Europa Laica muestra su apoyo a Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, por la operación ejemplar y pionera que está realizando en el ámbito de los centros de menores tutelados.
Como venimos denunciado desde hace varios años, la custodia de menores tutelados se ha convertido en un negocio sin más, al haberse cedido a organizaciones privadas, la mayoría de de origen religioso o sectario que han copado esta atención al amparo de la dejación del Estado con sus políticas de recortes y privatizaciones y su deber de protección social. Y aquí está el problema. Porque, aunque se presenten como organizaciones sin ánimo de lucro, con apariencia no mercantil, tras el manto de la caridad han penetrado en sectores como el de los menores tutelados, las residencias de ancianos o la asistencia domiciliaria, quedándose con la parte del pastel para realizar un buen negocio con las subvenciones públicas recibidas.
Es urgente que las administraciones públicas asuman por sí mismas la gestión de los centros tutelados y que exploren vías, como la Generalitat Valenciana está empezando hacer, donde se potencia la guarda en familias más que la reclusión en centros. Resulta increíble que, en pleno siglo XXI, la tutela pública sea ejercida por organizaciones religiosas. El Defensor del Pueblo, en un informe del 2009, ya sacó a la luz estos problemas de los centros de menores por la cantidad de quejas que venía recibiendo: medicalización excesiva de los menores, centros en malas condiciones, falta de personal especializado, etc. La crisis económica ha multiplicado el número de menores tutelados ya que una de las causas más comunes del ejercicio de esa tutela es la pobreza y la falta de oportunidades de mujeres o familias.
Los hechos son los siguientes: tras una inspección en el centro que las Hermanas Terciarias Capuchinas tenían en Segorbe, la Generalitat Valenciana ha sacado a luz cómo el centro se encontraba en el más absoluto abandono, por sus malas condiciones y los maltratos que recibían los menores tutelados que allí residían, también por sospechas de abusos sexuales, además de por la mala utilización de los fondos públicos que recibían, decidiendo cerrar de inmediato el centro y poniendo los hechos en conocimiento de la fiscalía. Las Hermanas Terciarias Capuchinas han negado todo y dicen que tienen más de un siglo de experiencia en el trato con menores; además, subrayan que su labor es “institucional” y de confianza de las administraciones públicas, no solamente en este centro sino en los otros que tienen en diversos puntos de la geografía, por lo cual en vez de colaborar con la investigación han emprendido acciones legales contra Mónica Oltra atendiendo a la máxima militar “la mejor defensa es un buen ataque”. Este caso es solo la punta del iceberg del problema.
La determinación de la Generalitat Valenciana de organizar un servicio verdaderamente público en la gestión de los centros tutelados de menores debe ser un ejemplo para el resto de Comunidades Autónomas, evitando que los menores y su deficiente tutela siga siendo un gran negocio en manos de asociaciones y organizaciones religiosas que se amparan en la supuesta caridad religiosa o el supuesto carácter no lucrativo con el dinero público que reciben.
