La ley propuesta se compone de 16 artículos entre los que se incluye el derecho del menor, el sistema educativo y universidades, la simbología en las instituciones públicas y el patrimonio histórico-artístico perteneciente a la Iglesia Católica
Desde Europa Laica consideran que el informe presentado por la CEE está creado bajo «ocultismo, incoherencias, falsedades y falta de transparencia».
La organización Europa Laica ha presentado este martes una propuesta de ley para defender el derecho a la libertad de conciencia y la laicidad del Estado en España como defiende la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución Española.
Según ha explicado el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, en una rueda de prensa, «en España se necesita una separación entre la Iglesia y el Estado», ya que con el desarrollo legislativo actual parece que «las personas que no son religiosas no existimos».
La ley propuesta se compone de 16 artículos entre los que se incluye el derecho del menor, el sistema educativo y universidades, la simbología en las instituciones públicas y el patrimonio histórico-artístico perteneciente a la Iglesia Católica.
Los objetivos principales que defiende la ley es la derogación de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, suprimir la asignación tributaria del IRPF, abolir sus exenciones fiscales y anular y resolver las inmatriculaciones que pertenecen a la Iglesia Católica.
Picó ha dicho que esta ley, que en los próximos meses se presentará a los diferentes grupos políticos, está basada en los artículos 16.1 y 16.3 de la Constitución Española que defienden «la libertad ideológica, religiosa y de culto» y que «ninguna confesión tendrá carácter estatal».
Incoherencias y falsedades
Además de la presentación de esta nueva ley, también han presentado un informe crítico sobre la memoria de actividades de la Iglesia Católica del año 2020, que es la última que se ha presentado.
Desde Europa Laica consideran que este informe que realiza la propia institución religiosa y no los organismos públicos está creado bajo «ocultismo, incoherencias, falsedades y falta de transparencia».
«La Iglesia Católica justifica los 301,9 millones de euros que recibió por asignación tributaria del IRPF en 2020 por su labor solidaria, pero el 75,5 % de ese dinero está destinado a salarios y la seguridad social del clero» ha explicado Picó.
También ha denunciado que esta asignación que recibe la Iglesia la justificó el gobierno en 1979 para «el adecuado sostenimiento de la institución» lo que choca con los datos presentados, en los que reciben un superávit del 10,8 %.