El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) es un impuesto que la Unión Europea ya resolvió hace unos años cuestionando su exención a la Iglesia Católica, justo lo que ahora se da como “acordado”. Al igual que sucedió cuando la normativa comunitaria prohibió que la Iglesia estuviera exenta de pagar IVA y que de nuevo se escenificó en su momento como si de una “renuncia” altruista se tratara. Por tanto, no se trata de ninguna renuncia eclesial, ni habría lugar a contar con el beneplácito de la Santa Sede -con su “asenso”, como se dice en la nota emitida-, sino de simple aplicación legal comunitaria. El fondo del asunto es que todo esto viene como consecuencia de la dejación de soberanía estatal respecto a la Santa Sede que implican los Acuerdos de 1979.
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Esta noticia parte de la nota de prensa de Europa Laica que puede leer completa aquí:
