no se le paga al religioso sino ¡al centro!
Según informó Ángel Munárriz, en Infolibre, sólo desde el año 2014 hasta 2018 el coste de dichos trienios en la Comunidad de Madrid alcanzó los 8,7 M€, claro está sin incluir el coste en salarios (que se embolsan los centros concertados), pagas extras o cualquier otro concepto. Por supuesto, la seguridad social y otros complementos también corren a cargo del erario público. Y a pesar de esta situación escandalosamente privilegiada, el gobierno de la Comunidad de Madrid sigue proponiendo un incremento de la aportación pública para la enseñanza concertada, católica mayoritariamente. Y esta situación, salvando diferentes matices, se extiende a todas las comunidades autónomas españolas. ¿Cuál es el importe global de todo este “enjuague” para las 17 comunidades autónomas? Con razón, los intereses confesionales acaban viendo como “naturales” lo que no son más que privilegios amparados por partidos de gobierno que acaban convirtiéndolos en “derechos”.
Lo cierto es que este fortísimo incremento en la financiación de centros privados con ideario católico, en su mayor parte, lo es en detrimento de la escuela pública de calidad e igualitaria, en la que rige la libertad de conciencia para tod@s sus alumn@s, que no segrega (ni económicamente ni por sexo) y que no adoctrina (excepto a aquell@s que solicitan ser adoctrinad@s).
L@S CATEQUISTAS Y EL ADOCTRINAMIENTO RELIGIOSO EN LA ESCUELA PÚBLICA Y CONCERTADA
28.- Como introducción de contexto a este apartado conviene comentar someramente cómo ha evolucionado el porcentaje de estudiantes que escogieron religión católica (las demás religiones son irrelevantes desde el punto de vista cuantitativo), en las tres etapas educativas, desde el curso 2000-2001 hasta 2018-2019, partiendo de la publicación Datos y principales indicadores del sistema educativo español. Informe 2020, editado por el Consejo Escolar del Estado.
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CURSAN RELIGIÓN
| Cursos Etapas | 2000/2001 | 06/07 (LOE) | 10/11 | 13/14 (LOMCE) | 16/17 | 18/19 |
| Primaria | 83,7 | 78,4 | 73,4 | 69,3 | 64,8 | 63,9 |
| Secundaria | 63,8 | 52,3 | 55,5 | 53,0 | 55,2 | 60,4 |
| Bachiller | 47,6 | 50,8 | 36,6 | 33,5 | 31,0 | 35,6 |
Puede observarse cómo desde el curso 2000/2001 hasta el curso 13/14, en que se introduce la LOMCE, desciende significativamente el porcentaje del alumnado que cursa religión en primaria, secundaria y bachillerato en, 14,4 puntos porcentuales,10,8 y 14,1, respectivamente. Desde entonces, hasta el curso 18/19, sigue descendiendo el porcentaje en primaria (5,4 puntos porcentuales), mientras que se ha invertido la tendencia de manera considerable en secundaria, incrementándose en 7,4 puntos, y también, aunque en menor medida, en bachillerato, con un incremento de 2,1 puntos porcentuales.
Recapitulando, en el conjunto del período considerado, los estudiantes de primaria han reducido su asistencia a la “clase” de religión en casi 20 puntos porcentuales, tras pasar desde el 83,7 % hasta el 63,9 %. En la etapa de secundaria la reducción ha sido menor, desde el 63,8 % hasta el 60,4 %. Finalmente, en el bachillerato, la reducción también es significativa, 12 puntos porcentuales, desde el 47,6 % hasta el 35,6 %.
Los mal llamados profesores de religión (en realidad catequistas) ascendían, según la memoria episcopal de 2019, a 35.294 personas, 426 más que el año anterior (cabe señalar que el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en 2017, último publicado, cifró en 25.600 los profesores de religión católica, esto es, casi diez mil menos). Supimos por la prensa que salieron entonces de los presupuestos del Estado para estos menesteres 100 M€, en la enseñanza infantil y primaria y para un territorio que abarca Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla. Este ámbito se componía, entonces, de 2.900 catequistas.
Pero en este cálculo faltaban los demás niveles educativos (ESO, bachillerato, formación profesional, …), tanto en la escuela pública como concertada, así como las demás comunidades autónomas, hasta un número de “profesor@s” equivalente al ofrecido por la memoria, y que se sitúa en las 35.294 personas antes mencionadas. Suponiendo que sólo el 70 % (hipótesis “optimista” para las arcas públicas) esté efectuando su labor en el ámbito de los centros públicos y de las más de cincuenta mil unidades escolares concertadas, se podría evaluar el gasto total en “profesor@s de religión” en una cantidad cercana a los 800 M€.
Soy consciente de que este criterio de cálculo no es muy fino y que la estimación es discutible, aunque extremadamente prudente (y está condicionado por la disparidad de la cantidad de profesor@s), pero ni las administraciones educativas ni la CEE ofrecen una cifra global alternativa acerca de este cuantioso coste económico para las arcas públicas. Es otro de los tantos secretos guardados por las administraciones públicas que hacen dejación de su responsabilidad para con el interés general.
De esta manera, mientras se sigan ocultando las cifras oficiales (y reales, claro) podría evaluarse el gasto presupuestario público en catequistas en las escuelas, a nivel de todo el Estado, en torno a los 800 M€.
No puedo profundizar más en un informe de estas características, pero es conocida la situación de privilegio de este colectivo, tanto en el acceso a la función educativa (vía “obispal”), sin concurrencia pública, en muchos casos sin titulación adecuada y con reserva de puesto de trabajo, sin tener que optar todos los años en concursos a una plaza, como el resto del profesorado interino y fijo sin plaza. El privilegio llega hasta extremos como se conoció en 2017 en Andalucía, que tras la renovación automática del Ministerio de Educación durante los tres últimos años (infantil y primaria), se descubrió que sobraban catequistas en 252 colegios, e incluso la Junta no quiso revelar cuál era el número de “profesores” sin carga horaria (total o parcial), así como el perjuicio que esto supuso para las arcas públicas. En todo caso, el Ministerio llevaba tres años pagando a “profesor@s” de religión que no impartían clases.
Como he señalado anteriormente, no es descabellado suponer que los fondos públicos que se derivaron a los centros católicos concertados fueran aproximadamente 4.800 M€. Si al gasto público que absorbieron las escuelas concertadas católicas en 2019 le añadimos los 800 M€ que salieron de los fondos públicos para pagar a los catequistas de religión católica existentes en la escuela pública y concertada, obtenemos la única verdad (siempre aproximada, lógicamente): la enseñanza confesional católica nos costó en 2019 a todos los españoles 5.600 M€. No se entiende que esta información siga sin figurar en la memoria episcopal, en un momento en que la CEE está más necesitada de aparentar transparencia ante la sociedad. Y tampoco se entiende que el Estado no ofrezca esta información de forma periódica y con claridad (sí, también eso sería transparencia).
Como resulta imposible dedicar más espacio a esta materia en mi informe, acabaré este apartado poniendo de manifiesto que ni siquiera la Iglesia ofrece comentarios sobre aspectos numéricos de su gestión si de ello se puede derivar información “no conveniente”: el número de catequistas de religión en las escuelas públicas y concertadas católicas se incrementó en 2015, respecto al año anterior, en 5.276 personas, lo que significó un notable incremento del 17 %. En 2016 se ha vuelto a incrementar en 3.722 personas (un 12 %). En 2017, sin embargo, la cantidad fue idéntica a la del año anterior y en 2018 se incrementó en un 0,6 %. Ya en 2019 se ha vuelto a incrementar en otro 1,2 %.Nada se comenta sobre ello en la memoria de 2019.
Es evidente que resulta indispensable que, principalmente el Estado, pero también la CEE, Fere o ambas hicieran luz acerca de cuánt@s catequistas escolares hay en toda España, qué masa salarial perciben, en qué comunidades autónomas, en que sectores educativos (público o privado concertado), en cuántos centros escolares y en qué niveles educativos. Eso sería transparencia y a eso obliga la ética política, máxime cuando se sufraga con dinero de toda la ciudadanía. ¿Qué sentido tiene ocultarlo?
En fin, esta es la realidad que oculta la propaganda episcopal: España tiene la enseñanza privada más subvencionada por el Estado de toda la Unión Europea y, por el contrario, un gasto público en educación de los más bajos (el decimosexto lugar de los veinte países del grupo UE-20). Es un problema de vasos comunicantes en un contexto, no ya de recursos limitados sino decrecientes: los recursos económicos que se niegan a la enseñanza pública se derivan a la privada concertada, mayoritariamente. De ahí que en la actualidad no tenga sentido luchar por la enseñanza pública sin denunciar la enseñanza concertada, y especialmente la católica, por más que a veces lo silencien las actuales reivindicaciones del sector educativo, y siempre lo silencien los programas electorales de todos los partidos de izquierda o centro izquierda.
También hay que señalar que el hecho de que la jerarquía católica hable de que “ahorra” recursos al Estado no es producto de desconocimiento o ineptitud, sino una simple estrategia publicitaria con que intoxica a través de todos los medios de difusión y persuasión, con objeto de crear, y mantener, un estado de opinión favorable a la enseñanza confesional y al mantenimiento de los cuantiosos privilegios económicos y simbólicos que la propia Iglesia católica detenta en nuestro país. Asimismo, le sirve para hacer más homogénea la opinión (argumentarios, se denominan en el ámbito político), no sólo entre sus fieles más incondicionales, sino entre la gran masa de personas que no va más allá de los titulares de los periódicos, en papel o digitales, y de las emisoras (de radio o televisión).
Precisamente, en la memoria correspondiente a 2013 se afirmaba que para la realización de estos fines, a los que la Ic definía como anunciar la Buena Noticia (¿?), y bajo el marchamo de actividad evangelizadora, se incluía por tercer año consecutivo información sobre el conglomerado de medios de comunicación social de que se sirve la corporación católica. Así, conocíamos que todas las diócesis de España cuentan con al menos una publicación periódica, un programa de radio y una presencia creciente en internet y en las redes sociales. Incluso en algunas diócesis existe presencia en la programación televisiva regional o local.
Recapitulando, dicha información, que no está obviamente actualizada, ponía en evidencia la poderosa maquinaria propagandística episcopal a disposición de la Ic en España: al menos, 67 publicaciones diocesanas, 145 programas de radio, 256 revistas y 13 programas de TV, todo ello sin contar la presencia en el ámbito de la comunicación de programas o publicaciones de las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada, las propias parroquias, los movimientos seglares, etc. Claro está, que nada se decía de las emisoras de las que es propietaria la propia Iglesia católica (Cope, Radio María o TRECE tv, entre las más importantes).
En cualquier caso, esta información ya la hizo desaparecer la Conferencia Episcopal en la memoria de 2014 y en 2018 continúa desaparecida.
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN
29.- En cuanto a la Actividad de Formación (estudios de nivel superior, tanto eclesiásticos como de cualquier otro tipo), incluida dentro del apartado de Actividad Educativa, hasta 2011 no fue posible ningún tipo de comparación con años anteriores, dado el galimatías conceptual con que se ofrecía la información.
En la Memoria de 2011 apareció por primera vez una página que declaraba la existencia de 14 universidades, sin posible comparación con años anteriores, con 78.471 alumn@s, cantidades que aparecían subdivididas en universidades católicas, pontificias, eclesiásticas o de inspiración católica. Éstas últimas representaban la parte más significativa, con 48.038 alumn@s, y son el verdadero mascarón de proa de la influencia de la jerarquía católica en los distintos estamentos de la sociedad española: Universidad de Navarra, Deusto, Ramón Llull, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo, Abat Oliba CEU, CEU Cardenal-Herrera y San Jorge.
Ya en la memoria de 2013 se declaró el mismo número de universidades (14) que en 2011 y 2012, y un 5,5 % de incremento en el número de alumn@s respecto al año anterior. No obstante, la parte más importante de este alumnado, y por tanto la cantera confesional, procedía de las denominadas universidades de inspiración católica que hemos enumerado en el párrafo anterior, puesto que absorbían el 59 % del alumnado católico total. Por orden de importancia, el siguiente lugar lo ocupaban las tres universidades católicas (de Ávila, Murcia y Valencia), que absorbían el 26 % del alumnado.
En la memoria de 2014 se declaraba una universidad más (15), y un incremento de alumnado en el número de alumn@s del 2,5 % respecto al año anterior y en 2015, con el mismo número de universidades, el incremento del alumnado respecto al año anterior fue del 1,6 %; en 2016 se declaró una universidad más (16) y un incremento en el número de alumn@s del 1 % respecto al año anterior; en 2017, con una universidad menos (15), el incremento del alumnado fue del 2,4 % y ya en 2018, con las mismas universidades, se ha incrementado el número de alumn@s en un 2,7 % respecto al año anterior. Todo ello, sin contar los 23.070 alumn@s de postgrado.
De acuerdo a estos datos, todo parece indicar que el aumento en el alumnado de las universidades católicas, aun siendo muy moderado, es constante, habiéndose incrementado desde 2014 en un 1,9 %. Sin embargo, esta evolución contrasta con la disminución del 10 % del alumnado en la universidad pública desde dicho año, coincidiendo con el incremento de las tasas universitarias introducido en 2013 por el gobierno del PP.
Las denominadas universidades de inspiración católica mantienen su continuado ascenso, absorbiendo el 60,4 % del alumnado. Le siguen en orden de importancia las universidades católicas, que encuadran al 23 % del alumnado católico y en tercer lugar se encuentran las universidades pontificias (Salamanca y Comillas) con el 12,1 % del alumnado. Por último, figura con un porcentaje menos significativo de alumn@s, el 4,5 % del total, las universidades eclesiásticas (San Dámaso), que ha tenido un notable incremento del 8,5 % en 2019, siendo además la que ha experimentado un incremento mayor en el período considerado (un 54,2 %).
A continuación, se ofrece el cuadro comparativo 2014/2019 de alumn@s en las distintas universidades católicas:
ALUMN@S EN LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES CATÓLICAS
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % ∆ 19/14 | %/TOTAL | |
| Univ. de inspiración católica | 49.299 | 51.731 | 50.870 | 52.933 | 54.940 | 57.711 | 17,1 | 60,4 |
| Universidades católicas | 21.572 | 21.217 | 20.764 | 21.436 | 21.808 | 21.990 | 1,9 | 23,0 |
| Universidades pontificias | 11.694 | 11.241 | 11.164 | 11.078 | 11.231 | 11.581 | -1,0 | 12,1 |
| Universidades eclesiásticas | 2.816 | 2.587 | 4.627 | 4.100 | 4.001 | 4.341 | 54,2 | 4,5 |
| TOTAL | 85.381 | 86.776 | 87.425 | 89.547 | 91.980 | 95.623 | 12,0 | 100,0 |
Dentro de esta estructura formativa hay que consignar otros 22.973 estudiantes de postgrado en las distintas universidades. Asimismo, a esta estructura universitaria eclesial hay que añadir 22 centros en Facultades eclesiásticas (¿los mismos que en 2013?), con 7.502 estudiantes, un 15 % más que el año anterior. Sabemos que diez de estos centros recibieron subvención en 2018 por un importe total de 4,2 M€, según lo indicado por Giménez Barriocanal en Principales cifras…, así como nos aclaró que este dinero público se utiliza para impartir titulaciones universitarias en disciplinas eclesiásticas como teología, o derecho canónico. Es decir, que con el dinero de tod@s l@s ciudadan@s se está subvencionando disciplinas especializadas católicas. De 2019 no dice nada ni la memoria episcopal ni Giménez Barriocanal.
Por último, se omite de manera inexplicable en la memoria (como en años anteriores) la existencia de los Institutos superiores, que en 2015 se cifraba en 71 centros (los mismos que en 2014) y que encuadraron a 9.317 alumn@s, un 32 % menos que el año anterior. En definitiva, estos fueron los “poderes universitarios” de la Iglesia católica en nuestro país durante 2019: 135.415 alumn@s “fidelizados” por la confesión católica para formar los cuadros superiores de la sociedad.
En este punto es conveniente recordar que la jerarquía católica, también dedicó 5,2 M€ millones de euros del bolsillo de tod@s l@s español@s a subvencionar centros superiores católicos en 2019 (página 76 de la memoria publicada).
En las memorias de años anteriores critiqué el hecho de que no se especificara cómo se distribuía este montante entre los diferentes centros: a partir de la memoria de 2018, así como en 2019, al menos ya se nos informa escuetamente de que las Facultades eclesiásticas absorben 4,2 M€, la Universidad Pontificia de Salamanca 0,8 M€ y el Colegio Español en Roma, Centro Monserrat en Roma y Casa de Santiago en Jerusalén, 163.459 euros. Ello significa que toda la sociedad española (de convicciones católicas, o de cualesquiera otras creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza) contribuye, lo quiera o no, a la formación de las élites católicas que más adelante liderarán, entre otras instituciones, los medios de (des)información e (in)comunicación afines, así como las instancias más altas del poder político (judicatura, parlamento, senado, gobierno,…).
Este apoyo público a las universidades privadas católicas contrasta con la pérdida de las universidades públicas a la altura del año 2016, cuyos recursos públicos liquidados eran un 8,6 % inferior a los contabilizados en el año 2008. Por situarlo en el horizonte temporal que venimos describiendo, significa que el gasto público por alumn@ ha descendido el 14% en tan sólo seis años. Ello ha venido de la mano de incrementos brutales en las tasas académicas para compensar la falta de financiación pública, así como unas deudas a proveedores que se cuentan por miles de millones de euros y miles de empleos perdidos durante el último quinquenio, de los cuales un porcentaje significativo eran docentes e investigadores. Una universidad pública que durante años se ha intentado desprestigiar desde la propia administración cuando ha gobernado el PP y que apenas tenía para pagar la calefacción.
ACTIVIDAD CULTURAL
30.- Hace tres años iniciaba este apartado comentando que el contenido de la Actividad cultural en la memoria “no deja de ser curioso, tratándose de una entidad (la Ic) cuya actividad persigue, supuesta y prioritariamente, “beneficios de orden espiritual”. Ya se tratara del Año Santo Compostelano o de cualquier fiesta de las denominadas religiosas, “parece lógico que la Conferencia Episcopal debería ofrecer información acerca de los objetivos pastorales o religiosos cubiertos tras dichos acontecimientos. Lejos de ello, se percibe un constante empecinamiento por hablar de turismo y de “mercados”, así como de los supuestos beneficios económicos y sociales generados por dichos eventos.”
Ya en la memoria de 2016 esta actividad se liberó en gran medida de esas obsesiones economicistas y de la jerga neoliberal que la acompañaba (al igual que en la información relacionada con la actividad educativa). Y digo “en gran medida” porque aún mantenía, tanto en 2017 como en la memoria de 2018, este tipo de previsiones calcadas de la memoria de 2015 (que en realidad eran estimaciones para el año 2014). Parece que no se deciden a eliminar este “corta y pega” del todo y lo siguen utilizando para hacer propaganda con “relleno”.
En la página 34, correspondiente a la actividad cultural, se aporta en la memoria actual la cuantificación de un concepto peculiar por cuarto año consecutivo: se afirma que las diócesis destinaron 61,9 M€ a 486 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación en 2019, sin especificar si son gastos ordinarios de mantenimiento o gastos de inversión (rehabilitación, inversiones de estructura, etc.). Tan sólo una mención a que 40 de esos proyectos fueron “de construcción de templos” y los restantes 446 “de rehabilitación del patrimonio”. Hasta aquí llega la “transparencia” de la memoriza episcopal.
No obstante, por la información de la página 84 podemos deducir que las diócesis gastaron durante dicho año 330,3 M€ (58,5 M€ más que el año anterior, un 21 % más)) en conservación de edificios y gastos de funcionamiento (se entiende que de los edificios), por lo que si se gastaron 61,9 M€ en construcción, conservación y rehabilitación de los mismos, queda por aclarar en qué se gastaron los restantes 268,4 M€ ¿En gastos de funcionamiento? En fin, año tras año más la opacidad episcopal provoca que resulte imposible decir nada con sentido en este galimatías numérico.
Así pues, los gastos de conservación y rehabilitación se configuran como un gran “agujero negro” que absorbe y hace desaparecer todo lo que se aproxima a este concepto. En ningún momento aporta la memoria cuál es ese montante y qué parte financia la Ic y cuál corresponde a las distintas administraciones. Ni que decir tiene que los cuantiosos ingresos que tiene la Ic, como consecuencia de la explotación económica de los bienes de interés histórico y artístico, valorados en decenas de millones de euros (como he comentado anteriormente, sólo la Mezquita de Córdoba supuso unos ingresos de más de 17,5 M€ en 2019, la catedral de Santiago no menos de 20 M€ y la de Sevilla 17,7 M€), no son merecedores de la atención de la memoria. Y estamos hablando de cantidades no sometidas al IVA, ni a ninguna fiscalización ni control por parte de los organismos estatales.
Por último, inserto en el apartado de actividad cultural, también se incluye la actividad relacionada con las celebraciones y fiestas religiosas.
En la memoria de 2014 ya me llamó la atención que en tan sólo un año, de 2013 a 2014, las fiestas religiosas de interés turístico nacional hubieran pasado de 65 a 84. Ese incremento de un 29 % en el número de fiestas religiosas de esta naturaleza no mereció ningún comentario entonces. Igualmente sucedió con las fiestas religiosas de interés turístico internacional: pasaron de 27, en 2013, a 40 en 2014, con un increíble incremento de casi el 50%. En lo relativo a la memoria de 2015, las fiestas de interés turístico internacional se mantuvieron en el mismo número y las nacionales se incrementaron en 6 (un 7 %). En lo referente a 2016, las fiestas religiosas internacionales parecieron haberse estabilizado en 40, mientras que las nacionales tuvieron un pequeño incremento, de 90 a 92. Así pues, en dicho año eran 132 las fiestas religiosas calificadas de interés turístico. En todo caso, no deja de ser llamativo que la promoción y calificación de estos eventos sea responsabilidad de las administraciones públicas, en un país cuya Constitución se declara aconfesional. En 2017 las fiestas religiosas internacionales se incrementaron en una (41), así como las nacionales (93).
En 2018, las fiestas internacionales eran 42 y las nacionales 92, y ya en 2019 las fiestas internacionales eran 45 y las nacionales 95. Con todo, las 140 fiestas católicas de interés turístico son sólo el 33 % del total de las 415 fiestas católicas en España. Este paroxismo consumista, turístico y simbólico no parece tener fin, pues se ha lanzado una verdadera carrera para que cada población tenga “su” fiesta religiosa declarada de interés turístico. Podríamos decir, parafraseando al famoso escritor, que España es una fiesta…religiosa.
No es posible hacer en este trabajo un análisis en profundidad de las vertientes simbólica, sociológica o antropológica de estas expresiones culturales, que obviamente no es sólo de naturaleza religiosa. Pero lo cierto es que desde el poder político se ha promovido (y se sigue promoviendo) este tipo de actuaciones, de forma oportunista y populista, en una perfecta simbiosis Iglesia/Estado, amortiguando la desafección creciente hacia la Iglesia católica. Sin embargo, la laicidad de las instituciones públicas exigiría no comprometerse (entrometerse) en unas actividades que deberían obligar al poder civil a mantener una escrupulosa neutralidad.
BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL
31.- El episcopado declara en la página 33 que en 2019 existían 3.290 bienes inmuebles de interés cultural (BIC) pertenecientes a la IC (194 más que el año anterior) de los cuales 22 están declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad (PMH, en adelante) y cuentan con una presencia significativa de las entidades de la Iglesia [sic]). No se entiende que del total se afirme inequívocamente que pertenecen a la Ic y de los 22 declarados PMH se matice como “presencia significativa” y se distinga entre propiedad, origen, presencia. ¿Por qué no se ofrece esta categorización para todos los inmuebles de interés cultural? ¡Los obispos, siempre maestros de la ocultación y la confusión!
Tampoco se dice nada en la memoria acerca del aumento en 194 BIC en un año. ¿Cómo se han incorporado? ¿Dónde los contabiliza la Ic? Silencio y falta de transparencia.
Asimismo, disponía en 2019 de 639 santuarios, 23 más que el año anterior, pero 98 más que en 2012 (¿?), tal vez debido al “esfuerzo inmatriculador”. Este año, sin embargo, como en la memoria del pasado año, se omite sin ninguna explicación la existencia de 332 museos, de los cuales 86 son diocesanos, 170 eclesiásticos y 76 pertenecen a órdenes religiosas.
En todo caso, ignoramos si entre todos estos bienes de interés cultural están aquí incluidos los que correspondan a los más de 1.100 bienes comunales apropiados por la Iglesia católica en Navarra, que fueron objeto de informe del parlamento navarro en su día, y que fueron inmatriculados merced al artículo 206 de la Ley Hipotecaria; ignoramos también dónde contabiliza el episcopado las, al menos, 100.000 unidades rústicas y urbanas (de las cuales 5.000 son edificios religiosos) que calcula S. G. Payne (un historiador actualmente muy del gusto de la derecha) que tiene la Ic en España. También oculta la memoria cualquier información respecto a los más de 40.000 bienes inmuebles inmatriculados por la Ic, que la propia CEE ha reconocido oficiosamente haber realizado. (Véase más adelante el epígrafe Inmatriculaciones).
Con todo, a pesar de la complejidad y opacidad que rodea este asunto, Europa Laica estima que el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario de la Ic le puede estar costando al Estado no menos de 600 M€ anuales, entre los tres niveles de las distintas administraciones, local, autonómica y central. Es el Estado el que está obligado a ofrecer anualmente, en una sociedad democrática que se pretende transparente, la información de cuánto cuesta al erario público (nuestros impuestos) el mantenimiento de este patrimonio artístico e inmobiliario, tanto a nivel central como autonómico y local.
EL SUPUESTO IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE ACTIVIDADES E INMUEBLES
32.- En la memoria de 2013 se aportaba, por primera vez, una estimación del impacto económico de las catedrales en España, así como de su contribución al PIB. En la memoria de 2014, bajo el epígrafe genérico de “Actividad cultural de la Iglesia católica” (la preposición “de” en negrita era mía) se presentaban tres páginas referentes al “impacto económico de los bienes inmuebles de la Iglesia” y otras dos al impacto relacionado con las “celebraciones y fiestas religiosas”. Toda esta información la he venido sometiendo a una severa crítica en los Informes de años anteriores. Afortunadamente, todo este galimatías propagandístico economicista fue eliminado en la memoria de 2016.
En todo caso, aunque con menos alarde tecnocrático, la memoria de 2019 sigue repitiendo las estimaciones realizadas por KPGM para 2014 en relación con la supuesta aportación que generaría al PIB tanto el patrimonio cultural eclesial como las fiestas religiosas, repitiendo como un latiguillo que se situaría en torno al 3 % (pág.33). Claro está, que si aplicando dicho porcentaje del PIB, para 2019, rondaba los 37.300 M€ resulta difícil comprender cómo una página antes afirma la memoria episcopal que el impacto total en el PIB es de 22.620 M€. ¡Nada menos que la “bagatela” de 14.680 M€ de diferencia en la estimación! ¿Merece alguna credibilidad esta estimación?
En relación con los bienes inmuebles de interés cultural relacionados con la Iglesia católica, llamaba yo en el Informe de 2016 la atención acerca de que la CEE se auto atribuía como “actividad cultural de la Iglesia católica” todas las actividades realizadas en todos los BIC, fueran éstos Patrimonio de la Humanidad, catedrales que no ostentaran dicha calificación u otros BIC que no fueran catedrales. Como la propia Iglesia católica sabe, la mayor parte de este impacto económico no procede de la utilización litúrgica, evangelizadora y pastoral de dichos bienes.
Asimismo, resultaba falaz (simplemente falso) y abusivo que se encabezara dichas páginas de la memoria con el titular “Impacto económico de los bienes inmuebles de la Iglesia”, toda vez que muchos de esos bienes son bienes de dominio público (por poner un ejemplo, la Mezquita de Córdoba), y esto conlleva que, aún inscritos en el Registro, se le otorga la “posesión” del bien, pero no significa que se le otorgue la propiedad, pues no pierde su imprescriptible condición de dominio público. Ya en la memoria de 2017, y desde entonces afortunadamente, han desaparecido las expresiones “actividad cultural de la Iglesia” o “patrimonio cultural de la Iglesia”
No obstante, ante el intento de patrimonializar en exclusiva para la Ic el impacto económico y el empleo generados por la existencia de los bienes de interés cultural de la Ic, yo puntualizaba en mi Informe de 2016:
a) Que si se encabezaba este apartado con el pomposo titular de “Impacto socioeconómico de los bienes inmuebles de la Iglesia” debía aportarse información relacionada con todos los inmuebles, y no sólo con los de interés cultural, pues la Ic posee miles de inmuebles, entre los que destacan colegios de órdenes religiosas, seminarios, residencias, hospitales, guarderías, editoriales, aparcamientos, etc.
b) También recordaba que los bienes de interés cultural religioso, aunque indudablemente deben a este uso su origen, son el resultado histórico de un esfuerzo colectivo realizado durante siglos, incluso, por actores sociales y políticos muy diversos, por lo que no pueden ser patrimonializados en exclusiva por la Ic. Igualmente recordaba que había que hacer frente a la permanente confusión que mantiene el episcopado en relación con este asunto, aclarando que los BIC pueden ser de titularidad pública o privada, la gestión puede ser pública, privada o compartida y el uso es susceptible de ser religioso o civil. Y estos distintos aspectos los confunde continuamente la jerarquía católica de forma interesada.
c) La Constitución de 1978, en sus artículos 46 y 149. 28º, atribuye al poder político la competencia exclusiva en relación con la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, así como la garantía de su conservación. Por tanto, sólo es competente el poder civil en esta materia.
d) Como muy bien ha puesto reiteradamente de manifiesto Europa Laica, a través del Observatorio del Laicismo, los Bienes de Interés Cultural no son los únicos bienes patrimoniales en posesión de la Ic que reciben ingentes cantidades de las cuentas públicas: los distintos ministerios, ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas también subvencionan a todo tipo de iglesias, monasterios, abadías, conventos, capillas, ermitas y santuarios que carecen de dicha calificación.
Vaya por delante que mi posición acerca de este asunto es meridianamente clara: el único titular del patrimonio cultural de una nación debería ser el Estado y, por tanto, éste debería ser el propietario de todos los bienes de interés cultural, sin menoscabo del eventual uso (religioso) concreto que puedan tener algunos de estos monumentos. No es algo tan impensable, cuando nuestros vecinos, Francia y Portugal, mantienen este estatus desde hace mucho tiempo.
En todo caso lo que está fuera de toda duda es la opacidad y el oscurantismo en relación con los ingresos producidos por estas actividades “culturales”. La situación alcanza el escandaloso privilegio de allegar fondos con las dos manos episcopales: 1) por un lado, el Estado es el responsable del mantenimiento de este patrimonio cultural y, en tal condición, aporta fondos públicos para ello, hasta donde permiten los recursos; 2) pero, por otro lado, resulta evidente que las instituciones públicas deberían ser las beneficiarias de la rentabilidad patrimonial de estos bienes culturales y lejos de ello, ni el Estado controla los ingresos que se embolsan las distintas instituciones religiosas, ni fiscaliza los gastos. Como siempre, gana la banca episcopal y pierde el erario público.
El Estado debería ser el primer interesado en poner coto a esta situación, acabando con esta ambivalencia: si el Estado mantiene, el Estado debería ser el beneficiario de la rentabilidad de estos bienes culturales. Y hasta que no se haga efectiva esta condición debería controlar escrupulosamente los ingresos, a efectos fiscales, así como fiscalizar los gastos. Hasta ahora, por el contrario, la magnanimidad con el dinero público (de tod@s) ha sido la norma. Todos los gobiernos constitucionales de diferente signo (de la dictadura franquista nacional católica no es menester comentarios en esta materia, por motivos obvios) han permitido que una miríada de instituciones religiosas (fundaciones, patronatos, diócesis, cabildos, órdenes religiosas,…), amparadas en la diferente naturaleza jurídica de éstas, se lucraran con los bienes de interés cultural.
Al día de la fecha, el Estado no tiene una verdadera imagen del auténtico “agujero negro” en que se han constituido las actividades de la Ic en España. Máxime cuando estamos tratando con una entidad, la corporación católica, cuya estrategia y actividades son de naturaleza estrictamente jerárquica y centralizada. Esta situación no tiene parangón en ningún otro país de nuestro entorno “democrático” y “civilizado”.
CATEDRALES
33.- También han desaparecido desde la memoria de 2016, afortunadamente, las veleidades cuantitativas relacionadas con el impacto económico y social de los Bienes de Interés Cultural, salvo el sempiterno 3 %. En todo caso resulta pertinente una reflexión específica sobre esta materia.
Y para ello, como bienes específicos de interés cultural más significativos, me voy a centrar en las catedrales, de las que existen, según la memoria episcopal, 87 en la actualidad. Aunque su origen religioso es innegable, no cabe tampoco ninguna duda de que son el resultado histórico de un esfuerzo colectivo, durante siglos, de actores sociales, y políticos muy diversos, no necesaria ni exclusivamente religiosos. En todo caso, conviene hacer algunas matizaciones respecto a este tipo de bienes patrimoniales.
a) Las catedrales existen mucho antes de que existiera el turismo como concepto, y no cabe duda de que los privilegiados visitantes del siglo XVI, por ejemplo, lo serían por motivos fundamentalmente religiosos. En la actualidad, no cabe duda de que las catedrales de Burgos, León o Toledo seguirían siendo visitadas como obras de arte en sí mismas, aunque estuvieran desacralizadas y al margen de su connotación religiosa. Por tanto, no cabe apropiarse, en este caso, ningún “mérito” confesional.
b) Actualmente nadie discute su función litúrgica (uso religioso), y en este sentido están al servicio de los fieles católicos en cuanto lugares de culto. Pero asimismo, su función histórica y artística las debe poner al servicio de tod@s l@s ciudadan@s y, en este sentido, exige una gestión al servicio de los intereses generales. Ambas funciones deben ser posibles y compatibles. Incluso la Iglesia reconoce esta dualidad en su Código de Derecho Canónico (canon 12832) y en el Acuerdo concordatario sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 1979 (preámbulo y artículo XV).
c) Ya he señalado anteriormente la competencia exclusiva que atribuye la Constitución al poder político en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental, así como respecto a la garantía de su conservación. Por tanto, por más que se pretenda asociar esta actividad del Estado a la “obligación de cooperar con la Ic” o a “tener en cuenta las creencias religiosas” (como establece el infausto artículo 16, cuyas citadas referencias deberían ser eliminadas del texto constitucional), lo cierto es que las catedrales son mantenidas y conservadas por los poderes públicos, no por motivos religiosos, sino por su naturaleza histórico-artística.
d) Asimismo, como reconoce la Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985, las catedrales han de estar al servicio de los fieles en cuanto lugar de culto, y de todos los ciudadanos en la medida en que son un bien integrante del Patrimonio Histórico Artístico español.
e) Desde 1997, en que se firmó el acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Conferencia Episcopal, existe un Plan Nacional de catedrales que actúa sobre 96 conjuntos catedralicios (incluyendo catedrales, concatedrales y antiguas catedrales) y cuya financiación corre a cargo de instituciones estatales y CCAA. En él no se alude a que la Ic participe en su financiación aunque, eso sí, el ministerio debe facilitarle a ésta los planes directores. Asimismo, existe un Plan Nacional de abadías, monasterios y conventos, así como intervenciones en arquitectura religiosa. Todas estas intervenciones reciben recursos públicos.
En la actualidad aún no se ha elaborado ningún balance de financiación que contemple lo aportado desde 1997 por CCAA, Mº de Cultura y otros organismos públicos, Ic, y mecenazgo privado. Lo único que sabemos es que el Mº de Cultura y el de Fomento aportaron, entre 1997 y 2003 cerca de 30M€ para 57 actuaciones y entre 2004 y 2009 del orden de 41 M€ en otras 37 actuaciones. En todo caso, Jesús Bastante, en un artículo de El Diario, de 19 de abril de 2019, cifraba en 500 M€ el montante que podría haberse dedicado de los presupuestos del Estado para restauración de catedrales desde 1997, así como de abadías, monasterios, conventos y templos. Todo ello sin contar con las CCAA, ayuntamientos y diputaciones. En total, la Ic habría recibido más de 2.000 M€ en este período para restaurar su patrimonio.
Contrasta esta realidad con las declaraciones y actitudes de los jerarcas episcopales, para los que al parecer la Ic es la única institución que se preocupa de esta conservación. Asimismo, para acceder a muchos de estos templos o inmuebles religiosos se cobra entrada, por lo que l@s ciudadan@s los financiamos doblemente, primero a través de los presupuestos del Estado y después al visitarlos.
f) La memoria episcopal de 2019 tampoco hace mención alguna respecto a la existencia del Plan de catedrales, del Plan Nacional de abadías, monasterios y conventos, así como de intervenciones en arquitectura religiosa ni, por tanto, cuánto aporta la Ic a la financiación del mismo en su apartado de actividad cultural. Asimismo, tampoco dice nada a propósito de la financiación estatal para dichas actuaciones. Oculta, por último, qué ingresos generan al propio episcopado las visitas a los 96 conjuntos catedralicios que hay en España (aunque si sabemos que al menos en 40 de las 77 catedrales existentes se cobra por acceder), así como al resto de los inmuebles de naturaleza religiosa y cuál es el régimen de dichos ingresos.
En este asunto el episcopado hace gala de una opacidad total, por lo que la supuesta transparencia que pregona en la página 4 de la memoria (“Compromiso de transparencia”) parece ser una vez más, mera fachada. Tampoco las administraciones públicas, que deberían ser garantes de los intereses generales, muestran exigencia alguna a la hora de requerir la tan cacareada transparencia. Asimismo, tampoco menciona la memoria cuestiones tales como el suculento negocio de las autoguías en las catedrales, que tan pormenorizadamente expone Ángel Munárriz en su libro Iglesia SA, ni el intento del Ayuntamiento de Córdoba para recuperar el control de la gestión de las visitas nocturnas a la Mezquita en la que, a pesar de haber invertido 1,2 M€ para la puesta en marcha del espectáculo nocturno, el Cabildo de la catedral sigue controlando desde 2010 la gestión y los ingresos de dicho espectáculo (a 18 euros la entrada, por persona).
g) El hecho cierto, que oculta la memoria, es que si no fuera por la financiación pública, las catedrales, como la mayor parte de los 3.290 inmuebles de interés cultural relacionados con la Ic (“que pertenecen”, dice la memoria), no podrían siquiera abrir sus puertas. Así pues, independientemente de que los propietarios de las catedrales en la actualidad sean los cabildos catedralicios, e incluso al margen de la titularidad, son los poderes públicos los responsables de su gestión y conservación y, en último término, las CCAA. De ahí que, dada su función social, histórica y artística, debieran incluirse tanto en el Plan Nacional de catedrales como en el Plan Nacional de abadías, monasterios y conventos, así como en sus correspondientes planes directores, directrices en orden a la gestión pública exclusiva de todas las actividades no litúrgicas o relacionadas con el culto, que debería ser asumida por las comunidades autónomas. Máxime si, como indica la memoria, el impacto socioeconómico de las catedrales es tan importante para la economía española.
INMATRICULACIONES
34.- El proceso de las inmatriculaciones ilegítimas realizadas en estos últimos veintitrés años (aunque en realidad es un proceso expropiatorio que se inició bajo el régimen franquista y continuó, incluso, con la Constitución aprobada), al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, modificada por el gobierno de Aznar en 1998, ha supuesto la apropiación fraudulenta (por decirlo suavemente) de miles de inmuebles y bienes pertenecientes al patrimonio colectivo, algunos de origen histórico, como la Mezquita de Córdoba, otros, sencillos bienes comunales como los más de mil de los que se ha apropiado la Ic tan sólo en Navarra, por poner sólo un ejemplo. Todo ello, con la aquiescencia de todos los gobiernos que se han sucedido, tanto del PP como del PSOE.
La alarma social fue de tal calibre, y la movilización de las diferentes plataformas surgidas al socaire de tal expolio, así como de Europa Laica, ha sido tan persistente que, al fin, el gobierno del PP en 2015 no tuvo más remedio que dar marcha atrás y acabar con los privilegios que la jerarquía católica ostentaba en materia de inmatriculaciones, reformando la Ley Hipotecaria (Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria) y eliminando la posibilidad de que la Iglesia pudiera seguir registrando propiedades como suyas sin ningún título de propiedad que lo acreditara.
No obstante, esto no ha supuesto, como exigían todas las plataformas (y el sentido de lo razonable) que revirtieran a su estado primitivo dichos inmuebles: de hecho ha resultado ser una amnistía registral, reprobada incluso por el Tribunal Europeo de Estrasburgo que ha condenado la complicidad del Estado al no revertir lo inscrito.
En cualquier caso, es lógico que debamos preguntarnos si ha quedado sin inmatricular algún bien patrimonial relacionado con la Ic pues, como la misma CEE ha reconocido, en un desliz informativo, se habrían producido unas 40.000 inmatriculaciones, en un período que no han definido si es anterior o no a la reforma realizada en 1998 por el gobierno de Aznar. Debemos tener en cuenta que el proceso inmatriculador (expropiador) ha abarcado desde La Mezquita de Córdoba, La Giralda o la Seo de Zaragoza hasta plazas y calles, pisos, locales comerciales, jardines, murallas o cocheras (sin ninguna relación, todo ello, con el uso religioso).
En 2016 se produjo un hecho de importancia, toda vez que los colectivos implicados en la lucha contra el proceso inmatriculador constituyeron una plataforma de ámbito estatal, Coordinadora estatal por la recuperación del patrimonio inmatriculado (Coordinadora Recuperando), compuesta por colectivos navarros, andaluces, vascos, aragoneses, valencianos …, así como por Redes cristianas, y Europa Laica, entre otras asociaciones.
El objetivo de dicha Coordinadora es presionar a las instancias políticas, parlamentos y gobiernos autonómicos, para que adopten iniciativas institucionales, jurídicas y legislativas para intentar recuperar los bienes apropiados por la Ic, así como hacer la luz (identificar) acerca de los bienes inmatriculados entre 1946 y 2015. Para ello, se pretendía implicar a los ayuntamientos en los trabajos de recuperación del patrimonio enajenado, así como proponer a las administraciones que estudiaran condicionar las inversiones públicas a la devolución de dicho patrimonio. Como ha venido informando el Observatorio del laicismo, el fruto de estas presiones fue la presentación por el PSOE, cuando estaba en la oposición, de una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, aprobada en abril de 2017, por la que se instaba al Gobierno a elaborar la relación de los bienes inmatriculados desde 1998, y daba 6 meses para su elaboración.
Tras sucesivos requerimientos del Gobierno al Colegio de Registradores, éste entregó en agosto de 2018 el listado de bienes que la Ic ha puesto a su nombre en las dos últimas décadas: este organismo cuantificaba el total de fincas inmatriculadas en 34.984 propiedades, entre las que figuraban desde catedrales y ermitas hasta plazas, fuentes o frontones.
El Gobierno de coalición, tras reiteradas peticiones, acabó enviando el listado de 34.961 bienes al congreso, acompañado de un informe jurídico que venía a “blanquear” todo el proceso inmatriculatorio, y cuyos dos argumentos básicos venían a ser que, puesto que en ningún momento se había planteado una cuestión de inconstitucionalidad, quedaba explícitamente “constitucionalizado” el proceso, y que como los registradores lo habían registrado, se sobreentendía su legalidad.
Cabe recordar que el acuerdo programático de gobierno, acerca de realizar modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia, así como el compromiso asumido en el mismo sentido por Pedro Sánchez ante el congreso, en su discurso de investidura, han sido clamorosamente incumplidos. De ahí que la plataforma Recuperando considere, de hecho, que ha habido un acuerdo (clandestino y opaco) con la jerarquía católica para amnistiar este inmenso expolio patrimonial.
La complicadísima batalla legal que se iniciaría en el caso de que se reclamara judicialmente a la Iglesia la devolución de estos bienes uno a uno plantea, como única salida razonable y justa, que se debería proceder a la aprobación por el legislativo y el ejecutivo de una iniciativa política que revierta en bloque la situación a su punto de origen. Ésa es además la recomendación de un comité de expertos que concluyó en su Informe al Gobierno, en 2018, que deberían impugnarse en bloque todas las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015.
Lo cierto es que si hubiera voluntad política en el Gobierno de coalición, existe margen para poder efectuar modificaciones legislativas de calado, pero es dudoso que esto pueda producirse. Al día de la elaboración de este Informe, el Gobierno ha sometido a consulta pública la reforma de la ley de Patrimonio Histórico que no va a incidir sobre la realidad de los bienes inmuebles inmatriculados, sino en todo caso, sobre la posibilidad de enajenarlos.
A lo largo de este proceso hemos ido conociendo, gracias al Observatorio del Laicismo, que el listado de bienes inmatriculados en Cataluña incluye 3.772 propiedades, de las que 1.518 son terrenos y 349 edificios civiles. Como ha puesto de manifiesto A. Moreno para Público, sólo la Unión de Payeses (que pertenece a la Coordinadora estatal Recuperando), bajo iniciativa de Joan Casajoana, agricultor catalán, identificó 430 propiedades inmatriculadas en tres comarcas catalanas, aunque hoy la lista suma más de 800 propiedades, muchas de las cuales resultaron ser inscripciones de casas rectorales e iglesias privadas construidas por los payeses desde el siglo X en sus propias fincas. Igualmente había un gran número de bienes pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de los pueblos, construidos por los agricultores para beneficio de todos y pagados por todos. Este agricultor descubrió un día que una casona familiar, una ermita románica y un pequeño cementerio, ubicados en una finca de su propiedad desde hace siglos, habían sido inmatriculados por el obispo. “La jerarquía de la Iglesia nunca ha puesto un duro y se ha quedado con los bienes comunitarios de los pueblos”, declara el Sr. Casajoana. Como este ejemplo podríamos poner muchas decenas más en Navarra, Galicia, Andalucía, Aragón…
Como he comentado anteriormente, la única alternativa razonable desde el punto de vista del interés general es la adscripción de este patrimonio histórico al dominio público, y ello es posible hacerlo a través de la presente reforma de la ley de Patrimonio Histórico, como propone Europa Laica.
En todo caso, parece evidente que el actual Gobierno de coalición no ha contemplado actuaciones de mayor calado, a pesar de que se ha venido reclamando por la plataforma Recuperando que se declararan nulas de pleno derecho las inscripciones realizadas al amparo de esta legislación anticonstitucional que, además, otorgaba a la Ic la consideración de fedatario público, como si de una corporación pública se tratara. Ni que decir tiene que toda esta problemática, que constituye el mayor caso de depredación inmobiliaria entre los países de nuestro entorno, no merece el más mínimo comentario en la memoria episcopal. Una muestra más de la opacidad y falta de transparencia eclesial.
LA TRANSPARENCIA
35.- Me he referido varias veces al concepto de transparencia, porque la introducción de la memoria 2014 (publicada en 2016) afirmaba que “la Conferencia Episcopal ha firmado recientemente (se refería al 31 de mayo de 2015) un acuerdo de colaboración con la ONG Transparencia Internacional España, donde se han marcado distintos compromisos en pro de la mejora de la transparencia, y que serán de aplicación tanto en la Conferencia Episcopal, como en las diócesis españolas”. En la memoria de 2016, se volvía a afirmar que “…la Conferencia Episcopal ha renovado recientemente el acuerdo de colaboración con la ONG Transparencia Internacional España, donde se da continuidad a los compromisos ya adquiridos…”. En la memoria de 2017 se informaba que este compromiso “…se ha renovado en mayo de 2018, por dos años más…”.
Por último, en la página 8 de la memoria de 2019, se reafirma toda “la letra” sobre la transparencia, hablando de planes de transparencia, oficinas de transparencia y otras hermosas intenciones, pero “la música” sigue siendo la misma, de perfil bajísimo, prácticamente inaudible.
Hay que dejar constancia de que desde 2013 existe un deber institucional del Estado (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), que afecta también a las entidades privadas (todas las pertenecientes a la Ic) “que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas”, como indica en su preámbulo.
Asimismo, en el Portal de Transparencia creado a estos efectos, deberá incluirse no sólo la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa, sino también aquella “cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia”. Pues bien, nada de esto es una realidad, ocho años después de la entrada en vigor de la citada ley, en lo que se refiere a las 13.443 entidades religiosas católicas inscritas, según la memoria, en el Registro de Entidades Religiosas (294 más que en 2018), de las que 6.285 son asociaciones (317 más que en dicho año), 4.521 cofradías (277 más que el año anterior), fundaciones, hermandades…, diócesis, empresas, y demás entidades confesionales o paraconfesionales. Y el Estado no se ha planteado como un deber público y democrático el cumplimiento de la ley. (Todo ello sin tener en cuenta las enormes discrepancias con las cifras, muy superiores, que constan en la AEAT (la Agencia tributaria del Estado).
Pero lo cierto es que pese a su limitado alcance y sus enormes limitaciones, esta ley afecta, en su artículo 3, a todas las entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas por valor de más de 100.000 euros, o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que sea superior a 5.000 euros. Por lo tanto, es fácil deducir que miles de entidades religiosas católicas (entre todo tipo de entidades) se ven afectadas por la ley.
En cuanto al tipo de información que esta ley obliga a hacer pública se exige, en el artículo 8, como mínimo la información relativa a las subvenciones y ayudas públicas recibidas (importe, objeto, finalidad, beneficiarios), presupuestos, retribuciones de los máximos responsables, convenios suscritos (objeto, duración, obligaciones económicas) o contratos realizados, entre otros actos de gestión. También se establece, en el artículo 9, que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa tendrá la consideración de infracción grave. Pero, en fin, no es objeto de este Informe un análisis pormenorizado de la denominada Ley de transparencia.
En todo caso, no se molesten en buscar, tanto en el Portal de Transparencia de la Administración General como en el de la Comunidad de Madrid, información sobre ningún tipo de ayudas o subvenciones a entidades religiosas o al mantenimiento del patrimonio religioso: simplemente, no saben, no contestan. No cabe duda de que en el actual estado de la cuestión, la ley parece servir de coartada de lucha por la transparencia en un momento político en que el despilfarro de recursos públicos y la utilización partidista de éstos ha convertido en un clamor popular la lucha contra la corrupción. Pero la transparencia sigue sin llegar a los ámbitos eclesiales. Y en una situación como la que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia, con la economía bajo mínimos, el desvío de caudales públicos para otros fines que no tengan en cuenta el interés general (sanidad, vivienda, educación, asistencia social…públicas) supone una auténtica corrupción de lo que podemos considerar como el bien común.
A estas alturas de este trabajo no hace falta incidir más en que, por más que pronuncien la tan sobada palabra, la ausencia de transparencia y la opacidad es la característica básica de la información que aporta la Iglesia, en relación con los compromisos que ha adquirido y con los recursos públicos que maneja.
ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL
36.- A estas alturas queda claro que la Conferencia Episcopal va a incumplir flagrantemente (sin necesidad de más pruebas), y con la complicidad del Estado, su compromiso de entregar una memoria vinculada a la denominada asignación tributaria. Así pues, la actividad caritativa y asistencial que se señala en las páginas 48 a 71 de la memoria tiene muy poco que ver (nada, en la práctica) con la denominada asignación tributaria.
En cualquier caso, la información aportada sirve para conocer que la Ic dispone de 69 hospitales, 53 ambulatorios/dispensarios, 878 casas de ancianos enfermos crónicos y personas con discapacidad (20 más), 185 “guarderías”, 153 centros culturales y artísticos (10 menos) y 6.336 centros para mitigar la pobreza (33 menos) en los que se ha atendido a 2.099.815 personas (por favor, no los denominen “beneficiarios”). En relación con la pobreza, sigue llamando la atención en la memoria de 2019 (al igual que en años anteriores) que, siendo ésta la actividad eclesial que atiende a más personas y habiendo disminuido en 27.672 el número de personas pobres atendidas en dicho año, haya aumentado el gasto de las diócesis en estos menesteres (acciones pastorales y asistenciales) en 8,3 M€. Parece evidente que ese mayor gasto no ha podido dirigirse a actividades asistenciales.
Precisamente en relación con la actividad sanitaria, la grave crisis que estamos padeciendo en España (y en el resto del mundo) desde marzo de 2020, como consecuencia de la pandemia de origen vírico, ha puesto aún más de manifiesto las consecuencias de los recortes presupuestarios en dicho sector, en el que además de las consiguientes restricciones de financiación pública, se ha producido un trasvase de recursos hacia la iniciativa privada sanitaria a través de los conciertos, al igual que ha sucedido con el sector educativo o la asistencia a los mayores.
En promedio, la cuota de gasto público de las comunidades autónomas destinado a sanidad se ha mantenido estacionario en el período 09/18, en términos de PIB, y se mantenía lejos aún del 6,1 alcanzado en 2009.Ya en 2019, el gasto sanitario público aumentó en un 5 % respecto al año anterior, alcanzando el 6 % del PIB; lógicamente, el porcentaje sobre el PIB (5,9 %, más de un punto por debajo de la media europea) era inferior a 2009, ya que éste había crecido más rápidamente que el gasto público en sanidad.
En 2019 España se situaba en el puesto número 13, entre los 28 países de la UE en gasto sanitario público por habitante. Mientras tanto, el gasto sanitario privado en dicho año alcanzó el 30 % del gasto sanitario total, descendiendo el gasto sanitario público al 70 %.
En este contexto privatizador, el peso de los hospitales católicos respecto a la oferta privada de camas se sitúa próximo al 25 %, en un mercado tan “jugoso”. En este ámbito ya no hay pacientes, es decir, ciudadanos con derecho a la salud (como a la educación o a la vivienda, por ejemplo), sino “clientes” o lo que es igual, personas con capacidad económica para comprar productos sanitarios, en términos económicos “demanda solvente”.
Precisamente en relación con la actividad sanitaria Alberto Vigario señalaba en El Economista.es, el 6 de noviembre de 2017, que los hospitales de la Ic querían competir con los grandes grupos hospitalarios privados, para lo que habrían constituido en 2014 Hospitales Católicos de Madrid HCM; en la actualidad lo componen nueve centros hospitalarios con 1.800 camas y 2.000 empleados. Puede considerarse la vanguardia del sector sanitario de la Ic, que en conjunto facturarían en 2017 en torno a los 4.000 M€, así como disfrutarían de los beneficios fiscales establecidos para la Iglesia en el Acuerdo concordatario sobre asuntos económicos, de 1979, y en la Ley de Mecenazgo (IBI e ICIO, Sociedades, entre otros).
Por más que muchas instituciones religiosas compitan en este “mercado” sanitario (como lo hacen en la atención a mayores o en la educación), bajo el paraguas de su supuesto carácter benéfico o sin ánimo de lucro, beneficiándose de estos privilegios fiscales, la Comisión Europea y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberían tener mucho que decir en relación con la legalidad de las exenciones y bonificaciones fiscales de las que se benefician. Por ello, el Estado (el reino de España) debería tomarse en serio estas cuestiones pues, desde que se integró efectivamente en la actual Unión Europea, el 1 de enero de 1986, está obligado a acatar sus normas, así como a eliminar las normas incompatibles con el Derecho europeo-
En todo caso, las cifras ofrecidas en este apartado son suficientemente significativas para dar una verdadera dimensión de la desmesurada estructura paralela asistencial desarrollada en nuestro país por la Ic, al socaire de la dejación de las responsabilidades que corresponden a las instituciones públicas, que son las que deberían velar por el mantenimiento y fortalecimiento de los servicios públicos.
No obstante, el eje la actividad asistencial de la Ic son Cáritas y Manos Unidas, utilizadas ambas como reclamo publicitario de su actividad caritativa, así como “anzuelo” para “pescar” equis en la campaña del IRPF (asignación tributaria).
Respecto a la primera, de sus 337 M€ invertidos en programas en 2019, la Conferencia Episcopal aportó 6,37 M€ procedente de las “X” de la casilla de la declaración del IRPF. Así pues, solamente el 1,9 % de los recursos monetarios de Cáritas procede de la denominada asignación tributaria, aun cuando este extremo se oculta en la memoria publicada. Lo cual no significa que como organización que pertenece a la estructura de la corporación católica no se beneficie de su infraestructura inmobiliaria y de la prestación de servicios gratuitos por parte de curas, monjas y seglares católic@s. Cabe señalar, asimismo, que esta ONG, también recibió 91,3 M€ de fondos públicos durante dicho año, procedentes de las tres administraciones (local, autonómica y central).
A propósito de la cantidad aportada por la Ic a Manos Unidas, procedente de la denominada asignación tributaria, como en años anteriores, la memoria no sabe, no contesta.
LA CASILLA PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL EN EL IRPF
37.- Es pertinente recordar en este punto que las organizaciones caritativo-asistenciales católicas también reciben dinero del erario público procedente de las “X” de Fines de interés social que figuran en las declaraciones del IRPF. Este año, y como consecuencia de la modificación efectuada por el gobierno del PP (ver apartado siguiente), el 80 % del total recaudado por el 0,7 % de estas “X”, cuyo total aproximado alcanzó los 387 M€ (renta de 2019, declarada en 2020), va a ser gestionado y repartido directamente por las comunidades autónomas: estamos hablando de cerca de 310 M€.
Resulta imposible estimar qué porcentaje de esta cantidad se dedica a financiar la variedad de programas asistenciales de las distintas organizaciones católicas, entre las que están las anteriormente aludidas, pero no es descabellado estimar que éstas absorban alrededor del 30 o 40 %. Por tal motivo las dichas organizaciones podrían estar recibiendo otros 116 o 155 M€ adicionales. Con lo que la Ic detraería del dinero público, por estos conceptos, no menos de 435 M€.
No obstante, y en relación con esta aportación del Estado, cabe realizar algunas matizaciones a diversas falacias publicitadas por la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social (TSAS):
a) Por más que el conglomerado de ONG que se beneficia de esta casilla en el IRPF incite en su propaganda a marcar conjuntamente dicha casilla con la de la Ic, bajo la supuesta y falaz razón de que “marcando las dos podrás ayudar el doble”, hay que recordar que el dinero transferido a partir de la casilla de la Ic no se dedica a actividades sociales, ni benéficas, y ni siquiera pastorales o litúrgicas: básicamente se dedica a las retribuciones y seguros sociales de los curas y la jerarquía católica, y sus cuantiosos medios de agitación y propaganda. Asimismo, no debe olvidarse que quien marca la casilla de fines de interés social no pone ni un solo euro de su bolsillo. Ambas cuestiones se ocultan interesadamente.
b) A quienes juegan a sembrar el miedo dando a entender que sin la casilla de Fines de interés social en el IRPF (repito, 387 M€ obtenidos en la declaración de 2020, correspondientes a renta de 2019) se acabarían las ayudas sociales (“Si no marcas, muchos necesitados se quedarían sin ayudas”), cabe recordarles que las entidades agrupadas en el Tercer Sector de Acción Social (TAS), compuesto por todas las ONG que se dedican a estos menesteres en España, captó recursos en 2019, mayoritariamente públicos, por valor de más de 17.000 M€.
c) “No marcar la X es adoptar una actitud pasiva, y dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de los impuestos”. En esta época de ataque neoliberal a todo lo público, y de privatizaciones y desregulaciones a ultranza, las ONG apuestan claramente por la privatización de la gestión (que no de la financiación) de las actividades de interés social, e inducen a pensar, con estas afirmaciones, que dejar que el Estado provea a la ciudadanía de los derechos sociales es peligroso, o cuando menos inconveniente, demostrando que su política no se alinea con el mandato constitucional de que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho.
EL DESAGUISADO DE LA NUEVA CASILLA “SOCIAL” EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS)
38.- La recurrente conflictividad planteada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a propósito del reparto del 0,7 % de la casilla de fines de interés social del IRPF, alcanzó su clímax con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 (STC 9/2017, de 19 de enero). En ella se declara inconstitucional tanto la convocatoria de las subvenciones en materia de asistencia social, como la ejecución, tramitación y resolución de éstas. Asimismo, exige al Estado que “…aborde sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones, a fin de acomodarlo para futuras convocatorias…”.
Desde este mismo momento, las entidades agrupadas en la Plataforma del TAS comenzaron a presionar al gobierno del PP intuyendo que la descentralización de dichas subvenciones dejaría desasistido lo que ellas denominan los “programas estatales” de las ONG de escala nacional, del tipo Cáritas o Manos Unidas. Ni que decir tiene que en esta presión han jugado un papel fundamental las entidades ligadas a la Iglesia católica, pues succionan entre el 30 % y el 40 % de dichas subvenciones.
Al entonces acorralado y antisocial gobierno del PP, en una muestra de “generosidad”, no se le ocurrió otra cosa que sacarse de la manga una casilla con otro 0,7 % de la cuota íntegra, pero esta vez en el Impuesto sobre Sociedades (IS), y articularlo como Disposición adicional nonagésima tercera. Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social, en los presupuestos generales del Estado para 2018. Ello supone que no sólo se asignarán las cantidades que correspondan por el 0,7 % del IRPF a entidades eclesiales de las distintas comunidades autónomas, vía Otras entidades de interés social, sino que también, por la nueva vía, se asignará de manera centralizada otro 0,7 %, que “en todo caso se destinarán a financiar proyectos de entidades de ámbito estatal”.
Esto no significa que dichas entidades no puedan recibir también fondos “descentralizados” correspondientes a la casilla del IRPF, que ciertamente recibirán, sino que éstos deberán gestionarse y concederse por las comunidades autónomas. De hecho, estos fondos procedentes de la casilla del IRPF de “interés social”, específicamente el 80 % como ya he comentado anteriormente, quedarán en manos de las CCAA, dado que el otro 20 % se seguirá distribuyendo por la administración central.
Como es lógico, a la CEOE la nueva casilla no le preocupó en absoluto, puesto que las empresas no pondrán un solo euro de su bolsillo. Como reconoció la patronal, no lo han pedido, pero no les parece mal esta propuesta del TAS y del Gobierno: en un momento en que las grandes empresas están tan necesitadas de un “suplemento” ético y social, por decirlo suavemente, la apariencia de respetabilidad y compromiso social que les puede otorgar esta nueva casilla puede ser incluso una buena herramienta de mercadotecnia e influir positivamente en sus cuentas de resultados. Incluso ambas organizaciones (la empresarial y la de las ONG) han llegado a publicitar que esta nueva casilla “es a coste cero para Hacienda y para las empresas”: a las empresas claro que les sale gratis, pero ese dinero evidentemente sale de las arcas públicas y, por tanto nunca estará disponible para la Hacienda Pública (que somos tod@s).
Las primeras liquidaciones de esta nueva modalidad, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de julio de 2019 y 2020, han recaudado 35 y 36 M€, que se incorporaron como otra fuente de financiación de las ONG, para los denominados “programas estatales centralizados”. Y lógicamente las organizaciones católicas están en la primera línea de recepción de estas subvenciones públicas.
En cualquier caso, esta nueva modalidad de desviación de los recursos públicos no es de recibo por muchos motivos, permanentemente denunciados por Europa Laica: a) porque l@s empresari@s no aportarán ni un solo euro de su bolsillo; b) porque, asimismo, ést@s dispondrán del privilegio de decidir la finalidad del 0,7 % del IS, privilegio del que no dispone el resto de las empresas; c) porque se hurta al parlamento la posibilidad de discutir, con luz y taquígrafos, el destino de una cantidad importante de dinero público, lo cual permitirá seguir alimentando el clientelismo entre las grandes ONG, entre las cuales las de la Ic ocupan un papel destacado; d) porque la filosofía política que subyace es asistencialista, en la que la caridad y el esfuerzo individual substituye a los derechos sociales reconocidos en la Constitución, con la consiguiente deslegitimación del Estado y de la misma democracia. ¿Si las ONG y la Iglesia resuelven los problemas sociales y asistenciales, para qué necesitamos al estado de derecho y la democracia?
El Impuesto de Sociedades es un auténtico queso de Gruyere, pues el cúmulo de bonificaciones fiscales ha reducido tanto la base imponible (las ganancias por las que tributan) que ésta es aún un 33 % menor que en 2007. Así pues, como reconoció Hacienda, el tipo efectivo del impuesto es del ¡7,3 %! para las grandes empresas, para el resto de compañías fue del 12,2 % en 2015, y todo ello muy lejos del tipo nominal de entonces, el 28 %, que fue reducido por el gobierno del PP al 25 %.
Como señaló en su día el ex ministro Montoro, con evidente cinismo: “A ustedes, las grandes empresas, les conviene tributar más porque si no, esto de la cohesión social no se sostiene” (sic). Con ello, sin quererlo, ponía el dedo en la llaga de una relación causal evidente: sin una tributación adecuada no puede haber servicios sociales ni cohesión social. Y de esto sabemos mucho en España, cuyo gasto público en 2019 supuso el 41,9 % del PIB, muy lejos del 48 % de 2012. De hecho, este porcentaje del PIB en 2019, supuso situarse en el puesto 45, entre 189 países, en el ranking de gasto público.
Por eso, creo que en el presente contexto político español sería necesario que el actual Gobierno de coalición dejara sin efecto la citada Disposición adicional en los Presupuestos de 2022, por la que se asigna cantidades a actividades de interés social y se crea una casilla en el IS.
ÚLTIMAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL Y LAS ONG
39.- No puedo acabar esta sección sin constatar que tras el sucesivo vaciamiento de lo público a que estamos asistiendo desde finales del siglo pasado, las políticas desarrolladas por el capitalismo en esta fase neoliberal están abandonando la salud, la educación, las prestaciones sociales y la vivienda en manos privadas, poniendo fuera del control público la responsabilidad de la redistribución de rentas y alejándose del supuesto objetivo de un capitalismo de “rostro humano” que persigue una olvidada “justicia social”.
En la actualidad, con una pandemia vírica aún no del todo controlada y un deterioro económico y social sin precedentes, la lucha contra estas políticas privatizadoras y desreguladoras debería pasar al primer plano de la preocupación de tod@s l@s responsables públicos que tengan el interés general como guía de acción (que, por lo visto, no son tod@s, ni mucho menos).
Sin embargo, los diferentes poderes económicos (bancos, constructoras, farmacéuticas, energéticas, tecnológicas, fondos de inversión,…) conciben la economía como un gran pastel en el que sólo cabe considerar las nuevas “oportunidades” para cada “mercado”, en el que las distintas empresas e instituciones se sirven a su gusto. Y a este banquete económico llegan también las instituciones religiosas (especialmente, de momento en España, las católicas), pero no sólo, ni principalmente por intereses crematísticos, sino especialmente por el control ideológico y moral que ejercen sobre millones de personas necesitadas y desamparadas por el Estado.
Independientemente de la loable labor humanitaria realizada por tant@s miles de activistas, creemos que un estado democrático que se presuma legítimo no debe dejar los servicios sociales al albur de eventuales acciones caritativas (organizaciones religiosas), sino que debe contemplar éstos como lo que son: derechos sociales básicos y, por tanto, deben ser implementados y garantizados por el Estado.
Las personas que trabajamos por el laicismo haríamos mal minusvalorando, o ignorando, las cuantiosas sumas que se encauzan anualmente, procedentes de los gobiernos locales, autonómicos o central, hacia las escuelas y universidades católicas, hacia sus hospitales e instituciones caritativas y benéficas, que proveen de servicios sociales confesionales (por ejemplo, adoctrinamiento escolar a menores de edad; asistencia a embarazadas para forzarlas a dar a luz; “educación sexual” basada en la abstinencia y contraria a los anticonceptivos; campañas en contra de la eutanasia, e incluso contra los cuidados paliativos en ámbitos hospitalarios; políticas activas contra el matrimonio distinto al heterosexual; etc.).
En fin, la información que ha puesto la Ic a disposición de la sociedad española en la memoria de 2019 supone otra oportunidad frustrada para promover la transparencia (con cortina de humo incluida), y refuerza la opacidad y oscurantismo a los que la Conferencia Episcopal nos tiene acostumbrad@s, al hurtar nuevamente al conocimiento de l@s ciudadan@s los datos cuantitativos que permitan conocer cómo y en qué se gasta lo que obtiene de las casillas del IRPF, así como una justificación consistente del uso que hace del dinero público que recibe para realizar el cúmulo de actividades que desarrolla en España. Especialmente significativa es la omisión de toda información económica en relación con los gastos e ingresos de la actividad de las diócesis. Todo ello, con el silencio clamoroso de PwC.
LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA IGLESIA
40.- Como vengo sosteniendo en todos los Informes anteriores, resulta imprescindible fiscalizar tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Ic, así como las exenciones de que se benefician. Ya en el primer trimestre de 2015 saltaba a la prensa una información acerca del Tribunal de Cuentas (TC), supremo fiscalizador de las cuentas del Estado. En ella, fuentes del mismo advertían que la Iglesia católica podía estar incurriendo en “enriquecimiento injusto” y se hacía eco de que las cuentas de ésta jamás habían sido fiscalizadas. Asimismo se afirmaba algo que vengo (y venimos, desde Europa Laica) repitiendo desde hace años: que la Ic se financia con cantidades “desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios”.
Más recientemente, en 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha declarado que son ilegales, tipificándolas como ayudas de Estado, las exenciones fiscales a la Ic cuando realiza actividades económicas en competencia con otros operadores privados. Estamos hablando de miles de millones de euros que no ha exigido declarar ningún gobierno (por ese lado, disminuye los ingresos públicos) y que por tanto, tampoco contribuye al sostenimiento de los servicios públicos. En este trabajo no estoy hablando de religión, sino de transparencia económica y respeto a la legalidad.
En 2018 el propio TC incluyó la auditoría a la Iglesia católica en su Programa anual de dicho año, referida al ejercicio 2017. Es de suponer que la jerarquía católica habría intentado presionar todo lo posible al Gobierno (y a la opinión pública) para que dicha auditoría fuera lo más “light” posible (en extensión y profundidad). Lo cierto es que se volvió a incluir en el Programa de fiscalizaciones para el año 2019 (se aprobó en el Pleno de 20 de diciembre de 2018) como Fiscalización sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado, ejercicio 2017.
Es cierto que el propio Tribunal de Cuentas se ha tomado el asunto con demasiada parsimonia, puesto que hasta enero de 2020 no se hizo público el proyecto de informe de fiscalización, previo al informe de fiscalización definitivo que debía ser aprobado por el pleno del TC.
El proyecto de informe de fiscalización(provisional), conocido en enero de dicho año, no abarcaba la totalidad del dinero público que se desvía a la Ic desde las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, a los catequistas de religión en las escuelas (incorrectamente llamados “profesores”), a los conciertos educativos o sanitarios…(como tampoco el Informe de fiscalización definitivamente aprobado por el pleno). Tan sólo se circunscribió a la cantidad recibida por el episcopado, procedente de las “X” de la declaración del IRPF, además de las subvenciones concedidas a las confesiones religiosas con convenio con el Estado y a las exenciones fiscales relacionadas con el Impuesto de Sociedades.
Aun así, sus conclusiones resultaban demoledoras: nada más conocerse su contenido cundió el pánico entre los obispos y se puso en marcha su aparato mediático, así como comenzó la movilización de todos los peones (en sentido ajedrecístico) de más claro corte confesional: se habló de ataque a la Iglesia, de que se la difamaba, que amenazaba el estatus económico (¡privilegiado?) de la Ic, que el documento “rozaba la prevaricación” por ser tendencioso, que una de las ponentes es “amiga de Carmen Calvo” (ABC)…
Desde ese mismo momento, fuentes del mismo TC hicieron público que se puso en “marcha una campaña para rebajar al máximo las conclusiones y recomendaciones” del informe provisional, según informó Ángel Munárriz para Infolibre. Por este periodista supimos que un grupo de consejeros del TC, liderado por Ángel Algarra (“baluarte de las posiciones más beligerantes”), economista, exmilitar y vinculado a la Asociación Católica de Propagandistas, se situó frontalmente en contra del informe provisional. El propio Giménez Barriocanal, portavoz de Asuntos Económicos de la CEE, declaró que conocía “otros documentos que dicen lo contrario…”. De hecho, ABC publicó un “documento de alegaciones” que, al parecer había sido elaborado en un departamento del propio Tribunal de Cuentas, que realizaba graves consideraciones sobre el trabajo de los tres ponentes.
Es cierto que la “amiga de Carmen Calvo”, Enriqueta Chicano, es una mujer progresista, así como consejera del Área Político-Administrativa del Estado, pero el segundo de los ponentes del informe provisional es Manuel Aznar, hermano de José María Aznar, y del que no se conocen veleidades izquierdistas. Tanto él como el tercer ponente, Javier Medina, lo han sido por su “competencia objetiva”, consejero del Área Económica el primero y presidente de la Sección de Fiscalización, el segundo. De manera que nada de “componendas políticas” ni de contubernio izquierdista y anticatólico.
El “ruido” del grupo de presión eclesial (sotanas, consejeros, medios de comunicación) abortó la posibilidad de que se pudiera aprobar en el pleno del TC de febrero y no fue hasta 5 meses después cuando se aprobó el Informe de fiscalización definitivo en el pleno del 28 de julio de 2020, por unanimidad, ante el alborozo de estas mismas fuerzas confesionales. Especialmente triunfalista, el diario ABC habló de que el TC “corrige totalmente el texto preliminar”, “no tiene nada que ver con la versión original”, “no hay irregularidades” o “no hay sobrefinanciación” (Laura Daniele).
Lo cierto es que cualquier persona que se haya tomado la molestia de leer ambos informes (el provisional y el definitivo) y cotejarlos, podrá percibir que, aunque el TC se ha mostrado tan elíptico, inconcreto y poco exigente en su Informe definitivo, no existen diferencias de fondo entre ambos informes. Ciertamente se ha producido una minuciosa y exhaustiva operación de maquillaje y manipulación lingüística añadiendo machaconamente, entre otras cuestiones, la referencia al Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979, para esquivar su responsabilidad, de manera que todo lo que no estuviera recogido literalmente en el acuerdo queda en el limbo del incumplimiento y se difiere, de forma escapista, a un futuro de conversaciones Gobierno-CEE. Houdini no lo hubiera hecho mejor.
Resulta curioso observar cómo para justificar 901.000 euros de subvenciones públicas recibidas por las tres confesiones minoritarias con acuerdo con el Estado, se utilizan 17 páginas en el Informe definitivo, mientras que para “describir” la aplicación de recursos públicos realizada por la CEE, por importe de 264 M€, se emplean tan sólo 15. Lógicamente en el primer caso el TC ha tenido que analizar comprobantes, facturas originales, justificaciones de las actividades o proyectos realizados (con su coste), certificaciones, informes con fecha y firma… Nada de esto ha estado a disposición del TC, en el caso de la Ic; de ahí la imposibilidad de ningún tipo de comprobación.
No obstante, aunque este trabajo no puede ser el marco adecuado de un análisis exhaustivo del Informe definitivo, especialmente en todo lo relacionado con la denominada asignación tributaria a la Ic, es necesario volver a exponer las constataciones que, figurando ya en el informe provisional, se mantienen en el definitivamente aprobado. En algunos puntos especifico en cursiva y entre paréntesis, al final del párrafo, la frase suprimida, para que se perciba la absurda maniobra confesional de maquillaje lingüístico.
1.- En contra de lo que vienen manteniendo los medios episcopales, la asignación tributaria canaliza fondos públicos procedentes de los Presupuestos del Estado, por tanto es dinero público que sale de los bolsillos del Estado. El que se utilice la triquiñuela contable de que en vez de salir del presupuesto de gastos, se considere una “minoración de ingresos” no puede ocultar la naturaleza pública de estos fondos. Como una propia comunicación de la Comisión Europea recuerda en el Informe definitivo, Una disminución de los ingresos fiscales equivale al consumo de fondos estatales de gastos fiscales.
2.- La Ic debe establecer un límite temporal para alcanzar su autofinanciación.
3.- El compromiso del Estado tiene como límite el “adecuado sostenimiento” de la Ic, que debe definir ésta, en función de sus necesidades.
4.- La Ic está obligada (comprometida) a presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria. Aunque todos los compromisos que estoy señalando, y los que mencionaré a continuación, figuran en los acuerdos concordatarios de 1979 y 2006, el episcopado difiere su cumplimiento, en el texto definitivo, a acuerdos con el Gobierno. Pero ¿qué o quién le ha impedido cumplir estos compromisos a la CEE hasta ahora? Nada ni nadie.
5.- La Ic no “renunció” a la exención del IVA, como no se cansan de repetir los voceros episcopales: la Comunidad Europea inició un expediente de infracción contra España por incumplir la normativa europea.
6.- Las entregas a cuenta, como consecuencia de la modificación establecida por el gobierno del PP en 2015, ha incrementado la liquidez a disposición de los obispos (anticipos) en 16 M€/año.
7.- La memoria justificativa de 2017 se entregó 20 meses (¡!) después del cierre de dicho ejercicio.
8.- El Estado no realiza un seguimiento efectivo de la memoria justificativa.
9.- Los criterios de elaboración de la memoria (presentación, formato, contenido) los establece la propia Conferencia Episcopal.
10.- La memoria actual no es una auditoría de cuentas y quien la elabora no asume responsabilidad alguna sobre su contenido frente a terceros. Dicho de otra manera, la auditora PwC sólo responde ante la CEE.
11.- La memoria de 2017 establece una cantidad como asignación tributaria definitiva para dicho año y, en otra página de la misma se hace referencia a otra cuantía distinta, sin ninguna explicación.
12.- Se computan como recursos (ingresos) conceptos que “no están definidos” (donativos) o derivados de la gestión del circulante (ingresos financieros). Cabe decir que ninguno de ellos tiene que ver con recursos de la asignación tributaria, aunque no lo diga expresamente el TC.
13.- No se dispone de información (porque no se aporta) que permita conocer las áreas en las que las diócesis aplican los recursos procedentes del IRPF (esto es, el destino concreto que han dado las diócesis a estos recursos).
14.- A pesar de existir en un anexo de la memoria unos “indicadores y fuentes de información utilizadas”, no constan los valores en la misma. (Es decir, ausencia de información detallada).
15.- La referencia al IVA en la rúbrica “Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos” es confusa, porque las exenciones del IVA fueron suprimidas, y como no se aplican por la Administración tributaria española (AEAT, en adelante), es inapropiada. (Lo que significa que no puede ser un destino de recursos públicos y, añado yo, su utilización es engañosa).
16.- La memoria (su contenido) “constituye una memoria de actividades” (y por tanto, no es (no constituye) una memoria justificativa de la asignación tributaria).
17.- Si la Ic ha declarado “su propósito (el episcopado, de forma jesuítica defiende que esto no es un compromiso) de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, debe entenderse que no puede tener carácter permanente, sino temporal.
18.- El importe de la aportación “debería ajustarse” (hay que entender en castellano, no puede superar) al valor de las necesidades de la Ic. El porcentaje de aportación del IRPF, igual que fue elevado al 0,7 % por un gobierno del PSOE, puede ser reducido por cualquier otro gobierno.
19.- La memoria justificativa, que ya hemos visto que no justifica, porque es de actividades, debería dar cuenta de cómo la asignación tributaria ha contribuido al sostenimiento de la Ic (luego, evidentemente, no da cuenta). Asimismo, el Estado debería tener un instrumento a través del cual conocer la marcha del propósito de autofinanciación de la Ic. (Luego no tiene el Estado ningún conocimiento sobre ello).
20.- La existencia de superávit podría plantear una posible divergencia entre el compromiso del Estado y las necesidades efectivas de la Ic. (Lo que significa que podría estar superando las necesidades de financiación de la Ic). Asimismo, se constata que estos excedentes (35,2 M€ entre 2016 y 2017), se dedican al fondo (de reserva) y aportación a Trece tv.
21.- Plantea el informe definitivo que la naturaleza de la asignación tributaria (fondos públicos) y el carácter justificativo de la memoria “podría fundamentar que las partes establecieran las necesidades a que pueden aplicarse los fondos”. Ciertamente, Groucho Marx no lo hubiera explicado mejor, pero en castellano inteligible quiere decir que es necesario mayor rigor y exigencia en definir los conceptos en que pueden aplicarse los fondos, como lo expresaba el informe provisional.
22.- Se han aportado 23,8 M€ en 2016, 2017 y 2018 a una entidad mercantil controlada por la Iglesia (obviamente Trece tv) procedentes de la asignación tributaria (que son fondos estatales, no privados, como ha señalado el propio informe), lo que “podría ser objeto de un análisis más detallado… a los efectos del artículo 107 del TFUE” (el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por si pudiera ser considerado una Ayuda de Estado, y por tanto, se entiende que ilegal. (Como planteaba el informe provisional, la información aportada por la Ic no proporciona los datos que permitan tomar ninguna decisión).
Ya al margen de la asignación tributaria, y en relación con el Impuesto sobre Sociedades (IS), el Informe definitivo mantiene principalmente dos conclusiones:
23.- Respecto del cálculo del beneficio fiscal recibido por las confesiones religiosas en 2017, al amparo del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, acuerdos de cooperación, Ley Orgánica de Libertad Religiosa o Ley de Mecenazgo, se estima en 118 M€ los beneficios y exenciones fiscales otorgados en 2017 en concepto de IS, aunque estas cifras son muy inferiores a las que deberían haberse obtenido (es decir, se estima en bastante más los beneficios fiscales obtenidos).
24.- De las 27.073 entidades inscritas como confesiones religiosas a finales de 2016, 2.269 estaban obligadas a presentar declaración del IS en 2017: sólo 1.332 entidades la presentaron, y respecto a las demás, la AEAT no realizó ninguna actuación, y de ellas, sólo 149 presentaron la memoria económica (permisividad y falta de control de la administración).
Así pues, el Informe definitivo mantiene la gravedad de la situación planteada en el provisional, que podría resumirse en que los obispos han hecho hasta ahora los que les ha parecido oportuno sin que ninguno de los gobiernos de la democracia haya tomado cartas en el asunto (salvo para salvaguardar o incrementar los privilegios eclesiales). Le toca mover ficha al gobierno de coalición, cuyos partidos miembros ya declararon incluso la necesidad de derogar los acuerdos con la Santa Sede. Siendo ello perentorio, el “mientras tanto” también nos preocupa a l@s laicistas, y hay actuaciones que podrían (y deberían) tomarse en relación con todo lo que vengo comentado en este apartado. Hay personas que pueden pensar que ahora “no toca”, pero el fortalecimiento de la democracia en España pasa inexcusablemente por poner coto a los privilegios (económicos y simbólicos) de las religiones y, especialmente, de la Iglesia católica.
Como ya he comentado, no toda la aportación de fondos públicos a la Ic se limita a la asignación tributaria. En Europa Laica hemos valorado en no menos de 12.000 M€ anuales el monto total de esa desviación de recursos. Tal vez muchas personas piensen que, ante un panorama de profunda crisis económica y social, 12.000 M€ anuales puedan no ser una prioridad, pero para hacerse una idea de que no son “bagatelas” baste recordar que este dinero público podría proveer a 1.083.000 hogares españoles con todos sus miembros en paro a finales de 2018 de un ingreso mensual medio por familia de 923,40€.
CONCLUSIONES
Responsable: el Estado.- De la lectura del presente informe podría deducirse que la principal destinataria de mis críticas es la jerarquía católica: nada más lejos de la realidad. El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Ic en España, como viene denunciando Europa Laica, es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 41 años: Felipe González concedió los conciertos educativos, la asignación tributaria, la exención del IVA o los acuerdos con las confesiones minoritarias; Aznar, el Plan de catedrales, la reforma de la Ley Hipotecaria, las dos casillas en el IRPF o la Ley de Mecenazgo; Zapatero, el acuerdo con la Ic para subir la financiación en el IRPF o la contratación indefinida de l@s “profesor@s” de religión; y Rajoy, la amnistía registral para las inmatriculaciones o la Ley Wert.
El problema sigue siendo la connivencia y el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las administraciones públicas. La Ic disfruta de un “paraíso” jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho.
La memoria episcopal no cumple con el compromiso adquirido por la Ic.- Cabe concluir que con dicha memoria la CEE prosigue con esta ceremonia de la confusión que consiste en incumplir el único compromiso adquirido por los obispos con la firma del reprobable acuerdo concordatario de diciembre de 2006, que literalmente expresaba el “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. Asimismo, he demostrado que en relación con este compromiso, que el Estado debería exigir taxativamente, la Ic cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica.
Fiscalización de las cuentas de la Iglesia.- Es imprescindible que, a la vista del Informe definitivo del Tribunal de Cuentas, el Estado tome cartas en el asunto y se comprometa a crear las condiciones para controlar tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Ic, como las exenciones de que se benefician, poniendo coto al presunto “enriquecimiento injusto” o a las cantidades “desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios”, que sirven para financiar, tanto sus actividades económicas como las asistenciales, así como a su propia estructura organizativa.
Mucha propaganda y poca transparencia.- En lo que se refiere al resto de información que aporta la jerarquía católica en relación con sus múltiples actividades, es fácilmente observable que la estrategia de comunicación de los obispos sigue siendo puramente defensiva, y parece querer salir al paso de una realidad difícilmente manipulable: los exorbitantes privilegios económicos de que goza la Iglesia, que succiona del erario público más del 1% del PIB para sus actividades. El mensaje que pretenden transmitirnos sería, “Vale nos beneficiamos del dinero público pero, a cambio, generamos muchos beneficios económicos a la sociedad”.
Pero no sólo es una estrategia de defensa episcopal, ya que con frecuencia también las autoridades públicas, en connivencia con los intereses clericales, justifican los “espectáculos confesionales”, las celebraciones y fiestas religiosas, por los supuestos beneficios económicos que originan y por la publicidad que procura a las correspondientes ciudades donde tienen lugar. En realidad, esta amalgama de aspectos culturales, turísticos, mediáticos y económicos, en la que el espectáculo y su difusión se convierten en lo prioritario, es lo que me ha llevado a denominar estos actos de la Iglesia católica, tan próximos al show bussiness, como Catolicircus.
Lamentablemente hoy, como en años anteriores, debo repetir que alrededor de las cifras que ofrece la Conferencia Episcopal hay mucha mercadotecnia y propaganda y muy poca transparencia. Lo que debe ofrecer la jerarquía católica es un balance económico anual integrado del conjunto de sus actividades en España, que ilumine en qué y cómo se gasta las cuantiosas sumas con que le subvenciona el Estado y, por tanto tod@s l@s contribuyentes, en sus tres niveles, central, autonómico y local. Y el Estado, en un ejercicio de responsabilidad debe exigir ese balance anual integrado, en el que también se consignen las subvenciones indirectas aportadas por el Estado, en relación con las exenciones y bonificaciones fiscales, al amparo de los acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1976,1979 y 2006.
Rivas Vaciamadrid, a 25 de agosto de 2021
M. Enrique Ruiz del Rosal
Miembro de Europa Laica
